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El pasado 15 de septiembre se aprobó en el Congreso el proyecto de Ley Orgánica de la Defensa Nacional, con los votos a favor del PSOE, IU-ICV, ERC, CC y CIU. La ley tiene como principal novedad el que el Congreso deberá, a partir de ahora, autorizar El pasado 15 de septiembre se aprobó en el Congreso el proyecto de Ley Orgánica de la Defensa Nacional, con los votos a favor del PSOE, IU-ICV, ERC, CC y CIU. La ley tiene como principal novedad el que el Congreso deberá, a partir de ahora, autorizar expresamente las misiones de las tropas españolas en el extranjero. Además dichas misiones deberán contar con una petición del país a donde se envíen las tropas, una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, un acuerdo de la Unión Europea o una decisión unánime de la OTAN. Con esta ley, en palabras del ministro de defensa, José Bono, “se vincula aún más a nuestra sociedad con nuestros ejércitos” y “se liga la política de defensa con los españoles”.

De esta forma, tratan de presentar la nueva ley como progresista cuando, en realidad, no cambia el carácter que tendrán las futuras intervenciones militares, salvo que éstas irán presentadas con un ligero barniz democrático. La guerra y posterior ocupación de Iraq es una agresión imperialista, determinada por intereses económicos, estratégicos y políticos y, por este motivo, es un deber de toda la izquierda y de los trabajadores en general oponernos a ella enérgicamente, aún cuando hubiera contado con el respaldo de todos los grupos parlamentarios. Lo mismo vale para anteriores conflictos como el de la ex Yugoslavia, o la actual intervención en Afganistán, y seguirá siendo cierto en el futuro. Por cierto, cuando los “aliados” encabezados por el papá Bush bombardearon e invadieron Iraq en 1991 lo hicieron bajo el mandato de la ONU y el gobierno de Felipe González consiguió el apoyo de casi la totalidad del parlamento para su implicación en la guerra, pero la naturaleza imperialista de la intervención era la misma.

Las ‘misiones internacionales’

La creciente tensión entre las diferentes burguesías se manifiesta cada vez más en la escena internacional en forma de intervenciones militares en terceros países para defender sus respectivos intereses. La crisis económica que azota a las principales economías europeas y a la norteamericana las empuja a una lucha feroz por la obtención de materias primas, nuevos mercados y zonas de influencia fuera de sus fronteras. Por esto, la ley consagra a las Fuerzas Armadas una nueva función, que no estaba regulada explícitamente, y que, como reconoce el propio Bono, “hoy es la tarea más importante que desarrollan: las misiones internacionales”.

El que se necesite para llevarlas a cabo la autorización de los organismos internacionales citados más arriba, no añade ninguna garantía a la situación. Tanto la ONU, como la OTAN o el Consejo de Seguridad de la Unión Europea no son organismos neutrales, ni tienen como misión principal defender a los pueblos contra las injusticias. Todo lo contrario, a lo largo de su historia han demostrado sobradamente no ser sino instrumentos de la burguesía para poder influir o intervenir directamente allá donde sus intereses sean puestos en peligro o, en el mejor de los casos, meros espectadores impotentes de la realidad (el mejor ejemplo es la incapacidad de la ONU para hacer cumplir a Israel las resoluciones aprobadas en relación a Palestina).

Además de todo esto la nueva Ley ahonda en una serie de aspectos que refuerzan el carácter reaccionario de las Fuerzas Armadas. Continúa negando derechos democráticos básicos a los soldados, como es el poder organizarse sindicalmente, mantiene la Guardia Civil como un órgano militar, plantea militarizar la seguridad con la excusa de “luchar contra el terrorismo”, deja claro que España es un firme aliado de la OTAN, su intención de estrechar relaciones con EEUU y mantiene además sus bases militares en Morón y Rota.

De hecho, el único motivo por el que el PP votó contra esta ley es porque su redacción no ampara el envío de tropas a Iraq ordenado por el gobierno de Aznar. En todas las demás cuestiones, la derecha no plantea ninguna objeción relevante.

Cretinismo parlamentario

Durante el debate de este proyecto de ley, Llamazares justificaba así el voto favorable de IU: “Es una opción no solamente de responsabilidad, sino de convicción democrática porque esta ley avanza y nos pone a la cabeza del control democrático de las operaciones exteriores de nuestro país y tan sólo este aspecto justificaría nuestro voto favorable”. Estas palabras reflejan hasta qué punto el “cretinismo parlamentario” se ha instalado en la cabeza de muchos dirigentes de la izquierda, incluso de quienes se presentan como la “izquierda real”. Presentar la acción parlamentaria como el máximo exponente de la voluntad de la mayoría sólo contribuye a enmascarar el verdadero carácter de esta institución. Los marxistas no estamos contra la participación en el parlamento, pero siempre teniendo en cuenta que es una herramienta más (y ni siquiera la más importante) para luchar por los derechos de los trabajadores y denunciar los ataques que sufre por parte del sistema capitalista. No hay que olvidar que, más allá de poder votar cada cuatro años por una opción política determinada, los trabajadores no tienen ningún control real sobre las decisiones que se adoptan ahí. De hecho, en el parlamento se aprueban diariamente leyes que implican privatizaciones, recortes en los derechos sociales, etc. y que son contrarios a los intereses de la mayoría de la población.

Sólo cuando se produce una fuerte contestación social en la calle, es decir, a través de la lucha extraparlamentaria, es posible modificar esas leyes o impedir la aplicación de medidas contrarias a los intereses de nuestra clase, bien sea en el ámbito social, económico o en el terreno militar. En lugar de esto, IU pone el acento en el avance que supone la autorización parlamentaria, sin explicar que esto por sí solo no sirve para evitar que en el futuro se produzcan nuevas intervenciones militares de carácter imperialista, tan ilegítimas como la de Iraq.

Respecto al PSOE, este proyecto de ley es la traslación, en el ámbito militar, de su política en materia económica. La defensa del capitalismo como único sistema posible lleva a la socialdemocracia a tener que defender los intereses de éste de manera consecuente en todos los ámbitos políticos. Como Clausewitz decía “la guerra no es sino la continuación de la política por otros medios”. Desarrollar una política esencialmente procapitalista implica, en materia económica y social, acometer más recortes a nuestros derechos para incrementar sus beneficios y en política exterior se traduce, en la práctica, en defender los intereses de los capitalistas nacionales y sus “aliados” allá donde fuera necesario. Eso sí, a ser posible con la sangre de otros.