Entrevista a Miguel Gago e Isabel Gómez
El pasado 11 de septiembre tuvo lugar en Ferrol una concentración en defensa de la libertad de expresión, a favor de la democratización de las Fuerzas Armadas y en solidaridad con el cabo primero de la Armada Jorge Miguel Gago Chao. Jorge Gago fue condenado a dos meses de prisión por un tribunal militar por sus declaraciones públicas en relación con la explosión, el 19 de diciembre de 2005, de una caldera de la fragata Extremadura, que causó la muerte al marinero Eric Noval Gómez y al cabo Francisco Pérez Castrillón. Para el 12 de octubre se prepara una nueva movilización. Entrevistamos a Miguel Gago e Isabel Gómez, padre y madre de Jorge y Eric respectivamente
Comunicado del Sindicat d'Estudiants y CMI - Militant
Es completamente inaudito que más de 30 años después del final de la dictadura franquista, un joven de Terrassa, Francesc Argemí, Franki, acabe encarcelado por descolgar una bandera española, con una pena de 2 años y siete meses. Como en los tiempos de la dictadura, en el que hacer una pintada, repartir una hoja o hacer una reunión podía comportar penas de prisión, hoy nos encontramos que se sigue considerando delitos cosas tales como hacer una caricatura, quemar unas fotos o descolgar una bandera española.
Es evidente que hay un pacto tácito entre las instituciones del Estado, los medios de comunicación y los políticos "responsables" en no hacer ningún comentario desfavorable a la monarquía y al monarca. En este pacto, que incluye también a la socialdemocracia, CiU y PNV, todos entran en una especie de competencia para ver quien tiene una actitud más servil y sumisa. Todos se arrodillan con veneración ante una institución medieval, cara y antidemocrática por definición.
La Constitución española en su artículo 20 garantiza la libertad "a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción", así como "a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión". Sin embargo, la propiedad privada de los medios de producción en el ámbito de la prensa, la radio o la televisión impide el ejercicio de estos derechos a las clases desposeídas, estando garantizado el ejercicio efectivo de los mismos únicamente a la clase capitalista propietaria de dichos medios.
Legislación laboral: Ambigüedad calculada, sobreexplotación legal
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