Corriente Marxista Internacional

Después de 23 años de padecer el gobierno de derechas de CIU, los trabajadores y la juventud vemos por fin como ésta es desplazada del gobierno de la Generalitat. Ahora la atención se centra en el nuevo gobierno, a la espera de que empiece a hacer fr Después de 23 años de padecer el gobierno de derechas de CIU, los trabajadores y la juventud vemos por fin como ésta es desplazada del gobierno de la Generalitat. Ahora la atención se centra en el nuevo gobierno, a la espera de que empiece a hacer frente a los principales problemas que día a día nos afectan: el paro y la precariedad laboral, los accidentes de trabajo, la pérdida de poder adquisitivo...

En este sentido, el gobierno de Maragall ha anunciado una serie de propuestas de claro contenido social: más asistencia domiciliaria a los ancianos, aumento de las pensiones no contributivas, contratación de médicos para dar mejor atención en la asistencia primaria y para la reducción progresiva de las listas de espera, 42.000 pisos de protección oficial, la mitad de estos en régimen de alquiler, en los próximos cuatro años, etc. Con esto, los nuevos consellers pretenden resaltar el cambio producido en el gobierno. Y aunque es indudable que hay un interés claro por resaltar una determinada imagen de cambio, también es cierto que al señalar una serie de puntos como temas prioritarios, las direcciones de los partidos están asumiendo unos compromisos por los que, posteriormente, los jóvenes y trabajadores les van a juzgar.

Es urgente aumentar

los gastos sociales

El tema de la asistencia a los ancianos es uno de los más escandalosos. La falta de plazas en residencias y los precios inalcanzables para la gran mayoría (más de 1.000 euros al mes en Barcelona), junto a la prácticamente inexistente asistencia a domicilio (sólo el 1’3% de los ancianos tiene acceso a este servicio), hacen que este sea un punto urgente al que dedicar un auténtico plan de choque por parte del nuevo gobierno. Por otra parte, el anuncio de subir las pensiones no contributivas hasta alcanzar el importe del salario mínimo (453 euros mensuales) nos parece totalmente insuficiente. Las pensiones mínimas, como el salario mínimo interprofesional, deben alcanzar unas cantidades que permitan vivir dignamente, y eso, hoy por hoy, significa poder disponer de más de 900 euros al mes. De hecho, lo que el gobierno Maragall plantea de incremento para las pensiones no contributivas sigue estando por debajo del nivel de pobreza (465 euros según la definición de la UE).

En lo referente a sanidad, realmente es necesario también un plan que contemple un aumento drástico de los medios y del personal sanitario público. Catalunya es, junto a Galicia, la comunidad más atrasada en reformar la atención primaria y hay listas de espera para el especialista de año y medio por término medio. Cualquier medida realmente efectiva tiene que contar con un importante incremento del gasto en el servicio público de sanidad.

En cuanto a vivienda, una de las principales preocupaciones de los jóvenes y de las familias obreras, se parte de una situación completamente escandalosa. Las familias destinan actualmente el 60% de los ingresos a pagar la vivienda por término medio (está claro que hoy la gran mayoría de jóvenes obreros, con sueldos que no alcanzan los 800 euros, no pueden soñar en meterse en un piso). La propuesta de hacer 42.000 pisos de protección oficial en los próximos cuatro años es un primer paso, pero claramente insuficiente. Para empezar, representa sólo el 20% de la oferta actual, cuando en 1996 la vivienda protegida había alcanzado el 34% del mercado inmobiliario. En segundo lugar, se plantea que la mitad de los pisos serán de alquiler, pero no se dice nada sobre los precios de estos alquileres. Los marxistas de El Militante consideramos que los alquileres no deberían sobrepasar el 10% de los ingresos de los jóvenes y las familias obreras.

No a la privatización

de los servicios públicos

Respecto a la gestión de los servicios públicos, se recoge la concertación con “actores privados”. La “externalización” (privatización) de los servicios públicos, por tanto, no se cuestiona, aún a pesar de ser una fuente de negocio nada despreciable para unos pocos y de endeudamiento, despilfarro y mal servicio para la gran mayoría, los usuarios. Respecto a los trabajadores de los servicios públicos, se propone reducir el número de interinos, cuando se debería proponer dedicidamente la convocatoria de plazas suficientes en oposiciones y concursos para eliminar la precariedad laboral en la administración de la Generalitat y en los servicios dependientes.

En el terreno de la educación, uno de los ejes del programa del nuevo gobierno, por un lado se quiere situar el gasto en educación al nivel de la media europea en 6 años, priorizando en la elaboración de los presupuestos las partidas para enseñanza, se prevé crear 30.000 plazas de guardería y se presentará un plan de choque para la mejora de los centros públicos. Por el otro, se plantea que “sólo” se rescindirán los conciertos a las escuelas privadas que incumplan la normativa (según esto se debería rescindir el concierto a todas las escuelas privadas, porque todas incumplen la normativa al cobrar cuotas a los padres, como el mismo Pujol no tuvo empacho en reconocer en un acto electoral con los centros privados, y no es eso, desde luego, lo que plantean hacer). El acuerdo dice que se iniciará “un proceso para igualar los centros concertados con los centros públicos, para asegurar progresivamente la gratuidad a las familias y la igualdad de condiciones de los centros”. En definitiva, no plantea la integración de los centros concertados en la red pública, no plantea que estos centros subvencionados con fondos públicos desde hace años pasen a ser escuelas públicas, sino la “igualación” y la “progresiva gratuidad”, algo totalmente ilusorio e irreal. Se mantiene, por tanto, en el acuerdo de gobierno, las subvenciones a los empresarios de la educación, de los que la Iglesia católica es el principal.

En lo que se refiere a la política económica, por un lado se propone “aumentar sensiblemente las partidas destinadas a favorecer la internacionalización de la empresa catalana” y llevar a cabo “políticas de acuerdo con empresas multinacionales implantadas en Catalunya para incrementar el valor añadido de sus plantas industriales” (hablando claro, más subvenciones y bonificaciones fiscales para los capitalistas). Y, por el otro lado, se propone reducir la temporalidad en la contratación y los accidentes de trabajo e “impulsar la implantación progresiva de la jornada de 35 horas, mediante el necesario acuerdo social”. Como se ve, por un lado se plantean medidas destinadas a “atraer inversiones” y “favorecer” a los empresarios, a la multinacionales, mediante subvenciones directas o exenciones fiscales, y por el otro se lanzan una serie de buenas intenciones, sin mayor concreción que un aumento de las inspecciones de seguridad en el trabajo o que la Generalitat no contratará vía ETT. Esto último, por ejemplo, ¿por qué no se plantea como algo general, como una ley que suprima las ETTs en Catalunya mientras no se consiga la supresión en el conjunto del Estado?

Es necesario defender

los intereses

de los trabajadores

En el mismo sentido, el Conseller de Treball, Rañé, que proviene de la dirección de UGT, ante la pregunta de qué hacer ante el cierre de fábricas, como en el caso de Lear, de Cervera, responde que todo lo que pueden hacer es ofrecer un “marco competitivo” pero que si los directivos deciden llevarse la producción a otro lado no pueden impedírselo. Desde luego, no es aceptando la lógica de los intereses del capitalismo como se va a defender realmente los intereses de los trabajadores. Para El Militante, las declaraciones del Conseller son inaceptables. ¿Cómo vamos a permitir que grupos empresariales que han recibido millones de euros en subvenciones y ayudas del Estado puedan decidir de la noche a la mañana destruir los puestos de trabajo que son el sustento de nuestras familias? Desde luego, los marxistas de El Militante sí creemos que hay medios para impedir el cierre de fábricas y la destrucción de puestos de trabajo, siempre que se cuente con los trabajadores, los primeros interesados en defender los puestos de trabajo, como la nacionalización bajo control obrero y sin indemnización.

Este va a ser un gobierno fuertemente presionado por un lado y por el otro. Por un lado, el poder económico, los grandes empresarios y el sector de las finanzas, ejerciendo su tutela trazando los límites “realistas” que se no pueden sobrepasar y tratando de llevar a cabo las “reformas modernizadoras pendientes”. Por otro lado, los trabajadores también harán oír su voz. La presión de los trabajadores irá en el sentido de que medidas que en el acuerdo sólo se apuntan (como la jornada de 35 horas semanales) y otras que ni siquiera se mencionan sean llevadas a cabo sin más dilaciones.

En general, las medidas señaladas anteriormente, más otras como la realización de infraestructuras (red ferroviaria, red de carreteras y autovías, etc.), el incremento de las becas a estudiantes, etc., hacen de este programa de gobierno un programa expansivo en el gasto. Necesariamente tiene que ser así si se quiere afrontar las necesidades sociales ingentes que ha dejado tras de sí 23 años de gobiernos de derechas de Pujol. Pero dentro del incremento del gasto también hay partidas que suben que van a subvencionar a empresarios y multinacionales, mientras que, como hemos visto, las pensiones mínimas y el salario mínimo siguen en niveles misérrimos. Por otro lado, CiU deja al nuevo gobierno los cajones llenos de facturas por pagar. Así que uno de los puntos clave va a ser el de la financiación. En el acuerdo nos han dicho principalmente lo que quieren hacer. El cómo ya no queda tan claro. Van a intentar un acuerdo sobre financiación con el Estado (lo tienen claro si el PP sigue en el gobierno después de marzo). Al final, a parte de las tensiones y los enfrentamientos que haya entre el gobierno de la Generalitat y el gobierno central, nos encontramos con una contradicción más importante todavía, la contradicción entre la necesidad de mantener y ampliar las conquistas sociales que representan la sanidad, la educación y las pensiones públicas, por ejemplo, y el crecimiento del capitalismo a costa de estos derechos. La misma contradicción que afecta a toda Europa, desde Alemania, Francia y Gran Bretaña al Estado español, Polonia o Italia. La aceptación del capitalismo, y más en un período de crisis como el actual, hace que los gobiernos socialdemócratas, en lugar de llevar a cabo ambiciosos programas de reformas, se vean impelidos a aplicar la política de recortes y ataques que los poderes económicos dictan. Mientras, el paro, la precariedad laboral, la especulación de los mercados, las necesidades de trabajo en condiciones, de vivienda, de atención a los mayores, etc., siguen sin solución bajo el capitalismo. Sólo un auténtico programa socialista, que contemple la nacionalización de la banca, las grandes empresas y los monopolios, poniéndolo bajo control obrero, hará posible una realidad completamente diferente. Un programa socialista al servicio de la mayoría, jóvenes y trabajadores.

Lluís Perarnau

Barcelona


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