Corriente Marxista Internacional

Estamos atravesando uno de los momentos más duros y difíciles desde el inicio de la crisis económica en el verano de 2007. Evidentemente no es un momento igual para todos. Los grandes bancos vuelven a mostrar unos balances llenos de números positivos, y reparten dividendos a los accionistas como en los mejores tiempos. Según el diario Público (1/11/09): "Los bancos y cajas españolas han recibido entre ayudas, facilidades, fondos anticrisis o cambios de normativa, unos 160.000 millones de euros en el último año. Con ese dinero y según cálculos basados en criterios del sector, este año conseguirán unos réditos de casi 6.000 millones de euros, una cifra muy elevada si se tiene en cuenta que los beneficios anuales rondarán los 20.000 millones".

Con la movilización y la fuerza de la clase obrera

Estamos atravesando uno de los momentos más duros y difíciles desde el inicio de la crisis económica en el verano de 2007. Evidentemente no es un momento igual para todos. Los grandes bancos vuelven a mostrar unos balances llenos de números positivos, y reparten dividendos a los accionistas como en los mejores tiempos. Según el diario Público (1/11/09): "Los bancos y cajas españolas han recibido entre ayudas, facilidades, fondos anticrisis o cambios de normativa, unos 160.000 millones de euros en el último año. Con ese dinero y según cálculos basados en criterios del sector, este año conseguirán unos réditos de casi 6.000 millones de euros, una cifra muy elevada si se tiene en cuenta que los beneficios anuales rondarán los 20.000 millones".
El dinero público se está utilizando a manos llenas para sanear las cuentas de resultados de la banca o subvencionar con cientos de millones de euros a las grandes multinacionales. Cada día que pasa, el gobierno de Rodríguez Zapatero exhibe de una manera más clara la contradicción entre un discurso público que intenta contentar a su base social, y una práctica política que se escora hacia la derecha progresivamente. Las subidas del IVA y de los impuestos indirectos; la actitud comprensiva hacia una nueva rebaja de las cuotas patronales a la seguridad social; las declaraciones de la vicepresidenta del gobierno reconociendo que no descartan una reforma laboral, y los acuerdos con la derecha nacionalista (PNV y Coalición Canaria) para sacar adelante unos presupuestos generales del Estado que recortan duramente los gastos en educación y sanidad, muestran la tendencia.
No obstante, todas las concesiones son insuficientes para un amplio sector de la burguesía y de la patronal que presiona con dureza para que el ejecutivo del PSOE lleve a cabo las famosas "reformas estructurales". Uno de los portavoces más cualificados de este sector, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Ordóñez, ha planteado explícitamente la hoja de ruta a seguir: atajar el gasto público "improductivo", mediante una reducción salvaje de las prestaciones por desempleo, la privatización del sistema público de pensiones y de sanidad; una reforma del mercado de trabajo que abarate el despido y ponga fin a la escasa protección legal que todavía subsiste en la legislación laboral;  y acabar con la negociación colectiva, atomizando e individualizando aún más las relaciones contractuales para acabar definitivamente con la presencia sindical en miles de empresas.
Se trata de todo un desafío en un momento en que la crisis hace estragos en millones de familias obreras. En este contexto, la responsabilidad de los dirigentes sindicales de CCOO y UGT para ofrecer una alternativa de lucha y defender a los parados, los salarios, los servicios públicos y los empleos, se hace más relevante que nunca.

Una estrategia errática

Desde que la recesión se hizo visible, los empresarios (grandes y pequeños, nacionales o multinacionales) han recurrido al despido de cientos de miles de trabajadores. Primero les tocó el turno a los eventuales y ahora les siguen los trabajadores fijos. En este lapso de tiempo, poco más de 18 meses, se ha generalizado además la declaración de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). En la actualidad hay más de 400.000 trabajadores afectados y la perspectiva que el gobierno maneja es que la mayoría de los expedientes temporales se transformarán en expedientes de extinción definitivos cuando concluyan las bonificaciones económicas, cuya duración es de un año. Los ERE afectan en un 80% al sector industrial, es decir, al que crea más valor añadido y genera la parte del león de la plusvalía.
Desde que la crisis empezó, la estrategia de las direcciones sindicales de cara a impedir esta destrucción masiva de empleo ha sido errática y errónea1.
Según CCOO, el 90% de los ERE presentados ha contado con el aval sindical, pero eso no ha impedido un proceso que ahora se está materializando: los ERE no sirven para salvar el empleo. La dinámica de aceptar el mal menor, es decir, negociar a la baja los planes de destrucción de empleo, no han servido para contentar a la patronal. Los ejemplos de SEAT, Nissan, Ford, Mercedes, Roca, o más recientemente el caso de Opel, por citar unos pocos, son obvios: se ha atacado hasta el hueso las condiciones laborales y salariales de la plantilla, se ha despedido a miles de trabajadores de la plantilla principal y de las auxiliares, pero no se garantiza el futuro del empleo en estas plantas.
Los sindicatos de clase son organizaciones imprescindibles para los trabajadores y deben constituir una línea de defensa fundamental contra la destrucción de empleo, contra la caída de los salarios y una garantía para proteger a los parados. Pero lograrlo, más aún en esta época de crisis aguda del capitalismo, exige una política sindical dura basada en la movilización de la clase trabajadora, en la defensa de un programa de reivindicaciones que inevitablemente entran en conflicto con los intereses de la clase dominante. Un sindicalismo de clase en estas circunstancias necesita tener una perspectiva socialista, para no ceder a la lógica del capital y convertirse en un auxiliar del sistema.

Es necesario un giro sindical a la izquierda.
Trabajar por el éxito de la movilización del 12 de diciembre


Los dirigentes de CCOO y de UGT han respondido a esta situación dramática para millones de trabajadores con continuos llamados al "diálogo social", firmando pactos con el Gobierno que congelan los sueldos de los empleados públicos y llegando a acuerdos en empresas emblemáticas que debilitan la posición de la clase obrera (el último caso de Opel es esclarecedor). 
Envalentonados, los empresarios han tomado buena nota de cada concesión hecha por los dirigentes sindicales y se han mostrado aún más decididos en sus planes de ataque. La negociación colectiva se encuentra paralizada en numerosos sectores: según UGT, casi millón y medio de trabajadores todavía no ha percibido la subida salarial pactada para 2009, otros dos millones tienen que negociar un nuevo convenio porque terminó la vigencia del anterior y en cientos de ellos las cláusulas de revisión salarial no se aplican.
A pesar de los buenos deseos, los hechos son tozudos. Recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha pronosticado que la crisis dejará en el Estado español una cicatriz profunda y se prolongará hasta 2014. En estas condiciones, la estrategia sindical debe ser rectificada. Los dirigentes de CCOO y UGT deben y pueden impulsar la lucha unificada y masiva de la clase obrera para frenar la ofensiva patronal y obligar al gobierno a  tomar medidas drásticas en beneficio de la mayoría de la población.
Afirmar que la clase obrera está paralizada por el miedo al desempleo y que no responderá a un llamamiento serio de sus dirigentes sindicales no se corresponde con lo que estamos viviendo. En tan sólo unas semanas hemos asistido a una movilización histórica en Zaragoza, con más de 40.000 trabajadores, en defensa de los puestos de trabajo de OPEL. También el pasado 1 de noviembre, más de 20.000 trabajadores se manifestaron en Tortosa (Tarragona) contra el cierre de Lear. En estos días, una huelga semiespontánea ha recorrido la vega cordobesa del Guadalquivir, congregado a miles de jornaleros y parados en numerosas localidades, y que sólo es la punta del iceberg de la situación explosiva que vive el campo andaluz. También en Valencia, el sábado 31 de octubre más de 50.000 personas se movilizaron contra el gobierno del PP, sin que la iniciativa partiera de los sindicatos o las organizaciones tradicionales de la izquierda.
En este ambiente de rabia y descontento, con una patronal desdeñosa y arrogante, los dirigentes de CCOO y UGT tienen una gran oportunidad para pasar a la ofensiva y cambiar la correlación de fuerzas. El llamamiento a la movilización para el 12 de diciembre en Madrid es un paso adelante muy importante y debe ser organizado concienzudamente para garantizar que sea un completo éxito. La movilización del día 12 puede y debe marcar un giro a la izquierda en la estrategia de los sindicatos. Por eso, desde las direcciones de CCOO y UGT esta jornada de lucha debe ser planteada no como una válvula de escape del descontento existente; no como una amenaza hacia la patronal para que ésta vuelva a la mesa de "negociación". Las declaraciones de los secretarios generales de UGT y CCOO, realizadas el 6 de noviembre al cierre de la edición del periódico, en las que los sindicatos no descartarían abordar una reforma laboral después de pactar con la patronal un acuerdo de negociación colectiva, van en la dirección contraria al camino que hay que seguir. Toxo dijo literalmente que "eventuales reformas laborales podrían valorarse" y expresó su deseo de recuperar el buen tono del diálogo con la patronal y el gobierno.
No, la movilización del 12 de diciembre debe ser utilizada para frenar en seco las provocaciones de la patronal y también como un ariete para obligar al gobierno del PSOE a adoptar medidas concretas en beneficio de la mayoría, medidas que rompan con la lógica del capitalismo que obliga a los trabajadores y sus familias a pagar los platos rotos de la crisis. Y eso sólo se puede conseguir mediante la movilización unida, firme y masiva de la clase obrera, incluyendo la organización de una huelga general.
El 12 de diciembre puede y debe ser un jalón importante en el proceso de unificación de las luchas en torno a un programa de reivindicaciones concretas:
1.    Basta de entregar dinero público a los banqueros, basta de subvenciones empresariales y rebajas fiscales. El gobierno del PSOE debe garantizar un subsidio de desempleo indefinido a todos los parados hasta encontrar un puesto de trabajo, y la condonación de las deudas hipotecarias. Se debe impulsar la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, repartiendo el empleo existente entre todos los trabajadores sin reducción del salario, y adelantar la edad de jubilación a los 60 años con el 100% del salario y contratos de relevo.
2.    Los ERE no son la solución a los despidos. CCOO y UGT deben exigir la nacionalización de las empresas en crisis, sin indemnización y bajo el control de los trabajadores y sus organizaciones, para garantizar todos los puestos de trabajo.
3.    Defender la educación y la sanidad pública a través de un incremento sustancial del empleo en estos sectores, y de recursos económicos suficientes para garantizar un servicio de calidad.
4.    Asegurar el sistema público de pensiones. Parar todos los planes de privatización de los servicios públicos.
5.    Oposición tajante a ninguna reforma laboral. Recuperación de la dignidad y la estabilidad en el empleo. No a las rebajas salariales, recuperación del poder adquisitivo.
Este es el camino, el único camino posible frente a la ofensiva patronal y las concesiones del gobierno.



1. La cifra de parados en octubre se sitúa en 3.808.353 de personas (dobla la tasa de paro registrado en la zona euro). En sólo noventa días, más de 260.000 personas se apuntaron a las listas del INEM tras la engañosa mejoría experimentada entre abril y julio por la aplicación del Plan E (que redujo el número de parados inscritos en unas 100.000 personas). La tasa de desempleo juvenil entre los 16 y los 25 años alcanza ya el 38%, mientras el de larga duración, aquellos desempleados que llevan más de un año buscando un empleo, ha aumentado entre julio y septiembre de 2009 un 127,2% (los parados de larga duración son ya 1.217.300 personas).


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