Corriente Marxista Internacional

Los funcionarios de justicia de Extremadura, Murcia, La Rioja, Baleares, Asturias, Ceuta y Melilla, así como los de los organismos centrales con sede en Madrid han protagonizado durante dos meses una huelga ejemplar. Su principal demanda era la equiparación salarial con los trabajadores de las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de justicia; las diferencias salariales rondan los 200 euros mensuales. Algo que no es exclusivo de la administración, y que los trabajadores subcontratados para trabajar en grandes empresas (Arcelor, Izar, etc.) conocen bien. El fenómeno de la subcontratación y el incremento de la precariedad, que durante más de una década sirvió para deteriorar las condiciones laborales y dividir a los trabajadores, puede volverse ahora en su contrario, generalizando una demanda básica del movimiento obrero: "A igual trabajo, igual salario", y que podría convertirse en una de las principales reivindicaciones en el próximo periodo.

Los funcionarios de justicia de Extremadura, Murcia, La Rioja, Baleares, Asturias, Ceuta y Melilla, así como los de los organismos centrales con sede en Madrid han protagonizado durante dos meses una huelga ejemplar. Su principal demanda era la equiparación salarial con los trabajadores de las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de justicia; las diferencias salariales rondan los 200 euros mensuales. Algo que no es exclusivo de la administración, y que los trabajadores subcontratados para trabajar en grandes empresas (Arcelor, Izar, etc.) conocen bien. El fenómeno de la subcontratación y el incremento de la precariedad, que durante más de una década sirvió para deteriorar las condiciones laborales y dividir a los trabajadores, puede volverse ahora en su contrario, generalizando una demanda básica del movimiento obrero: "A igual trabajo, igual salario", y que podría convertirse en una de las principales reivindicaciones en el próximo periodo.

En este contexto, la reciente huelga de justicia cobra una importancia extraordinaria por el estímulo que supone para otros sectores, públicos y privados, en condiciones similares. El acuerdo obtenido, si bien no recoge la totalidad de las reivindicaciones, supone un gran paso adelante en la medida que rompe en mil pedazos la pauta dada por las cúpulas de CCOO y UGT de negociar incrementos salariales basados en la inflación prevista por el gobierno, superada ya ampliamente este año, y cuyo resultado ha sido un descenso continuado del poder adquisitivo de los salarios en los últimos años.

Huelga indefinida y unidad de la plantilla

La capacidad de resistencia y el alto grado de unidad alcanzado por los trabajadores durante esta huelga ha sido determinante a la hora de arrancar importantes concesiones al ministerio de Justicia. Una vez más se demuestra que, frente a la falsa imagen de que los buenos acuerdos se consiguen gracias a la "habilidad negociadora" de algunos, sin la presión de los trabajadores es imposible alcanzar victorias que supongan una mejora sustancial de nuestras condiciones de vida. De hecho, las negociaciones llevadas a cabo desde abril de 2007 no obtienen ningún resultado y esta situación se prolonga hasta noviembre sin que haya ninguna cesión por parte del ministerio. Las tres jornadas de huelga convocadas a partir de noviembre tampoco tienen efecto y, finalmente, se convoca huelga indefinida a partir del 2 de febrero de 2008. El seguimiento de la misma es masivo y provoca la paralización de decenas de miles de actuaciones judiciales.

Las maniobras del ministro Bermejo

Ante esta situación el ministerio presenta una primera oferta el 2 de abril, muy alejada de las reivindicaciones de los trabajadores, consistente en una subida de 148 euros de los cuales tan sólo 60 se abonarían durante este año, el resto en una única paga en enero o febrero de 2009. Los salarios netos de muchos funcionarios rondan en la actualidad los mil euros mensuales, de ahí la necesidad de conseguir un incremento lineal importante este año, más si tenemos en cuenta que la inflación se ha disparado en los últimos meses.
Esta primera propuesta es abrumadoramente rechazada, el 85% de los trabajadores votan NO y un 88% se pronuncia a favor de continuar la huelga, pese a que ésta cumple ya dos meses de duración.
El ministro Bermejo reacciona con una rabieta impresionante, tachando el referéndum de "farsa antidemocrática" e intenta una sucia maniobra para romper el movimiento. Efectivamente, el 3 de abril, la Federación de Justicia de UGT hace público que está dispuesta a desconvocar el paro si el ministerio abre una nueva mesa de negociación. Pero éste no es el sentir mayoritario entre sus afiliados, ni siquiera entre los representantes de UGT que están participando en la mesa negociadora. El resto de sindicatos que forman la plataforma unitaria recalcan que ésta es una decisión que "viene de arriba y con la que estos compañeros no están de acuerdo". En esa misma rueda de prensa, Javier Hernández, el portavoz de CCOO en el ámbito de justicia, hace un llamamiento para "que los compañeros de UGT se mantengan firmes y continuar con la unidad de acción". La huelga continúa sin fisuras y el intento de dividir a los trabajadores fracasa.
Un sindicalismo basado en la movilización de los trabajadores, la realización de asambleas, la capacidad de decidir sobre qué acuerdo se firma o cuál no, no sólo es peligroso para la patronal, o el gobierno. Es, también, sumamente peligroso para las propias direcciones sindicales que ven que las aspiraciones de los trabajadores chocan con la política de pactos y consensos que han venido desarrollando en las últimas décadas. Estos burócratas sindicales, instalados en la comodidad de sus despachos, con salarios muy superiores a los que cobramos la mayoría de los trabajadores son incapaces de comprender las necesidades de quienes tenemos que llegar a fin de mes pasando auténticas penalidades. Por eso son los primeros que están dispuestos a aceptar los llamamientos a la "responsabilidad" para poner fin a la inestabilidad que supone la lucha.

Desprestigio de los dirigentes sindicales

Pero este proceso de "fusión" entre las cúpulas sindicales, el gobierno y los empresarios tiene un límite: el constante giro a la derecha de las direcciones sindicales va paralelo a una pérdida de su autoridad frente a sus propios afiliados y aumenta el descontento entre los trabajadores.
El modo en que se cerró la huelga de justicia es una buena prueba de ello. Así, el 6 de abril, el ministro de Justicia y los secretarios generales de las Federaciones de Servicios Públicos de CCOO y UGT firman un nuevo acuerdo, desplazando de la mesa negociadora a los que hasta entonces habían sido los interlocutores de los trabajadores. Junto con este nuevo acuerdo, se alcanza el compromiso de que el mismo no será sometido a referéndum entre los trabajadores. El ministro, que denunció histéricamente la "farsa democrática" del anterior referéndum, exige ahora que los trabajadores no sean los que decidan sobre la nueva propuesta.
En esta ocasión la imagen del acuerdo no es la del apretón de manos y las caras satisfechas de "las partes en conflicto", sino los gritos de "traidores" y "vendidos" que tuvieron que escuchar a la salida el secretario general de FSAP-CCOO, Miguel Segarra, y su homólogo en UGT, Julio Lacuerda, por parte de los enfurecidos trabajadores.
De hecho, pese a que la última oferta del ministerio supone un avance respecto a la anterior, obtuvo el rechazo del 40% de los trabajadores, no tanto por el acuerdo en sí (una subida de 190 euros, de aquí a abril de 2009) como por la forma en que éste se había impuesto. La participación en este referéndum fue sensiblemente menor que en el anterior y el ambiente era de gran cabrero, ya que nadie entendía muy bien "para qué sirve la votación si el acuerdo ya ha sido firmado por CCOO y UGT".
Las dimisiones en UGT de Joaquín Vela, responsable federal de Justicia, Vicente Pozuelo, responsable de justicia de Castilla - La Mancha, y Manuel Román, presidente de la junta de personal en Ciudad Real son una expresión muy clara del rechazo a estas maniobras de las cúpulas sindicales. Esta situación también ha tenido efecto en CCOO, donde el plenario de delegados del sector de justicia ha pedido la dimisión de Miguel Segarra por haber traicionado a los trabajadores. A la vez, ha rechazado la dimisión de dos de los participantes en la mesa negociadora (apartados de la misma por la cúpula del sindicato), Flora Martínez y Javier Hernández. Este último, que fue recibido con aplausos por sus compañeros dijo "estar harto de las cúpulas sindicales" que "se han plegado a las imposiciones del Ministerio de Justicia".
Quizás la conclusión más importante que pueda extraerse de esta lucha es que, pese a la asfixia que suponen toda una capa de dirigentes sindicales, a la escasa participación que se da a los afiliados, a los intentos de controlar por arriba la lucha de los trabajadores, estos continúan siendo la auténtica columna vertebral de los sindicatos de clase y, cada vez más, presionarán a sus dirigentes para que giren a la izquierda. Aun con todas las maniobras que han hecho, el acuerdo firmado supone un incremento salarial entre el 15 y el 25%. ¡Diez veces más de lo recomendado por los secretarios generales de CCOO y UGT en el último Acuerdo para la Negociación Colectiva!
Lo sucedido con la huelga de justicia es sólo un anticipo de lo que sucederá en otros muchos sectores y al final, los deseos de "responsabilidad y moderación" de una buena parte de los dirigentes chocarán con la cruda realidad de las necesidades de los trabajadores.


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