Corriente Marxista Internacional

El Conseller ha decidido escuchar las reivindicaciones de la patronal de los centros concertados y las asociaciones de directores más derechistas. El Documento de Bases de la Llei Catalana d'Educació (LEC) supone, por una parte, la profundización en las concesiones a la patronal concertada y al sector más reaccionario de directores y, por otra, el fracaso de la política sindical de pacto y consenso.

El Conseller ha decidido escuchar las reivindicaciones de la patronal de los centros concertados y las asociaciones de directores más derechistas. El Documento de Bases de la Llei Catalana d'Educació (LEC) supone, por una parte, la profundización en las concesiones a la patronal concertada y al sector más reaccionario de directores y, por otra, el fracaso de la política sindical de pacto y consenso.

Los treinta años de gobierno de CIU favorecieron a la enseñanza concertada que llegó a ser mayoritaria en zonas como Barcelona ciudad (donde representa el 60%). Al mismo tiempo la inversión en porcentaje del PIB caía, en 2004 supuso el 2,14%, situándonos a la cola en inversión del Estado y sólo superados por Madrid que dedicaba un 1,17% del PIB. En los centros concertados se ha permitido el cobro de cuotas ilegales (según la ley, si reciben dinero público la enseñanza es gratuita y no pueden pedir ingresos extras), la selección clasista de alumnos, la falta de derechos democráticos y por supuesto unas peores condiciones de trabajo y salariales para el profesorado.
Con la derrota de CIU los sectores progresistas de la educación, mayoritarios en Cataluña, esperábamos que por fin habría un cambio. Se abría la esperanza a que se cumplieran las reivindicaciones históricas de los Movimientos de Renovación Pedagógica y sindicatos: defensa de la educación pública, una mayor inversión para elevar su calidad, integración de la enseñanza concertada en la red pública, mayor democracia y más poder a los claustros de profesores y a los Consejos Escolares.
En cambio, ni los consellers de ERC ni del PSC lo han cumplido y han contado con el beneplácito de Inicitiva per Catalunya- EUA, su socio en el gobierno.

El Pacto Nacional de la Educación: política sindical de pacto y consenso

El 20 de marzo del 2006, la mayoría de las organizaciones sindicales (menos USTEC) firmaban junto con la patronal de los centros privados concertados el Pacte Nacional per l'Educació. Este pacto suponía aumentar el dinero destinado a los centros concertados a cambio de que se comprometieran a partir de ese momento a cumplir la ley, es decir, escolarizar a los inmigrantes y no cobrar cuotas ilegales. Esto fue presentado por los dirigentes de CCOO-Ensenyament y FETE-UGT como una victoria de la educación pública porque a partir de ahora los centros concertados y públicos tendrían las mismas obligaciones.
Este pacto creó malestar entre los profesores porque suponía aumentar drásticamente el dinero destinado a los centros privados-concertados para pagarles una hora más al día de docencia a los niños de primaria (una sexta hora que a partir de entonces es obligatoria en centros públicos y concertados).
Ha pasado más de un año y el Conseller ya ha admitido que será difícil acabar con el cobro de cuotas ilegales en los centros concertados y con la selección ilegal del alumnado.
Ernest Maragall, conseller de educación, envalentonado por la actitud poco beligerante de las direcciones de los sindicatos presentó las Bases para la LEC que suponen un ataque sin precedentes a la educación pública catalana. No obstante, ante al rechazo que podía generar la ley entre los profesores, esta vez los sindicatos han decidido convocar huelga. Los sindicatos de profesores USTEC, CCOO, UGT y CGT, conjuntamente con el Sindicat d´Estudiants, convocan huelga general de la enseñanza en Catalunya el 14 de febrero, y manifestaciones conjuntas.

Las Bases para la LEC: centros públicos gestionados como empresas y por empresas

Desgraciadamente con el tripartito la privatización de la educación se ha ido profundizando. Las escuelas municipales para niños de 0-3 años son gestionadas por empresas privadas y el personal que allí trabaja no es necesario que tenga formación.
Este es el modelo de gestión que ahora se nos propone para todos los centros en las Bases de la LEC.
De hecho es la Asociación de directores (AXIA) la que ha visto en estas Bases como sus reivindicaciones eran escuchadas: más poder para los directores, más privilegios, ser unos gestores de los centros. Su ideal se ve cumplido, los directores de centros públicos serán como los de la concertada, tendrán la posibilidad de escoger al profesorado del centro, los alumnos y gestionar los centros de estudio como si de una empresa se tratara.
En el documento de bases, disfrazado bajo la excusa de seleccionar profesorado para ciertas plazas con características especiales, se permite eliminar del centro al profesorado que no votó al director.
A esto hay que añadir que actualmente el director no es elegido democráticamente. Con la fórmula que aprobó el PP en la LOCE (vigente en esencia en la LOE) el director ya no es elegido por el claustro ni por el Consejo Escolar sino por una comisión en la que la administración es determinante.

Campaña contra
los profesores
y los inmigrantes

El Departament d'Educació parece que ha lanzado una campaña de cara a culpabilizar a los inmigrantes y a los profesores de todos los males de la educación catalana. Los recientes informes PISA y Bofill se han utilizado para resaltar los pobres resultados obtenidos por los escolares catalanes e intentar justificar los cambios que ha propuesto el Conseller. Según el Departament la culpa de estos resultados la tiene la poca formación del profesorado y la falta de evaluación de estos. De hecho ponen como ejemplo el modelo finlandés dado los buenos resultados que ha obtenido en el Informe PISA. Lo que no les interesa resaltar es que en Finlandia cada profesor tiene 12 alumnos por aula, que la enseñanza es gratuita de los 0 años hasta la universidad, que los comedores escolares y el transporte son gratuitos, y todos los centros son públicos. Es evidente que si queremos parecernos a Finlandia no sólo se tendrá que aumentar la formación del profesorado sino que también se tendrá que aumentar la inversión en educación pública.
Otro chivo expiatorio elegido para culpabilizar de todos los males de la educación han sido los inmigrantes. Durante todo el texto de bases se atribuye los malos resultados a la llegada de alumnado inmigrante. Nos oponemos a la campaña de criminalización de los hijos de los trabajadores inmigrantes. No son alumnos conflictivos, se trata de alumnos que necesitan una mayor atención para poder incorporarse por su desconocimiento del idioma y porque provienen de sistemas educativos diferentes.
La medida que se ha propuesto para atenderles es la creación de centros gueto para los inmigrantes que lleguen con el curso empezado. Esto es una propuesta racista y clasista. Los hijos de los directivos extranjeros de las grandes empresas no irán a estos centros sino a los centros privados. Agrupando y marginando a los alumnos inmigrantes no se conseguirá que aprendan más rápido catalán. La única manera de integrar a los recién llegados es poniendo los medios en cada centro, con profesores especializados, aulas de acogida y refuerzo en el aprendizaje del idioma.
Para atenderles es evidente que se necesitan más recursos. ¿Pero es que los inmigrantes no aportan recursos también? Sus padres que durante los últimos años se han incorporado al mercado laboral están aportando abundantes beneficios por la explotación que sufren como trabajadores. El Estado se beneficia a través de impuestos directos (IRPF) e indirectos (IVA) de su trabajo. ¿Dónde está este dinero?

La movilización es necesaria

El gobierno del tripartit tiene que retirar estos planes y escuchar las reivindicaciones de los trabajadores de la enseñanza. Ni la patronal de la privada ni los directores reaccionarios les van a votar. En cambio deberían de aplicar una política educativa para lograr una educación pública de calidad para los hijos de los trabajadores.
Para lograrlo los dirigentes sindicales deben abandonar la política de pactos que se ha demostrado inútil. Y como está señalando el Sindicat d'Estudiants en su propaganda y asambleas la movilización debe continuar más allá del 14 de febrero, recuperando las reivindicaciones históricas del profesorado y del conjunto de la comunidad educativa, como el aumento de la inversión en la educación pública, no más dinero para la patronal de la enseñanza privada-concertada y la integración de la enseñanza concertada en la educación pública.


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