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El 24 de julio un campesino de 39 años, Juan Martínez Galdeano, entra en el cuartel de la guardia civil de Roquetas de Mar (Almería) para denunciar un accidente de tráfico y termina muerto. Esta muerte provoca una gran indignación en el pueblo, con m El 24 de julio un campesino de 39 años, Juan Martínez Galdeano, entra en el cuartel de la guardia civil de Roquetas de Mar (Almería) para denunciar un accidente de tráfico y termina muerto. Esta muerte provoca una gran indignación en el pueblo, con manifestaciones delante del cuartel de la guardia civil llamándoles “asesinos”, protestas ante los juzgados para exigir justicia, convirtiéndose el funeral en una manifestación espontánea una vez más ante el cuartel de la guardia civil.

Cuando se conoce la magnitud de los hechos, que una persona entre en un cuartel de la guardia civil a poner una denuncia, y por lo tanto a pedir amparo, y que termine muerta. Entonces aparece el Director General de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arrache, en su única manifestación pública hasta el momento, para quitar hierro al asunto y minimizar el hecho. Provocando aún más indignación y cabreo, lo que obliga al Ministro de Interior, en un primer momento el que iba a comparecer era el subsecretario, a aparecer urgentemente ante el parlamento, y hace revelaciones que sólo sirven para confirmar aún más la gravedad de los hechos.

La brutal paliza que provocó la muerte del campesino, el uso de armas no reglamentarias, la ocultación de pruebas, la puesta en libertad de los nueve implicados, la “chulería” del teniente al mando y principal acusado, que se enfrenta al fiscal y a sus superiores. Incluso cuando los investigadores encontraron las imágenes donde se ve al teniente utilizando las dos porras no reglamentarias y le preguntan si él conocía la existencia de estas imágenes, llega a responder al comandante instructor que “si hubiera sabido que esas imágenes existían, el vídeo nunca habría llegado a sus manos”. También se ha revelado la existencia de otras dos denuncias por torturas y tratos vejatorios en menos de un año contra este “personajes” y como estas denuncias se archivaron porque fueron investigadas por él mismo. En la última denuncia, febrero de 2005, sacó a un joven de un coche apuntándole a la cabeza con una pistola, le llevó detenido al cuartel donde lo tuvo detenido durante dos días, el padre del joven denunció los hechos en el juzgado de El Ejido porque según él: “el teniente tiene mano mucha mano en el juzgado de Roquetas de Mar”.

Esta noticia que podría resultar “anecdótica” en un país democrático por desgracia no es tan sorprendente. Cada año Amnistía Internacional denuncia la existencia de casos de tortura y malos tratos en el Estado español. Incluso el Relator Especial de la ONU sobre la tortura en su informe sobre su visita a nuestro país en 2003 dice lo siguiente: “La consigna de silencio que rodea el tema y el rechazo de torturas sin investigarlas ha hecho particularmente difícil la necesaria supervisión de la protección y la garantía de los detenidos”. La precisión de los detalles incluidos en las denuncias nos sugieren que estas denuncias “no pueden considerarse meras fabulaciones”.

Tampoco es anecdótico que una vez más la Guardia Civil esté implicada en este tipo de acontecimientos. Debemos recordar que la Guardia Civil fue creada en el siglo XIX precisamente como una organización destinada a las zonas rurales para el control social y político de las masas campesinas que debido a las espantosas condiciones de vida protagonizaban continuamente insurrecciones y además había que proteger las propiedades y privilegios de los terratenientes y caciques locales.

Lo ocurrido en Roquetas de Mar destapa de nuevo la gran claudicación de los dirigentes de los partidos obreros en la llamada “transición democrática” que dejó intacto todo el aparato represor del estado de la dictadura franquista.

Aunque oficialmente no se aprobara una “ley de punto final”, en la práctica, todos los torturadores, represores y fascistas no sólo siguieron en sus puestos sino que en muchos casos (Roberto Conesa; los tristemente hermanos Creix famosos por sus torturas en la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, Calatayud de la Hoz, Jesús Martínez Torres, Eduardo Blanco...) fueron ascendidos. La Brigada Político y Social pasó a llamarse Brigada Central de Información, la Policía Armada se empezó a llamar Policía Nacional, sólo le cambiaron el color de los uniformes, del gris al marrón y ahora azul, el Tribunal de Orden Público se pasó a llamar Audiencia Nacional, manteniendo todas sus prerrogativas, incluido el enjuiciamiento de delitos políticos, el ejemplo más reciente fue la ilegalización de Herri Batasuna.

En el ejército siguieron los mismos elementos del régimen, en los cuarteles se puede encontrar todo tipo de simbología franquista. La Guardia Civil, una institución regida por normas estrictamente militares, siguió intacta y participando durante los años ochenta en intentonas golpistas como el 23-F o la Operación Galaxia, por no hablar de su implicación en los GAL.

La reacción de la opinión pública ha sembrado las luces de alarma en los dirigentes políticos y la burguesía española que rápidamente han iniciado una campaña destinada a convencernos de que se trata de un “hecho aislado”. “No nos dejemos cegar por la gravedad de lo ocurrido”, nos dicen, “no olvidemos a esos guardias civiles que vigilan nuestras carreteras o socorren a los inmigrantes”. En el fondo, lo que se trata es de ocultar cual es el papel de los organismos de represión del Estado ¾ el ejército, la policía y la guardia civil ¾ , que como decía Lenin, en última instancia, “son destacamentos de hombres armados en defensa de la propiedad privada”.

Cualquier trabajador sabe por su propia experiencia de qué lado están estos cuerpos armados en una huelga. No está muy lejos la experiencia de la huelga general del 20-J y la brutal represión contra los piquetes.

También nos lanzan mensajes de tranquilidad: “esto no quedará impune”, “confiemos en la justicia”. Pero después de ver cómo todos los elementos fascistas implicados en las intentonas golpistas de los años ochenta viven una jubilación dorada, cómo los implicados en los GAL están en libertad, cómo los asesinos de los abogados de Atocha están en libertad, o como en el caso de Roquetas, se pone en libertad a los nueve guardias civiles a pesar de estar implicados en la muerte de una persona e incluso supuestamente se “manipula” el informe del forense, quién puede tener confianza en la justicia, no debemos olvidar que la judicatura fue otra institución que quedó intacta y sin depurar después de la dictadura.

Los jóvenes y trabajadores debemos exigir al gobierno que lleve adelante la tarea que no hicieron anteriores gobiernos del PSOE. Debemos exigir no sólo el castigo de los culpables de la muerte de Juan Martínez Galdeano, también debemos exigir la depuración de los elementos fascistas del ejército y la policía, la disolución de la guardia civil, la depuración y expulsión de la judicatura de todos los jueces reaccionarios.

Debemos defender que los derechos democráticos lleguen también a los cuarteles y las comisarías. Debemos defender la existencia de sindicatos en la policía y el ejército para defender tanto sus derechos democráticos, como sus reivindicaciones laborales y salariales. La única forma de eliminar a todos estos elementos fascistas es que sean los propios soldados y policías los que puedan elegir a sus oficiales y suboficiales.

El gobierno dice que debemos tener “tolerancia cero” con este tipo de hechos y estamos de acuerdo. Pero esta “tolerancia cero” debería extenderse también a la presencia de simbología franquista en los cuarteles, a la existencia de bandas fascistas que como en el caso de Guadalajara o Talavera de la Reina amenazan y atacan a los jóvenes o a la presencia del crucifijo en las escuelas públicas.