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Bajo el farragoso nombre de Anteproyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, (Ley de Dependencia), se acaba de presentar este proyecto social “estrella” del gobierno, hasta ahora eclips Bajo el farragoso nombre de Anteproyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, (Ley de Dependencia), se acaba de presentar este proyecto social “estrella” del gobierno, hasta ahora eclipsado por el acoso, un día sí y otro también, del PP en terrenos más favorables para la derecha como el Estatut o Batasuna.

La atención a las personas dependientes se ha convertido en una necesidad social. Una de las características del capitalismo en su época de decadencia es que cada vez más aspectos ligados, anteriormente, a la esfera de lo “privado” e impuestos a las mujeres (tareas domésticas, cuidado de los hijos y de familiares dependientes) requieren una respuesta social y colectiva: la socialización. Pero si para la socialdemocracia se trata de “justicia social”, para la burguesía no es más que una nueva fuente de “beneficios”. Por último, para los sindicatos supone un importante “yacimiento” de empleo.

La creación de servicios sociales adecuados para tratar los problemas de las personas dependientes constituye una necesidad para un amplio sector de la población, que suele coincidir con las clases más desfavorecidas. Se trata, pues, de un campo de intervención “clásico” de la socialdemocracia, aunque ya avisamos de que van a producirse muchos problemas en su desarrollo.

La situación de la dependencia en nuestro país

Según el Libro Blanco, existen 1.125.190 personas mayores y/o con discapacidades severas, que no pueden atender por sí mismas sus necesidades básicas de la vida diaria. De ellas, 826.551 (73%) son mayores de 65 años. Además hay 1.657.400 personas que necesitan algún tipo de ayuda para ciertas actividades de la vida diaria. Ambos colectivos suponen un total de 2.782.590 personas, es decir, un 6,44% de toda la población española (INE, 2004).

El 83% de los cuidadores son mujeres, con una media de edad de 52 años. Solamente el 6,5% de las familias que cuidan a personas dependientes recibe alguna ayuda de los servicios sociales. Únicamente el 3% de los mayores de 65 años cuenta con servicio de ayuda a domicilio y el 2,5% con teleasistencia. Tan sólo el 0,46% de las personas dependientes disfruta de una plaza en centros de día.

Se calcula que el 25% de los ancianos viven solos (40% en Francia, 70% en Berlín). Según la Encuesta Nacional de Dependencia (1999), en la población anciana más pobre hay un 50% más de discapacitados que en el mismo grupo de personas con mayor renta y formación educativa.

Se prevé que la atención a la de-pendencia generaría unos 300.000 puestos de trabajo. La implantación de esta ley será progresiva, iniciándose en 2007 y finalizándose en 2015, alcanzando el 1% del PIB (más o menos un tercio de la cantidad que sería necesaria).

El Anteproyecto:

un cúmulo intencionado

de inconcreciones

El anteproyecto de ley ha suscitado ya críticas desde el comienzo. Comisiones Obreras, uno de sus principales impulsores, se queja de que “evita concretar algunos aspectos muy importantes de aplicación de la ley, como el baremo, las características y la intensidad de la cartera de servicios, las prestaciones económicas, la participación económica de los usuarios, la prestación de asistencia personalizada, las condiciones de las prestaciones económicas vinculadas al servicio, las prestaciones económicas para cuidados en el medio familiar, la integración en la Seguridad Social del personal cuidador no profesional, etc., y los remite a su posterior desarrollo parlamentario”.

Como se puede comprobar, la falta de concreción no puede ser mayor en los temas que afectan directamente a los trabajadores, aunque sí que existen concreciones muy significativas.

Por ejemplo, en un principio de la ley se establece “la participación de la iniciativa privada en los servicios y prestaciones de atención a la situación de dependencia (…)”. El Sistema se configura como una red de utilización pública que integra, de forma coordinada, centros y servicios, públicos y privados. Se excluye a los menores de 3 años como titulares de los derechos, así como a los inmigrantes que carezcan de la nacionalidad española. La teórica equidad en la prestación de servicios se matiza convenientemente: “la prioridad en el acceso a los servicios y la cuantía de las prestaciones a que se refieren los apartados anteriores vendrá determinada por el grado de dependencia y por la capacidad económica del solicitante”, determinándose dicha capacidad económica “en la forma que reglamentariamente se establezca, en atención a la renta y el patrimonio del solicitante”.

El cuidador no profesional principal, es decir, el que atiende a una persona dependiente (generalmente un familiar), podrá recibir por ello una prestación económica, pero “deberá ajustarse a lo establecido en las normas sobre afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social respecto de esta actividad”. Más en concreto: “reglamentariamente el gobierno determinará la incorporación a la Seguridad Social de los cuidadores familiares en el Régimen que les corresponda”.

Se producirá una “reconversión” de las ayudas sociales existentes hasta ahora: “la percepción de una de las prestaciones económicas previstas en esta Ley deducirá de su cuantía cualquier otra prestación de servicios de análoga naturaleza y finalidad establecida en los regímenes públicos de protección social”.

Las necesidades sociales, bajo el capitalismo, se convierten en una fuente más de beneficios para algunos, por partida doble. Por una parte, se obliga a las familias a tener que financiar, aunque sea parcialmente, los cuidados de las personas dependientes. Por otra, se consigue extraer más plusvalía de la clase trabajadora, ya sea mediante sueldos muy bajos o contratos precarios (ayuda a domicilio, viviendas tuteladas, residencias de ancianos), externalizando la provisión de dichos cuidados.

Los partidos y sindicatos obreros deben oponerse contundentemente a estos intentos privatizadores y llamar a la clase trabajadora para movilizarse por otro modelo de atención a las personas dependientes. Deben oponerse tanto a las medidas de copago como a la provisión de servicios por empresas privadas. Existen recursos suficientes para garantizar la atención a las personas dependientes, el problema es que se encuentran en manos de un puñado de parásitos cuya visión de la sociedad es simple y llanamente la obtención de beneficios. La defensa del Estado del Bienestar es incompatible en la actualidad con el sistema capitalista. Solamente la lucha por una sociedad socialista puede permitir atender adecuadamente las necesidades sociosanitarias de toda la población.

Este artículo es un extracto del publicado en nustra web, que trata con más detalle los distintos aspectos de esta ley.

Andrés de las Heras

Enrique Alejandre

CCOO Guadalajara