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A finales de marzo, el gobierno presentará su anteproyecto de ley para una nueva reforma educativa. Pensamos que estamos ante una oportunidad histórica para conseguir una educación pública, democrática, laica y de calidad, en beneficio de los hijos d A finales de marzo, el gobierno presentará su anteproyecto de ley para una nueva reforma educativa. Pensamos que estamos ante una oportunidad histórica para conseguir una educación pública, democrática, laica y de calidad, en beneficio de los hijos de los trabajadores. Ya sabemos que no habrá ni reválida, ni prueba de acceso por universidad y que la religión no será obligatoria. Sin embargo, entre otras cosas, mantienen la actual selectividad cuyo único objetivo es impedirnos el acceso a la universidad, en lugar de construir las plazas públicas necesarias; no han derogado la LOU, tal y como Zapatero había prometido, y han aprobado la contrarreforma de los planes de estudio de la universidad que supondrá otro duro obstáculo para que los hijos de los trabajadores podamos alcanzar un título universitario. Pero no sólo esto.

¿Qué necesita la educación pública?

La derecha y la jerarquía católica tratan por todos los medios de presionar al gobierno para que no de ningún paso contrario a sus intereses. No es cierto que la derecha sea fuerte y que por tanto tengamos que evitar “provocarles”. Cuando los jóvenes y los trabajadores nos movilizamos, estos elementos se encuentran socialmente aislados. Pero la debilidad invita a la agresión: si lejos de acabar con sus privilegios, el gobierno les da cancha... se crecerán. Si la derecha y la Iglesia tratan de movilizarse para defender sus privilegios o tratan de frenar cualquier medida progresista, el gobierno debería apoyarse en las organizaciones de izquierdas para rechazar este chantaje. Desde luego el Sindicato de Estudiantes respondería contundentemente.

El Ministerio tiene que ir más allá: hay que sacar la religión de las aulas y terminar con el negocio de los empresarios de la privada-concertada. Sin embargo, Alejandro Tiana, el número dos del MEC, ha afirmado que no se va a suprimir ningún concierto educativo, que de lo que se trata es de encontrar el equilibrio entre ambas redes, mientras que, por ejemplo, la Generalitat de Catalunya, gobernada por el tripartito, este curso a destinado 780 millones de euros a la privada-concertada, 90 millones de euros más que el curso anterior. Desde luego no es ese el camino. Con una educación pública de calidad, con recursos, medios y servicios suficientes, ninguna familia obrera matricularía a sus hijos en la concertada y, por tanto, adiós al negocio de los empresarios. Por eso, la existencia de la concertada requiere de la degradación de la pública. Buscar el “equilibrio” entre ambas redes sí que es imposible.

Hace falta más inversión pública

Las buenas palabras no sirven para mejorar la calidad de la enseñanza pública. Necesitamos recursos. Sólo con un aumento drástico de la inversión en la educación pública podremos dotar a nuestros institutos de los medios materiales necesarios: reparar los institutos, combustible para la calefacción, más profesores para reducir el número de alumnos por aula, ordenadores para todos, psicólogos, material didáctico... El Ministerio ha anunciando distintas medidas, pero si las quieren llevar adelante tendrán que gastar dinero. Sin embargo, ya han asegurado que no habrá una Ley de Financiación. La explicación que dan es que cada comunidad autónoma tiene competencias para hacer lo que quiera con el dinero que reciben. ¿Van a permitir que las comunidades gobernadas por la derecha despilfarren el dinero que tendría que destinarse a la educación pública en nuevos conciertos... o lo que les venga en gana? Hasta la medida más progresista se convertirá en una trampa si no tiene inversión. Así, en lugar de diversificación curricular, desdobles y “atención a la diversidad” tendríamos segregación de alumnos en itinerarios encubiertos y en lugar de “centros preferentes” en las zonas con más problemas, centros gueto donde se almacenen a los estudiantes con más dificultades.

Realmente lo que necesitamos es un Plan extraordinario de financiación de la enseñanza pública. ¡Qué se atreva un gobierno autonómico a no invertir ese dinero en la educación pública! Padres, profesores y estudiantes nos echaríamos encima de ellos. Necesitamos alcanzar en esta legislatura el 7% del PIB en la educación pública y, para cubrir la degradación que ha sufrido en estos últimos años, un Plan Extraordinario de Inversión, durante dos años, de 6 mil millones de euros para la educación pública.

Referéndum en los institutos

A pesar del “talante” y los continuos llamamientos al diálogo, la verdad es que, por ahora, la voz de los estudiantes no se está teniendo en cuenta. Desde el Sindicato de Estudiantes estamos realizando una campaña de información en todos los centros. Tenemos que conseguir que todos nuestros compañeros sepan lo que nos jugamos. Para ello tenemos que distribuir miles de panfletos, poner carteles, organizar Asambleas informativas y Debates. Para todo esto hay que organizar en todos los centros Comités en Defensa de la Escuela Pública para llevar a delante todas estas actividades. En la primera semana de Marzo vamos a organizar en los institutos de todo el Estado referéndums sobre qué reforma educativa exigimos los estudiantes para que antes de que el gobierno haga público su anteproyecto no haya ninguna duda de lo que los estudiantes demandamos.

Si tenemos que movilizarnos contra este nuevo proyecto del gobierno no lo dudaremos: por eso es imprescindible informar y organizarnos desde YA. O el gobierno del PSOE gobierna para satisfacer los intereses de los jóvenes y trabajadores a los que debe estar en el poder, o de lo contrario se encontrará con el movimiento estudiantil dispuesto para luchar por una educación pública de calidad, democrática y laica.

Juanjo López

Secretario general del SE