Corriente Marxista Internacional

El Gobierno ha remitido recientemente al Consejo de Estado, cuyo Presidente está a favor de la denominación de “comunidad nacional” de ciertas Comunidades Autónomas, un informe sobre las cuatro reformas de la Constitución española para que el mismo s El Gobierno ha remitido recientemente al Consejo de Estado, cuyo Presidente está a favor de la denominación de “comunidad nacional” de ciertas Comunidades Autónomas, un informe sobre las cuatro reformas de la Constitución española para que el mismo se pronuncie, y posteriormente iniciar las referidas reformas. Estas consisten en ampliar la sucesión de la Monarquía a las mujeres (inaplicando la ley sálica sin efectos retroactivos); la conversión del Senado en Cámara territorial; la denominación de las Comunidades Autónomas (CCAA), y la referencia a la Constitución europea.

Para el Sr. Rajoy la reforma constitucional atenta contra “la indivisible unidad de España” pero en realidad son simples retoques que no cambian en esencia absolutamente nada. Lo peor es que el Gobierno pretenda vender como progresista que una posible primogénita del principito tenga preferencia en la sucesión a sus hermanitos, cuando en realidad nos saldrían mucho más caros sus vestiditos oficiales a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Dónde se ha visto ni una pizca de progresismo en una monarquía heredada del franquismo, que se puede erigir en árbitro de las instituciones del Estado, puede indultar a quien quiera, puede boicotear la sanción de las leyes o la formación de un gobierno tras las elecciones, entre otras cosas.

Ni qué decir tiene el papel “democrático” que juega el Senado, donde a pesar de la abrumadora victoria de la izquierda el 14-M existe una mayoría de derechas, puesto que con el sistema electoral y la aplicación de la ley d´Hont, tienen muchísima más representatividad las zonas menos pobladas y atrasadas del Estado que las zonas más industrializadas y pobladas, donde hay más voto de izquierdas.

En cuanto a que las CCAA se denominen en la Constitución española con una nomenclatura u otra (comunidad autónoma, región, nacionalidad, nación o comunidad nacional) no tiene ninguna incidencia en el reparto de competencias entre el Estado y las CCAA, ya que en ese aspecto no se reforma nada. Cierto es que ante la reacción histérica de la derecha por la denominación de “comunidad nacional” a determinadas CCAA no podemos ser indiferentes, pues nosotros sí reconocemos una identidad nacional al pueblo vasco, gallego o catalán.

Y en cuanto a hacer referencia a la Constitución europea, ratificándola, a parte de no ser jurídicamente necesario, tal como plantea el Tribunal Constitucional, convertiría aún más en papel mojado, si cabe, todas las declaraciones de buenas intenciones como el derecho a un trabajo y vivienda dignas, a una educación, sanidad y sistema de seguridad social, etc... plasmadas en la Constitución española. La Constitución Europea amplía los puntos reaccionarios que tiene la Constitución española ya que posibilita y fomenta la rebaja de los derechos sociales de los trabajadores y la juventud europeas, además de “legalizar” guerras preventivas como la de Iraq, entre otras muchas cosas. Con el fraude de la Constitución Europea ninguno o pocos derechos de los trabajadores y la juventud se verán indultados de la cremá fallera que va a suponer el uso de esta Constitución por los Gobiernos de la Unión Europea.

Una vez más el reformismo sin reformas de este Gobierno no es una alternativa a los problemas reales de la clase trabajadora y la juventud, y en especial los derechos democrático nacionales. Después de años de ceder al más rancio nacionalismo español, al cual sigue vinculado este Gobierno con el apoyo y celoso cumplimiento de la ley de partidos y el pacto antiterrorista con el PP, ahora pretende “enmendar la enmienda” con sobredosis de talante y modernidad, sin resolver nada y abriendo toda clase de conflictos internos entre los barones del PSOE. La única alternativa real para poder ejercer los derechos democrático nacionales es el derecho de autodeterminación de las nacionalidades históricas en el marco de un programa auténticamente socialista que defienda una Federación Socialista Ibérica.


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