Imprimir

Los estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Compostela nos enterábamos en el mes de noviembre, a través de la prensa, que nuestra facultad sería el próximo "banco de pruebas" en la aplicación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), siendo la primera del Estado español en homologarse a la nueva normativa.

Los estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Compostela nos enterábamos en el mes de noviembre, a través de la prensa, que nuestra facultad sería el próximo "banco de pruebas" en la aplicación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), siendo la primera del Estado español en homologarse a la nueva normativa.

Poco después el decanato se embarcaba unilateralmente en la redacción del nuevo plan de estudios en sesión maratoniana de dos días, dando la espalda al conjunto de la comunidad educativa y eludiendo el mecanismo de elaboración.
El nuevo enfoque de la carrera supone la desaparición de la disciplina para convertirnos en meros gestores de los intereses empresariales, así como la privatización del posterior curso de especialización
Inmediatamente la indignación se extendió entre la mayoría de los estudiantes que se declararon en huelga indefinida hasta la retirada del plan. La facultad fue literalmente tomada por los alumnos, que día tras día participaban de forma masiva en la preparación de la respuesta a tremenda agresión contra la enseñanza pública.
Se paraliza la actividad de la facultad con un éxito rotundo de los piquetes y diariamente se celebran asambleas para encauzar la lucha, llevando a cabo una importante tarea: informar y dar a conocer el conflicto en toda la USC. Pronto despertamos la simpatía del resto de facultades que nos acompañaban solidariamente en cada actuación, percatándose de que en cualquier momento podría ocurrir algo semejante en otras titulaciones.
A la vez se extendía una amplia condena hacia la actitud caciquil y oscurantista del decanato en la gestión de la facultad, que mantenía una Junta en funciones sin la obligatoria renovación de los representantes de alunmos a pesar de que ya se celebraran nuevas elecciones (con resultados menos favorables a sus intereses).
Entre tanto, durante los 17 días que el estudiantado permaneció en huelga, las instituciones universitarias se concentraron en legitimar el proceso de redacción del plan de estudios sacando a la luz reglamentos internos elaborados para la ocasión, en respuesta a la enorme presión recibida por las constantes movilizaciones del conjunto de la USC y su desprestigio profesional en los medios de comunicación.
Finalmente, y tras días de intensas "negociaciones" y revisiones de contratos de profesores, el borrador superó el primer paso en la Junta de Facultad con un irrisorio margen de dos votos, demostrando el descontento de docentes y alumnos.
La rabia y la desesperación inundaron por un instante el ánimo del movimiento pero pronto comprendimos que la batalla no se ganaría en un despacho sino en la calle.
Ciencias Políticas no es un caso aislado. El mismo cambio experimentarán todas las universidades españolas en 2 o 3 años. El llamando Plan Bolonia busca la subordinación de la enseñanza superior a las demandas capitalistas y la progresiva elitización de la educación dejando fuera a miles de estudiantes hijos de trabajadores con la excusa de una supuesta homologación con Europa.
La estrategia para su implantación es atacar facultad a facultad con el fin de evitar que los estudiantes confluyamos en la lucha. Nuestro éxito pasa por extender la defensa de una enseñanza pública y de calidad al resto de los campus y a enseñanzas medias, implicando a profesores, personal administrativo y, por supuesto, a los sindicatos obreros.
Desde el Sindicato de Estudantes venimos recalcando que el siguiente paso, además de la vía judicial, es organizar una huelga general en toda la USC, obligar al BNG y al PSdG a posicionarse, y reclamar el apoyo de CIG, CCOO y UGT.
Se trata de un grave ataque a los derechos sociales por los que tanto hemos luchado, al hilo de un proceso de recortes en el Estado de Bienestar, y al que tenemos que responder de forma conjunta y contundente para lograr una universidad pública planificada democráticamente en beneficio de la mayoría de la sociedad.