Imprimir

En diciembre el gobierno aprobó un nuevo paquete de medidas para combatir los efectos de la crisis económica. El contenido mantiene la línea de lo que hemos visto anteriormente con las ayudas al sector bancario, es decir, poner en manos de las empresas privadas centenares de miles de millones de euros públicos para salvarlas de la quiebra. Con todo, en este baile de millones por fin aparece un, en comparación, pequeño paquete de 8.000 millones de euros destinado a los ayuntamientos para inversiones en obra pública.

En diciembre el gobierno aprobó un nuevo paquete de medidas para combatir los efectos de la crisis económica. El contenido mantiene la línea de lo que hemos visto anteriormente con las ayudas al sector bancario, es decir, poner en manos de las empresas privadas centenares de miles de millones de euros públicos para salvarlas de la quiebra. Con todo, en este baile de millones por fin aparece un, en comparación, pequeño paquete de 8.000 millones de euros destinado a los ayuntamientos para inversiones en obra pública.

Según la exposición de motivos del decreto que regula estos fondos, y según la propaganda oficial, estamos ante unas inversiones que crearán empleo en pueblos y ciudades, que darán ocupación a un importante número de parados y que ofrecerán oportunidades a las pequeñas y medianas empresas vinculadas a la construcción. Pero nada de esto coincide con la realidad. No sólo se trata de unos fondos insuficientes para afrontar la situación de parálisis económica y de-sempleo que van a tener que capear las corporaciones locales, sino que además, tal y como se quieren ejecutar estas inversiones, la mayoría de los trabajadores parados se van a ver imposibilitados para acceder a estos contratos.

Más dinero para las empresas, menos oportunidades para los desempleados

En lugar de ser los ayuntamientos los responsables de la contratación de los trabajadores para procurar que este dinero llegue al mayor número de parados posible y para atender los casos de mayor necesidad, el decreto obliga a adjudicar las obras a empresas privadas, con lo que, al menos un 20% de los 8.000 millones hay que deducirlos del presupuesto inicial como beneficios empresariales. En realidad, este sistema reduce al mínimo el personal que las empresas requieren para acometer las obras. No hay que especular mucho sobre esta afirmación. Ésta ha sido la tónica general de la iniciativa privada en todos estos años. Reducción de costes sociales y laborales y aprovechar al máximo la productividad de las plantillas.
Por otro lado, ¿qué derechos se ofrecen a los trabajadores parados inscritos en las oficinas de empleo? El decreto simplemente establece "que el nuevo personal que el contratista necesite emplear para la ejecución de las obras se encuentre en situación de desempleo". Esto, en la práctica, no garantiza nada y ni siquiera compromete al empresario a realizar nuevas contrataciones. En cualquier caso, si se ve forzado a ello, sólo tiene que rescindir los contratos de sus trabajadores habituales y volverlos a contratar. Es, precisamente, lo que han venido haciendo hasta ahora, sin indemnizar a los trabajadores con el compromiso de continuar en la empresa. Lo que sí podemos tener claro es que, ni antes ni ahora, ninguna empresa va a permitir que una administración le diga cuántos y cuáles son los trabajadores que tiene que contratar.

Una vez más el mito de la pequeña empresa

Pero no faltarán quienes respondan a nuestras críticas de la siguiente manera: "La consigna entre los ayuntamientos es realizar los trabajos a través de pequeñas empresas. Esta forma de contratación permitirá a este sector sostenerse y mantener así los puestos de trabajo hasta la ansiada recuperación económica".
El pequeño y mediano empresario, que no despierta en la población tanta repulsa como el gran capital, es utilizado siempre y por estas mismas razones para justificar la privatización de los recursos públicos. El problema es que no hay un solo indicio que nos mueva a pensar que van a ser las pequeñas empresas las que se queden con el trozo mayor de la tarta. Y aunque eso así fuese tampoco estaría garantizado, en absoluto, que los trabajadores acabaran siendo beneficiarios de tales medidas. Sin duda, los alcaldes de los pequeños municipios podrán poner en ello todo su empeño. Pero no son éstos los que manejan los grandes presupuestos. Como todo el mundo sabe, el pequeño propietario no puede jamás competir con el grande y a lo más que puede aspirar es a ser subcontratado por el gran capital repitiendo así la fórmula de estos años que ha acabado por llevarles a la ruina. La pequeña empresa, la subcontrata relacionada con la construcción está desapareciendo por días, estrangulada por los impagos de sus contratadores, incapaz de hacer frente a los préstamos y a las obligaciones con hacienda y la seguridad social, obligaciones con las que hay que estar al corriente si se pretende acceder a contratos del Estado. Esta es la situación desesperada a la que el mercado capitalista y la gran burguesía inmobiliaria ha llevado a miles de autónomos y pequeños empresarios. ¡Y ahora pretenden solucionarlo con migajas en forma de pequeñas contratas públicas para la pequeña empresa!

¡Nada de colaborar
con esta política!

Los ayuntamientos y prácticamente todos partidos políticos dan por bienvenidos los millones correspondientes y se preparan para gestionar los fondos conforme al decreto que lo regula, es decir, poniéndolos en manos privadas. Esto es un tremendo error cuyas consecuencias son fácilmente previsibles en un escenario de aumento del desempleo y deterioro de la situación económica, precisamente lo que se espera en este año.
La propaganda de este programa va a generar expectativas entre la población deso-cupada que exigirá al ayuntamiento su derecho a disfrutar de unos contratos que, no lo olvidemos, se pagan con dinero público ¡y, sin embargo, lo gestionan empresas privadas que no necesitan más personal! Esta situación creará enormes contradicciones que pueden provocar estallidos sociales y llevarse por delante a todos los participantes en el invento, tanto del gobierno como de la oposición "responsable". ¡Nada de colaborar con esta política contraria a los intereses de los trabajadores!
La izquierda tiene que responder con una verdadera política de clase y revolucionaria. Defender la contratación y la ejecución de las obras directamente por el ayuntamiento y sus empresas públicas bajo control de los trabajadores, diga lo que diga la ley burguesa. Ganar el apoyo y la simpatía de la población hacia estas consignas. Organizar a los trabajadores desempleados en asambleas, movilizar a los vecinos de las barriadas más deficitarias, donde pueden realizarse las inversiones. Convertir las asambleas en una organización de lucha para reivindicar el aumento de los fondos y garantizar al menos seis meses de trabajo a todos los desempleados de la localidad. He aquí los elementos básicos para una política revolucionaria, o como rezaba el eslogan de la última Asamblea andaluza de Izquierda Unida, "para avanzar al socialismo". Esto es lo que estamos haciendo en Villaverde del Río.
Compañeros de IU, PCE, de la CUT y de la izquierda en general, si verdaderamente queremos avanzar al socialismo es necesario abandonar el seguidismo a los decretos-ley tramposos que nos impone la burguesía, y oponer una política asamblearia, democrática y de clase. Esta es la diferencia entre un vulgar reformismo y el genuino socialismo.