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La masacre el 11 de septiembre de más de 30 hombres, mujeres y niños en la aldea de El Porvenir, a unas 20 millas de la capital provincial de Cobija en la provincia de Pando, provocó un sentimiento de repulsión y furia por todo Bolivia.

Los asesinados formaban parte de una caravana con unos 1.000 militantes de la Federación Sindical única de Trabajadores Campesinos de Pando (FSTCP) y sus familias. Los seguidores de Evo Morales se dirigían a Cobija con el objetivo de recuperar las oficinas del gobierno ocupadas y saqueadas por las bandas pro-fascistas. Estas bandas eran seguidores de la oligarquía de la Media Luna (las provincias de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija) que intentaban llevar a cabo un golpe contra el gobierno de Morales en La Paz.

La caravana sufrió una emboscada en un puente sobre el río Tiahuamanu. Unos 300 fascistas armados, muchos con ametralladoras, atacaron la caravana y abrieron fuego contra los que formaban parte de la caravana de vehículos. Cuando intentaban escapar, algunos a la jungla y otros intentando vadear el río, recibieron disparos en la espalda y la cabeza. Unos 100 aún están desaparecidos pendientes de confirmar sus muertes.

Cuando esta noticia llegó al resto del país hubo movilizaciones espontáneas de las numerosas organizaciones que siempre han apoyado a Morales, sindicatos, movimientos campesinos e indígenas. Marcharon hacia la capital provincial de Santa Cruz y la sitiaron. La escala y el enojo de los manifestantes conmocionaron a la oligarquía que hasta ese momento había asumido que ellos serían capaces de establecer dos entidades políticas separadas, con sus propios sistemas de impuestos, policía y ejército en sus provincias, estableciendo de facto estados separados y provocando la balcanización de Bolivia.

En los últimos días tanto el gobierno como la oposición han estado negociando. Por un lado, la oposición ha intentado constantemente boicotear las negociaciones rompiéndolas con exigencias al gobierno, como la liberación de sus representantes políticos detenidos después de la masacre de El Porvenir. Uno de los detenidos era Leopoldo Fernández, gobernador de la provincia de Pando que había dado órdenes de detener a cualquier precio a los seguidores del MAS y había organizado a las bandas fascistas para que les dispararan.

Para presionar a la oligarquía el 20 de octubre llegará a la capital, La Paz, una marcha procedente de Caracallo en Cochabamba. Una vez más, las organizaciones de masas de trabajadores, campesinos y pueblos indígenas están demostrando su fuerza para apoyar a Evo Morales. En la marcha hay militantes de CONALCAM (Comité Coordinador Nacional por el Cambio), CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia), CONAMAQ (Consejo Nacional de Markas y Ayllus de Qullasuya, organizaciones populares indígenas), el Comité Coordinador por la Integración de las Organizaciones Económicas Campesinas de Bolivia que representa a 775 organizaciones diferentes y, por último, a la marcha se unirán militantes de la COB, Central Obrera Boliviana. En otras palabras, todas las organizaciones que representan a los movimientos obreros y campesinos participarán en la marcha de apoyo al gobierno de Evo Morales.

Este apoyo lo que refleja es la correlación real de fuerzas en Bolivia, uno podría llegar a pensar que Morales actuaría con firmeza ante la oposición y que no transigiría con relación al contenido de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) y la fecha del referéndum para su ratificación en diciembre de este año o enero de 2009. Pero en lugar de ejercer mano dura en sus negociaciones con la oposición, la política exigida por trabajadores y campesinos en muchas de las marchas, Morales de nuevo ha tomado el camino del compromiso y la conciliación. La Asamblea Constituyente que elaboró la CPE ha creado una comisión especial para investigar los contenidos de la CPE y acordar la fecha del referéndum. Esta comisión (Comisión Especial de Concertación) tiene 14 miembros, 4 del MAS, 4 de PODEMOS, 3 del MNR y 3 del UN (estas tres últimas representan a los ricos y poderosos de Bolivia). En otras palabras, las fuerzas de Morales son 4 de 14 en este comité, una minoría. En las elecciones para elegir a los 255 miembros de la Asamblea Constituyente, que comenzó sus deliberaciones sobre la CPE a principios de 2006, el MAS consiguió 137 diputados, PODEMOS 60, MNR 18 y UN 8. De tener la mayoría en la Asamblea Constituyente, una mayoría que ratificó en el referéndum revocatorio de agosto de este año donde Morales consiguió el 68 por ciento del voto popular, Morales ha permitido que el MAS se convierta en una minoría en este comité especial.

¿Cuáles son las objeciones de las tres fuerzas opositoras a la CPE? Entre muchas objeciones, PODEMOS se opone a la cláusula de la CPE sobre el control de los recursos naturales (principalmente gas y petróleo) y UN quiere el estatus de autonomía para las provincias de la Media Luna, que se reconozca constitucionalmente un máximo de tierra agraria por persona de 10.000 hectáreas, no las 5.000 que prevé la nueva constitución. Después de haberse quedado en minoría en las elecciones de 2005 a la Asamblea Constituyente y después de perder la batalla en las calles estas últimas semanas, estos representantes políticos de la oligarquía se las han arreglado para tener la mayoría en el comité que revisará la propuesta de CPE. Esto obviamente no es la última palabra, como se ve en aquellos que se dirigen a la capital para apoyar a Morales, los trabajadores y campesinos que han proporcionado la columna vertebral a Morales y el MAS en sus enfrentamientos con la oligarquía y ante su intento de golpe de estado. Cada vez que Morales ha tendido la rama de olivo de la conciliación, la oligarquía se ha envalentonado. Además, cada vez que la oligarquía ha intentado desestabilizar y derrocar al gobierno de Morales, las masas han salido para defender a su gobierno. Será así hasta que no se resuelvan las tres cuestiones apremiantes de pobreza, propiedad y control de la tierra y las industrias de hidrocarburos.

Pobreza

Merece la pena recordar las cifras de pobreza porque son una prueba de la incapacidad de la clase capitalista y terrateniente que posee y controla Bolivia, que no es capaz de elevar el nivel de vida de las masas bolivianas. Con una población de unas 9,8 millones de personas, la esperanza de vida media es de 47 años, en un país que cuenta con unas reservas de hidrocarburos valoradas en 250.000 millones de dólares. La tasa de pobreza es del 60 por ciento y el 38 por ciento vive en la extrema pobreza, lo que significa que diariamente no tienen acceso regular ni garantizado a las necesidades básicas de subsistencia. Aproximadamente un 28 por ciento no tiene acceso al agua potable y el 24 por ciento de los niños con menos de 3 años de edad están malnutridos. El 39 por ciento de la población trabaja en la agricultura y la pobreza rural es del 76 por ciento. Los indígenas bolivianos tienen mayores niveles de pobreza, extrema pobreza, analfabetismo y malnutrición que los no indígenas. Los ingresos del trabajo entre los pueblos no indígenas son 2.2 veces mayores que entre los indígenas. La escolarización de la población no indígena es una media de 9,8 años mientras que para los indígenas es de 5,9 años. En la provincia de La Paz, que cuenta con el 27 por ciento de la población, aproximadamente el 77 por ciento son de origen indígena y la tasa de pobreza es del 66 por ciento. Por otro lado, en Santa Cruz, el feudo de la oligarquía, donde aproximadamente se concentra el 26 por ciento de toda la población, los indígenas son un 37 por ciento y la tasa de pobreza un 38 por ciento. Aunque es verdad que una fuerte relación entre la pobreza y la mayoría indígena, también hay pobreza entre los mestizos y entre los descendientes de españoles "puros". En la provincia de Tarija, por ejemplo, donde se localizan el 85 por ciento de los depósitos de gas natural de Bolivia, sólo está el 5 por ciento de la población, aproximadamente un 20 por ciento es indígena, pero la tasa de pobreza es del 50 por ciento. En otras palaras, la cuestión nacional en Bolivia es una cuestión de clase.

En febrero de este año Morales intentó satisfacer las necesidades de un sector de la población, el de los jubilados y mayores de 60 años de edad. Entre 700.000 y 800.000 jubilados conseguirían una pensión del estado. Los que no tenían pensión conseguirían 200 bolivianos (26 dólares) al mes, mientras los que tenían otra pensión, es decir, del trabajo, conseguirían 150 bolivianos (20 dólares). El coste total se calculaba que sería 205 millones de dólares anuales, aproximadamente un 30 por ciento de lo que se recoge en impuestos con la explotación de las reservas de hidrocarburos. Estas pensiones estarán garantizadas en el nuevo CPE propuesta y esa es una de las principales razones para que la oligarquía se oponga a la nueva constitución. Si los pensionistas consiguen el 30 por ciento de los ingresos procedentes de impuestos sobre las empresas de hidrocarburos, entonces eso significará que irá menos a las provincias que forman la Media Luna, es decir, menos a los bolsillos de la oligarquía. La propiedad y el control de la industria de hidrocarburos es una cuestión clave, si Morales no consigue el control entonces no habrá manera de que lleve a cabo su programa de reformas sociales.

Hidrocarburos

Entre 2004 y 2007 los ingresos del gobierno procedentes de esta industria aumentaron en 1.300 millones de libras, un 10 por ciento del PIB. Per cápita supondría pasar de 31 dólares en 2004 a 160 dólares en 2007. Este incremente se debía a tres factores; la Ley de Hidrocarburos de 2005, la nacionalización parcial de mayo de 2006 del 51 por ciento de la industria y el aumento mundial de los precios energéticos. De la cantidad total recogida en impuestos, la redistribución ha seguido la vieja fórmula en Bolivia de la desigualdad. El gobierno toma el 25 por ciento de los ingresos, la empresa estatal YPFB tomaba el 25,2 por ciento y la cantidad restante se entrega a los gobiernos regionales, municipalidades y universidades en las provincias. Las cuatro provincias de la Media Luna con 3,5 millones de personas consiguen el 30 por ciento del total de ingresos y las otro cinco provincias, principalmente pobres, con 6,3 millones consiguen un 19,7 por ciento del total. Incluso entre las provincias de la Media Luna, también la distribución es desigual. En 2007, Santa Cruz, con el 26 por ciento de la pboalción total consiguió 117.2 millones de dólares; Tarija con un 5 por ciento de la población recibió 237,7 millones. La Paz, un feudo del MAS, con casi el 28 por ciento de la población, sólo consiguió 73,3 millones. En otras palabras, incluso bajo el sistema actual de distribución de los ingresos por impuestos, las zonas más acomodadas de Bolivia están llevándose la parte del león de los ingresos y las zonas más pobres las migajas. Para la oligarquía sin embargo esto no es aceptable. Detrás de sus referendos de autonomía está la aspiración de poseer y controlar las reservas de gas y petróleo de Bolivia. Incluso han llegado a convencer a los pobres en sus regiones de que si ellos controlan la industria de hidrocarburos, entonces los pobres también se beneficiarían, todos en la provincia cuidarían de esta riqueza incalculable en manos de la oligarquía. En realidad, significaría que los ricos serían aún más ricos. Sin embargo, no sólo es la industria del gas y el petróleo lo que está detrás de la oligarquía. La cuestión agraria es igualmente importante.

La tierra

La revolución de 1952 se supone que debía haber solucionado la cuestión agraria. La propiedad agraria en Bolivia antes de 1952 era la menos eficiente e igualitaria de América Latina. La tierra estaba concentrada en pocas manos y la aplastante mayoría de los trabajadores agrícolas existían como medieros o con el peonaje, el trabajo campesino agrícola para el terrateniente a cambio de una parte de lo que produce. Existía una estructura social semifeudal y sólo el 0,3 por ciento de la tierra era utilizada para propósitos agrícolas.

En 1950, aproximadamente el 0,7 por ciento del número total de unidades agrarias era superior a las 10.000 hectáreas y ocupaban el 46,9 por ciento de la tierra. Por otro lado, un 59,4 por ciento de todas las unidades eran más pequeñas de las 5 hectáreas y ocupaban el 0,23 por ciento de la tierra. Era la época en que la población era de 2,5 millones de personas y sólo 30.000 votaban para elegir a los presidentes.

En 1951 el MNR, un partido pequeñoburgués con aliados en la izquierda, ganó las elecciones. Hubo un golpe de estado militar para evitar que tomaran el poder político. Siguió una batalla y los mineros entraron en escena, destruyeron el ejército burgués y crearon una milicia sindical armada con 100.000 personas. Sin embargo, esta revolución obrera entregó el poder político al MNR. En mayo de 1952, Víctor Paz Esstensoro se convirtió en presidente. Bajo la intensa presión del movimiento de masas, el programa del gobierno era el sufragio universal, la nacionalización de las minas de estaño, la reforma agraria y la creación de la empresa estatal de petróleo YPFB.

En 1953 se aprobó la ley de reforma agraria donde el estado no reconocía el latifundismo y las explotaciones agrarias a gran escala. Este intento por parte de la maquinaria estatal capitalista de limitar la tierra de la oligarquía terminó en un miserable fracaso. Desde 1955 a 1967, un período de 12 años, sólo 200.000 familias campesinas habían recibido algo de tierra. El proceso legal para confirmar la redistribución tardó entre 2 y más de 10 años. En 1963, sólo una décima parte de los trabajadores agrícolas se habían beneficiado y sólo el 16 por ciento de la tierra redistribuida podía ser cultivada. En Santa Cruz, la base de poder de la oligarquía actual, sólo el 3 por ciento de la tierra se redistribuyó. Además del escaso reparto que se hizo,

no había créditos, asesoramiento técnico ni organización. El nivel de vida de las masas campesinas no mejoró. Se utilizaron todo tipo de prácticas burocráticas y corruptas por parte de los que participaban en la maquinaria del Estado para que la ley de 1953 fuera ineficaz.

En los años sesenta, setenta y ochenta, bajo distintas dictaduras miliares, la tierra se reconcentró en aún menos manos. En 1984, sólo el 3,9 por ciento de las unidades agrícolas superaban las 100 hectáreas de tamaño, pero ocupaban el 91 por ciento de la tierra cultivable. Las estadísticas recientes del Banco Mundial y UDAPE han revelado una concentración aún mayor de la propiedad agrícola. Unas 686 unidades agrícolas, un total del 0,22 por ciento de los terratenientes tenían granjas superiores a las 5.000 hectáreas de tamaño con algunas superiores a las 100.000 hectáreas, la media era de 16.000. Junto con las 1.300 unidades agrícolas superiores a las 2.500 hectáreas, el número de unidades agrícolas sólo es el 0,63 por ciento del total y ocupaban el 66,42 por ciento de la tierra agrícola. Al otro lado de la escala, el 86 por ciento de las unidades agrícolas ocupan el 2,5 por ciento de la tierra agrícola.

En las provincias de Santa Cruz y Beni, unas 14 familias de políticos y empresarios de la oposición poseen 313.000 hectáreas. En estas grandes haciendas agrícolas son las que proporcionan la base de poder para la oligarquía de la Media Luna y la fuente de oposición a las promesas de Morales que incluye la CPE, es decir, el límite a 5.000 o 10.000 hectáreas.

El control estatal de la industria de hidrocarburos, la redistribución de la tierra y el final de la pobreza no se pueden conseguir sobre la base del capitalismo y latifundismo bolivianos. Morales está al frente de un movimiento llamado MAS, Movimiento Al Socialismo. Cuando el 16 de diciembre del año pasado en la Plaza Murillo, en La Paz, Morales recibió el borrador de constitución en una ceremonia pública ante decenas de miles de personas, entre las que me encontraba, afirmó que el peor enemigo de la humanidad era el capitalismo y que iba a hacer lo que denominó una revolución "democrático cultural". El poder de la oligarquía no puede desaparecer con la creación de comités de conciliación en la Asamblea Constituyente. Sólo se puede terminar expropiándoles a través de una revolución socialista y la creación de un estado democrático de obreros y campesinos como primer paso de la revolución en los Andes de América Latina.

10 de octubre de 2008.