Imprimir
Condena al secretario general del Sindicat d'Estudiants de Catalunya a pena de alejamiento por intentar hacer una asamblea

Condena al secretario general del Sindicat d'Estudiants de Catalunya a pena de alejamiento por intentar hacer una asamblea

El 26 de agosto el juez de instrucción nº 32 de Barcelona dictaba sentencia condenatoria contra dos dirigentes del Sindicat d'Estudiants, Iban y Aniol este último secretario general del SE en Catalunya, aplicando multas por un valor total de 500 euros y una orden de seis meses de alejamiento del IES Consell de Cent y de su director, Damián Montes. El juez, en su sentencia, da por probado que los dos compañeros abordaron violentamente y agredieron al director del instituto.
Con esta sentencia, la campaña de criminalización y represión contra la juventud en general y el Sindicat d'Estudiants en concreto, da un nuevo paso. Y no es ninguna casualidad. Durante la lucha contra el Plan Bolonia y la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) los estudiantes han jugado un papel destacado, saliendo a la calle en varias ocasiones. El gobierno tripartit ha conseguido con la LEC enemistarse con la mayoría de la comunidad educativa. Recientemente, una encuesta situaba el porcentaje de oposición a la LEC entre el profesorado en el 70%, por no hablar de los estudiantes. Para conseguir aprobar dicha ley ha tenido que apoyarse en aquellos a los que realmente beneficia: la patronal educativa y CiU, la derecha catalana.
Esa misma alianza se ha reproducido en la vida cotidiana de los institutos. La LEC potencia la figura del director-dictador-gerente, que se sitúa por encima del conjunto de profesores, recortando los derechos democráticos de la comunidad educativa. Este modelo educativo, basado en la "disciplina y autoridad" viene como anillo al dedo a la derecha y la jerarquía eclesiástica.
En el IES Consell de Cent esta alianza ha llegado a su máximo grado. El Departament d'Educació, prestando apoyo al director y mirando hacia otro lado ante la vulneración de los derechos democráticos en el centro; el gobierno de la Generalitat, poniendo los servicios jurídicos; y la reaccionaria y derechista AXIA (asociación de directores de instituto) han estado implicados en un montaje contra el Sindicat d'Estudiants, que sienta un precedente gravísimo contra los derechos democráticos más elementales de los estudiantes de Catalunya y del resto del Estado.

Los hechos y el juicio:
un montaje y una farsa

La realidad de los hechos, que conocen los estudiantes y profesores del centro, es que cuando un compañero del SE fue el 13 de marzo por enésima vez a pedir permiso para realizar una asamblea para informar de la huelga de la comunidad educativa convocada para el 19 de marzo, fue el director quien de malas maneras y a empujones echó al compañero. Dos horas más tarde se presentó el compañero con el secretario general del Sindicat d'Estudiants de Catalunya para pedir explicaciones y tratar de resolver el conflicto, y el director responde llamando a la policía e interponiendo una denuncia con la falsa acusación de agresión.
En el juicio, el director y sus dos testigos mintieron de forma descarada, aunque acertaron en explicar las mismas mentiras. No sólo dijeron que el compañero Iban empujó al director a primera hora, sino que cuando se presentaron Iban y Aniol, el segundo también le empujó violentamente, redondeando la versión que inicialmente dieron a la policía. Lo más escandaloso es que el juez impidió que declarara el Mosso d'Esquadra, que debería haber señalado que el día de los hechos el director no dijo nada del segundo empujón, y que además quiso denunciar a Aniol y el policía señaló que no había bases para ninguna denuncia.

Las consecuencias
de esta sentencia

Todo el proceso ha estado minado de irregularidades. Para empezar el hecho de que un director de un centro llame a la policía y presente una denuncia por agresión para impedir que ejerzamos nuestros derechos democráticos.
El día del juicio, cuando el director se presenta con el apoyo de la derecha educativa (Axia) y el Departament d'Educació, y presentan el panorama de agresiones múltiples contra el director, ya está todo más claro. El objetivo de la denuncia y del juicio es criminalizar al Sindicat d'Estudiants utilizando un aspecto sensible como la violencia en las aulas, mezclando este aspecto con los derechos democráticos de los estudiantes.
La sentencia tiene fecha de 26 de agosto, tres meses después del juicio, cuando lo normal suele ser que esté en dos o tres semanas. Pero lo más sorprendente es cómo nos enteramos de la sentencia.
A finales de septiembre en una reunión del Consejo Escolar del Estado nos enteramos casualmente de que ya hay sentencia. El Consell Escolar Municipal de Barcelona nos comunica lo mismo y que el conseller por el Sindicat d'Estudiants (Aniol) no podrá participar en los plenarios porque Damián Montes, el director, también es conseller. Y también nos llega, indirectamente, por un director de un instituto.
Es decir, el director, el Departament d'Educació y AXIA tuvieron conocimiento de la sentencia de forma inmediata, y se pusieron manos a la obra: tratar de echarnos del Consell Escolar Municipal, y difundirla entre los directores para impedir nuestro acceso a los institutos. El 22 de octubre, tuvimos que presentarnos en el juzgado para pedir la sentencia, porque ¡aún no nos había llegado!
Ahora, en aquellos centros en los que el director/a sea un reaccionario, si esta sentencia no es revocada, tendrá una nueva herramienta para impedir que el Sindicat d'Estudiants acceda al centro o cualquier estudiante del mismo quiera realizar una asamblea: llamar a la policía, presentar una denuncia por agresión y llevarnos a juicio. En esa misma línea está la intención del gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid de aprobar una ley que haría que la palabra de cualquier profesor (y siempre puede haber un profesor reaccionario en un instituto) tenga el carácter de "prueba irrefutable". Es evidente que la sentencia en Catalunya es una avanzadilla en un intento general de involución de los derechos democráticos de los estudiantes.

La represión no nos detendrá

No es la primera vez que nos tratan de reprimir a través de sentencias y juzgados. En el año 2006 se ilegalizó una manifestación convocada por el Sindicat d'Estudiants en Barcelona, con la excusa de que estábamos en  periodo de campaña electoral. Esto tuvo un gran impacto mediático y social. El recurso que presentamos al Tribunal Constitucional lo ganamos, dándonos totalmente la razón y derogando la ilegalización de la manifestación. Ahora no vamos a quedarnos de brazos cruzados, ya hemos presentado un recurso a la sentencia. Hay que convertir este ataque al Sindicat d'Estudiants en una campaña de defensa de los derechos democráticos en los centros de estudio, para echar atrás la sentencia, detener la represión y evitar que juicios farsa como éste se vuelvan a dar.