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Cuando en octubre de 2004, el gobierno se comprometió a elaborar una ley sobre la memoria histórica parecía que podía haber un cambio real en este terreno. Treinta años después de la muerte de Franco y de la transición, del pacto de silencio con los Cuando en octubre de 2004, el gobierno se comprometió a elaborar una ley sobre la memoria histórica parecía que podía haber un cambio real en este terreno. Treinta años después de la muerte de Franco y de la transición, del pacto de silencio con los verdugos y de una ley de punto final no escrita, Zapatero se comprometía a recuperar la memoria histórica, a abrir las fosas comunes donde yacen decenas de miles de fusilados y desaparecidos, a anular los consejos de guerra y los juicios sumarísimos, a eliminar los nombres de fascistas y asesinos de los callejeros de tantas ciudades, los símbolos y monumentos de la dictadura que aún se mantienen…

Se abría la puerta a un tema tabú durante décadas, del que ni siquiera se cuenta con cifras acabadas: la represión franquista durante la guerra civil y la dictadura. Según fuentes franquistas, los presos políticos eran 270.719 el 7 de enero de 1940 y todavía 92.477 el 10 de abril de 1943; los presos políticos fallecidos, incluidos los ejecutados y los muertos en las cárceles, desde abril de 1939 al 30 de junio de 1944 fueron 192.684; a esto hay que añadir decenas de miles de desaparecidos.

Las diferentes asociaciones de recuperación de la memoria histórica han sido el verdadero motor de este proceso, en la medida en que desde el Estado no se hacía nada tomaron la tarea en sus manos. Tras cinco años han abierto 98 fosas y exhumado 905 víctimas. Su esfuerzo, a la vez que les honra y les da un papel protagonista a la hora de contar con ellos para elaborar la ley, muestra lo ingente de la tarea y la necesidad de que el gobierno se implique al máximo. Como ellos mismos dicen: “lo que sí sabemos es que, en la parte del país controlada por Franco, hasta finales de 1937 se puede contabilizar, como mínimo, una fosa por cada pueblo”.

Sin embargo, al ponerse en marcha la Comisión Interministerial creada para abordar la futura ley, el gobierno fue dando marcha atrás. La aprobación prevista para noviembre de 2005 se retrasó, y no sólo por un problema de fechas o de la complejidad del asunto; apareció un nuevo argumento: “contentar a los dos bandos”, ¡equiparar a los verdugos con las víctimas!, como si durante cuarenta años no nos hubieran machacado con su verdad y su victoria, como si el franquismo no hubiera enterrado dignamente hace mucho a sus muertos, erigiéndoles monumentos y colocando sus nombres en calles y plazas. Con el argumento de “cicatrizar las heridas y no reabrirlas”, suavizaban la ley con la intención de que el PP no hiciera bandera de este asunto, como de tantos otros, ¡como si a Rajoy, Acebes y compañía les hiciera falta un pretexto! Son los herederos directos de la dictadura, se opondrán a cualquier ley de este tipo, por más “suave” que la quiera hacer el gobierno.

El proyecto de ley definitivo

Al fin, el 28 de julio se hacía público el proyecto de ley, que ha caído como un jarro de agua fría sobre las expectativas generadas. Empezando por el nombre, ya no será ley de la memoria histórica sino “ley de reconocimiento y extensión de los derechos a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura”, desde su denominación se aprecia la equidistancia entre los que durante cuarenta años fueron responsables de una cruel dictadura con los que no podían ni llorar en público a sus muertos porque sencillamente no sabían dónde estaban enterrados.

Se huye en todo momento de una explicación política del terror franquista, y se habla en repetidas ocasiones del “derecho individual a la memoria personal y familiar”. Entonces, ¿por qué fueron asesinados? ¿para quitarles su derecho individual a la memoria? ¿por qué hubo un golpe de Estado?, ¿por qué una guerra civil? Las decenas de miles de trabajadores y campesinos que abarrotaron las fosas comunes fueron asesinados porque osaron levantar la voz contra los poderosos y decir basta, porque frente al intento de la burguesía y los terratenientes de aplastarlos con un golpe de Estado osaron levantarse en armas para detenerlos, y porque, frente a esto, los directores del golpe de Estado tenían un plan acabado: el exterminio de toda una generación de luchadores revolucionarios, y lo llevaron a cabo. Qué son, si no, las instrucciones reservadas de Mola, el “terror saludable”, las arengas asesinas de Queipo de Llano, las declaraciones de Franco, Yagüe y tantos otros.

Respecto a la esperada anulación de sentencias, se desestima amparándose en el concepto de “seguridad jurídica” (una aberración que viene a significar que algo que cumple la legalidad no puede ser ilegal, al margen de lo brutal que pueda ser esa legalidad) mantenido por la Fiscalía General del Estado. Como dice la Federación Estatal de Foros por la Memoria: “Cuando menos es sorprendente que se hayan mantenido los criterios de la fiscalía, en concreto de dos fiscales, el primero de ellos nieto de un auditor de consejos de guerra franquistas e hijo de un fiscal del siniestro TOP; y, el segundo, hijo de todo un ministro secretario general del Movimiento”. Este es el precio por no haber depurado el aparato del Estado franquista. Por otro lado, juristas progresistas como Jiménez Villarejo, Castresana y otros han explicado que no hay ningún problema jurídico en la anulación y que es imprescindible e inaplazable hacerlo.

A cambio de no anular las sentencias se concede una “Declaración de reparación y reconocimiento personal”, que se podrá solicitar individualmente y que será valorada por un “consejo de cinco sabios” votado por 3/5 del parlamento, es decir, con los que estará de acuerdo el PP. No sólo esto, aunque se consiga la “reparación individual”, la ley es explícita en un punto: no se harán públicos los nombres de los culpables, es decir, los verdugos y torturadores, los que se jactaban de haber dado el paseo a tantos.

Sobre la simbología franquista: sólo se eliminará de los edificios que dependen del Estado. El resto, nombres de calles y simbología que depende de otras administraciones (fundamentalmente ayuntamientos), en un principio se “recomendó” su retirada. Al comprobar que una recomendación no tiene valor jurídico —y frente a la alternativa de obligar por ley a los ayuntamientos del PP a su retirada— el gobierno ha optado, haciendo gala de unos firmes principios, por quitar la “recomendación” y dejar las cosas como están. Peor aún en lo referido a las placas que hay en multitud de iglesias recordando a los caídos en la Cruzada, en ningún momento se ha abordado su retirada.

Respecto al Valle de los Caídos, más de lo mismo, seguirán allí enterrados Franco y José Antonio y se les podrá dedicar misas pero no actos políticos, la idea original de hacer algún tipo de centro de interpretación histórica de la dictadura queda abandonada.

En cuanto a las exhumaciones, no hay mucho más que lo que ha venido haciendo el gobierno en los últimos meses: subvenciones a través de las asociaciones de memoria histórica. Es increíble que el gobierno del PSOE esté delegando esta responsabilidad: hay miles de ejecutados enterrados en fosas comunes, esta tarea le corresponde al Estado, tienen que poner los medios para solucionarlo en el menor tiempo posible.

Jarro de agua fría sobre la memoria histórica

En definitiva, la Comisión Interministerial ha claudicado antes incluso de enfrentarse a la derecha. De hecho, la única felicitación al gobierno por el paso atrás de finales de 2005 vino de La Falange: “aparentemente el gobierno socialista ha rectificado su proyecto inicial demostrando sensibilidad social hacia el bando nacional”, decían tras reunirse en La Moncloa con la Comisión.

Ahora llega el trámite parlamentario. En el PSOE hay diferencias, sobre todo ante puntos como “los dos bandos”. Izquierda Unida debería aprovechar esto para movilizar y poner la pelota en el tejado al gobierno. Sin embargo, declaraciones de Llamazares hacen prever todo lo contrario: “IU-ICV va a continuar tendiendo la mano para que el gobierno cambie de actitud y retome una ley de la memoria que es una obligación con la historia y con las víctimas”. Esto no es ni mucho menos suficiente; sin embargo, la actitud de las asociaciones es un ejemplo de cuál es el camino: “Si la Cámara no rectifica, volveremos con renovadas fuerzas a la calle, donde codo a codo cada vez somos más (…). Y, antes pronto que tarde, conseguiremos que ‘al que mató se le llame —por fin— asesino’, y al que juzgó injustamente se le declaren nulos sus actos” (Fòrum per la Memòria del País Valencià).

El gobierno del PSOE está cayendo en viejos errores. En lugar de apoyarse en su base social, se pliega a las exigencias de los sectores más reaccionarios. Esta ley no es sólo cuestión de memoria: van a permanecer legales las sentencias franquistas; se pierde la oportunidad de explicar a las nuevas generaciones de jóvenes qué fueron los años treinta, por qué hubo una revolución, por qué la burguesía, los terratenientes y la Iglesia apoyaron a Franco en su genocidio contra la clase obrera revolucionaria; se pierde la oportunidad de callar al PP y a la ultraderecha.

Si el gobierno y la dirección del PSOE no son capaces de enfrentarse seriamente a la derecha para aprobar una ley justa sobre la represión franquista estarán traicionando la memoria y la dignidad de aquellos que dicen van a recordar, de aquella generación que lo dio todo, hasta su vida, cuando se pusieron en pie para construir un paraíso en la tierra.