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“Pepe Uruñuela ha sido durante más de veinte años el abogado que ha asesorado y defendido a cientos de trabajadores y trabajadoras. Somos igualmente conocedores de sus ideas personales como defensor de las personas más débiles, antimilitaristas, de l “Pepe Uruñuela ha sido durante más de veinte años el abogado que ha asesorado y defendido a cientos de trabajadores y trabajadoras. Somos igualmente conocedores de sus ideas personales como defensor de las personas más débiles, antimilitaristas, de los derechos civiles, de una práctica pacifista de desobediencia civil. Ese conocimiento, personal y directo, de su personalidad y trayectoria vital, nos legitima para proclamar públicamente que nunca ha sido de ETA ni ha estado en su órbita”. Así lo afirmó el miembro del comité de empresa de Potasas, Paco Simón, en la lectura del manifiesto firmado por sindicalistas de otros 23 comités de empresas navarras.

Acusado de pertenencia a banda armada, el abogado laboralista Pepe Uruñuela está siendo juzgado dentro del tristemente famoso sumario 18/98. El argumento esgrimido por la justicia burguesa, en virtud del cual puede sufrir una condena de doce años de prisión, es realmente peregrino: Pepe Uruñuela pertenece a la Fundación Joxemi Zumalabe, una organización de izquierdas que acostumbra a realizar actos de solidaridad con distintos movimientos populares. Esta fundación organizó unas jornadas en las que un ponente habló sobre desobediencia civil. La Audiencia Nacional considera esta fundación un brazo de ETA (lo cual es absolutamente falso) al haberse encontrado en poder de un miembro de ETA una ponencia sobre estas jornadas. La excusa buscada por el aparato represivo del Estado es totalmente carente de sentido ¿si hubieran encontrado a un miembro de ETA un ejemplar del periódico La Razón juzgarían como miembro de esta organización a su director, Luis María Ansón? Evidentemente no. De lo que se trata aquí es de buscar cualquier tipo de excusa, da igual lo ridícula que sea, como en el conjunto del sumario 18/98, para reprimir duramente a quien plantea cualquier tipo de diferencia política con el Estado burgués, de ir un paso más allá en el acoso y la represión. A este punto nos ha llevado el paulatino ataque a los derechos democráticos. Los marxistas nos oponemos a la criminalización de la izquierda abertzale y a cualquier tipo de represión de los derechos democráticos. Leyes como la ley Corcuera y ahora la Ley de Partidos son sólo armas en manos del Estado burgués contra los intereses de la clase trabajadora.

La postura de la izquierda

Es un error capital que el conjunto de la izquierda, tanto sindical como política, permanezca pasiva, cuando no colaboradora como ocurre desgraciadamente con la dirección del PSOE, ante tales ataques que nos devuelven a una situación similar a la que se daba bajo la dictadura franquista. Es el deber de la izquierda a escala estatal caracterizar correctamente estos ataques. No son ataques específicos contra un determinado entorno, sino contra los derechos políticos más básicos, y hay que dar una respuesta contundente y organizada. El juicio a Pepe Uruñuela es el mejor ejemplo del contenido profundamente reaccionario de las leyes que se nos vendieron para luchar contra el terrorismo y que en la práctica son usadas contra la izquierda.