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El 20 de enero la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) dio toda una campanada. Nada más y nada menos que 3.000 guardias civiles, pertenecientes al cuerpo de seguridad del Estado históricamente más reaccionario, se plantaron vestidos de uniforme en la Plaza Mayor madrileña para exigir "¡Derechos Ya!". Exigían al gobierno cumplir sus promesas electorales y la desmilitarización del cuerpo.

El secretario general de la AUGC, Joan Miquel Perpinyà, denunciaba en el comunicado final la falta de derechos fundamentales. Entre las perlas que se pueden encontrar a día de hoy en su régimen disciplinario está, por ejemplo, que la "tibieza o disgusto ante una orden" pueda ser motivo de sanción. No es de extrañar entonces que, como han denunciado, en los últimos diez años haya habido 46.900 guardias expedientados, 356 condenas por tribunales militares, 200 ingresos en prisiones militares, 17.000 bajas psicológicas y 438 intentos de suicidio. Una demostración de la podredumbre de este cuerpo.
Una semana antes de la protesta el Consejo de ministros aprobó un anteproyecto de Ley del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, en el que se plantea que el Código Penal Militar sólo se aplicará cuando estén realizando misiones militares, en caso de guerra o estado de excepción. Además, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunciaba que se está preparando la ley de derechos y deberes de guardias civiles; eso sí, dejando claro que no se reconocerá el asociacionismo reivindicativo y que "el carácter militar de la Guardia Civil (...) se va a mantener mientras el gobierno PSOE esté en el gobierno".
La AUGC lo rechazó y denunció, entre otras cosas, que este anteproyecto "es de una mayor dureza sancionadora" y "no clarifica en absoluto la no aplicación del Código Penal Militar".
A pesar de las finas maniobras del gobierno e incluso las presiones directas -el diario El País señala (25/01/07): "diputados del PSOE intentaron disuadir a los convocantes para que anularan la manifestación por las consecuencias que podría acarrear"- para "hacerlos recapacitar", convertirlos en "gente razonable" y que desconvocaran la protesta, la jugada les salió mal.


‘Interior sólo escucha a los generales'

Las reacciones no se han hecho esperar. No hay más que ver cómo respondían a las preguntas de los periodistas los altos mandos: "Es lo más grave que ha ocurrido en los últimos años", "inconcebible" o, con todo desparpajo, decía otro: "no le tengo ninguna simpatía a Zapatero, pero resulta intolerable ver a guardias civiles insultar al presidente del gobierno", a este señor parece que no le obligan a cumplir el reglamento por el cual se sanciona a otros y se les exige "neutralidad". Ya sabemos que el doble rasero y la doble moral de la derecha, los militarotes y la jerarquía eclesial no tiene límite.
Pero lo más escandaloso y, sobre todo, lo más peligroso para los trabajadores es la actitud completamente sumisa que ha demostrado el gobierno, a través del ministro de Defensa, José Antonio Alonso, ante la cúpula militar; como en otras ocasiones ha hecho ante la jerarquía de la Iglesia Católica. Ante la ira y la avalancha de críticas por parte de los altos mandos, el ministro afirmó que "no va a tolerar ningún acto de indisciplina" y apoyó la apertura de expedientes a dos de los representantes de la AUGC (de momento) por falta muy grave. Además, como han denunciado desde la asociación en los expedientes "se sugiere la ilegalización de nuestra organización".
Detrás de todo está el miedo, y la sorpresa, de los altos mandos militares, del aparato estatal y de los propios dirigentes reformistas -que nunca abordaron (ni con la victoria aplastante del PSOE en 1982, ni ahora) la depuración del aparato estatal franquista, incrustado de elementos reaccionarios que siguen marcando el paso- ante esta situación y la posibilidad de que se extienda dentro del ejército. Ese "efecto contagio" es lo que les tiene aterrados. No deja de ser sorprendente y, es una muestra más del ambiente de polarización en el que estamos inmersos, que dentro de la Guardia Civil se haya desarrollado durante años, contra viento y marea, una organización semiclandestina con 24.700 miembros (uno de cada tres) y una combatividad demostrada, como es la AUGC. Y es que a más de uno, los pelos se le deben de poner como escarpias al leer en su web cosas como ésta: "La llegada al poder en 1982 de los socialistas significó la desmilitarización de los cuerpos de policía, con la excepción de la Guardia Civil (...) La manipulación de los guardias civiles durante la intentona golpista del 23-F de 1981 fue la máxima expresión de la militarización y la utilización del Cuerpo realizada durante años contra los propios guardias civiles (bajos salarios, ningún derecho, mandos tiránicos, etc.)", señalando claramente quién es el enemigo y la brecha bien definida entre los altos mandos y el resto.

Castigo ejemplarizante

En todo este escenario es muy significativo lo ocurrido con el presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Jorge Bravo. La AUME está reivindicando mejoras salariales y que se aclaren los criterios a la hora de repartir los complementos para no privilegiar a los mandos frente a la tropa. A la vez, tuvieron la osadía de apoyar la manifestación de guardias civiles y Jorge Bravo acudió y habló en ella. Cinco días después ha sido sancionado a un mes y un día de arresto. La excusa son unas declaraciones realizadas por él hace diez meses a raíz del accidente en Afganistán en agosto de 2005, en el que murieron 17 soldados -en dichas declaraciones se hacía eco de la queja de los soldados por el "trato que están recibiendo de sus superiores" y de que tras el accidente "se adoptaron medidas especiales para acallar y limitar la libertad de expresión de los soldados"-, que demostraban el descontento entre la tropa y la necesidad de que los derechos democráticos entren en los cuarteles. Algo que un gobierno de izquierdas debería recibir con los brazos abiertos.
A nadie se le escapa que hay algo más en la decisión ahora de su arresto. En su persona se quiere dar un castigo ejemplar, demostrar mano dura y evitar nuevas protestas. En El País, 25 de enero, un general lo reconocía: "no tenemos más remedio que actuar, puede ocurrir que actos como estos (...) se multipliquen". El ministro Alonso, no sólo ha dado "pleno apoyo en la tarea de restablecimiento de la disciplina" a la cúpula militar, sino que ha dejado la puerta abierta a una nueva sanción. Como ellos mismos han denunciado se trata de un "escarmiento" con el objetivo de "amedrentar".

Depurar el aparato del Estado

El efecto conseguido ha sido el contrario. Ha habido una oleada de nuevas afiliaciones (600) a la AUGC. "No vamos a parar" advertían desde la AUGC, "se están recaudando fondos, (...) se están organizando cajas de resistencia. Los expedientes no han provocado miedo, sino solidaridad. Unos guardias civiles con derechos son lo mejor para la democracia", remataban.
El gobierno del PSOE estaría en las mejores condiciones para, basándose en las sanas reivindicaciones por los derechos democráticos (vistas con enorme simpatía por la clase trabajadora y la juventud) de los sectores más progresistas de la Guardia Civil y del Ejército, dar una batalla seria y depurar de una vez por todas el aparato estatal. Empezando por reconocer los derechos de libertad de expresión, reunión, manifestación y, por supuesto, de organización política y sindical. ¿A quién beneficia el hecho de que los militares (o cualquier miembro de las fuerzas de seguridad del Estado) no puedan organizarse políticamente? En realidad es un mecanismo más de la clase dominante para evitar que penetren en estos cuerpos las ideas de cambio y de transformación social, evitar el contagio de la lucha de clases en el interior de uno de sus pilares más poderosos. Miembros de la AUGC señalaban un punto clave: "estamos advirtiendo a nuestros compañeros de que no respondan a las provocaciones que se están produciendo en los acuartelamientos". Efectivamente, ¿alguien cree que las ideas reaccionarias, y los elementos ultraderechistas no se mueven en el interior de estos cuerpos con total impunidad?
Sólo la organización consciente de los sectores progresistas puede hacer frente a estos elementos reaccionarios. Por eso, es necesario que los trabajadores y la juventud los apoyemos en la justa lucha que llevan por sus derechos democráticos.