Imprimir

La ley de extranjería y el conjunto de normas especiales contenidas en otras leyes, niegan o recortan los derechos y someten a un trato discriminatorio a las personas en función de su origen nacional; situación especialmente grave para quienes se encuentran en situación ‘irregular'.

La ley de extranjería y el conjunto de normas especiales contenidas en otras leyes, niegan o recortan los derechos y someten a un trato discriminatorio a las personas en función de su origen nacional; situación especialmente grave para quienes se encuentran en situación ‘irregular'.
Con ello desde el Estado burgués se convierte a las personas migradas en inferiores en el plano jurídico y social, permitiendo y fomentando su explotación laboral. Mientras las condiciones de vida de los trabajadores inmigrantes son cada vez más difíciles, las administraciones siguen primando la inversión en control policial frente a la inversión destinada a gasto social.
Desde la aprobación de la primera Ley de Extranjería en 1985, han establecido requisitos cada vez más difíciles, a veces imposibles de cumplir, para establecerse legalmente en el Estado español. Se han implantado leyes para convertir la entrada en un calvario y para dificultar la permanencia, tanto a través de la privación de derechos como a través del acoso policial: controles de documentación discriminatorios, detenciones arbitrarias, internamiento y expulsiones en condiciones que vulneran cualquier tratado burgués internacional en materia de asilo y derechos humanos.
Así sucede que cada ‘éxito' proclamado por el gobierno sobre la reducción de entradas clandestinas en el Estado español es pagado por la clase obrera inmigrante con miles de muertos en el mar, el desierto, los barrios de las ciudades costeras del norte de África, las playas de Andalucía y Canarias.
La Administración y los partidos burgueses continúan alimentando los discursos que tratan la inmigración y a los inmigrantes como un problema, omitiendo que a su costa decenas de miles de empresarios se han forrado. Se trata al inmigrante como enemigo peligroso, probable terrorista, invasor y de esta forma se intenta provocar el miedo y la inseguridad para justificar políticas represivas que aseguren una población dócil y sumisa. Esta política persigue la marginación consciente en el plano social, laboral, educativo, de vivienda, etc. Mientras los dirigentes de los partidos de izquierdas y de CCOO y UGT hacen todo menos un llamamiento a la organización y a la lucha unitaria de la clase obrera nativa e inmigrante.

Algunas reivindicaciones de esta movilización

1) Regularización inmediata para todos y garantías a la residencia y vida en familia a través de la apertura de un Proceso de Regularización que garantice el permiso de residencia y trabajo para todas las personas "sin papeles", sin condicionarlo a la existencia de un contrato de trabajo previo.
2) Adaptación a la realidad de los requisitos para acogerse al arraigo social: reducción a un año el tiempo de estancia exigido; concesión del arraigo a quien tenga una orden de expulsión por causas administrativas; eliminación del requisito de poseer un contrato de trabajo si se acredita oferta de empleo de seis meses, haber ejercido actividad laboral o poseer medios de vida suficientes; etc.
3) Arraigo laboral a quienes acrediten la existencia de una o varias relaciones laborales que sumen un periodo igual o superior a seis meses.
4) Flexibilizar los requisitos para la tramitación de la reagrupación familiar en relación a las condiciones económicas y de vivienda. Reconocimiento a los familiares reagrupados del derecho a trabajar.
5) Paralización de la contratación en origen de trabajadores temporeros, ya que es un chantaje que ata a los trabajadores al tajo impidiendo cualquier libre movimiento fuera del lugar de trabajo. Además se basa en una selección en origen en base a la ‘docilidad', impidiendo de hecho la actividad sindical.
6) Aumento significativo de los recursos para garantizar el acceso a la información y una respuesta ágil y eficaz a los trámites administrativos que afectan a los inmigrantes. Garantizar una asistencia real de los letrados del turno de oficio.
7) Cese de la represión y depuración de los elementos policiales racistas. Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros.
8) Paralización inmediata de toda actuación arbitraria en relación a los controles de documentación, detenciones, secuestro de pasaportes y expulsiones, especialmente en el caso de los menores de edad. Prohibición de iniciar expedientes de expulsión a quien denuncie irregularidades laborales, abusos policiales o agresiones xenófobas, así como a las víctimas de la violencia de género o a quien sufra cualquier tipo de violación de sus derechos fundamentales.
9) Igualdad de derechos. Garantizar el derecho de sufragio activo y pasivo para los inmigrantes, así como el ejercicio de todos los derechos laborales, sociales, civiles y culturales en pie de igualdad con los nativos. Derogación de toda legislación discriminatoria actual y entre ella la Ley de Extranjería.

(Resumen del manifiesto convocando de la manifestación del 23 de febrero por la Red Andaluza por los Derechos de los y las Inmigrantes, REDI)