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La defensa de la enseñaza pública, incompatible con cualquier compromiso con la derecha

La defensa de la enseñaza pública, incompatible con cualquier compromiso con la derecha

En las últimas semanas desde diferentes ámbitos del gobierno se ha insistido en la necesidad de impulsar un "gran pacto educativo". Poco se sabe del contenido y de las medidas concretas que incluiría. Lo que sí está claro es cuál es el modelo del PP, principal partido al que va orientado el ofrecimiento del gobierno.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal ya ha manifestado claramente sobre qué bases es posible ese pacto: "Queremos un modelo único y común, vertebrador para toda España, garantizar la igualdad de todos (...), garantizar la libertad de los padres de elegir la educación que quieren y buscar la mejora de la calidad (...) y la recuperación de valores como el esfuerzo y el mérito", toda una muestra de la demagogia que la derecha siempre utiliza para justificar la privatización de la enseñanza pública a través de la concertación (para mantener la "libertad de elección de los padres"), el endurecimiento de la selectividad (a través de sistemas de evaluación que mejoren la calidad) y la expulsión de miles de jóvenes del sistema educativo por falta de recursos económicos, con la introducción soterrada de los itinerarios educativos, etc. (en pro de valores como el esfuerzo y el mérito).

Campaña histérica sobre
la violencia juvenil

Paralelamente a este debate en el último mes se ha dado una vuelta de tuerca a la campaña de criminalización de la juventud, fundamentalmente en aquellas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, como Madrid y Valencia. Acontecimientos puntuales como los enfrentamientos entre jóvenes y policías en las fiestas de Pozuelo de Alarcón, fruto de una provocación policial, están siendo utilizados como marco ideológico para justificar las medidas represivas como las anunciadas por Esperanza Aguirre. En principio éstas se aplicarán sólo en la educación pública, como es el caso de la Ley de Autoridad del Profesor, que da categoría de "autoridad pública" a los profesores, como sucede con los jueces o policías, con las consiguientes implicaciones penales en caso de una supuesta agresión (que pueden conllevar penas de hasta cuatro años de prisión), así como la presunción de veracidad del profesor en caso de versiones contradictorias. Posteriormente, y en la misma línea, ha propuesto volver a poner tarimas para los profesores en las clases, treinta años después de su eliminación.
Toda una campaña ideológica sin demasiada relación con la realidad. En contraste con los programas sensacionalistas y las constantes noticias a cerca de un supuesto aumento de la violencia escolar que llenan periódicos y telediarios de forma cotidiana, tenemos los estudios realizados al respecto. Por ejemplo en el último informe del Defensor del Pueblo sobre violencia escolar (2007),  Violencia escolar: el maltrato entre iguales en la educación secundaria obligatoria, 1999-2006. Nuevo estudio y actualización del Informe 2000, podemos leer, entre otras cosas, lo siguiente:
"El panorama del maltrato entre iguales por abuso de poder ha mejorado en estos años, en que la incidencia del maltrato ha tendido claramente a disminuir, especialmente en aquellas conductas abusivas más frecuentes y menos graves. Las modalidades más graves de amenazas se mantienen en niveles similares a los de 1999.
"La incidencia de los conflictos de los alumnos y alumnas hacia el profesorado y de éste hacia los estudiantes no ha aumentado ni disminuido en los últimos siete años. Tampoco ha variado la frecuencia relativa con la que, según los jefes de estudios, se producen estos conflictos.
"Por lo que respecta al comportamiento de los estudiantes hacia el profesorado, lo más frecuente son los insultos. La "agresión física indirecta" (destrozo de enseres de los docentes) y los "rumores dañinos" son también conductas que los jefes de estudios identifican con bastante frecuencia. Los "robos" y la "intimidación mediante amenazas" lo son menos, y las "agresiones físicas directas" son poco frecuentes.
"Conviene hacer una llamada de atención a administraciones e instituciones relacionadas con la educación, y también a los medios de comunicación, a fin de que extremen el ejercicio de su responsabilidad a la hora de presentar y difundir datos relacionados con la violencia escolar, evitando la generación de estados de preocupación o alarma social entre los ciudadanos, que en ningún caso benefician al buen desenvolvimiento de nuestro sistema educativo" (el énfasis es nuestro).

Deterioro de las infraestructuras

Y es que este es el objetivo central de la campaña mediática desatada en torno a una supuesta violencia escolar, convertirla en el pretexto ideal para continuar la política de ataques a los derechos democráticos y sobre todo, desviar la atención del problema de fondo de la educación pública que es, en definitiva, la falta de inversión, algo que a tan sólo unas semanas del inicio de curso ha quedado de nuevo patente, con más de 3.200 barracones en institutos poblando todo el estado, aulas prefabricadas que en muchas ocasiones no cuentan con calefacción, etc.. Estos, y no otros, son los verdaderos problemas de la educación pública. Y la inversión es la solución, y no otra, a esta situación de aulas sin acondicionamiento, de falta de plazas en guarderías públicas (30.000 no admitidos este año tan sólo en la comunidad de Madrid), centros que se caen (como sucedía el pasado 28 agosto en un centro infantil de Móstoles recién reformado cuyo techo se desmoronaba) y un largo etcétera al que, por desgracia, año tras año asistimos en estas fechas de inicio de curso.
Una verdadera política de izquierdas en el terreno educativo es la única base para una mejora de la calidad educativa. Sin embargo, y a pesar de los elocuentes discursos del gobierno del PSOE sobre la importancia de la educación como inversión de futuro y alternativa al modelo productivo, desarrollando la inversión en educación y en I+D+I, los presupuestos generales presentados para el año 2010 poco tienen que ver con estas aspiraciones, con un pírrico 3,4% de aumento en educación, 3.089 millones de euros en total, una cifra irrisoria al lado de los 150.000 millones de euros puestos a disposición de la Banca en el último año. Pírrico sobre todo teniendo en cuenta que ese 3,4% de aumento corresponde exclusivamente a los 100 millones destinados a la dotación de ordenadores portátiles a los centros de estudio, en la práctica una congelación del gasto educativo. En resumen, mucho ruido y pocas nueces en estos nuevos presupuestos que, entre otras cosas, contemplan una reducción del 15% en el presupuesto para el Ministerio de Ciencia e Innovación, concretamente un 3,1% menos para investigación.
Y es en este contexto en el que el gobierno de Zapatero intenta un pacto por la educación con la derecha, un pacto que en la práctica pasaría por aceptar recortes en los derechos democráticos, privatización de la educación pública, etc. Este es el único pacto que el Partido Popular está dispuesto a firmar, un pacto contra la educación pública. Ese no es el pacto que necesitamos las familias obreras, lo que es necesario es un aumento drástico de la inversión de la enseñanza pública, en becas y que revierta el proceso de privatización que ha habido en los últimas décadas, así como garantizar que los conocimientos adquiridos se concreten en un puesto de trabajo fijo y digno al terminar los estudios.