Corriente Marxista Internacional

El pasado 1 de septiembre, los ministros de Economía, Hacienda y Sanidad presentaban públicamente una propuesta para “tapar” el déficit progresivo y los agujeros de la sanidad pública, eufemísticamente llamados “tensiones en el actual modelo de finan El pasado 1 de septiembre, los ministros de Economía, Hacienda y Sanidad presentaban públicamente una propuesta para “tapar” el déficit progresivo y los agujeros de la sanidad pública, eufemísticamente llamados “tensiones en el actual modelo de financiación sanitaria”.

El endeudamiento sanitario

Era cuestión de tiempo que afloraran a la luz las insuficiencias de la financiación de la sanidad pública. El modelo actual fue “consensuado” en el año 2001, bajo el gobierno del PP. El gobierno actual ha manifestado que “fue aprobado por unanimidad entre el anterior gobierno del PP y las CCAA” y que “el nuevo sistema tenía carácter definitivo” (ver “Líneas generales del documento sobre el gasto sanitario y su financiación enviado a las Comunidades Autónomas”). Este apoyo fue ratificado en la práctica cuando se produjeron las últimas transferencias sanitarias (enero de 2002), que consumaron la fractura del Sistema Nacional de Salud (SNS), o más exactamente, que han acabado con él. Con 17 modelos distintos y una financiación insuficiente, era inevitable un aumento de las desigualdades territoriales y el peligro de quiebra del SNS. Cada Comunidad aplica ahora su propio modelo y cuanto más tiempo transcurra, más aumentarán las desigualdades.

Recordemos que durante los gobiernos del PP se produjo una descapitalización progresiva del extinto Insalud, lo cual dejó a las CCAA a merced del chantaje del gobierno de Aznar cuando se produjeron las transferencias.

Fruto de este abandono consciente, cada Comunidad se ha ido endeudando para tratar de revertir el proceso. Se calcula que el déficit actual asciende a más de 7.000 millones de euros.

El gasto sanitario

El gasto sanitario total, según el informe de la OCDE Panorama de la Salud 2003, supuso en nuestro país el 7,5% del PIB en 2001, frente al 8,3% de media de la Unión Europea. El porcentaje del gasto sanitario privado se incrementó desde el 21,3% en 1990 hasta el 28,6% en 2001. Esto significa que el gasto sanitario público está prácticamente estancado desde hace una década (del 5,90% del PIB en 1990 a sólo el 5,93% en 2001), cuando es evidente que la población ha aumentado y se requieren mayores recursos. Sin duda este problema se ha agravado desde entonces por el aumento de los trabajadores inmigrantes.

Pero todavía más grave es que la provisión directa de los servicios sanitarios se ha reducido significativamente. Así, la provisión directa se ha reducido desde el 4,19% del PIB en 1990 al 4,15% en 2001. En definitiva, si sumamos el gasto público empleado en políticas de externalización y contratación de recursos privados y el gasto privado, nos encontramos con que éste ha crecido, en porcentaje sobre el PIB, desde el 3,31% en 1990 hasta el 4,18% en 2001, un incremento del 26,28% en una década.

Evidentemente, si se reduce la financiación pública y a la vez se intentan incrementar los servicios ofrecidos a la población, como demagógicamente señaló Ana Pastor cuando era ministra de Sanidad, se obliga a las CCAA a detraer recursos de otras partidas, a introducir nuevos impuestos (como el de la gasolina), a contratar cada vez más servicios del sector privado o a incrementar la explotación laboral de los trabajadores sanitarios. Todas estas vías de “ajuste” acaban haciendo pagar el pato de la financiación sanitaria a la clase trabajadora.

ZP y otra vuelta de tuerca

Ahora, el gobierno actual pretende tapar este agujero mediante una serie de medidas en la misma línea que el PP y la burguesía . En el informe citado se dice que “el gasto sanitario de las CCAA ha crecido en los últimos años por encima del PIB”, lo cual no solamente es cierto sino que es absolutamente necesario.

Pero Solbes, fiel exponente de los ministros “burgueses” en el gobierno, se lamenta amargamente de este hecho y no se le ocurre otra cosa para remediarlo que hacer una aportación estatal “transitoria” de 1.000 millones de euros y elevar hasta un 10% los impuestos del alcohol (ingresos estimados: 25,4 millones de euros) y el tabaco (101,8 millones) y de un 2% el recibo de la luz (321,4 millones), dejando a las CCAA que establezcan otras medidas a su alcance, como el famoso “céntimo sanitario” de las gasolinas (696,9 millones de euros) u otras medidas que contengan el gasto, donde sin duda se deberán situar ataques al poder adquisitivo de los trabajadores sanitarios. El propio Solbes, en julio de este año, ya se refirió a los salarios de los trabajadores sanitarios como una de las “principales causas del déficit”.

El objetivo, señala el documento, es que “las CCAA deben lograr que el gasto sanitario no crezca por encima del PIB”. Ni una palabra sobre la redistribución de la riqueza. A los más pudientes no se les toca un euro: ni impuestos sobre el consumo de artículos de lujo, ni sobre el patrimonio multimillonario de una minoría social parásita, ni sobre el beneficio de las empresas, ni modificaciones del IRPF… ¿Y así pretenden defender a la clase trabajadora que les votó para echar a la derecha del gobierno?

De manera demagógica, el PP ha rechazado estas medidas y ha señalado que no se hará en las CCAA donde gobierna. ¿Pero es que acaso Esperanza Aguirre no ha introducido el céntimo sanitario de las gasolinas en Madrid? Claro que este impuesto también existe en otras, como Asturias, con un gobierno socialista.

¿Y qué nos dice IU sobre el tema? Más de lo mismo. Atados a la socialdemocracia y al nacionalismo burgués y pequeñoburgués (País Vasco, Catalunya), su respuesta ha sido de lo más tibia, proponiendo un Pacto de Estado similar al Pacto de Pensiones (¡). De manera vergonzosa, las direcciones de CCOO y UGT todavía no han abierto la boca.

Por su parte, el presidente de la FACME (Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas) ha dicho que “no podemos estar presumiendo de ser la octava potencia mundial en PIB y, al mismo tiempo, dedicar a Sanidad seis o siete puntos por debajo de lo que destinan países de nuestro entorno”.

Cuando este artículo esté publicado ya se habrán reunido el Consejo de Política Fiscal y Financiera (7 de septiembre) y la Conferencia de Presidentes (10 de septiembre). Lo más probable es que alcancen algún tipo de acuerdo y que se pongan en marcha algunas de estas medidas, como los impuestos sobre el tabaco y el alcohol. Por cierto, todas estas medidas tenderán a elevar la inflación y agravarán la situación de endeudamiento de las familias trabajadoras.

En cualquier caso y ocurra lo que ocurra, no se habrá solucionado el problema, que es insoluble bajo el capitalismo: como mucho se conseguirá retrasar algo la grave crisis que sufre la sanidad pública. En estos tiempos de agonía del capitalismo (el ejemplo del Katrina esta ahí) la defensa de la Sanidad Pública es indisoluble de la lucha contra el capitalismo desde una perspectiva socialista.

Andrés de las Heras

Ejecutiva Regional de CCOO Sanidad Castilla - La Mancha


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