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Las elecciones del próximo 9 de marzo serán un acontecimiento político importante para la mayoría de la clase obrera y para los jóvenes; hay muchos sentimientos e intereses en juego, que afectan, de hecho, a toda la sociedad de un modo muy amplio y profundo.

Las elecciones del próximo 9 de marzo serán un acontecimiento político importante para la mayoría de la clase obrera y para los jóvenes; hay muchos sentimientos e intereses en juego, que afectan, de hecho, a toda la sociedad de un modo muy amplio y profundo.

El peligro de la reacción

Por parte de los sectores más reaccionarios, encabezados por el PP, las elecciones no se presentan como un rutinario episodio más del "juego democrático" sino como una oportunidad de vendetta contra todo lo que, de algún modo, está asociado a su desalojo del poder en marzo de 2004, es decir, contra la juventud, contra la clase obrera, contra las masas que tomaron las calles durante la legislatura de Aznar, contra los sindicatos, contra los partidos de izquierda, contra los sentimientos democrático nacionales de las nacionalidades oprimidas, etc.
Las dos legislaturas del PP y sus cuatro últimos años en la oposición, con su lenguaje y su actitud ultraderechista, han sido una gran escuela de aprendizaje para las nuevas generaciones de jóvenes, que han podido percibir, con toda su crudeza, su política reaccionaria en todos los órdenes de la vida. Para las generaciones más veteranas esta experiencia ha servido de recordatorio, y da la justa medida de la envergadura del fraude que supuso la Transición, una de cuyas mayores conquistas fue, supuestamente, haber encauzado sólidamente a la derecha por los rieles de la democracia; pero ahí la tenemos, como siempre fue, rescatando todas sus señas de identidad históricas reaccionarias sin dejarse ninguna.
La defensa de la patria española, de la "familia", del nacionalcatolicismo junto con la más pura demagogia en el orden económico y social, conforman el núcleo de la agitación del PP. Lo han dejado bien claro todos los días, desde los medios de comunicación, desde los púlpitos, desde las altas instancias del aparato judicial y militar, desde las esferas de poder económico y desde la calle (más de 20 manifestaciones en los últimos tres años). En no pocas ocasiones, los representantes más significativos de la derecha han justificado y defendido la dictadura franquista. El apego democrático de la derecha es muy débil, pero además no se preocupa por ocultarlo. En realidad, su forma de preservar lo que ellos entienden por democracia (que según la Conferencia Episcopal se "está disolviendo" por la acción combinada de socialistas y terroristas) es, precisamente, cercenando todos los derechos democráticos. Por supuesto no faltan señales de alarma entre sectores de la propia clase dominante por lo lejos que está llegando el PP; en el fondo temen que se pueda precipitar una respuesta de la clase obrera y la juventud difícil de controlar. Pero el hecho concreto y real es que con este material ideológico, clásicamente ultraderechista, es como el PP está moldeando y agrupando su base de apoyo social más activo. Minimizar este peligro para la clase obrera y la juventud sería una irresponsabilidad.
No es difícil imaginar la naturaleza que tendría un nuevo gobierno del PP. Al resentimiento político contra la izquierda acumulado en los últimos años, se añadiría la necesidad urgente de los capitalistas de acelerar los ataques contra las condiciones de vida de los trabajadores ante el cambio de ciclo económico. La elección del multimillonario Pizarro (ese señor que, parafraseando a Marx, reproduce en las cumbres de la sociedad los métodos de apropiación del lumpemproletariado, es decir, el robo) como número dos por la lista del PP en Madrid es un signo inequívoco, aunque redundante, de para quién gobernará el PP: para los ricos.
Por todo lo dicho, que además constituye la experiencia viva de un amplio sector de la clase obrera y de la juventud, no debe haber lugar para el menor atisbo de indiferencia el 9 de marzo. Los marxistas apelamos a la más amplia movilización electoral para cerrar el paso a la derecha. Hay que votar masivamente a los partidos de izquierda. La abstención favorece al PP.

El fracaso del reformismo

Y con la misma claridad, decimos que votar no basta, algo que también ha sido ampliamente corroborado por la experiencia. La última legislatura ha sido también una importante escuela de aprendizaje de las tremendas limitaciones de la política socialdemócrata de los dirigentes del PSOE, una política que ha sido respaldada, en lo fundamental, por los dirigentes de IU.
A pesar de la tremenda fuerza social sobre la que se aupó el gobierno de Zapatero, a pesar de la amplia mayoría parlamentaria obtenida por la izquierda, a pesar de que la última legislatura ha transcurrido en las condiciones económicas más favorables que el capitalismo puede ofrecer, la socialdemocracia no ha sido capaz de resolver ninguno de los problemas fundamentales de la clase obrera y de la juventud en estos últimos cuatro años.
La prueba más concluyente del fracaso de la socialdemocracia es que, en la práctica, incumple abiertamente con sus propios postulados tradicionales: ampliación y reforzamiento de los derechos democráticos, mejora de las condiciones materiales de la mayoría de la población y lucha por la igualdad social; todo eso de forma gradual y sin romper con el capitalismo.  Pero la tendencia de los últimos años, en todos estos aspectos, ha sido marcadamente la contraria.
El Estado español ha sido precisamente el país donde se ha producido un de los procesos más agudos de polarización social, es decir de incremento de la desigualdad, en Europa. Mientras las empresas españolas han visto aumentar su beneficio neto, durante el periodo 1999-2006, en un 73%, más del doble que la media de la UE-15 (33%), los costes laborales durante el mismo periodo han crecido sólo un 3,7%, cinco veces menos que en la UE-15, que fue de un 18%. Los salarios han perdido peso en el conjunto de la renta nacional de forma acelerada en los últimos años, pasando del 55% en el 2000 al 52,7% en 2006. Además, existe en el Estado español uno de los mayores índices de pobreza de la UE-15, un 18% de la población.
No sólo se ha producido un incremento de la desigualdad entre las clases sino que el poder adquisitivo de la clase obrera se ha reducido de forma absoluta. Entre 1995 y 2005 los salarios han perdido cerca de un 5% de su poder adquisitivo en términos reales, siendo el único caso entre los países de la CEOE donde se ha producido este fenómeno. Esta tendencia no ha sido cortada por la política del gobierno del PSOE: al contrario, la contención de los salarios por debajo de la  inflación ha sido uno de los pilares de su política económica.
Tampoco ha habido un cambio sustancial en la política de gasto social ni en la política fiscal, aspectos de los que tradicionalmente, y teóricamente, la socialdemocracia se vanagloria de marcar serias diferencias con la derecha. El gasto social per cápita sigue estando a la cola de la UE-15, junto con Portugal, a pesar de que el PIB per cápita haya alcanzado el 97% del promedio de la UE-15.
Una de las principales promesas del PSOE en 2004 fue cambiar la reaccionaria política de impuestos del PP cuya consecuencia fue un significativo crecimiento de las rentas de la decila superior de contribuyentes, pasando éstas de tener el 30,59% de la renta en 1996 al 34,52% en 2002, mientras que las seis decilas inferiores (es decir, el 60% de los contribuyentes) vieron un marcado descenso de sus  rentas. La última decila de contribuyentes (es decir, los más pobres) pasaron de tener el 1,58% de la renta en el año 1996 al 0,57% en el año 2002.
Sin embargo, también en este punto ha habido continuidad con la política de la derecha, con una disminución constante de la recaudación por impuestos directos (en función de la renta) y un incremento de los indirectos (que gravan a todos con independencia de lo que ganan). Es más, en su programa electoral el PSOE contempla la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio y más rebajas del Impuesto de Sociedades, un auténtico regalo para los capitalistas. Las promesas del PSOE, como la deducción de 400 euros de la cuota del IRPF para las rentas del trabajo y pensiones, aparte de que no beneficia a las familias más humildes, no son nada en comparación con el dinero que los empresarios y banqueros han dejado de pagar al Estado año tras año por incentivos fiscales de todo tipo. El crecimiento económico ha camuflado la constante caída de la capacidad recaudatoria del Estado, pero el cambio de ciclo hará emerger a la superficie las graves implicaciones de esta política para los gastos sociales, sobre los que caerán enormes presiones de la burguesía. El superávit fiscal podría esfumarse rápidamente y debido a las constantes reformas a favor de las rentas más altas, la presión impositiva se concentrará todavía más en la clase obrera y sus familias, vía impuestos indirectos, hecho que redundará aún más en el galopante incremento del coste de vida de los últimos años.
Es verdad que el gobierno ha tomado algunas medidas sociales que tienen un sentido progresista, pero absolutamente insuficientes para contrarrestar una tendencia general de deterioro de los servicios públicos y ataques a los niveles de vida de la clase obrera. De la famosa Ley de Dependencia, por ejemplo, sólo se están beneficiando, según datos de la Comunidades Autónomas, 21.000 personas, cuando según el propio gobierno hay 200.000 personas dependientes de carácter grave que deberían ser atendidas de forma inmediata.
Es evidente que la generación actual ha bajado un escalón respecto a la condiciones de vida de la generación anterior. Bajos salarios, precariedad, accidentes laborales con su reguero de más de mil muertos al año, deterioro de los servicios sociales como sanidad y educación, acceso a la vivienda prácticamente imposible, endeudamiento masivo... Para mucha gente el crecimiento económico ha tenido rasgos parecidos al de una recesión. Eso explica que la percepción de la crisis se haya extendido con tanta rapidez en los últimos meses, incluso antes de que se materialice en una parálisis real del crecimiento.
Respecto a los derechos democráticos, nunca la arbitrariedad del poder judicial ha estado tan presente. Los sectores más reaccionarios del aparato estatal tienen una actitud de abierto desafío. Además, todas las medidas regresivas en relación con los derechos democráticos, particularmente la antidemocrática y aberrante Ley de Partidos, se ha dejado intacta y sigue siendo defendida por los dirigentes del PSOE.
En otros terrenos, como la cuestión de la memoria histórica o la separación de la Iglesia y del Estado, que es quien realmente financia la actividad del clero, las cosas se han quedado a medias o como estaban. En general, en relación al Estado y su aparato, la política del PSOE ha sido la de ceder a la presiones de la derecha, con el único resultado de envalentonarla.

Las bases para una alternativa revolucionaria

La resultante de la política del gobierno y su táctica en relación a la derecha es que el peligro de que el PP vuelva al gobierno sigue estando ahí. El impulso a la participación electoral por parte de la clase obrera y de la juventud viene determinado en mucha mayor medida por el rechazo a la derecha y todo lo que representa, que por la política llevada a cabo por la dirección del PSOE.
La contradicción fundamental de la socialdemocracia es que no se puede gestionar el capitalismo y preservar los intereses de la mayoría de la sociedad al mismo tiempo. No existe margen para armonizar los intereses de los capitalistas y los trabajadores. El capitalismo es una amenaza directa a las condiciones de vida y a los derechos democráticos conquistados en el pasado.
La clase obrera y la juventud ha dado sobradas muestras de su capacidad para derrotar a la derecha. Lo hizo en la calle, con movilizaciones gigantescas, sin precedentes; lo hizo también en las urnas. Pero incluso eso no es suficiente si las organizaciones tradicionales de la clase obrera carecen de una alternativa frente a las terribles lacras generadas por el capitalismo. El socialismo es realmente la única alternativa posible para los intereses de la clase obrera y para el conjunto de la humanidad, pero hace ya tiempo que los dirigentes del PSOE y de IU lo han abandonado.
La propiedad privada de los grandes medios de producción (cuando en realidad su funcionamiento tiene un carácter social) y el estado nacional (cuando la economía tiene un carácter internacional) son los verdaderos obstáculos para el progreso humano. ¿Qué sentido tiene el hambre, la pobreza, el desempleo, la falta de servicios sociales cuando la sociedad ha alcanzado plenamente la capacidad técnica y material para superar todos estos problemas? Si las palancas fundamentales de la economía estuviesen nacionalizadas bajo control de la clase obrera se podría utilizar toda la riqueza y todo el conocimiento humano acumulado al servicio de la inmensa mayoría de la sociedad. La contradicción entre los intereses de una ínfima minoría social privilegiada y el resto de la población no hará más que agudizarse en el próximo periodo y no hay más alternativa que arrebatar a los primeros el control político y económico de la sociedad.
La ausencia de una dirección genuinamente socialista, genuinamente comunista al frente de las organizaciones de la clase obrera es la clave de toda la situación. Sin una dirección a la altura la clase obrera demuestra su fuerza, pero no la puede desarrollar hasta las últimas consecuencias, no puede demostrar su capacidad real de dirigir al conjunto de la sociedad. La burguesía revela su debilidad, pero encuentra un margen de maniobra en la incapacidad del reformismo de llevar la sociedad hacia delante, en sus titubeos y en su inconsistencia total incluso en la batalla ideológica contra la reacción.
Hay toda una serie de cambios moleculares que se han acumulado en los últimos años en la conciencia de millones de jóvenes y trabajadores. Verificación de la naturaleza real de la derecha; incapacidad de la socialdemocracia de cambiar de forma sustancial las condiciones de vida; incapacidad del reformismo para hacer frente al peligro de la derecha; fracaso de la política de consenso y desmovilización de los dirigentes sindicales; percepción por parte de un sector de la juventud de que una cosa es la política oficial y otra la necesidad de luchar, organizarte y pensar en política; la conclusión para una capa de nuevos trabajadores y jóvenes de que la lucha sirve, de que la gente responde, aunque todavía no se da cuenta del poder real que tienen, de su capacidad de arrastrar un amplio sector de la sociedad a la lucha.
El socialismo no es más que una expresión acabada del deseo inconsciente de las masas de transformar profundamente su situación. Sobre estas corrientes profundas y amplias que existen en la sociedad es necesario y posible desarrollar una alternativa revolucionaria para derrocar este sistema en crisis.
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