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Bajo el farragoso nombre de Anteproyecto de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, (Ley de Dependencia), se acaba de presentar este proyecto social “estrella” del Gobierno, hasta ahora ecl Bajo el farragoso nombre de Anteproyecto de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, (Ley de Dependencia), se acaba de presentar este proyecto social “estrella” del Gobierno, hasta ahora eclipsado por el acoso un día sí y otro también del PP en terrenos más favorables para la derecha (Estatut, Batasuna, LOE, etc.). Para el PSOE y el Gobierno se trata ahora de recuperar la bandera del Estado del Bienestar, siguiendo los pasos dados en algunos países durante la década de los 90 (Austria, Francia, Alemania, Luxemburgo), por no hablar de los pioneros (países nórdicos y Holanda).

Y es que la atención a las personas dependientes se ha convertido en una necesidad social. Una de las características del capitalismo en su época de decadencia es que cada vez más aspectos ligados anteriormente a la esfera de lo “privado” e impuestas a las mujeres (tareas domésticas, cuidado de los hijos y de familiares dependientes), requieren una respuesta social y colectiva: la socialización (no confundir con el socialismo). Pero si para la socialdemocracia se trata de “justicia social”, para la burguesía no es más que una nueva fuente de “beneficios”. Por último, para los sindicatos supone un importante “yacimiento” de empleo.

Pero la situación histórica en la que se plantea ampliar los tres pilares del estado del bienestar (sanidad, educación y pensiones) a cuatro (dependencia) es bien distinta a la existente tras la II Guerra Mundial. Partes sustanciosas de los tres pilares “clásicos” han sido privatizadas, ya sea directamente o a través de la gestión privada. Como es evidente, este “cuarto” pilar va a nacer en un contexto completamente diferente y privatizado en una parte importante ya desde el principio.

Un poco de historia

La atención a las personas dependientes se realiza mayoritariamente en el ámbito familiar, siendo las mujeres las que han ejercido el papel de cuidadoras, añadiéndose a los costes directos que supone (psicológicos, físicos y económicos), ver restringida su incorporación al mundo laboral y con ello su integración plena en la vida social. La creación de servicios sociales adecuados para tratar los problemas de las personas dependientes constituye una necesidad para un amplio sector de la población, que suele coincidir con las clases más desfavorecidas. Se trata, pues, de un campo de intervención “clásico” de la socialdemocracia, aunque ya avisamos de que van a producirse muchos problemas en su desarrollo.

Fue en 1995, cuando se firmó el Pacto de Toledo, cuando los agentes sociales y el gobierno definieron como prioridad la creación de un sistema nacional de dependencia. Diversos países de la Unión Europea estaban comenzando a crear este “cuarto” pilar del Estado del Bienestar como respuesta al número creciente de personas dependientes, ligado sobre todo al envejecimiento de la población y a otros factores sociales y demográficos (incorporación de la mujer al mundo laboral, disminución del tamaño de las familias, aumento de las personas que viven solas).

Una de las recomendaciones de la revisión del Pacto de Toledo (2003) fue desarrollar este modelo. Y así, en 2004, tras el triunfo de Zapatero, el proyecto cobró un nuevo impulso y tras el Acuerdo firmado por el gobierno y los agentes sociales y la presentación del Libro Blanco de la Dependencia, se abre ahora un período de debate sobre su contenido y desarrollo.

La situación de la dependencia en nuestro país

Según el Libro Blanco, existen 1.125.190 personas mayores y/o con discapacidades severas que no pueden atender por sí mismas sus necesidades básicas de la vida diaria. De ellas, 826.551 (73%) son mayores de 65 años. Además hay 1.657.400 personas que necesitan algún tipo de ayuda para ciertas actividades de la vida diaria. Ambos colectivos suponen un total de 2.782.590 personas, es decir, un 6,44% de toda la población española (INE, 2004).

El 83% de los cuidadores son mujeres, con una media de edad de 52 años. Solamente el 6,5% de las familias que cuidan a personas dependientes recibe alguna ayuda de los servicios sociales. Únicamente el 3% de los mayores de 65 años cuenta con servicio de ayuda a domicilio y el 2,5% con teleasistencia. Tan sólo el 0,46% de las personas dependientes disfruta de una plaza en centros de día.

Se calcula que el 25% de los ancianos viven solos (40% en Francia, 70% en Berlín). Según la Encuesta Nacional de Dependencia (1999), en la población anciana más pobre hay un 50% más de discapacitados que en el mismo grupo de personas con mayor renta y formación educativa.

Se calcula que la atención a la dependencia generaría unos 300.000 puestos de trabajo. Su implantación será progresiva, iniciándose en 2007 y finalizándose en 2015, alcanzando el 1% del PIB (más o menos un tercio de la cantidad que sería necesaria).

El Anteproyecto: un cúmulo intencionado de inconcreciones

Con 12 disposiciones adicionales, 2 transitorias y 8 finales, el anteproyecto de ley ha suscitado ya críticas desde el comienzo. Comisiones Obreras –uno de sus principales impulsores- se queja de que “evita concretar algunos aspectos muy importantes de aplicación de la ley, como el baremo, las características y la intensidad de la cartera de servicios, las prestaciones económicas, la participación económica de los usuarios, la prestación de asistencia personalizada, las condiciones de las prestaciones económicas vinculadas al servicio, las prestaciones económicas para cuidados en el medio familiar, la integración en la Seguridad Social del personal cuidador no profesional, etc., y los remite a su posterior desarrollo parlamentario”.

Como se puede comprobar, la inconcreción no puede ser mayor en los temas que afectan directamente a los trabajadores, aunque sí que existen concreciones muy significativas:

a) Un principio de la ley establece “la participación de la iniciativa privada en los servicios y prestaciones de atención a la situación de dependencia” (art.3). Por otra parte, “el Sistema se configura como una red de utilización pública que integra, de forma coordinada, centros y servicios, públicos y privados” (art. 6.1). Para que quede todo atado y bien atado y no existan tentaciones “estatalizadoras o nacionalizadoras”, “la integración en el Sistema Nacional de Dependencia de los centros y servicios a que se refiere este artículo no supondrá alteración alguna en el régimen jurídico de su titularidad, administración, gestión y dependencia orgánica” (art.6.2). Por ello, “el Gobierno, en el plazo de seis meses, promoverá las modificaciones legislativas que procedan, para regular la cobertura privada de las situaciones de dependencia” (adicional 8ª).

b) Se excluye a los menores de 3 años como titulares de los derechos (art.5.1), así como a los inmigrantes que carezcan de la nacionalidad española, remiténdolos a la legislación vigente (art.5.2).

c) La teórica equidad en la prestación de servicios se matiza convenientemente: “la prioridad en el acceso a los servicios y la cuantía de las prestaciones a que se refieren los apartados anteriores vendrá determinada por el grado de dependencia y por la capacidad económica del solicitante” (art. 12.5) determinándose dicha capacidad económica “en la forma que reglamentariamente se establezca, en atención a la renta y el patrimonio del solicitante” (art. 12.6). Además, “los beneficiarios de las prestaciones de dependencia participarán en la financiación de las mismas, según el tipo y coste del servicio y su capacidad económica” (art.32.1).

d) El cuidador no profesional principal, es decir, el que atiende a una persona dependiente -generalmente un familiar-, podrá recibir por ello una prestación económica, pero “deberá ajustarse a lo establecido en las normas sobre afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social respecto de esta actividad” (art.17.3). Más en concreto, “reglamentariamente el Gobierno determinará la incorporación a la Seguridad Social de los cuidadores familiares en el Régimen que les corresponda” (adicional 4ª). Asimismo, estas prestaciones tendrán carácter fiscal y por ello se añade un nuevo apartado –el v- al art. 7 del texto refundido de la Ley del IRPF (Real decreto 3/2004).

e) Se producirá una “reconversión” de las ayudas sociales existentes hasta ahora: “la percepción de una de las prestaciones económicas previstas en esta Ley deducirá de su cuantía cualquier otra prestación de servicios de análoga naturaleza y finalidad establecida en los regímenes públicos de protección social” (art.30).

f) Las necesidades sanitarias de muchos dependientes han sido obviadas, como han señalado diversas asociaciones geriátricas. Por ejemplo, más del 50% de los ancianos en residencias presenta algún tipo de demencia.

g) Las ONGs van a jugar un papel destacado en este proyecto, lo que el documento llama “tercer sector”. En España, el voluntariado de acción social agrupa alrededor a un millón de personas, predominando las mujeres y los jóvenes. La mayoría de ellos dedica aproximadamente cinco horas semanales a esta tarea. El 25% de las ONGs que realizan su labor en España se dedican a la atención de las necesidades de personas con discapacidad.

Crisis capitalista y atención sociosanitaria

Desde los años 70, tras el fin del ciclo expansivo del capitalismo en Europa Occidental, los intentos de ir recortando el Estado del Bienestar han sido una constante. El sector sociosanitario no ha sido ninguna excepción. Y esto se está produciendo a la vez que se calcula que la población dependiente se va a multiplicar más de dos veces y media de aquí al año 2050. El porcentaje del gasto en cuidados de larga duración oscila en la actualidad entre un 10 y un 37% del gasto total sociosanitario, equivalente a una media del 1,3% del PIB. Si aplicamos esta media a nuestro país, la cifra que se requeriría alcanzaría 10.400 millones € (casi 2 billones de las antiguas pesetas). ¿De dónde va a salir todo este dinero?

Caldera nos da alguna pista: “Será una ley muy cara, y habrá una campaña amplia de explicación del texto; agradezco a los agentes sociales su responsabilidad” y “el usuario pagará en función de sus recursos”, poniendo como ejemplo que si una persona tiene una pensión de 600 euros, y va a una residencia de 1.500, el Estado podrá completar el resto, pero si tiene de pensión esa cantidad y puede pagarla, tendrá que hacerlo, por solidaridad. No se hará un sistema asistencial, sino profesional, para atender a las clases medias, que en la situación actual de estas prestaciones están excluidas.

En un contexto de crisis orgánica del capitalismo, todos los modelos existentes, desde los de protección universal y financiación mediante impuestos (países nórdicos y Holanda), los sistemas de seguridad social o bismarckianos (Alemania) o los meramente asistenciales (España, Grecia y Portugal) se encuentran en crisis. Bajo el sistema capitalista, esta contradicción entre necesidades sociales y recursos se intenta solventar introduciendo dos tipos de medidas: “topando” dichas prestaciones (copago, tasas, etc.) o “externalizando” (privatizando) la provisión de servicios (conciertos, contratas, etc.).

Es decir, las necesidades sociales, bajo el capitalismo, se convierten en una fuente más de beneficios, por vía doble. Por una parte, se obliga a las familias a tener que financiar, aunque sea parcialmente, los cuidados de las personas dependientes, y, por otra, se consigue extraer más plusvalía de la clase trabajadora, ya sea mediante sueldos muy bajos o contratos precarios (ayuda a domicilio, viviendas tuteladas, residencias de ancianos), externalizando la provisión de dichos cuidados.

Constituye un engaño para la clase trabajadora que se intenten legitimar socialmente esta medidas diciendo que se van a generar cientos de miles de empleos, sobre todo para las mujeres, cuando lo que se pretende realmente es aumentar los beneficios de las empresas privadas por dos vías: aumento de la precariedad y la explotación laboral de las mujeres que se incorporen a dichos sectores y el cobro de tasas (copago) por determinados servicios a las propias personas dependientes y a sus familias. La “modulación” prevista del copago en función del patrimonio y del nivel de ingresos está sujeta a la exactitud de la información disponible y, por tanto, a una ingeniería financiera “adecuada”.

Los partidos y sindicatos obreros deben oponerse contundentemente a estos intentos privatizadores y llamar a la clase trabajadora para movilizarse por otro modelo de atención a las personas dependientes. Deben oponerse tanto a las medidas de copago como a la provisión de servicios por empresas privadas. Existen recursos suficientes para garantizar la atención a las personas dependientes, el problema es que se encuentran en manos de un puñado de parásitos cuya visión de la sociedad es simple y llanamente la obtención de beneficios. La defensa del Estado del Bienestar es incompatible en la actualidad con el sistema capitalista. Solamente la lucha por una sociedad socialista puede permitir atender adecuadamente las necesidades sociosanitarias de toda la población.