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En un reciente artículo de la profesora R. Aída Hernández se denuncia que los primeros meses de gobierno Calderón se han caracterizado por la militarización de las regiones indígenas por todo el país y se ha continuado con la criminalización de los movimientos sociales. El clima de inseguridad e intimidación está presente en regiones conocidas históricamente por la presencia de organizaciones indígenas y campesinas.

 

En un reciente artículo de la profesora R. Aída Hernández [1] se denuncia que los primeros meses de gobierno Calderón se han caracterizado por la militarización de las regiones indígenas por todo el país y se ha continuado con la criminalización de los movimientos sociales. El clima de inseguridad e intimidación está presente en regiones conocidas históricamente por la presencia de organizaciones indígenas y campesinas. La violación de una mujer nahua de 73 años por cuatro soldados en Sierra de Zongolica, Veracruz, en febrero del año pasado ha llamado la atención sobre el rechazo de la población indígena a la presencia militar en sus comunidades. El caso evidencia el racismo y el sexismo presentes en el poder y las redes de complicidad que permiten y perpetran la impunidad en México. La mujer denunció a sus asaltantes antes de morir, y 15 personas, incluyendo a familiares, autoridades de la comunidad y forenses, fueron testigos de sus palabras y corroboraron que su cuerpo mostraba claros signos de haber sufrido una violación múltiple. Calderón, sin embargo, sin ofrecer ninguna información médica o legal que sostuviera su declaración, determinó que había "muerto de gastritis". Como en los días de la monarquía, la palabra del Supremo fue suficiente para refutar el certificado de defunción del doctor, las autopsias firmadas por tres forenses, el criterio del fiscal del estado de Veracruz y el propio testimonio de la víctima. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de la Mujer, instituciones supuestamente creadas para defender los derechos de los ciudadanos, intentaron desacreditar las últimas palabras de la víctima porque fueron pronunciadas en náhuatl y, después de todo, la mujer se estaba muriendo.

Éste no es un caso aislado. Amnistía Internacional ha documentado 60 agresiones sexuales contra mujeres indígenas y campesinas por miembros de las fuerzas armadas desde 1994, especialmente en los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca (precisamente los estados en los que hay más organización militante). Tres mujeres tzeltal fueron violadas en un control militar en Altamirano, Chiapas, en marzo de 1994. Dos mujeres tlapanecas fueron violadas por cinco soldados en el estado de Guerrero en diciembre de 1997. Otras 12 mujeres indígenas de la región de Loxicha, Oaxaca, fueron violadas por miembros del ejército mexicano en 1997. Y así hasta configurar una larga lista de violaciones que se suceden hasta el presente. Como asevera R. Aída Hernández en su artículo, estos informes ponen de relieve la política de intimidación que utiliza la violencia sexual como estrategia contrainsurgente y como instrumento para una política de desmovilización. Los cuerpos de las mujeres indígenas se han convertido así en el campo de batalla por parte de un gobierno patriarcal que se ha embarcado en una guerra no declarada contra el movimiento indígena.

Para los sectores más conservadores de la sociedad mestiza e indígena, la presencia de mujeres organizadas en una comunidad o región es virtualmente sinónimo de radicalismo político. Las mujeres indígenas y campesinas organizadas se han convertido en un símbolo de resistencia y subversión, y esto las sitúa en el centro de los ataques de la violencia política. El gobierno de Calderón criminaliza los movimientos sociales a través de la disolución de las organizaciones y el encarcelamiento de sus líderes. La violencia sexual es utilizada para intimidar y aterrorizar a las mujeres organizadas. El "castigo" para las mujeres zapatistas o para las mujeres de Atenco que rompieron con el rol tradicional de género y cuestionaron las estructuras del poder es un mensaje para todas las mujeres que se atrevan a levantar su voz en los espacios públicos.

Todos estos casos de violencia sexual por parte de fuerzas militares o de seguridad pública, que tienen evidentes paralelismos con la represión en Guatemala durante los peores años de la contrainsurgencia, tienen lugar en el México de la "transición democrática", al mismo tiempo que el gobierno firma los protocolos contra toda discriminación de la mujer, contra la tortura, o para erradicar la violencia contra las mujeres. Estos acuerdos internacionales sólo son palabras vacías. La doblez del gobierno Calderón se sigue mostrando tal cual es. En febrero pasado el Congreso aprobó una de las más avanzadas leyes en Latinoamérica contra la violencia de género, mientas que al mismo tiempo mujeres activistas en Atenco y Oaxaca siguen encarceladas y la violencia sexual de la policía y los militares sigue impune.


1. LATIN AMERICAN PERSPECTIVES, vol. 35, nº 1, enero 2008