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Tras el pacto Zapatero-Mas para el Estatut, que ha comportado la crisis del gobierno tripartito y las elecciones anticipadas, la derecha se afana por recuperar el gobierno en Catalunya. Tras 23 años de gobiernos de CiU, el gobierno tripartito había l Tras el pacto Zapatero-Mas para el Estatut, que ha comportado la crisis del gobierno tripartito y las elecciones anticipadas, la derecha se afana por recuperar el gobierno en Catalunya. Tras 23 años de gobiernos de CiU, el gobierno tripartito había levantado expectativas entre importantes sectores de los trabajadores y la juventud. Por fin un gobierno de izquierdas que pondría fin a la política que había estado llevando a cabo la derecha durante dos décadas: subvenciones exageradas a la escuela privada en detrimento de la escuela pública, privatización creciente de la sanidad, medidas a favor de los especuladores inmobiliarios, aprobación de despidos masivos y cierres de factorías de multinacionales con beneficios exorbitantes… Los dirigentes del gobierno tripartito no han marcado un punto de ruptura con todas las políticas anteriores, sino que en los aspectos fundamentales ha habido una continuidad, lo que ha llevado a defraudar las expectativas que se habían depositado en un cambio real en la situación.

Ahora la derecha, CiU y PP, se presenta exultante, después de haber conseguido cargarse el “tripartito”, algo que les habría sido imposible si éste hubiera llevado a cabo una política diametralmente opuesta a la llevada a cabo por los sucesivos gobiernos de Pujol. CiU ha sido la principal beneficiaria de la campaña de desestabilización y acoso del PP. El “España se rompe” del PP no ha tenido apenas eco en Catalunya. Sólo un 8’4% de los que votaron no en el referéndum del Estatut lo hicieron en el sentido que le dio el PP, de rechazo a la “ruptura de España”, según la encuesta del CIS posterior al referéndum. En cambio, un 38,7% votó no porque no se recogió de forma clara el reconocimiento de los derechos democráticos nacionales de Catalunya, lo que nos indica que si los dirigentes reformistas del PSOE, con Zapatero a la cabeza, hubieran defendido de una manera consecuente los derechos democráticos nacionales de Catalunya, incluyendo el derecho de autodeterminación, unido a un programa de cambios sociales profundos, habrían conseguido un apoyo abrumador frente a la campaña salvaje y ultra del PP. En lugar de esto, los dirigentes del PSOE se desprendieron del apoyo incómodo de ERC ante el acoso de los sectores más reaccionarios del aparato del Estado y de la burguesía e iniciaron un giro a la derecha, que ha ido acompañado de pactos con la derecha, CiU y PNV, en varios frentes: desde el Estatut a la reforma fiscal, los Presupuestos Generales del Estado, etc.

CiU se centra

en su base social

Ya en plena campaña electoral, CiU ha presentado toda una serie de propuestas que van dirigidas principalmente a su base electoral, a las capas medias y altas de la sociedad, con las que pretende movilizar hasta al último de sus votantes potenciales. Después del regalo que ha significado para las rentas más elevadas la reforma fiscal que Solbes pactó con CiU y PNV, ahora Artur Mas promete más regalos a los más ricos: una deducción del 20% en el IRPF para quién tenga contratada una mutua privada, la exención del tramo del IRPF transferido para los que inviertan en empresas “innovadoras” o coticen en mercados, es decir, para los que especulan en la bolsa… En esta línea, Artur Mas ha llegado a plantear que también desgrave el acreditar un buen nivel de conocimiento del inglés (!!). Ya puestos a encandilar a las gentes pudientes y con recursos podría haber prometido también que desgraven los tratamientos de estética y el ser socio de clubs de la alta sociedad como el Círculo Ecuestre o el Real Club de Golf. La retahíla de descuentos se ve completada por una extensa oferta de cheques, independientemente de la renta, por supuesto, en la misma línea que el PP en las comunidades donde gobierna, como en el País Valencià o la Comunidad de Madrid. En lugar de construir guarderías públicas, la derecha prefiere subvencionar con dinero público a los empresarios de las guarderías privadas, que se lucran de una necesidad para millones de familias trabajadoras. De igual modo, plantea un Pacto Nacional de la Salud, para favorecer a todo el entramado de clínicas y centros médicos privados, y la promoción, privada, por supuesto, de vivienda protegida. Todo este programa, aderezado con la exigencia al gobierno central de una política inflexible de expulsión de los inmigrantes llamados “irregulares”.

Su alternativa, para que se vea que son muy caritativos con los inmigrantes de fuera de la UE, es la contratación en origen. Eso sí, además de ser contratados en origen, es decir, según las necesidades de los empresarios en Catalunya, los trabajadores inmigrantes también deberán hacer un curso de 30 horas sobre lengua y cultura catalanas. Esto es algo completamente inaudito, que refleja el racismo y la soberbia de esta gente. ¿Por qué no han planteado toda esta sarta de requisitos para los potentados de países de la UE que vienen a instalarse en Barcelona o en el Empordà?

Colaboración de clases

al desnudo

Y cuando CiU está mostrando más claramente su política derechista, los dirigentes de ERC vuelven a plantearse la campaña electoral en términos de equidistancia entre CiU y el PSC, para mantener abiertas todas las opciones respecto a posibles pactos y alianzas tras las elecciones. La excusa que están planteando es que el PSC está en manos del PSOE y como alternativa ofrecen un frente común entre patronal, sindicatos y partidos en Catalunya para exigir más inversiones al gobierno central. La idea es de sobra conocida. A todos los une “la defensa de los intereses de Catalunya”. Y bajo esta idea es posible que Artur Mas, por ejemplo, haya podido presentar sus propuestas programáticas en la sede de la UGT de Catalunya ante 300 delegados. Una auténtica demostración de hasta qué punto la política de colaboración de clases llevada a cabo por las direcciones sindicales, tanto de UGT como de CCOO en Catalunya, está llegando a niveles increíbles. ¿Dónde están los intereses comunes entre patrones y trabajadores en cuestiones como las condiciones de trabajo, los ritmos de trabajo, las medidas de seguridad, los salarios, etc? Desde luego, ese punto de unión no es más que un engaño. El engaño con el que quieren hacer pasar los intereses de clase de la burguesía como los intereses “de Catalunya”. Incluso en un punto como el de las infraestructuras, los intereses de los trabajadores y los de la burguesía son diferentes. Mientras que tras las principales obras públicas proyectadas hay importantes constructoras que se están haciendo de oro, los trabajadores y estudiantes seguimos destinando una buena parte de nuestros ingresos a pagar unos servicios de transporte público muy deficientes.

Las declaraciones de Carod-Rovira ante la Cámara de Comercio son un buen ejemplo de lo que estamos diciendo. Quiso presumir de liberal y soltó que: “Cuanto menos Estado mejor, ni que sea catalán”. Con ese discurso se congraciará con lo mejor del empresariado catalán, pero no con los sectores de la juventud y de la clase trabajadora que le votaron en las elecciones anteriores como una opción de izquierdas, que en algunos aspectos, como en la respuesta a los ataques del PP, aparecía como más radical.

La campaña del PSC se está centrando en mostrar los primeros resultados del Estatut, como la inversión del Estado en función del porcentaje del PIB de Catalunya en el conjunto del Estado (18,85%), que representa un incremento de más de 600 millones de euros para el año que viene. ICV-EUiA, de algún modo, está haciendo lo mismo.

Van apareciendo algunas propuestas, como la lanzada por el PSC de construir 50.000 pisos de protección oficial en la próxima legislatura, la mitad de alquiler. O como la de que los libros de texto sean gratuitos. Son medidas positivas, pero completamente insuficientes. Un gobierno de izquierdas debe llevar a cabo un plan implacable que contemple la municipalización del suelo y la expropiación de las constructoras para construir las viviendas necesarias. En el terreno educativo, hay que dar un giro radical a la política llevada a cabo hasta ahora. No puede ser que el principal beneficiario del Pacto Nacional de la Educación sea la escuela privada, que ha visto incrementadas sustancialmente las subvenciones. Hay que garantizar la gratuidad efectiva y real de la escuela pública, de los libros de texto y de todas las actividades escolares. Hay que incrementar drásticamente los recursos destinados a becas para comedor y transporte escolar. Hay que acabar inmediatamente con los barracones. No puede ser que los barracones se incrementen de un año a otro. Este año son 34 más que el pasado, alcanzando los 677 centros educativos en barracones. En el mismo sentido, la eliminación o rebaja de algunos peajes de autopista se está planteando de una forma en la que acabamos pagando igualmente los trabajadores, a través de nuestros impuestos, y continúan ganando como siempre y más los grandes grupos empresariales que se reparten el pastel de las concesiones de autopistas. Lo que hay que plantear es la eliminación inmediata y sin indemnización alguna de los peajes.

Los límites del reformismo

Pero si hay algún terreno en el que los intereses del capital y los de la clase trabajadora se ven claramente incompatibles es en el de la política industrial. Los despidos masivos y el cierre de factorías se suceden en los últimos años sin interrupción. La caída entre 2000 y 2005 del empleo industrial en la provincia de Barcelona ha sido de un 9,4% ¡Nada menos que 45.500 puestos de trabajo menos en el sector industrial! Aceptar la lógica del capitalismo representa aceptar la destrucción de miles de puestos de trabajo. Ante la avalancha de expedientes de regulación de empleo, las direcciones sindicales están limitando las luchas al objetivo de conseguir indemnizaciones mayores, pero esto es pan para hoy y hambre para mañana. Es necesario romper con todas las limitaciones que impone el capitalismo para defender de forma intransigente los intereses de los trabajadores, para defender todos los puestos de trabajo.

En definitiva, los jóvenes y los trabajadores necesitamos un gobierno de izquierdas con un programa en beneficio de la mayoría de la sociedad y no al servicio de un puñado de parásitos y especuladores. Como vimos en las movilizaciones contra la derecha y contra la guerra imperialista, en nuestras manos tenemos una fuerza enorme.

En las elecciones del 1 de noviembre hay que cerrarle una vez más el paso a la derecha. Pero como la experiencia ha venido demostrando de manera reiterada, tanto en Catalunya como a escala estatal e internacional, votar es absolutamente insuficiente. Es fundamental que los trabajadores y los jóvenes nos organicemos a nivel de cada fábrica, de cada barrio, de cada centro de estudios para obligar a los dirigentes de los partidos de la izquierda a que apliquen un programa en beneficio de los trabajadores y la juventud, a poner fin a la precariedad laboral; a resolver el problema de la vivienda nacionalizando las constructoras y con la municipalización del suelo; a poner en marcha un plan de choque para mejorar la educación y salud públicas; a no aceptar ni un ERE más, a garantizar todos los puestos de trabajo. Sin organización la clase obrera es sólo materia prima para la explotación.

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