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En medio de un festival por el “Día del Trabajo” en la Plaza Murillo, el vicepresidente Álvaro García Linera anunció el Decreto Supremo Nº 28.701 sobre “nacionalización” de los hidrocarburos. Luego, el presidente de la República desde la ocupación cí “El gobierno del pueblo, el gobierno de los trabajadores ha tomado la medida más importante de este siglo: ésta es la primera nacionalización del siglo XXI”. (Álvaro García Linera, 1º de Mayo en la Plaza Murillo).

En medio de un festival por el “Día del Trabajo” en la Plaza Murillo, el vicepresidente Álvaro García Linera anunció el Decreto Supremo Nº 28.701 sobre “nacionalización” de los hidrocarburos. Luego, el presidente de la República desde la ocupación cívico-militar de la planta de San Alberto confirmaría las palabras de AGL y diría que, “aquellas transnacionales que no piensan invertir en Bolivia, pues, que se vayan”. Estas medidas han generado convulsión en la política mundial. Si bien es cierto las tibias reformas “nacionalizadoras” del MAS afectan los intereses de las transnacionales, este DS de “nacionalización” en el fondo refleja la presión de las masas de trabajadores y el proceso revolucionario boliviano.

Una “nacionalización” a medias, como producto de la presión de las masas

Es así como el DS 28701, llamado “Héroes del Chaco” operativiza la Ley 3058 (impulsada por la bancada del MAS el año pasado), en su Art. 1 declara que, “en ejercicio de la soberanía nacional, obedeciendo el mandato del pueblo boliviano expresado en el Referéndum vinculante del 18 de julio del 2004 y en aplicación estricta de los preceptos constitucionales, se nacionalizan los recursos naturales hidrocarburíferos del país”. Luego, continúa, “El Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de estos recursos”.

En su artículo I dice que: “A partir del 1º de mayo de 2006, las empresas petroleras que actualmente realizan actividades de producción de gas y petróleo en el territorio nacional, están obligadas a entregar en propiedad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, toda la producción de hidrocarburos”. En su artículo II declara: “YPFB, a nombre y en representación del Estado, en ejercicio pleno de la propiedad de todos los hidrocarburos producidos en el país, asume su comercialización, definiendo las condiciones, volúmenes y precios tanto para el mercado interno, como para la exportación y la industrialización”.

En este sentido el decreto transforma la figura de relación entre el Estado boliviano y las petroleras. Reduce la participación de éstas en el sector y establece que sean convertidas en empresas de servicio, dejando de lado la vigencia del contrato de riesgo compartido, establecidos como opción en la Ley 3.058 de Hidrocarburos.

Esta “nacionalización” implica, además, la participación de un rol protagónico del Estado, a partir de otorgar a YPFB todas las prerrogativas para la administración del sector, en toda la cadena de producción hidrocarburífera. Incluyendo, a su vez, la transferencia a YPFB, a título gratuito, de las acciones de los bolivianos que forman parte del Fondo de Capitalización Colectiva (FCC).

Luego, en el articulo 4 declara que: “Durante el período de transición, para los campos cuya producción certificada promedio de gas natural del año 2005 haya sido superior a los 100 millones de pies cúbicos diarios, el valor de la producción se distribuirá de la siguiente forma: 82% para el Estado (18% de regalías y participaciones, 32% de Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH y 32% a través de una participación adicional para YPFB), y 18% para las compañías (que cubre costos de operación, amortización de inversiones y utilidades)”.

De esta manera, las entregas de gas hechas por las empresas que en 2005 hubiesen exportado volúmenes superiores a 100 millones de pies cúbicos están sujetas a un nuevo régimen de distribución donde el Estado recibe el 82% de esos volúmenes durante un período de transición, mientras aquellas cuya producción certificada sea menor a dicho volumen, seguirán sujetas al sistema anterior.

El articulo 7 señala que: “El Estado, recupera su plena participación en toda la cadena productiva del sector de hidrocarburos”...Se nacionalizan las acciones necesarias para que YPFB controle como mínimo el 50% más 1 en las empresas Chaco SA., Andina SA., Transredes SA., Petrobrás Bolivia Refinación SA y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia SA”.

”Se supone que desde ahora los bolivianos no sólo son dueños absolutos del gas bajo tierra, sino de toda la cadena productiva. La comercialización del gas en cantidad, precio y volumen ya no será definida por las empresas petroleras sino por YPFB”, redacta Bolpress.com. Todos los oleoductos que transportan gas, diesel y gasolina del territorio nacional ahora son de propiedad mayoritaria de los bolivianos, es decir el 50% más uno o más.

Los campos petroleros San Alberto y Sábalo generan el 70 por ciento de gas que se vende al extranjero. Ahora deberán entregar el 82 por ciento del total de la producción para los bolivianos y el 18 por ciento para las empresas extranjeras. "Con Sánchez de Lozada, con Banzer y (Tuto) Quiroga, era al revés, los extranjeros se llevaban el 82 por ciento y el Estado se quedaba con 18 por ciento. Hoy la tortilla se ha volcado, el 82 por ciento es de nosotros, esto generará para el Estado boliviano, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros empleos 300 millones de dólares adicionales en el siguiente año", dijo García Linera.

El presidente de YPFB, Jorge Alvarado, admitió ayer que el decreto 28701 “evidentemente” se asienta en la Ley de Hidrocarburos 3058 y, por eso, mal se puede decir que Bolivia está tratando de imponer nuevas reglas a las empresas. De igual manera, los ex titulares del Ministerio de Hidrocarburos y de la Superintendencia del sector, Mauricio Medinacelli y Carlos Miranda, respectivamente, coincidieron en que la norma, en el fondo, lo único que hace es dar las condiciones para la aplicación de la Ley 3058 (La Prensa, 03/05/06).

“En la ley se deja abierta la posibilidad para que sea la empresa privada o la petrolera estatal la que asuma la comercialización de los hidrocarburos. En cambio, en el decreto se señala claramente que será YPFB la que asuma esa función”.

Sobre la transferencia de los paquetes accionarios, aseguró que el decreto supremo aclara que YPFB tendrá el control de las acciones en las capitalizadas a través de la “nacionalización”.

En realidad son dos las novedades del DS Héroes del Chaco. El primero se refiere al aumento de los impuestos que va inyectar 780 millones de dólares, y el otro punto importante es que permite al Estado obtener atributos para poder controlar la producción, industrialización, comercialización y distribución de los hidrocarburos.

Si bien es cierto que esta es una reforma más tibia que las anteriores nacionalizaciones donde se expropiaron a las transnacionales (como la de 1932 o 1969), tampoco es tan suave como auguraban los críticos radicales. El mandatario del MAS optó por una decisión más de izquierda.

Es por esta razón que el vicepresidente declaró en su encendido discurso que: “Esta decisión va a ser resistida por los dinosaurios, por los que quieren seguir entregando a la patria, pero por esta medida los bolivianos nos jugamos la vida; no vamos a aceptar presiones de ningún traidor, de ninguna empresa, de ningún país extranjero”.

Las trasnacionales responden con cautela

De esta forma, AGL se adelanta a las posibles represalias de las petroleras, apoyadas por sus gobiernos. Una de ellas es la brasileña Petrobras (responsable del 20 por ciento del PBI boliviano) en un contexto de conflicto con otra firma de ese origen: la metalúrgica EBX, expulsada de territorio boliviano por “violar la Constitución y las normas ambientales”. Ayer, la prensa boliviana informó sobre un comunicado de Brasilia que señalaba que “la delicada situación de las empresas brasileñas afincadas en Bolivia debe resolverse mediante el diálogo” (Bolpress.com).

Tras la firma del Decreto Supremo, "Héroes del Chaco 28.701" que nacionaliza los hidrocarburos, las empresas petroleras que operan en Bolivia y los gobiernos de sus países de origen reaccionan con cautela ante la decisión asumida por el gobierno del presidente Evo Morales. Mediante un comunicado, la empresa transnacional Transredes S.A. pidió al presidente Evo Morales, “ser ecuánime con las empresas”

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España manifestó, en un comunicado difundido hoy por la agencia EFE, su "más profunda preocupación" ante el decreto supremo firmado hoy por el presidente Morales, con el que se nacionaliza y otorga al Estado el "control absoluto" de todos los hidrocarburos.

Desde el ámbito del gobierno brasileño, el ministro de Minas y Energía, Silas Rondeau, calificó de "inamistoso" el decreto de Morales, aunque sostuvo que "por lo que se conoce hasta ahora", la provisión de gas no sufrirá alteraciones. Pero no solo las transnacionales están preocupadas sino también sectores de la oligarquía boliviana.

La burguesía tiene miedo

Es así como, la Confederación de Empresarios Privados Bolivianos exigió al gobierno que explique con más detalle los alcances que tendrá el decreto 28701 de nacionalización de los hidrocarburos. Además, el presidente de la patronal, Roberto Mustafa, indico que se desconoce como piensa el Estado hacerse cargo de la exploración y producción de los hidrocarburos y de toda la cadena (La Prensa, 02/05/06).

Lo que sucede es que estas reformas tibias amenazan los intereses de la oligarquía. Ellos entienden que las nuevas prerrogativas que el gobierno del MAS le está dando a YPFB fortalecen al Estado y debilitan al libre mercado que ellos tanto aman. Pero, fundamentalmente, tienen miedo porque comprenden que el proceso revolucionario tiene su propia dinámica. Es decir que tienen preocupación porque estas tibias reformas avancen a la nacionalización de la tierra, las minas, etc. como acaba de declarar Evo Morales al decir que, “Esto es todavía el comienzo. A fines de mayo haremos acuerdo para industrializar los recursos energéticos. (...) Si estamos empezando a nacionalizar hidrocarburos, mañana o pasado será la minería, los recursos forestales y todos los recursos naturales". Además, temen las relaciones políticas del gobierno de Morales con Castro y Chávez.

Las relaciones con Cuba y Venezuela

No es casualidad que estas medidas se realicen al arribo de Evo Morales de La Habana, donde firmó la adhesión a la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) con Hugo Chávez y Fidel Castro un proyecto anti-TLC y declaró ante la prensa que se trataba de “un gran encuentro de tres generaciones, tres presidentes y tres revoluciones”. Esto en realidad marca una nueva situación política para Bolivia definiéndose por un bloque de izquierda y antiimperialista.

“Este acercamiento al “eje bolivariano” es resistido por sectores empresariales, que consideran que se trata de acuerdos políticos sin beneficios para el sector privado local, y promueven la firma de un TLC con Estados Unidos. Entre ellos milita parte de la dirigencia de Santa Cruz donde, según una reciente encuesta de la firma Apoyo, Opinión y Mercado, la imagen de Morales habría caído un 25 por ciento y el comité cívico prepara un paro para este jueves en reclamo de más ítem de salud y educación y en defensa de la licitación de la reserva de hierro de El Mutún”, escribe Pablo Stefanoni. Esto manifiesta una perspectiva de más polarización social y conflicto.

Después de la medida de “nacionalización”, el presidente del Parlamento de Cuba, Ricardo Alarcón, pidió hoy a los gobiernos progresistas de América Latina apoyar a Bolivia y crear un "frente común antifascista”. El parlamentario estimó que el país andino está "aún amenazado por la presencia de funcionarios, militares, agentes antidrogas y miembros de las fuerzas armadas estadounidenses", según la Agencia de Información Nacional.

Esta “nacionalización” a medias es un paso adelante, pero insuficiente, ¡Ahora hay que expropiar a las transnacionales y poner las palancas fundamentales de la economía bajo el control de los trabajadores!

Esta medida política de Evo Morales es correcta, es un paso adelante, pero insuficiente porque es una nacionalización a medias. Es una nacionalización del 51%. Es decir que no es una nacionalización total. Si nacionalizáramos completamente los hidrocarburos podríamos tener 1.600 millones de al año.

Mientras las transnacionales mantengan en sus manos el 49% de las utilidades, la tecnología, la administración, la infraestructura en sus manos, pues, no podemos hablar de una verdadera nacionalización, menos de soberanía. Además, no está claro cuál será el nuevo modelo de contratos que hay que firmar con las transnacionales.

La única manera de poder resolver los problemas de desempleo, pobreza e injusticia que padece nuestro pueblo boliviano es avanzando en la expropiación a las transnacionales y la oligarquía de las palancas fundamentales de la economía y ponerlas bajo el control democrático de los verdaderos dueños de este país: Los trabajadores y campesinos pobres.