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El 16 de enero se celebró en Cochabamba, tercera ciudad más grande de Bolivia, un cabildo abierto (asamblea popular) de masas en el que se decidió destituir al prefecto (gobernador regional) y obligaba a los consejeros departamentales a instalar una prefectura popular. Al hacer esto las masas, que desde principios de año han estado en las calles, han pasado por encima de los dirigentes del MAS alejados de la mayoría de las organizaciones campesinas y sindicales, y han actuado directamente contra el consejo del gobierno del MAS que recomendaba calma, negociación y mantener todo dentro del marco legal.
Es el punto más álgido de un movimiento de masas que se ha desarro-llado para conseguir la dimisión de los prefectos de La Paz y Cochabamba que han estado al lado de los prefectos de la oposición de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija (la media lucha de Bolivia) en su lucha por la autonomía del gobierno nacional del MAS y para defender su derecho a veto en la Asamblea Constituyente.
Un año después de la elección de Evo, los recientes acontecimientos de Cochabamba y La Paz resumen las contradicciones a las que se enfrenta su gobierno. Morales fue elegido con una masiva mayoría producto de un largo período de lucha revolucionaria de los trabajadores y los campesinos. Este movimiento de masas ha planteado al menos en dos ocasiones la cuestión del poder: el Octubre Rojo de 2003, cuando el movimiento derrocó al odiado Sánchez de Lozada; y el movimiento de mayo-junio de 2005 que derrocó a Carlos Mesa. Pero en el momento crucial, los dirigentes del movimiento no supieron qué hacer y la cuestión del poder no se resolvió a favor de los trabajadores. Esto permitió que todo el movimiento fuera canalizado hacia la política parlamentaria y se expresó en el voto de masas a Evo Morales en diciembre de 2005.

Hidrocarburos, reforma agraria, asamblea constituyente

No era simplemente un voto a Evo Morales, sino a la llamada Agenda de Octubre, que incluía puntos clave como la nacionalización de los hidrocarburos, la reforma agraria, juzgar a Sánchez de Lozada y la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
El gobierno ha intentado avanzar en algunos de estos temas, a la vez que intentaba no molestar demasiado a la oligarquía y las multinacionales, dando pasos adelante y después retirándose frente a las amenazas de los capitalistas y terratenientes, apelando a la movilización de masas pero siempre manteniéndola dentro del marco de la democracia parlamentaria. Este fue el caso con la nacionalización de los hidrocarburos. Aunque fue sólo una medida parcial que no implicaba la expropiación de las multinacionales, éstas reaccionaron inmediatamente y aplicaron una presión despiadada. Así que los detalles de la implantación del decreto no incluían ninguna adquisición real.
El intento de aplicar una reforma agraria progresiva aunque limitada, ya que sólo afectaría a los "latifundios improductivos", y la distribución de alguna de la tierra propiedad del estado, provocó una respuesta furiosa por parte de la oligarquía terrateniente (principalmente basada en los departamentos de la media luna del "creciente" y con su feudo político en Santa Cruz), que hizo llamamientos abiertos y públicos a la creación de guardias blancas armadas para defender la propiedad privada de la tierra. La Unión Juvenil Cruceña se ha convertido en el ala fascista paramilitar de la oligarquía, realizando ataques e intimidaciones contra los activistas campesinos, sindicales y del MAS en esta región.
Con relación a la Asamblea Constituyente, el vicepresidente García Linera llegó a un acuerdo con la oposición para aplacarla. El acuerdo pretendía que la oposición limitara sus demandas de autonomía (reivindicación reaccionaria que significa su derecho a no obedecer las leyes del gobierno nacional elegido democráticamente y mantener el control sobre los recursos naturales, concentrados en los departamentos donde ellos tienen mayoría) y a cambio tendría derecho a veto en la Asamblea Constituyente, imponiendo una mayoría de voto de dos tercios para aprobar cualquier decisión. Aunque el MAS tiene una mayoría superior al 50% en la asamblea, no le serviría ya que no alcanza los dos tercios impuestos por la oposición.
Todas estas vacilaciones del gobierno animaron a la derecha y sembraron confusión entre las masas. La oligarquía fue capaz de recuperar el terreno perdido y pasó a la ofensiva. Lanzaron una campaña de movilizaciones de masas en Santa Cruz y otros departamentos utilizando demagógicamente la bandera de la "autonomía" y azuzando una campaña reaccionaria contra el "indígena comunista Evo", la "interferencia de Cuba y Venezuela", etc. En Santa Cruz activistas sindicales y campesinos que intentaron resistir y organizar contramovilizaciones se encontraron con una dura represión por parte de la policía y las bandas paramilitares. Esta campaña incluía "huelgas" (en realidad cierres patronales) e incluso una "huelga de hambre" por parte de los dirigentes de los "Comités Cívicos" de estas regiones en La Paz en el mes de diciembre.
Como respuesta el MAS movilizó a las organizaciones campesinas y sindicales en manifestaciones contra los prefectos de estos departamentos, y particularmente contra los prefectos de Cochabamba y La Paz, que se declararon abiertamente a favor de la "autonomía" y se pusieron al lado de la oligarquía. El gobierno del MAS vio estas movilizaciones como una forma de conseguir una posición más fuerte en la mesa de negociación. Una vez más, intentando mantener dentro de los estrechos límites de la democracia parlamentaria, Evo Morales anunció la aprobación de una nueva ley que proporcionaría derecho a un referendo revocatorio a todos los niveles (desde los concejales al presidente, incluidos los prefectos). Esto fue un intento de dar una solución constitucional al punto muerto.

Acción directa de las masas en Cochabamba

Pero la situación en Cochabamba se precipitó el 8 de enero cuando decenas de miles de personas, trabajadores, campesinos, sindicalistas, estudiantes, que habían estado sitiando la ciudad exigiendo la dimisión del odiado prefecto Reyes Villa, se encontraron con la dura represión policial y de las bandas paramilitares. Dos campesinos cocaleros fueron asesinados y docenas resultaron heridas. Para las masas ya no era cuestión de presionar a Reyes Villa y esperar un referéndum revocatorio en el futuro; querían librarse de él en el acto. "Los dirigentes han sido superados y han perdido el control de las bases", decía el viceministro Alfredo Rada (ala moderada del MAS).
El 12 de enero se celebró un nuevo cabildo abierto masivo. El ambiente era de mucha rabia y decenas de miles de trabajadores y campesinos, armados con palos y piedras gritaban: "El pueblo unido jamás será vencido". Uno de los dirigentes prometió que "frente a los asesinatos responderemos con ‘justicia comunitaria".
La voluntad de las masas era clara, se manifestaron cada día y asistieron a mítines masivos exigiendo el derrocamiento de Reyes Villa (que huyó a Santa Cruz) y que fuera llevado a juicio. Sin embargo, el objetivo del gobierno era diferente. García Linera repitió que Reyes Villa había sido elegido por votación popular y esto debía ser respetado. Evo Morales pidió "a los movimientos sociales que no fueran vengativos" y que "respetaran la vida humana y buscaran soluciones dentro del marco de la democracia".
En esta situación se convocó un nuevo cabildo abierto el 16 de enero para tomar la decisión del derrocamiento del prefecto. Pero los líderes de algunas organizaciones campesinas y sindicales, alineadas con la dirección del MAS, no estaban dispuestos a romper con la "legalidad democrática" e intentaron que la reunión aprobara una resolución vaga que simplemente decía que Reyes Villa ya no era el prefecto pero que se debería buscar una solución constitucional.
Las masas emprendieron la acción directa. Ocuparon el lugar donde se reunía el Consejo Departamental (con mayoría del MAS) y obligaron a los concejales a nombrar una nueva Prefectura popular encabezada por Tiburcio Herradas. El Concejal Departamental de Cochabamba decía: "Fuimos atacados y obligados a convocar una sesión para elegir un nuevo prefecto. Los concejales explicaron que esto era ilegal, pero había amenazas de linchamiento y nos vimos obligados a poner al nuevo prefecto". Se estableció un nuevo gobierno departamental formado por delegados de 15 organizaciones.
El gobierno del MAS, principalmente a través del vicepresidente García Linera, se posicionó contra la decisión de proclamar un nuevo "prefecto popular". En una conferencia de prensa le pidió a los medios de comunicación que "comprendan que una cosa es un cabildo de entre 80.000 y 100.000 personas, y otra es la firme decisión del Poder Ejecutivo de reconocer la legalidad de las autoridades elegidas democráticamente". Insistió en que Reyes Villa aún era el prefecto de Cochabamba e hizo un llamamiento al prefecto y las organizaciones sociales para que "se sentaran alrededor de la mesa y acercaran sus posiciones mediante el diálogo".
Mientras tanto, se desarrolló un movimiento similar en El Alto y La Paz contra el prefecto de La Paz, José Luis Paredes, y también en apoyo de la lucha de Cochabamba. El 15 de enero la Central Obrera Regional (COR), la Federación de Juntas Vecinales de El Alto y otras organizaciones obreras, campesinas y cocaleras convocaron un cabildo de masas que aprobó una resolución que entre otras cosas decía: "1. Noso-tros, el pueblo de El Alto, declaramos estar en una guerra a muerte hasta que consigamos la dimisión de los prefectos neoliberales y asesinos de masas, Manfred Reyes Villa y José Luis Paredes. Al mismo tiempo, apoyamos incondicionalmente a los cocaleros y campesinos de Cochabamba que han sido reprimidos violentamente. (...) 5. estamos de pie y dispuestos a luchar para conseguir la derrota definitiva de la oligarquía y construir nuestro propio gobierno".
Todos estos acontecimientos, una vez más, van directamente contra la línea del gobierno del MAS, con el ministro de movimientos sociales, Alfredo Rada, apelando directamente a las organizaciones de El Alto a "cambiar su actitud y buscar una solución legal a sus exigencias", es decir, la alternativa es el referendo revocatorio independientemente de cómo se resuelva la situación en Cochabamba y El Alto, esto refleja algo muy significativo. Frente a las provocaciones de la derecha, las masas se han cansado y están comenzando a tomar la situación en sus propias manos. En este aspecto la política de los dirigentes del MAS, y particularmente la de García Linera, es criminal, incluso desde el estrecho punto de vista de la supervivencia del propio gobierno del MAS. La única manera de responder a las provocaciones contrarrevolucionarias de la oligarquía es mediante la movilización de masas de los trabajadores y campesinos que votaron a Evo Morales, y su entusiasmo revolucionario sólo se puede desatar si ven un gobierno que está de su parte y que está firme contra la oligarquía y responde a las justas reivindicaciones de los trabajadores y campesinos. Cualquier vacilación y compromiso con la oligarquía sólo tendrá el efecto de sembrar confusión y desilusión en el movimiento de masas, y animará a la oligarquía para pasar a la ofensiva como demuestra claramente toda la experiencia de los últimos doce meses.