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El PP utiliza la cuestión de la financiación como ha utilizado el tema de los trasvases y el Plan Hidrológico Nacional, su objetivo es alimentar el enfrentamiento entre territorios para poner en aprietos al gobierno de Zapatero, echar arena a los ojos de los trabajadores y tratar de ampliar su base de apoyo reaccionario. Aunque bastante a menudo también los dirigentes autonómicos del PP se apuntan al frente que más les conviene según sea el caso de su comunidad.

Rajoy, en su afán de desgastar al gobierno de Zapatero y esperando a que se estrelle con este tema, plantea que una negociación bilateral entre el gobierno central y el gobierno de Catalunya es un anatema, que cualquier acuerdo de financiación debe salir de una conferencia de gobiernos autónomos. Y por amplio consenso, por supuesto. Ya se encargará el PP de que sea imposible tal acuerdo, de la misma forma que ha bloqueado la renovación de los órganos judiciales durante años. De la misma forma que el PP y los sectores más reaccionarios de la judicatura han logrado condicionar de una manera clara al gobierno de Zapatero en el ámbito del aparato judicial, ahora intentan hacer lo mismo en el tema de la financiación autonómica.

Reparto de la tarta

Vista desde Catalunya, la llamada en los medios "batalla por la financiación", recuerda bastante a la política de Pujol. Se barajan cifras, se enumeran criterios. Al final, recuerda a la política del peix al cove (literalmente sería "pez al cesto", que viene a decir algo así como la expresión "pájaro en mano") que durante años practicó la derecha nacionalista de la mano de Pujol. Y contribuye a este parecido, desde luego, ver a los dirigentes del tripartit compartiendo la misma visión que los empresarios, la Cámara de Comercio, etc. Catalunya necesita más financiación para más infraestructuras, para más ayudas a la internacionalización de las empresas, principalmente... Sólo después para educación y sanidad. Eso sí, en un modelo en que el servicio público lo lleva a cabo en buena parte la empresa privada. Es evidente que para todo este mundo de empresarios, sectores profesionales, catedráticos, financieros, etc., en general la quintaesencia del realismo y del pragmatismo, no es tanto una cuestión de principios (derecho de autodeterminación, derecho a decidir,...) como de obtener una porción mayor del reparto de la tarta. Su catalanismo es más un recurso para tensar la cuerda que para llevar a cabo de manera efectiva el derecho a la autodeterminación. Algo así como la consulta de Ibarre-txe, que pasó a mayor gloria sin apenas un balbuceo. De hecho, todos estos sectores serían los primeros que se opondrían de forma clara a un movimiento de masas que reclamara cambios políticos y sociales, que junto al derecho a la autodeterminación defendiera la nacionalización de la banca y de las empresas en crisis para impedir la destrucción de empleo y poner todos esos recursos en beneficio de las necesidades de la gran mayoría de la sociedad, los jóvenes y los trabajadores. No es difícil imaginarse las caras de horror de la burguesía ante un movimiento así, que luchara abiertamente por el socialismo. Sólo hace falta que recordemos qué decían estos señores cuando los trabajadores de las empresas de handling de Iberia ocuparon las pistas de aterrizaje del Prat. Les faltó tiempo a estas damas y caballeros tan demócratas y tan sobernistas para pedir la intervención del ejército. Mientras Artur Mas y la plana mayor de CiU y de los empresarios pedían la cabeza del delegado del Gobierno en Catalunya por "flojo", los trabajadores de tierra de Iberia se enfrentaron a la acusación de "sedición", como si hubieran cometido un delito en tiempos de guerra. Las mismas simpatías siente la derecha catalanista por la lucha de los trabjadores en contra de los EREs, o por la de los conductores de TMB por el descanso de dos días semanales. Todavía hoy, entre sectores de la izquierda independentista, en teoría a la izquierda de ERC, se sigue con un discurso de "unidad" de los "soberanistas", de los "patriotas". Se constituyen plataformas interclasistas por el derecho de decidir, etc., en las que caben, por supuesto, CiU y los sectores más derechistas de ERC. Prescinden del hecho fundamental de que hay intereses de clase contrapuestos. La burguesía y los trabajadores tenemos intereses irreconciliables, como se ve claramente ante cada cierre de empresa y ante cada plan de despidos. El tripartito se debe a los trabajadores y tiene que estar del lado de éstos, no de los empresarios. Que no se apruebe ni un ERE más. Expropiación de la empresa si no se cumple con los planes de inversión y se mantiene el empleo.

Una cuestión de clase

Y volviendo al tema de la financiación, ahora que ya se han hecho públicas las balanzas fiscales y conocemos el déficit de financiación que tiene Catalunya, sería interesante que se dieran a conocer los datos de la increíble transferencia de riqueza de los asalariados a la burguesía. Si la participación de los salarios en la renta ha descendido en el Estado español desde el 49% en el año 1995 hasta el 46,4% actual, ¿cuáles son los datos para Catalunya? No deben de ser muy diferentes. En el trienio 2004-2006, en Catalunya, con un incremento del PIB del 9,5%, la pobreza creció un 12,4%. Al desigual reparto de la riqueza, ahora se suman los ataques para hacer recaer el peso de la crisis en las espaldas de la clase trabajadora.
En el debate sobre la financiación, en Catalunya y en todo el Estado se habla mucho de recursos, pero muy poco de para qué sectores sociales van a ser destinados y quién los va a controlar. Se utiliza mucho la palabra "derechos", "igualdad", "justicia", pero en un sentido totalmente abstracto. Apelar a derechos democráticos nacionales para incrementar la parte del pastel a una determinada comunidad, haciendo abstracción de que la política económica de todos los gobiernos, central y autonómicos, favorece fundamentalmente a los capitalistas,El PP utiliza la cuestión de la financiación como ha utilizado el tema de los trasvases y el Plan Hidrológico Nacional, su objetivo es alimentar el enfrentamiento entre territorios para poner en aprietos al gobierno de Zapatero, echar arena a los ojos de los trabajadores y tratar de ampliar su base de apoyo reaccionario. Aunque bastante a menudo también los dirigentes autonómicos del PP se apuntan al frente que más les conviene según sea el caso de su comunidad.

Rajoy, en su afán de desgastar al gobierno de Zapatero y esperando a que se estrelle con este tema, plantea que una negociación bilateral entre el gobierno central y el gobierno de Catalunya es un anatema, que cualquier acuerdo de financiación debe salir de una conferencia de gobiernos autónomos. Y por amplio consenso, por supuesto. Ya se encargará el PP de que sea imposible tal acuerdo, de la misma forma que ha bloqueado la renovación de los órganos judiciales durante años. De la misma forma que el PP y los sectores más reaccionarios de la judicatura han logrado condicionar de una manera clara al gobierno de Zapatero en el ámbito del aparato judicial, ahora intentan hacer lo mismo en el tema de la financiación autonómica.

Reparto de la tarta

Vista desde Catalunya, la llamada en los medios “batalla por la financiación”, recuerda bastante a la política de Pujol. Se barajan cifras, se enumeran criterios. Al final, recuerda a la política del peix al cove (literalmente sería “pez al cesto”, que viene a decir algo así como la expresión “pájaro en mano”) que durante años practicó la derecha nacionalista de la mano de Pujol. Y contribuye a este parecido, desde luego, ver a los dirigentes del tripartit compartiendo la misma visión que los empresarios, la Cámara de Comercio, etc. Catalunya necesita más financiación para más infraestructuras, para más ayudas a la internacionalización de las empresas, principalmente… Sólo después para educación y sanidad. Eso sí, en un modelo en que el servicio público lo lleva a cabo en buena parte la empresa privada. Es evidente que para todo este mundo de empresarios, sectores profesionales, catedráticos, financieros, etc., en general la quintaesencia del realismo y del pragmatismo, no es tanto una cuestión de principios (derecho de autodeterminación, derecho a decidir,…) como de obtener una porción mayor del reparto de la tarta. Su catalanismo es más un recurso para tensar la cuerda que para llevar a cabo de manera efectiva el derecho a la autodeterminación. Algo así como la consulta de Ibarre-txe, que pasó a mayor gloria sin apenas un balbuceo. De hecho, todos estos sectores serían los primeros que se opondrían de forma clara a un movimiento de masas que reclamara cambios políticos y sociales, que junto al derecho a la autodeterminación defendiera la nacionalización de la banca y de las empresas en crisis para impedir la destrucción de empleo y poner todos esos recursos en beneficio de las necesidades de la gran mayoría de la sociedad, los jóvenes y los trabajadores. No es difícil imaginarse las caras de horror de la burguesía ante un movimiento así, que luchara abiertamente por el socialismo. Sólo hace falta que recordemos qué decían estos señores cuando los trabajadores de las empresas de handling de Iberia ocuparon las pistas de aterrizaje del Prat. Les faltó tiempo a estas damas y caballeros tan demócratas y tan sobernistas para pedir la intervención del ejército. Mientras Artur Mas y la plana mayor de CiU y de los empresarios pedían la cabeza del delegado del Gobierno en Catalunya por “flojo”, los trabajadores de tierra de Iberia se enfrentaron a la acusación de “sedición”, como si hubieran cometido un delito en tiempos de guerra. Las mismas simpatías siente la derecha catalanista por la lucha de los trabjadores en contra de los EREs, o por la de los conductores de TMB por el descanso de dos días semanales. Todavía hoy, entre sectores de la izquierda independentista, en teoría a la izquierda de ERC, se sigue con un discurso de “unidad” de los “soberanistas”, de los “patriotas”. Se constituyen plataformas interclasistas por el derecho de decidir, etc., en las que caben, por supuesto, CiU y los sectores más derechistas de ERC. Prescinden del hecho fundamental de que hay intereses de clase contrapuestos. La burguesía y los trabajadores tenemos intereses irreconciliables, como se ve claramente ante cada cierre de empresa y ante cada plan de despidos. El tripartito se debe a los trabajadores y tiene que estar del lado de éstos, no de los empresarios. Que no se apruebe ni un ERE más. Expropiación de la empresa si no se cumple con los planes de inversión y se mantiene el empleo.

Una cuestión de clase

Y volviendo al tema de la financiación, ahora que ya se han hecho públicas las balanzas fiscales y conocemos el déficit de financiación que tiene Catalunya, sería interesante que se dieran a conocer los datos de la increíble transferencia de riqueza de los asalariados a la burguesía. Si la participación de los salarios en la renta ha descendido en el Estado español desde el 49% en el año 1995 hasta el 46,4% actual, ¿cuáles son los datos para Catalunya? No deben de ser muy diferentes. En el trienio 2004-2006, en Catalunya, con un incremento del PIB del 9,5%, la pobreza creció un 12,4%. Al desigual reparto de la riqueza, ahora se suman los ataques para hacer recaer el peso de la crisis en las espaldas de la clase trabajadora.
En el debate sobre la financiación, en Catalunya y en todo el Estado se habla mucho de recursos, pero muy poco de para qué sectores sociales van a ser destinados y quién los va a controlar. Se utiliza mucho la palabra “derechos”, “igualdad”, “justicia”, pero en un sentido totalmente abstracto. Apelar a derechos democráticos nacionales para incrementar la parte del pastel a una determinada comunidad, haciendo abstracción de que la política económica de todos los gobiernos, central y autonómicos, favorece fundamentalmente a los capitalistas, es pura demagogia. Igual de demagógica es la postura del PP cuando se quiere hacer portavoz de la defensa de la igualdad de todos los territorios o comunidades. En la práctica ellos son los máximos responsables de la profunda desigualdad social y territorial que genera su sistema, son los principales legitimadores ideológicos de esta desigualdad (la ley del más fuerte) y sólo hay que ver sus políticas allí donde gobiernan (privatizaciones salvajes de la sanidad y la educación) para entender en la práctica el sentido de su preocupación por la igualdad de “todos los ciudadanos de España”. Lamentablemente, este “igualitarismo” demagógico, muy asociado al nacionalismo españolista, tiene también bastantes adeptos en la dirección del PSOE (Ibarra, Bono, etc.).
En el debate de la financiación, como en cualquier otro, es necesario tener un punto de vista de clase si no se quiere caer en los engaños, a veces sutiles, a veces rudos, de uno u otro sector de la burguesía. es pura demagogia. Igual de demagógica es la postura del PP cuando se quiere hacer portavoz de la defensa de la igualdad de todos los territorios o comunidades. En la práctica ellos son los máximos responsables de la profunda desigualdad social y territorial que genera su sistema, son los principales legitimadores ideológicos de esta desigualdad (la ley del más fuerte) y sólo hay que ver sus políticas allí donde gobiernan (privatizaciones salvajes de la sanidad y la educación) para entender en la práctica el sentido de su preocupación por la igualdad de "todos los ciudadanos de España". Lamentablemente, este "igualitarismo" demagógico, muy asociado al nacionalismo españolista, tiene también bastantes adeptos en la dirección del PSOE (Ibarra, Bono, etc.).
En el debate de la financiación, como en cualquier otro, es necesario tener un punto de vista de clase si no se quiere caer en los engaños, a veces sutiles, a veces rudos, de uno u otro sector de la burguesía.