Corriente Marxista Internacional

El aborto fue despenalizado en el Estado español hace más de veinte años. Sin embargo, la restrictiva ley de aborto actual, hace que en la práctica siga siendo un delito, en muchos casos, tanto abortar como practicar abortos.
El aborto fue despenalizado en el Estado español hace más de veinte años. Sin embargo, la restrictiva ley de aborto actual, hace que en la práctica siga siendo un delito, en muchos casos, tanto abortar como practicar abortos.

Los tres supuestos de la Ley del Aborto sólo lo permiten cuando el embarazo ha sido fruto de una violación denunciada (caso que deja fuera muchas violaciones que se producen dentro del ámbito familiar), graves malformaciones en el feto (siempre y cuando sean detectadas antes de la vigésimo segunda semana por los facultativos y no todas las anomalías son perceptibles en ese plazo), o cuando haya graves riesgos para la salud física o psíquica de la mujer; en cualquiera de estos supuestos, los intereses, los derechos de la mujer se ven condicionados a cuestiones externas a su voluntad, a su proyecto vital o a sus deseos.

Histerismo episcopal

El gobierno ha propuesto un proyecto de ley para ampliar estos plazos y supuestos, que está levantando ampollas entre los sectores conservadores de la sociedad: Conferencia Episcopal, Foro de la Familia, Partido Popular, Unión del Pueblo Navarro (que presentó una moción al proyecto, aunque no prosperó) etc. La comunidad religiosa ha llegado a emitir veredictos pseudocientíficos para presionar y culpabilizar a las mujeres y a los profesionales de la medicina.
Es intolerable que estos sectores hagan campañas tendenciosas de "protección de la especie humana" como la que hace pocos meses lanzaron equiparando a un bebé con un lince, o mediante comunicados que intentan demostrar que la ciencia establece claramente el momento en que el embrión se convierte en ser humano, que según los religiosos es desde el preciso momento de la concepción. La comunidad científica ha reaccionado a estas campañas, emitiendo un informe avalado por científicos de reputada trayectoria donde se afirma: "denunciamos el reiterado uso del término ‘científico' al referirse a opiniones sobre las que ni la Genética, ni la Biología Celular ni la Embriología tienen argumentos decisorios. El momento en que puede considerarse humano un ser no puede establecerse mediante criterios científicos; el conocimiento científico puede clarificar características funcionales determinadas, pero no puede afirmar o negar si esas características confieren al embrión la condición de ser humano, tal y como se aplica a los individuos desarrollados de la especie humana. Esto entra en el ámbito de las creencias personales, ideológicas o religiosas". Y continúa diciendo: "consideramos importante evitar que se confunda a la sociedad, contaminando problemas de carácter social, y por lo tanto de convivencia, con argumentos a los que la Ciencia no otorga legitimidad".
Efectivamente, el ser humano no es sólo un hecho biológico, sino un producto social. Las distintas campañas de la Iglesia católica y afines tienen como objetivo presionar y confundir a las mujeres con falsas alternativas que en realidad les acercan más a la marginalidad, y que están encaminadas a poner bajo el equívoco espectro de la caridad a las mujeres que, bajo su influencia, deciden continuar con el embarazo pese a toda lógica; ayudas materiales que se concretan en la mayoría de los casos en darles ropa de bebé, cochecitos, juguetes, o a facilitar adopciones a cambio de que renuncien a la libertad de decidir por sí mismas.

El aborto no puede ser un negocio para la sanidad privada

Uno de los aspectos del borrador de la nueva ley que más ha enfurecido a la comunidad católica es el hecho de otorgar a las jóvenes de 16 años en adelante la oportunidad de decidir sin tener permiso paterno; a pesar de que otros tipos de intervención quirúrgica sí pueden darse a dicha edad sin consentimiento familiar (cirugía estética), de manera que parece que más se quiere proteger el negocio que la salud de las jóvenes.
La administración pública tiene la obligación de garantizar la práctica del aborto, como del resto de intervenciones médicas, de forma universal, gratuita, y con los recursos económicos y tecnológicos suficientes para alejar los fantasmas del pasado (abortos clandestinos, muertes de mujeres, encarcelamientos, estigma social etc.). El derecho al aborto es uno de los más reivindicados por las mujeres desde la muerte del dictador Franco, es una necesidad social que no puede esperar más. Tiene que ser garantizado dentro de la red pública sanitaria, sin intervención de las clínicas privadas-concertadas, en las mejores garantías tanto para las mujeres como para los profesionales de la medicina. En el 2007 el Estado sólo financió el 28% de las intervenciones (en Holanda, Bélgica, Italia y Portugal, financian el 100% de los abortos, en Reino Unido, el 91% y en Francia y Suiza más del 70%) y tan sólo el 2% se han llevado a cabo en hospitales públicos. Derivar servicios médicos a las clínicas privadas, con cargo al erario público, es una práctica que debe terminar, es una manera de enmascarar la masificación y la falta de recursos a la sanidad pública y de convertir el aborto en un negocio.

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