Imprimir
El presidente Mesa empezó el 2005 con Bolivia paralizada por la lucha de obreros y campesinos, a pesar de sus amenazas de renunciar si se producían incidentes y de su confianza en el apoyo de las clases medias. El 30 de diciembre, un día antes de año El presidente Mesa empezó el 2005 con Bolivia paralizada por la lucha de obreros y campesinos, a pesar de sus amenazas de renunciar si se producían incidentes y de su confianza en el apoyo de las clases medias. El 30 de diciembre, un día antes de año nuevo, el gobierno dispuso un aumento en los combustibles, gasolina y diesel, en una escala que va desde el 10 al 23%. Al mismo tiempo, la patronal de Santa Cruz de la Sierra, la zona más rica del país con el 27% del PBI y el 52% de las exportaciones, con inmensos recursos de petróleo y gas, se subió al caballo de la lucha de las masas “oponiéndose” al alza en los combustibles y pidiendo la renuncia de Mesa, pero dirigiendo la lucha hacia su propio interés de clase: la “autonomía” de Santa Cruz.

Intenta así meter una cuña entre los trabajadores y campesinos bolivianos, dividirlos y desviar los verdaderos objetivos que el proceso revolucionario está planteando urgentemente a la vanguardia obrera y campesina. Atomizando a la única fuerza social viva de Bolivia, la burguesía cruceña quiere llevar a cabo, no un reclamo histórico de las masas populares —imposible de solucionar bajo este sistema— sino la regeneración de su poder social, salvarse a sí misma como clase explotadora e instaurar la dictadura abierta de la oligarquía petrolera.

La subida de los carburantes inmediatamente electrificó la furia de la clase trabajadora y de las capas oprimidas bolivianas que se lanzaron a la calle con sus organizaciones, organizando asambleas en los barrios barriadas, principalmente en El Alto y Santa Cruz, la cuarta y la segunda ciudad del país. Haciéndose eco del descontento popular, las Fejuves, la COB y otras organizaciones gremiales e incluso patronales como en Santa Cruz, lanzaron una huelga general e indefinida el lunes 10, que doblegó en la practica parte de los planes de Mesa y el imperialismo.

Mesa se permitió esta “audacia”, no sólo por la presión del imperialismo, sino también por una visión totalmente distorsionada de la correlación de clases actual. Pensó que el referendo sobre los hidrocarburos fue un “triunfo rotundo” y una mordaza de las reivindicaciones de obreros y campesinos. El “callejón sin salida” en la lucha de masas dio un giro copernicano con esta huelga, demostrando el equilibrio inestable de la política boliviana. Tan brusco fue el cambio que Evo Morales, otrora aliado de Mesa, pidió la reducción del mandato de Mesa y la convocatoria de nuevas elecciones.

Bastaron solamente tres días de huelga general e indefinida, con bloqueos y cortes de ruta para que el gobierno de Mesa cediera, parcialmente, a las demandas populares. Sin embargo, lo que busca el gobierno con esta medida es desinflar las luchas que lo tienen acorralado. La lucha de clases le impuso esta medida para nada congruente con los intereses que defiende el presidente Mesa.

El Alto y Santa Cruz: dos caras del mismo proceso

Mientras El Alto se ha convertido en la vanguardia de las luchas obreras y populares, en el epicentro de la revolución, Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más rica del país, donde también existieron huelgas y movilizaciones, muestra una dinámica política propia, cuya diferencia radica en el contenido político de clase del movimiento.

Un país destrozado por el saqueo imperialista, donde la cuestión nacional-indígena es imposible de resolver bajo el dominio del capital y se presenta como una herida abierta en la sociedad boliviana, inevitablemente desencadenará fuerzas centrífugas que amenazan con desmembrar el país gracias a la manipulación descarada por parte de la burguesía de la cuestión de las “autonomías”.

En boca de la burguesía y de los sectores explotadores, la “autonomía” esconde el frío y calculado interés de clase capitalista, diametralmente opuesto a lo que entienden históricamente las masas por “autonomía”, una mejora sensible tanto material como espiritual de los sectores oprimidos.

No se puede caer en esta trampa. No se puede esconder que por más legitimo que se considere el reclamo de autonomía por parte de las comunidades indígenas secularmente oprimidas, en la situación actual de polarización social entre las clases, la patronal cruceña aprovecha esa consigna y la toma en su propio beneficio. Está haciendo todo lo posible para adormecer y dividir a los trabajadores, poniéndolos unos contra otros y embolsarse fabulosos beneficios, no permitiendo el reparto de las riquezas de esta privilegiada región.

La burguesía cruceña, y en menor medida la clase dominante en Tarija, hace rato que vienen insistiendo en la “descentralización” del Estado. Eso no puede significar más que la desmembración del país y la división de los trabajadores y campesinos pobres, y en su lugar no sobrevendría sobre la tierra la emancipación nacional de los pueblos originarios ni su autodeterminación, sino la sujeción de las masas a un aparato represivo “autónomo” que mantendría en la miseria ignominiosa a los trabajadores. Y por otro lado, la “autonomía” de Santa Cruz es su traspaso abierto a la orbita directa del imperialismo.

Nadie duda de la existencia de un sentimiento genuino en los trabajadores, campesinos y jóvenes, que honestamente identifican la “autonomía” con una mejora de sus condiciones materiales, para acabar con años de desprecio a su cultura y lengua. Pero este reclamo es progresista en la medida que atente contra el principal enemigo, los capitalistas, y sirva para movilizar y unificar a las masas en su lucha por la emancipación social de los explotados.

El problema de la autonomía no radica en sí misma, sino en quien será la clase económica y socialmente dominante el “día después”, a dónde irán los frutos del trabajo social, quién se enriquece con la exportación del petróleo, quiénes tendrán la propiedad de la tierra.

El capitalismo en Bolivia está herido de muerte, y con él su instrumento de opresión, el Estado burgués. Pero no va a caer solo, y en su decadencia amenaza con multiplicarse en varios estados explotadores que continúen desangrando al proletariado. La única alternativa real para los pueblos originarios, para el desarrollo de su cultura y el respeto a sus derechos democráticos, pasa precisamente por la revolución socialista, por un gobierno obrero y campesino armado de un programa de transición al socialismo.