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El lunes 16 de mayo estalló una nueva oleada de movilizaciones de los trabajadores y campesinos bolivianos, que cada vez más está planteando la cuestión del poder. La aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos fue la chispa que inició esta última El lunes 16 de mayo estalló una nueva oleada de movilizaciones de los trabajadores y campesinos bolivianos, que cada vez más está planteando la cuestión del poder.

La aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos fue la chispa que inició esta última ronda de huelgas, bloqueos de carreteras, marchas y manifestaciones de masas.

Esto confirma que la insurrección revolucionaria que derrocó al gobierno de Sánchez Lozada en octubre de 2003 no se resolvió decisivamente a favor de los trabajadores y campesinos, y sus principales reivindicaciones (la nacionalización del gas y los recursos petroleros del país que ahora están en manos de las multinacionales) no fueron conseguidas.

Desde entonces, el nuevo presidente Mesa ha intentado maniobrar entre los poderosos intereses de las multinacionales y las masas radicalizadas de trabajadores y campesinos. El problema que es que los intereses de ambos no se pueden reconciliar.

Hace un mes, Mesa hizo una dramática aparición en la televisión nacional donde reveló la verdadera situación. Explicó que “las multinacionales son las que gobiernan el país” y, por lo tanto, no se puede aprobar ninguna ley de hidrocarburos que no les satisfaga. Básicamente estaba diciendo: si no me quereis, dimitiré y entonces tendréis que lidiar con la asamblea nacional que es aún más reaccionaria que yo. Era un intento desesperado de desmovilizar a los trabajadores y campesinos para quedarse en el poder. Un truco bonapartista clásico que pareció dar resultado funcionar, pero sólo durante unas cuantas semanas más.

La ley de hidrocarburos aprobada por Mesa, aumenta los impuestos a las empresas multinacionales, dejando las regalías al mismo nivel, pero no cumple la reivindicación acordada en el referéndum de hace un año: el 50% de las regalías sobre el gas y la extracción petrolera. Esta fue la propuesta hecha por Mesa y apoyada por Evo Morales, el dirigente del Movimiento hacia el Socialismo (MAS), que tiene su principal base de apoyo entre los cocaleros de las regiones de Chapare.

La propuesta en realidad era un intento de desactivar la reivindicación de nacionalización procedente de la Central Obrera Boliviana (COB) y de las organizaciones obreras de El Alto, la urbe obrera situada encima de La Paz y que jugó un papel clave en la insurrección de octubre de 2003. Las preguntas que se hicieron en el referéndum se plantearon de tal manera que obligaban a la población a votar por esa opción y por eso las organizaciones obreras lo denominaron “tramparéndum”.

Pero incluso este compromiso de imponer el 50% de las regalías a las multinacionales es demasiado para ellas y ya han dejado claro que no lo aceptarán. Y como dijo Mesa, ¡son ellas las que gobiernan el país! En realidad, durante el proceso de discusión de la ley en la asamblea nacional, las multinacionales (y la embajada estadounidense) dejaron clara su posición, para ellas era inaceptable cualquier modificación sustancial de los contratos enormemente favorables que consiguieron con el anterior gobierno de Lozada. Pero esos contratos eran tan escandalosos (permitiendo a las multinacionales conseguir gas por debajo de los precios del mercado y después vendérselo a Bolivia a precios superiores a los del mercado mundial) que todos fueron declarados nulos por el Tribunal Constitucional, ya que no habían sido ratificados por el parlamento.

Durante un año y medio de tira y afloja entre las multinacionales, la asamblea nacional (dominada por los partidos que apoyaban al gobierno de Sánchez Lozada), Mesa, y el movimiento de masas, ha continuado sin resolverse. Ahora ha llegado el momento decisivo.

La ley que finalmente fue aprobada por la asamblea nacional, es una versión aún más edulcorada de la que se aprobó en el referéndum y que fue apoyada por Mesa y la dirección del MAS. Para intentar distanciarse de ésta ley, que ya sabía que iba a ser muy impopular, el presidente Mesa se negó a firmarla el 17 de mayo y la devolvió al parlamento, pero sin ninguna enmienda. El presidente del parlamento, Hormando Vaca Díez, finalmente asumió la responsabilidad y la firmó.

Mientras tanto, había comenzado ya una nueva oleada de huelgas y manifestaciones. El lunes 16 de mayo una manifestación de masas con más de 100.000 personas, principalmente procedentes de El Alto, se reunía a las afueras del parlamento exigiendo la dimisión de Mesa. Las consignas principales eran: "El Alto de pie, nunca de rodillas", "Mesa traidor, queremos tu renuncia", "Que se cierre el Parlamento, nido de "lunthatas" (ladrones)". El día después en un pleno ampliado de la Confederación Obrera Regional de El Alto (COR), se decidió convocar huelga general indefinida en El Alto y luchar por la nacionalización de los hidrocarburos. El sentimiento era que para que esta lucha saliera victoriosa “había que cerrar el parlamento burgués” y forzar la dimisión de Mesa.

A los pocos días otros sectores se unieron a la lucha. El magisterio urbano de La Paz convocó huelga indefinida y los sindicatos de obreros campesinos comenzaron a organizar bloqueos de carretera en todo el país. También el lunes 16 el congreso nacional del sindicato de mineros (FSTMB) decidió suspender sus sesiones y unirse a la movilización. Cientos de mineros armados con cartuchos de dinamita llegaron a la capital La Paz un par de días después y están participando en las manifestaciones y enfrentamientos con la policía. Al mismo tiempo, el MAS organizó una marcha de miles de campesinos desde Cochabamba a la capital, a 190 kilómetros de distancia. Los vendedores callejeros de la Paz y los trabajadores del transporte, los estudiantes de la Universidad Pública de El Alto, uno tras otro todos los sectores se fueron uniendo al movimiento.

El 23 de mayo y el cabildo abierto

El 23 de mayo se celebraron en La Paz varias manifestaciones de masas y muchos de los participantes se congregaron en la plaza San Francisco, allí se declaró el cabildo abierto (una reunión abierta de masas en una localidad para deliberar sobre los problemas de la población). Este cabildo había sido convocado por el MAS para discutir la estrategia y las reivindicaciones del movimiento. Cuando sus columnas de la marcha de campesinos pasaron por El Alto, en su camino hacia La Paz, fueron recibidos por los trabajadores, vecinos y estudiantes en lucha que gritaban: “Ni 30 ni 50, nacionalización”, rechazando de este modo tanto la propuesta de Mesa como la de Morales. La mayoría de los campesinos del MAS hicieron suya la consigna e hicieron suya la consigna. La asamblea de masas discutió las reivindicaciones del movimiento y la estrategia para conseguirlas. Desde hacía días estaba claro que la posición moderada de los dirigentes del MAS como Evo Morales, que piden el 50% de las regalías, no tenían demasiado apoyo entre la base del MAS que formaba la marcha de 190 kilómetros. Ahora la reivindicación principal del movimiento es la nacionalización.

Dirigiéndose a la multidud, el dirigente de la COB, Solares, dejó claro que “no queremos a Hormando ni a Mesa, queremos un gobierno del pueblo”. Esto está en la línea de las resoluciones de la Central Obrera Regional de El Alto (COR) que defiende claramente una “lucha nacional unitaria, combativa, inclaudicable por la toma del poder por el pueblo, expulsando a las Transnacionales Petroleras y a su gobierno traidor de Carlos Mesa Gisbert y a todo su Parlamento de sirvientes de las transnacionales, conformando las Asambleas Populares que organice la toma del poder”. La declaración, aprobada en el plenario ampliado de la COR de El Alto el 17 de mayo, acaba con las siguientes reivindicaciones: “Viva la nacionalización de los hidrocarburos! ¡Viva el pueblo alteño valeroso y combativo! ¡Abajo el parlamento y su gobierno! ¡Viva el gobierno del pueblo de obreros y campesinos! ¡ El Alto de pie, nunca de rodillas!”

El enfrentamiento entre intereses de clase contrarios y en conflicto en Bolivia se ha planteado de una forma clara y es comprendido por decenas de miles de trabajadores y campesinos: por un lado las multinacionales, la oligarquía local, Mesa, el gobierno y el parlamento, y por el otro lado, los trabajadores, los campesinos y los pobres de Bolivia. Se han planteado claramente la cuestión de quién gobierno el país.

Evo Morales, que representa al sector más moderado de la dirección del movimiento intentó defender su posición del 50% de las regalías, pero fue abucheado por la multitud y terminó haciendo un llamamiento a Mesa para que utilice el ejército y la policía para recuperar los campos de gas y petróleo. Esto, que él intentó pasar como una postura radicales, en realidad no significa nada, porque ante los ojos de las masas ya está claro que el gobierno Mesa ha traicionado las expectativas creadas en octubre de 2003 y nunca se posicionará decisivamente contra las multinacionales. El movimiento de trabajadores y campesinos está amenazando con ocupar las instalaciones de petróleo y gas. Evo Morales ha tenido que admitir en los últimos días que “hemos sido superados” por la base.

Evo Morales también defendía que Mesa convocara una asamblea constituyente. El argumento de Morales es que en lugar de derrocar a Mesa y al parlamento (que han demostrado de qué parte están con relación a las multinacionales) se deberían preservar estas instituciones y presionarlas para que convoquen una asamblea constituyente. También existe división con relación a esta reivindicación porque las organizaciones obreras han defendido la disolución del parlamento por la fuerza y la convocatoria de Asambleas Populares, en lugar de confiar en que el actual parlamento convoque a una asamblea constituyente.

El tema de la asamblea constituyente ya fue planteado con mucha fuerza durante la insurrección de octubre. En realidad, esta reivindicación, defendida principalmente por los dirigentes del MAS, fue apoyada entusiastamente por el Banco Mundial y la oligarquía como una manera de desviar la atención de las masas. Los propios EEUU, a través del USAID ha establecido lo que llaman Oficinas de Iniciativas de Transición en Bolivia. En menos de un año han gastado más de 4 millones de dólares, principalmente en El Alto, intentando sobornar a los sectores más radicales del movimiento (en Venezuela también se estableció una OIT que fue utilizada por a oposición para el cierre empresarial de diciembre de 2002). No es sorprendente que podamos leer en uno de sus informes: “La OTI espera concentrarse cada vez en la asamblea constituyente”. Enfrentada a la pérdida del poder, la clase dominante no dudará en convocar una asamblea constituyente siempre que el poder de los capitalistas y las multinacionales siga inalterable.

La reivindicación de una Asamblea Popular tiene un carácter revolucionario más claro y está enraizada en la historia revolucionaria de Bolivia. En 1971 se convocó una asamblea popular a iniciativa de la COB en un período de auge revolucionario. La idea era desarrollar un organismo que sustituyera a las desacreditadas instituciones burguesas y que se convirtiera en un genuino organismo de poder obrero. En aquel momento se creó una situación de doble poder pero, desgraciadamente, no se resolvió en favor de la clase obrera y terminó con la dictadura militar de Banzer.

Mientras se desarrollaba el cabildo, un sector grande de los mineros ya estaba luchando con la policía para conseguir acceder a la plaza donde se sitúa el parlamento para poder cerrarlo.

La toma del poder

Al final del cabildo el ambiente de las masas de trabajadores y campesinos allí presentes (mayoritariamente seguidores del MAS) eran tan radical y estaban tan enfadados que incluso los dirigentes del MAS tuvieron que pronunciar un discurso combativo. Ramón Loayza, parlamentario del MAS y dirigente de una de las fracciones del sindicato campesino, dio a Mesa un ultimátum: “Le estamos dando cuatro días para la convocatoria de la asamblea constituyente, si no tomaremos el poder”.

Está claro por lo tanto que la cuestión del poder se ha planteado a quemarropa. Sin embargo, parece que, como en anteriores ocasiones, los dirigentes sindicales como Solares, Zubieta, de la Cruz y otros, que están más en contacto con la base de los trabajadores, que están articulando de una manera más precisa sus reivindicaciones, realmente no tienen un programa elaborado claro para resolver esta situación.

En octubre de 2003 se desarrolló una situación similar. Las masas de trabajadores, campesinos y mineros armados rodearon el edificio del parlamento, plantearon la cuestión de un gobierno de trabajadores y campesinos, bloquearon las principales vías de todo el país y consiguieron echar al gobierno de Lozada. Sin embargo, cuando Mesa (vicepresidente de Lozada) llegó y prometió cumplir todas las reivindicaciones del movimiento, los mismos dirigentes sindicales que habían estado defendiendo un gobierno de trabajadores y campesinos se quedaron paralizados y permitieron el juramento de Mesa.

Las instituciones democráticas capitalistas en Bolivia están ya muy desacreditadas, pero si las masas no ven una alternativa viable entonces no pueden realmente ver con qué las van a sustituir. En octubre de 2003 ya estaban presentes los elementos de poder obrero, particularmente en El Alto, donde la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) y la COR de El Alto, se organizaron de una forma soviética, es decir, con consejos de obreros y campesinos elegidos democráticamente por las masas. Las asambleas de masas en todos los barrios organizaban todos los aspectos de la vida cotidiana, desde la distribución de comida, el cuidado de los niños y ancianos, la defensa de la comunidad, etc., y elegían a los representantes para las asambleas de El Ato.

Si este sistema se trasladara a todo el país, a nivel local, regional y nacional, y culminado en una asamblea revolucionaria de representantes de los trabajadores, los campesinos, los pobres y sus organizaciones, entonces esto sería una alternativa a la organización del estado capitalista. Cuando la cuestión del poder se plantea de una manera tan profunda es necesario responder a la cuestión crucial, “¿si acabamos con el parlamento burgués con qué lo sustituiremos?”

Contraofensiva reaccionaria

Obviamente, enfrentada a una situación crítica como la que se está desarrollando en Bolviia, la clase dominante no se va a quedar con los brazos cruzados. Una de sus principales estrategias es la “carta de la autonomía regional” que están jugando en algunas regiones como Santa Cruz y Tarija. La clase dominante boliviana siempre ha intentando utilizar las divisiones entre el Altiplano y los llanos del país para desviar la atención de la lucha de clases. El razonamiento de la oligarquía reaccionaria en Santa Cruz y otras regiones es el siguiente: “tenemos los recursos naturales, si conseguimos librarnos de estos agitadores revolucionarios de las montañas andinas, entonces todo nos irá bien”. En medio de la preparación de esta nueva oleada de movilizaciones, la oligarquía, a través de los llamados Comités Cívicos, ha declarado que convocará unilateralmente referéndum de “autonomía” el 12 de agosto, independientemente de si los aprueba o no el parlamento nacional.

Obviamente se trata de una táctica que está favorecida por las multinacionales que calculan que después podrán conseguir mejores condiciones de los gobiernos regionales autónomos de Santa Cruz y otras regiones. La oligarquía en estas regiones occidentales se siente también más fuerte y está preparándose armando escuadrones similares a las bandas paramilitares fascistas que atacan al movimiento obrero y campesino en “sus” regiones.

Si hicieran un movimiento decisivo en dirección a la autonomía e incluso la separación, esto significaría una guerra civil, no sólo en líneas regionales, si no en líneas de clase, ya que el movimiento obrero y campesino de Santa Cruz, Tarija, etc., ya ha dejado claro que se opone firmemente a este tipo de intentos. Es más probable que en el momento actual estén utilizando la presión por la autonomía para conseguir mejores condiciones de negociación en el parlamento nacional. Se ha sugerido que Vaca Díez, el presidente del parlamento, pudiera sustituir a Mesa y “restaurar el orden”.

Al mismo tiempo, estas tácticas de un sector de la oligarquía amenazan con dividir por la mitad al ejército. El alto mando del ejército boliviano ha dejado claro está en contra de cualquier división del país y considera estos referéndum “ilegales” de “autonomía” como una amenaza para la unidad de Bolivia. El país está lleno de rumores sobre un golpe de estado y las fuerzas armadas y la policía están en “estado de máxima alerta”.

El intento de utilizar al ejército contra los manifestantes, como en octubre de 2003, podría tener el efecto contrario y radicalizar aún más el movimiento, como ocurrió durante el octubre rojo.

Divisiones dentro del ejército

También hay rumores sobre un sector de los oficiales del ejército que no están contentos con que los recursos naturales del país sean vendidos a las multinacionales y que podrían formar parte de un movimiento nacionalista dentro del ejército. Parece ser que ya existe un movimiento de oficiales del ejército descontentos llamado “obispos negros”.

En el pleno ampliado de la COR en El Alto se discutió esta cuestión, y Solares en el cabildo abierto del lunes dijo que si había un oficial del ejército honesto preparado para tomar el poder él lo apoyaría. Cuando Evo Morales le dijo que eso significaría una dictadura militar y que por lo tanto Solares se convertiría en un paramilitar, los dirigentes sindicales respondieron con el ejemplo de Chávez en Venezuela (un amigo político cercano de Evo Morales).

En la reunión de la COR en El Alto alguien dijo: “necesitamos otro Juan José Torres”. Torres fue un oficial del ejército que llegó al poder en 1970 durante la crisis revolucionaria e intentó satisfacer al movimiento de masas adoptando algunas medidas radicales, pero al mismo tiempo fue totalmente incapaz de resolver las causas raíces de los problemas que se encuentran, igual que ahora, en la existencia misma del sistema capitalista. Torres fue derrocado en julio de 1971 por un golpe militar de derechas encabezado por Banzer. Los dirigentes obreros habían confiado en sus discursos radicales prometiendo armas a los trabajadores y no hicieron ningún preparativo alternativo. En el momento de la verdad, el golpe les encontró desarmados y fueron aplastados. Un examen de la historia boliviana revela que los oficiales militares nacionalistas de izquierdas en el poder nunca han sido capaces de solucionar los problemas de los trabajadores y campesinos y que el apoyo que les han dado las organizaciones obreras siempre ha terminado en desastre.

Sin embargo, está claro que si se plantea la cuestión del poder, entonces también se debe tratar el tema de las fuerzas armadas. Solares tenía razón al decir en la reunión de El Alto que “necesitamos dividir las fuerzas armadas”, pero la forma de hacerlo es organizando un fuerte movimiento revolucionario por fuera que pueda ofrecer a los soldados e incluso oficiales una alternativa seria.

El ejército, por su propia naturaleza, al ser una fuerza militar jerárquica no es fácil de romper. Sólo se dividiría si se enfrenta a un movimiento revolucionario serio que ofrezca una salida clara.

La historia de Bolivia está llena de ejemplos de esto. En 1952 los mineros derrotaron y destruyeron al ejército, creando milicias de trabajadores y campesinos armados. Incluso más recientemente, en febrero de 2003, un motín de la policía fue una parte clave de la insurrección. En octubre del mismo año, la policía permitió a decenas de miles de mineros y trabajadores, armados con dinamita y gritando “guerra civil”, avanzar hacia el parlamento y muchos oficiales de la policía incluso saludaron a las enojadas masas con el puño cerrado. También hubo oficiales aislados que en ese momento se negaron a disparar a la población de El Alto. Estos son indicacios claros de que el ejército y la policía no son algo monolítico y pueden dividirse en líneas de clase.

En el pleno ampliado de la COR en El Alto ya se tomaron algunas medidas relacionadas con la autodefensa armada de los trabajadores y se acordó “organizar y conformar de manera secreta, piquetes armados con flechas, palos y otros medios de autodefensa en las diferentes zonas, sectores y regiones para proteger la integridad de los trabajadores”. El martes 24 de mayo, cuando los trabajadores de El Alto fueron al Aeropuerto Internacional para cerrarlo, se enfrentaron con el ejército que protegía las instalaciones. Los dirigentes de la COR de El Alto, correctamente, se dirigieron a los soldados e hicieron un llamamiento para que se unieran a la lucha del pueblo.

Pero sería un error sustituir una estrategia seria para la construcción de asambleas y comités revolucionarios, uniéndolos a nivel nacional, por la esperanza de que un “oficial nacionalista honesto” aparezca y resuelva el problema. El ejemplo más reciente de Ecuador ilustra esto muy bien. Enfrentados a un movimiento revolucionario de masas, en enero de 2000 un sector de los jóvenes oficiales, dirigidos por Lucio Gutiérrez, se pusieron al lado de las masas de campesinos y trabajadores y les ayudaron a tomar el poder. Sin embargo, sin un plan claro de qué hacer con el poder este volvió a las manos de la clase dominante. Cuando más tarde Lucio fue elegido presidente con el apoyo de los trabajadores y los campesinos, giró bruscamente a la derecha y se convirtió en el instrumento de la intervención estadounidense en el país. Nada puede sustituir a los organismos democráticos revolucionarios de los trabajadores y los campesinos.

Aprender las lecciones del pasado revolucionario de Bolivia

Los trabajadores y los campesinos de Bolivia han demostrado una y otra vez en los últimos años su voluntad revolucionaria para transformar de una manera fundamental su vida. A través de su propia experiencia en la lucha se han dado cuenta de que esta “democracia” de las multinacionales y la oligarquía no puede resolver sus problemas básicos de empleo, comida, tierra, etc., Saben que deben sustituirla por algo mejor, un sistema que responda a los intereses de la mayoría, los trabajadores, los mineros, los campesinos, la mayoría indígena, los oprimidos en general. Una y otra vez se han movilizado, han muerto para conseguirlo. Estas oportunidades se han desperdiciado por la ausencia de una dirección revolucionaria con un programa alternativo claro. Esto lo dijo claramente la reunión nacional ampliada de la COB un día después del derrocamiento de Lozada en octubre de 2003.

Es difícil decir exactamente cómo se desarrollará este movimiento en los próximos días. El martes 24 hubo de nuevo marchas de masas en la capital con decenas de miles de campesinos, mineros, profesores, trabajadores de El Alto y vecinos de los barrios del sur de la capital enfrentándose a la policía e intentado llegar al parlamento. En La Paz se unieron a los ya presentes 10.000 campesinos de la Federación Departamental Unida de Trabajadores Campesinos Tupak Katari. El líder del sindicato campesino, Gualberto Choque dejó claro que “no se trata de discursos o reuniones, vamos a tomar el palacio presidencial” (fuente: Narconews). Al mismo tiempo, las huelgas y las marchas se extendían a otras ciudades importantes como Potosí y Cochabamba. El movimiento parece estar en ascenso y creciendo en fuerza y alcance. Las decenas de miles de mineros, trabajadores y campesinos que han llegado a La Paz no han llegado sólo a manifestarse, ellos quieren resolver el conflicto y no serán convencidos fácilmente para que regresen sin una solución. El escenario está preparado para una importante batalla de clases.

La clase dominante utilizará todo su arsenal de trucos: represión, regionalismo, soluciones constitucionales que no resuelven nada. La palabra final no se ha dicho. Las masas intentarán de nuevo avanzar y empujarán a sus dirigentes a la izquierda o los sustituirán por dirigentes que estén más a tono con sus reivindicaciones y sentimientos.

La victoria sólo puede llegar si en este proceso los militantes más avanzados y conscientes de la COB, la FEJUVE, las COR regionales, los sindicatos campesinos y el MAS, consiguen construir una organización que proponga firmemente la idea de que los campesinos y los trabajadores tomen el poder y creen las instituciones (asambleas y comités revolucionarios) necesarias para hacer eso.

Las masas no pueden estar en estado de movilización permanente y el peligro es que si la crisis boliviana no se resuelve decisivamente a favor de los trabajadores y los campesinos, en algún momento pueden aparecer el cansancio, el desencanto y la desilusión, primero entre las capas menos avanzadas y después entre los activistas. En ese momento la clase dominante pasará a la contraofensiva y para aplastar el movimiento revolucionario de las masas no tendrá otra opción que el establecimiento de una dictadura militar violenta. La rica historia revolucionaria de Bolivia está llena de estos ejemplos. La vanguardia del movimiento actual debe estudiar estos ejemplos y sacar las conclusiones necesarias.