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La ilegalización por parte del Tribunal Supremo de la candidatura a las elecciones europeas Iniciativa Internacionalista es un absoluto escándalo, un recorte drástico más de los derechos democráticos que demuestra fehacientemente que la Ley de Partidos, como se ha explicado una y otra vez desde las páginas de El Militante, es un ataque al conjunto de la clase trabajadora en todo el Estado.

 

La ilegalización por parte del Tribunal Supremo de la candidatura a las elecciones europeas Iniciativa Internacionalista es un absoluto escándalo, un recorte drástico más de los derechos democráticos que demuestra fehacientemente que la Ley de Partidos, como se ha explicado una y otra vez desde las páginas de El Militante, es un ataque al conjunto de la clase trabajadora en todo el Estado.

Basta mirar la lista de miembros que componen dicha candidatura para verlo: Alfonso Sastre (premio nacional [español] de teatro), Doris Benegas (política castellana), Josep Garganté Closa (sindicalista de la CGT), Zésar Corella Escario (político aragonés), Ángeles Maestro Martín (ex diputada de IU y fundadora de Corriente Roja) y Xosé Luis Mendez Ferrín (poeta gallego, propuesto en 1999 para el Nóbel de Literatura), Juan Ignacio Orengo (Comisión Ejecutiva del Metal de CCOO de Sevilla), Antonio Sardá Artiles (Confederación Intersindical Canaria), Gloria Pérez Berrocal (programadora de Radio Nacional de España y miembro del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe) y Alicia Pérez Herranz (actriz que, entre otros, interpreta el papel de Valentina en la serie «Cuéntame» de TVE).

Por primera vez se ilegaliza una candidatura estatal formada por dirigentes de distintas organizaciones a los que la burguesía denomina habitualmente como "extrema izquierda". Con los mismos argumentos podrían ilegalizar El Militante, el Sindicato de Estudiantes, el Sindicato de Obreros del Campo y muchísimas organizaciones más. El Tribunal Supremo, el Constitucional, la Audiencia Nacional dictan sentencias a la carta sin necesidad de demostrar nada. Basta con indicios basados en informes policiales y sospechas por coincidencias puntuales entre personas o conversaciones en las cárceles entre presos y familiares para llevar a cabo medidas tan drásticas como ésta.

La democracia burguesa esconde bajo una piel cada vez más fina la dictadura del gran capital. Los consejos de administración de la gran banca y el gran capital a los que la clase trabajadora no tenemos acceso mueven los hilos del gobierno, la justicia burguesa, la prensa burguesa y los medios de comunicación, el ejército y la policía etc. Al Gobierno no le queda otro papel que el ser  un Comité Ejecutivo al servicio de los intereses de la clase dominante.  Y si no es lo suficientemente ágil en la aplicación de las medidas que esta demanda será atacado duramente y sustituido por otro más afín.

Con la excusa de la lucha contra el terrorismo se ha endurecido el código penal y se han recortado derechos fundamentales como la libertad de asociación, expresión, manifestación, etc.; derechos conquistados por la clase trabajadora tras la caída de la dictadura franquista. Este fenómeno se ha dado en todos los países capitalistas avanzados, particularmente tras los atentados contra las torres gemelas en los EEUU.

La clase dominante recorta los derechos democráticos consciente de que se enfrenta a una época turbulenta de conflictos sociales agudizados por los efectos de la crisis económica, el aumento del paro, la pobreza, los desahucios de familias obreras; mientras, en el otro extremo de la sociedad, se ponen 220.000 millones de euros a disposición de la gran banca y  la patronal.

La lucha por los derechos democráticos y la lucha por el socialismo es una y la misma lucha

Exigimos al Gobierno del PSOE  la derogación inmediata de la Ley de Partidos y de todas las leyes que, con la excusa del terrorismo, han profundizado el recorte de los derechos democráticos.

Exigimos la más amplia libertad de expresión, reunión, asociación y manifestación extendiéndola incluso a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.  Que entren los derechos democráticos en los cuarteles y se limpien de elementos fascistas.

Basta de ilegalizaciones. Por el derecho de autodeterminación de las nacionalidades históricas del Estado español. Por la unidad de la clase trabajadora por encima de fronteras nacionales. Por una Federación socialista de nacionalidades ibéricas, una federación socialista europea y mundial.