Corriente Marxista Internacional

Los resultados del referéndum revocatorio del 10 de agosto muestran el enorme y creciente apoyo del presidente Evo Morales. El gobierno recibió más de dos millones de votos a favor (casi medio millón más que en las elecciones presidenciales de 2005), lo que representa una mayoría de más de dos tercios del electorado, el 67,5% de los votos (57,3% en 2005). Morales tuvo una clara victoria en 5 de los 9 departamentos del país, los más populosos, y aumentó sus votos en todos ellos.

Los resultados del referéndum revocatorio del 10 de agosto muestran el enorme y creciente apoyo del presidente Evo Morales. El gobierno recibió más de dos millones de votos a favor (casi medio millón más que en las elecciones presidenciales de 2005), lo que representa una mayoría de más de dos tercios del electorado, el 67,5% de los votos (57,3% en 2005). Morales tuvo una clara victoria en 5 de los 9 departamentos del país, los más populosos, y aumentó sus votos en todos ellos.
En los cuatro departamentos de la Media Luna Oriental, donde la oligarquía contrarrevolucionaria ha concentrado sus fuerzas, y ha logrado ganar una base de apoyo usando demagógicamente la cuestión de la autonomía regional, Evo Morales incrementó significativamente sus votos. En Pando, ganó con el 52,5% de los votos; en Tarija, hubo un empate técnico, perdió por sólo 457 votos; en Beni, perdió por 57,6% contra 42,3%, pero esto fue un aumento masivo de apoyo respecto al 16,9% de 2005, y la oposición perdió el 50% de los votos que recibió en ese momento. En Santa Cruz, principal bastión de la oligarquía, a pesar del clima de intimidación que se vivió, Evo recibió alrededor del 40% de los votos, en comparación con el 33% que el Movimiento al Socialismo recibió en 2005.

En los referendos revocatorios para prefectos departamentales la derecha sufrió otro revés, al perder La Paz y Cochabamba con el 64,4% y 64,8%, respectivamente. El prefecto de Oruro (MAS) fue confirmado ajustadamente, ha sido un voto de protesta contra el gobierno por la represión de los mineros en la reciente huelga que dejó dos muertos. El prefecto de Potosí (MAS) fue ratificado con el 78%. Los prefectos contrarrevolucionarios de Santa Cruz (67%, resultado parcial), Pando (56%), Beni (64%) y Tarija (58%), fueron también ratificados.
Lejos de una situación de "país dividido" que sólo se puede unir a través de la negociación y la conciliación, lo que vemos es un apoyo masivo en el altiplano y el centro del país para el cambio revolucionario, y la división oriental de la Media Luna, donde la oligarquía ha sido capaz de solidificar el apoyo de las clases medias urbanas.
Unos días antes de la votación, Morales dijo que había leído una encuesta que mostraba que la mayoría de los bolivianos apoya el socialismo y que "si el pueblo boliviano está pidiendo el socialismo, vamos a avanzar hacia el socialismo". Sin embargo, tras el referéndum, hizo un llamamiento a la oligarquía para negociar y por la unidad nacional. Como era de esperar, ésta respondió lanzando una nueva ofensiva contra el gobierno elegido democráticamente y utilizando todos los medios a su disposición.

La ofensiva de la oligarquía y el ‘paro cívico' del 19 de agosto

La misma noche del referéndum, el prefecto de Santa Cruz y uno de los principales líderes de la oposición derechista, Rubén Costas, declaró que los resultados ratificaban el proyecto reaccionario de la autonomía regional y que se disponía a dictar leyes, incluida la creación de una fuerza policial departamental y una oficina para recaudar impuestos. Una clara provocación que revela que la clase dominante quiere controlar completamente el aparato del Estado para evitar que se produzca cualquier cambio real. Aunque los prefectos de Tarija, Pando, Beni y Chuquisaca asistieron a una reunión con representantes del gobierno, después de unas horas la abandonaron, anunciaron que no regresarían a las negociaciones y convocaron un "paro civil", un cierre patronal, para el 19 de agosto. Como parte de su estrategia para controlar el poder del Estado, la oligarquía de Santa Cruz intentó tomar el control de la policía regional en esta región, que aún es leal al gobierno nacional.
El "paro cívico" tuvo lugar en 5 de los 9 departamentos del país. Desde primeras horas de la mañana grupos de bandas armadas en vehículos oficiales de los gobiernos locales y regionales, obligaron a cerrar tiendas y empresas, bloquearon las carreteras y en varias ciudades los locales de las organizaciones sindicales y campesinas fueron asaltados. Incluso así, el paro no tuvo impacto en las zonas rurales (que apoyan sólidamente al gobierno de Morales) y paralizó sólo parcialmente la actividad en las ciudades.

Y la reacción de las masas

La base del MAS y las masas de seguidores desafiaron activamente la violencia de la derecha. En Santa Cruz, unos 300 miembros de la UJC armados llegaron a la entrada del Plan 3.000, un enorme barrio obrero, y se enfrentaron a miles de residentes, que les persiguieron. Un día después, se celebró un cabildo abierto de masas en el Plan 3.000 que declaró su independencia del ayuntamiento de Santa Cruz, establecieron el "consejo igualitario Andrés Ibáñez" y se declararon territorio "libre de fascismo, racismo, discriminación y de la oligarquía". En San Julián (Santa Cruz) una asamblea de masas celebrada en vísperas del paro, amenazó con bloquear la ciudad si Rubén Costas no cesaba en su actitud provocadora. En Chuquisaca las organizaciones campesinas bloquearon la capital Sucre para presionar al prefecto de la oposición.
Hasta ahora, los prefectos de la oposición y los Comités Cívicos han podido movilizar a capas de la clase media porque los trabajadores y los campesinos no han presentado resistencia. Las capas medias están seguras si sienten que tienen el control. Pero frente al movimiento de masas de trabajadores y campesinos rápidamente pueden dispersarse y la correlación real de fuerzas se verá claramente. Unos cuantos cientos o, incluso, miles de fascistas armados, entrenados, organizados y equipados, no igualan a las masas de trabajadores y campesinos, una vez que éstos se ponen en marcha. Esta es la lección principal del supuesto "paro cívico" de Santa Cruz.
Sintiendo su propia debilidad, la oligarquía no insistió en continuar con el "paro". Sin embargo, no van a detener su campaña de desafío a la autoridad. Los productores de carne de Santa Cruz y Beni anunciaron que dejarían de enviar carne a La Paz y El Alto. Al mismo tiempo, sus llamamientos al golpe militar se han redoblado. La parlamentaria del MNR, Roxana Sandoval, pidió a las fuerzas armadas y a la policía que desobedecieran las órdenes del gobierno nacional.
A las masas de trabajadores y campesinos se les ha agotado la paciencia. Están exigiendo que el gobierno actúe con mano dura contra la oligarquía, exigiendo un giro a la izquierda del gobierno y están poniendo en práctica la acción directa para demostrar su fuerza. En una reunión con Evo Morales el 17 de agosto, representantes de diferentes organizaciones pidieron la destitución de varios ministros a los que no se ve comprometidos con la revolución. En una reunión plenaria nacional de la Coordinadora Nacional de Organizaciones por el Cambio (CONALCAM), el 23 de agosto en Cochabamba, cientos de delegados de organizaciones campesinas e indígenas, obreras y sindicales, se reunieron con Evo Morales y le exigieron que no hiciera ninguna concesión más a la oposición y que el gobierno debía avanzar y convocar un referéndum para aprobar la nueva constitución.
El resultado de esta presión llevó a Evo Morales a tomar la decisión de anunciar el decreto presidencial convocando el referéndum sobre la nueva Constitución Política del Estado (CPE) el 7 de diciembre, las elecciones a prefectos (gobernadores regionales) de Cochabamba y La Paz, y para los subprefectos y concejales departamentales de las nueve regiones del país.

La nueva Constitución

La CPE propuesta contiene muchos puntos progresistas: derecho a la educación gratuita y universal, la sanidad y las pensiones, reconocimiento de los derechos indígenas, habla del carácter nacionalizado de los recursos naturales y que no se pueden privatizar, e incluye una reforma agraria de gran alcance que pondría en peligro el latifundio. También tiene serias limitaciones, sobre todo el reconocer el derecho a la propiedad privada.
Sin embargo, lo más importante no es tanto lo que está escrito, sino cómo lo entienden las masas. Para las masas, la constitución es la expresión de sus viejas aspiraciones para intentar dar un golpe decisivo a la oligarquía. Para la clase dominante, esta constitución es una amenaza fundamental a su poder político y económico. Por estas razones, los marxistas apoyamos la nueva CPE y pedimos el sí en el referéndum. Al mismo tiempo, una constitución por sí sola no resolverá los problemas de los trabajadores y campesinos, es necesario preparar una movilización de masas, a través de comités de acción, para llevar a la práctica su programa.
Los gobernadores de Santa Cruz, Beni, Pando y Chuquisaca ya han anunciado que el referéndum no se organizará en sus regiones. El Tribunal Electoral Nacional intervino para decir que el presidente no tiene autoridad para convocar un referéndum. El vicepresidente Álvaro García Linera, normalmente representante del ala más conciliadora del MAS y el gobierno, declaró que "independientemente de lo que ocurra, el referéndum sigue adelante" y pidió a los bolivianos "defender sus derechos democráticos de una manera combativa a través de la movilización".
El 3 de septiembre se celebró una asamblea en el barrio Plan 3.000 para adoptar medidas que garanticen la celebración del referéndum constitucional. El presidente de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOP), Adolfo Chávez, dijo que organizarán una marcha sobre Santa Cruz. El secretario ejecutivo del Sindicato Regional de Trabajadores de El Alto (COR), Edgar Patana, ha declarado que no aceptarían la suspensión del decreto y avisó de que ellos "garantizarían en las calles su aplicación". La CONALCAM ha hecho un llamamiento a la poderosa Central Obrera Boliviana (COB) para que se una a ellos. La COB tiene otra oportunidad de jugar un papel correcto en esta lucha. La convocatoria de una huelga general por parte de la dirección de la COB contra el gobierno de Morales sólo unos días antes del referéndum del 10 de agosto (en medio de una campaña masiva de la oligarquía y el imperialismo) fue un error serio. Solares y Montes han pagado por ello siendo censurados y destituidos.
La clase obrera debe ponerse a la cabeza de la nación en la lucha contra el imperialismo y la clase dominante local. Hay que formar un frente único contra la clase dominante y en el proceso de la lucha demostrar que la única salida es la expropiación de los capitalistas, terratenientes y las multinacionales. El enfrentamiento entre las clases en Bolivia no es sólo por la Constitución o los derechos democráticos. Es una lucha fundamental entre intereses de clase opuestos.


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