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El 19 de junio se cumplía un año de la histórica derrota de Fraga en las urnas. Como balance de este periodo Touriño, presidente de la Xunta, enfatizaba en lo positivo del “cambio de talante” de la Xunta. El semanal nacionalista A Nosa Terra (nº 1.22 El 19 de junio se cumplía un año de la histórica derrota de Fraga en las urnas. Como balance de este periodo Touriño, presidente de la Xunta, enfatizaba en lo positivo del “cambio de talante” de la Xunta. El semanal nacionalista A Nosa Terra (nº 1.224) realizaba una entusiasta valoración del nuevo Gobierno, aunque tan sólo podía señalar tres aspectos positivos: la disolución de fundaciones sanitarias privadas de cuatro concellos, la desaparición de las cámaras agrarias y el compromiso del Gobierno central de crear la confederación hidrográfica del Miño-Sil, con sede en Galiza. El entusiasmo parece excesivo si tenemos en cuenta que los graves problemas que padece la clase trabajadora gallega no han mejorado un ápice. Vayamos por partes.

Sanidad

Las listas de espera, la insuficiencia de personal y la deficiente atención al rural, son graves problemas en Galiza que sólo pueden ser resueltos sobre la base de un incremento drástico del gasto sanitario. El anuncio de la disolución de cuatro fundaciones privadas (que en la práctica parasitaban el sistema público, SERGAS) y su integración en la red pública es un paso adelante. No obstante, queda mucho por hacer. Otros centros privados deben ser incluidos también en la red pública.

La reducción drástica de las listas de espera, promesa electoral del bipartito, no se ha producido.

Vivienda

En ciudades obreras como Vigo y en municipios de la costa, el precio de la vivienda se ha disparado. Sólo la construcción de vivienda social pública, sobre la base de la municipalización del suelo privado y la expropiación de las constructoras podría revertir esta situación. En lugar de esto, la nueva Xunta ha reabierto la “bolsa de alquiler” que heredó de Fraga, empleando el mismo sistema inaceptable de trasvasar fondos públicos a manos de los propietarios de pisos para abaratar los alquileres.

Educación

La política de la Xunta ha sido aquí especialmente negativa. El bipartito empezó su andadura concertando más unidades de infantil, incumpliendo su promesa de crear plazas públicas en ese tramo y termina el año construyendo barracones, en lugar de aulas en condiciones, en la periferia de Compostela, a pesar de las movilizaciones de la comunidad educativa. Entre tanto, fomenta la aplicación de los planes de Bolonia en la universidad, se enfrenta a movilizaciones en Coruña por la implantación de los reaccionarios “centros integrados” de FP y se enfrenta a los profesores interinos que van a la huelga en protesta por la precariedad laboral.

El 22 de mayo, en una entrevista de La Voz de Galicia a la Conselléira de Educación, mostraba su apoyo a la educación privada “que hace una gran labor en Educación Especial”.

Empleo y condiciones laborales

El desempleo ha descendido en los últimos meses, pero sigue por encima de la media estatal. Cada año 20.000 jóvenes se ven obligados a emigrar para trabajar. Cortar esta auténtica sangría fue una de las principales promesas electorales de PSdeG y BNG. Nada ha cambiado todavía.

En realidad, acabar con el desempleo y la emigración requeriría un intenso plan de industrialización de Galiza, especialmente del interior. Y esto sólo es posible con una política decidida por parte de la Xunta, destinada a crear industria pública, con buenas condiciones laborales. Éstas siguen caracterizadas por una enorme precariedad laboral, especialmente entre la juventud, y por muy bajos salarios.

Recientemente han aparecido informes en la prensa que reflejan las condiciones laborales en el textil en Galiza. Las “rematadoras”, son un ejército de mujeres que acaban en sus casas las prendas de las grandes firmas de moda, por 2,5 euros la hora; menos que en Polonia o Estonia. Aquí la precariedad llega hasta el 80%, lo que explica que Inditex, una vez más haya aumentado su beneficio un 20% en el último trimestre fiscal.

Derechos

democrático-nacionales

La Xunta no ha hecho una sola mención al derecho de autodeterminación de Galiza ni ha adoptado medidas para potenciar el gallego. Tanto es así que la Mesa pola Normalización Lingüística ha anunciado que denunciará a la Xunta ante el Consejo de Europa por obstaculizar el uso del gallego. Y la inacción de la Xunta no es producto de que haya poco que hacer: el 2 de junio la prensa publicaba el caso de una pontevedresa despedida de una gestoría por hablar gallego.

El Estatuto de Galiza

A finales de este mes empezará en el Parlamento gallego las negociaciones sobre la elaboración del nuevo Estatuto de autonomía. PSdeG y BNG han llegado ya a un acuerdo y están impacientes por que se apruebe. El documento firmado se centra en la definición del “carácter nacional de Galicia”, el aumento de competencias, el establecimiento del gallego como lengua oficial y el deber de conocerlo, una mayor autonomía fiscal y la reclamación del incremento del gasto estatal en infraestructuras hasta el 8% del PIB.

Con respecto a la mayor autonomía fiscal, si bien los marxistas estamos a favor de la máxima autonomía para las nacionalidades oprimidas, ponemos el énfasis en los aspectos de clase, esto es: de dónde saldrán y a dónde irán a parar los impuestos, que es el punto central, frente a quién los recauda. Para la clase obrera lo determinante es que el peso de la política impositiva recaiga sobre las grandes fortunas y que lo recaudado sea empleado en mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.

Por lo demás, este acuerdo no dice ni una palabra del derecho de autodeterminación, ni habla de una política a favor de los trabajadores que debe pasar por resolver los problemas laborales, sanitarios, educativos y habitacionales antes mencionados.

El bipartito habla de que se trata de un estatuto de mínimos, que, como afirmó Aymerich, portavoz del BNG, tiene “vocación de apertura y de que el PP se pueda sumar”.

Cualquier estatuto asumible por el PP no va suponer ninguna mejora para la clase trabajadora gallega y en consecuencia es un Estatuto que no vale la pena. El hecho de que para su aprobación en el parlamento gallego se precisen dos terceras partes de los votos (y que en consecuencia el voto del PP sea imprescindible para su aprobación) no es excusa. ¿Qué problema habría si el PP vota en contra del Estatuto? Si el estatuto tuviera un claro carácter para mejorar las condiciones de vida de la clase obrera y la juventud, si plantease la creación de decenas de miles de viviendas sociales, el aumento drástico de los salarios, la mejora de la sanidad pública, la inversión del 8% del PIB para la educación pública, el derecho de autodeterminación, etc., sin duda los jóvenes y los trabajadores gallegos responderían contundentemente, si fuera necesario con la movilización, al PP. Esa es la fuerza en la que se debería basar un Xunta de izquierdas.

Por un giro a la izquierda

El BNG sigue su particular deriva hacia posiciones moderadas. El 12 de junio La Voz de Galicia titulaba así un artículo: “Quintana [secretario general del BNG] ofrece a los empresarios complicidad para hacer ‘una Galicia fuerte”. Los intentos de la dirección del Bloque de ganarse a un sector del empresariado gallego sólo pueden conducir al fracaso o al total abandono de una política en beneficio de la clase obrera.

Algunos sectores del Bloque insisten en que habrá un cambio radical, pero que éste ha de venir poco a poco porque la gente “se asusta de cambios bruscos” y “en el rural se opondrían”. Este análisis no es válido por dos razones: uno, porque una genuina política socialista arrastraría sin duda a los estratos más humildes del campo gallego hacia la izquierda y dos, Galiza se ha trasformado de arriba abajo en los últimos veinte años, en los que las ciudades han ganado mucho peso en relación al campo.

Por otro lado está la cuestión de los recursos. Es imposible cambiar la realidad social de la mayoría sin recursos y es imposible obtener recursos sin afectar a los cimientos del injusto sistema capitalista. En 2004 las conserveras aumentaron su ganancia en un 45%, Inditex un 20% hasta abril, tras crecer un 143% entre 2000 y 2004; Fenosa un 119% en 2005 y Endesa nada menos que un 154% en el mismo período.

No se puede hacer una política que se pretenda de izquierdas con las palancas fundamentales de la economía en manos privadas, de una minoría de la sociedad. Galiza es potencialmente rica y próspera socialmente, pero eso pasa por la transformación socialista de la sociedad, una lucha ligada al resto de la clase obrera del Estado y del mundo.