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El acuerdo alcanzado el pasado sábado día 21 de enero entre Zapatero y Mas, líder de CIU, contempla el incremento de la participación de Cataluña en el IRPF del 33 al 50%, en los impuestos especiales del 35 al 58% y del IVA del 35 al 50%. El acuerdo alcanzado el pasado sábado día 21 de enero entre Zapatero y Mas, líder de CIU, contempla el incremento de la participación de Cataluña en el IRPF del 33 al 50%, en los impuestos especiales del 35 al 58% y del IVA del 35 al 50%. El acuerdo también contempla, en el capítulo de inversiones, que en los próximos siete años la inversión central en Cataluña no podrá ser inferior al porcentaje del PIB español que aporta Cataluña, el 18,5% en la actualidad, y se acuerda también para este periodo una inversión adicional de entre 2.500 y 3.000 millones para paliar el déficit existente hasta ahora y que podrá destinarse a la creación de infraestructuras o a la reducción de peajes.

Este acuerdo —que ha contado con el apoyo de los dirigentes del PSC y de ICV-EuiA— ha puesto de manifiesto uno de los aspectos que los marxistas hemos planteado desde que se conoció el primer borrador del Estatut: detrás de toda una serie de generalidades sin ninguna concreción en los aspectos que más interesan a los trabajadores y a los sectores más oprimidos de la sociedad, es decir los capítulos sociales, lo que realmente había en disputa era un nuevo reparto de la tarta entre la burguesía central y la burguesía catalana. Esto se pone de manifiesto en que mientras se cuantifica en detalle el porcentaje de las transferencias de impuestos y de inversiones no se detalla qué dinero se va a emplear en acabar con el desempleo, en la construcción de viviendas públicas para acabar con la especulación y que los trabajadores y jóvenes puedan acceder a una vivienda digna sin tener que dedicar más del 60% del salario durante décadas, en las construcción de escuelas y universidades para acabar con los barracones y la masificación, en garantizar pensiones dignas que permitan que salir de la pobreza a miles y miles de pensionistas y así se podrían enumerar toda una serie de aspectos por los que la mayoría de la población confió en el tripartito y que esperaban que recogiera el nuevo Estatut.

No es casualidad que CIU, la coalición que durante décadas, ha utilizado las transferencias en beneficio de los empresarios y banqueros de Cataluña, que ha privatizado de manera considerable la sanidad y la educación haya suscrito este acuerdo de manera entusiasta. Es inadmisible que partidos que han llegado al gobierno tanto en Cataluña como a nivel estatal olviden las aspiraciones y necesidades de los que les votaron para llegar a acuerdos con los representantes de los que oprimen a los trabajadores y a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

ERC

A este acuerdo se ha opuesto ERC, pero su oposición se centra exclusivamente en la petición de más transferencias. Ni siquiera en uno de los aspectos centrales que el Estatut no recoge y que es uno de los derechos democráticos fundamentales, como es el del ejercicio del derecho de autodeterminación, ha sido defendido por ERC. Mientras hemos visto como, tras el acuerdo sobre financiación con CIU, la consejera de educación Marta Cid, miembro de ERC, ha declarado que se dotará de una asignación especial —aparte del dinero que ya reciben— a las escuelas concertadas que acojan a más emigrantes. Este hecho demuestra qué utilización pretenden hacer si hay un incremento mayor de las transferencias.

Tras el acuerdo, a pesar de las apariencias, se abre un periodo de inestabilidad. Hay crisis en el tripartito. La estabilidad que el gobierno estatal plantea que se dará en el parlamento no se va a producir. CIU presionará para que el gobierno gire a la derecha. Si esto se produce el gobierno se enfrentará a su base social

Los trabajadores tanto en Cataluña como a nivel estatal tenemos que presionar y movilizarnos para que se gobierne en beneficio de la mayoría de la población y se defiendan los derechos democráticos de las nacionalidades