Corriente Marxista Internacional

A casi dos meses de la masacre de Porvenir en Pando y justo cuando un fallo de la Suprema Corte ordena la excarcelación del ex prefecto de ese departamento, impulsor ideológico del asesinato de decenas de campesinos, es claro para todos la situación de peligro que vive la revolución. En los días de la arremetida fascista en el oriente Boliviano, mientras bandas de las Uniones Juveniles de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, criaturas de la Falange Socialista Boliviana, asaltaban y saqueaban instituciones públicas, los militares quedaban acuartelados a pesar de las órdenes del gobierno, que les llamaba a la defensa de los símbolos del Estado y de los activistas y la gente común amenazada por el fascismo.

A casi dos meses de la masacre de Porvenir en Pando y justo cuando un fallo de la Suprema Corte ordena la excarcelación del ex prefecto de ese departamento, impulsor ideológico del asesinato de decenas de campesinos, es claro para todos la situación de peligro que vive la revolución. En los días de la arremetida fascista en el oriente Boliviano, mientras bandas de las Uniones Juveniles de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, criaturas de la Falange Socialista Boliviana, asaltaban y saqueaban instituciones públicas, los militares quedaban acuartelados a pesar de las órdenes del gobierno, que les llamaba a la defensa de los símbolos del Estado y de los activistas y la gente común amenazada por el fascismo.

La acción de las masas frustró el golpe

El papel ambiguo de las fuerzas armadas fue un reflejo del plan golpista que estaba en marcha, un plan que fue frustrado únicamente por la masiva y decidida movilización popular desde El Alto hasta el barrio Plan 3000 de Santa Cruz de la Sierra. Los compañeros de El Militante estuvimos en la primera fila de la batalla, contribuyendo a organizar la resistencia antifascista.
Los trabajadores, campesinos, pueblos indígenas y jóvenes de Bolivia dimos la enésima prueba de nuestra fuerza y todos esperábamos que, por fin, el gobierno correspondiera actuando al mismo nivel, armándose con nuestra fuerza para barrer finalmente la derecha y la oligarquía nacional y avanzando de manera decidida en el camino revolucionario del cambio. Sin embargo, justo en el momento de mayor intensidad de la contraofensiva popular se instalaron mesas de diálogo bajo la tutela de UNASUR, la naciente Unión de Estados Suramericanos. Primero con los prefectos y los comités cívicos opositores y luego con la oposición política del Parlamento.
Miles y miles de campesinos, colonizadores y mineros se juntaban en Montero, a las puertas de Santa Cruz, con la intención de entrar en la ciudad fortaleza de la oligarquía para "expropiar latifundios y fábricas", objetivo fijado en el documento que sellaba la alianza entre la Central Obrera Boliviana y la Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM). El gobierno detuvo estas movilizaciones y las desvió promoviendo una marcha de 200 kilómetros desde la localidad de Caracollo, en el departamento de Oruro, hasta La Paz, con el fin de presionar al parlamento para que aprobara la Ley de Convocatoria al referéndum constitucional.
Mientras la marcha avanzaba hacia la capital administrativa del país -agrandándose día tras día con la presencia de mineros, fabriles, estudiantes, y arrastrando todas las comunidades que atravesaba- la derecha, en el Congreso Nacional, valiéndose de las vacilaciones y de las ilusiones reformistas del gobierno, logró modificar de manera sustancial el proyecto de nueva Constitución Política del Estado (CPE), aunque a los participantes de la marcha se nos contaba que el "acuerdo pacificador" se estaba logrando sobre la base de "simples cambios de forma".

Concesiones en el nuevo proyecto de Constitución

La Constitución aprobada en Oruro tenía muchos límites, es cierto, pero afrontaba de manera progresista algunos de los problemas estructurales y de fondo del atraso económico-social de Bolivia. En el tema de la tenencia de la tierra, por ejemplo, estaba establecida una extensión máxima del latifundio y formas de incentivo a la propiedad colectiva de la tierra. Ahora, el único mecanismo para devolver al pueblo, siquiera el latifundio improductivo, está en las manos de los rutinarios procesos de saneamiento del Instituto Nacional de Reforma Agraria, creado con la Ley INRA a principios de los años 90 y renovado ya varias veces por las dificultades técnico-jurídicas que traban su camino.
La CPE de Oruro, como es conocido el antiguo proyecto de constitución, también atajaba una serie de aspectos antidemocráticos de la vida política del país, como la división electoral del territorio nacional en colegios uninominales y plurinominales que permitía, por ejemplo, a un diputado de derecha de Cobija ser elegido con aproximadamente 4.000 votos, mientras que se requerían casi 70.000 para elegir uno de izquierda de El Alto. Además, preveía que ulteriores cambios a la CPE podían realizarse con mayoría absoluta del congreso, para evitar el obstruccionismo de la derecha al cambio. Debido al acuerdo esta situación seguirá así.
El acuerdo también incorpora en el texto constitucional una serie de medidas previstas en los Estatutos Autonómicos que motivaron la lucha en los meses de mayo y junio, incluyendo el hecho simbólico, pero significativo, de que los Prefectos se llamarán Gobernadores a partir del momento en que se apruebe la Nueva CPE, tal como quería la oligarquía. Por fin, en el tema de recursos naturales, una pequeña adjunción al texto ratifica el papel explotador de las multinacionales: aunque reclama la propiedad del pueblo sobre los hidrocarburos se declaran, de hecho, "salvos los derechos adquiridos".

La clave, construir la dirección revolucionaria

Las reacciones a este acuerdo, que ha permitido a algunos partidos de derecha anunciar su campaña por el Sí a la Nueva CPE en el referéndum que se celebrará en enero, son variadas: en las organizaciones sociales hay todavía una mezcla de satisfacción porque por el hecho de que por fin se logró convocar al pueblo a votar la CPE y de perplejidad frente a las concesiones que se dieron a la derecha en el Congreso. El MAS intenta contener la rabia de los sectores más avanzados de las organizaciones sociales afirmando que esto es sólo el principio y que los cambios más profundos se darán en la próxima legislatura. Sin embargo, la contraofensiva a la arremetida fascista de la derecha había sentado todas las condiciones para profundizar ahora y de manera decidida el proceso de cambio y la revolución boliviana. Una vez más aparece como decisiva la construcción de una dirección política revolucionaria de masas, tarea en la que los compañeros de El Militante seguimos entregados y que parte de las duras lecciones con las que nuestra gente crea su propio camino de emancipación.


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