Corriente Marxista Internacional

El sábado 18 de febrero, varios cientos de miles de manifestantes, salieron a la calle en Barcelona. La convocatoria, bajo el lema “Som una nació i tenim el dret de decidir” (Somos una nación y tenemos el derecho a decidir), recogió el extendido ánim El sábado 18 de febrero, varios cientos de miles de manifestantes, salieron a la calle en Barcelona. La convocatoria, bajo el lema “Som una nació i tenim el dret de decidir” (Somos una nación y tenemos el derecho a decidir), recogió el extendido ánimo de indignación por la campaña de mentiras del PP y por los ataques de los sectores más reaccionarios del aparato del Estado, con sus continuos pronunciamientos en contra de reconocer los derechos democráticos de Catalunya. Para una parte importante de los manifestantes, también era la ocasión de mostrar el rechazo al acuerdo entre CiU y PSOE, visto como una clara claudicación en cuanto a que no recoge la definición de Catalunya como nación, tal y como se había acordado en el Parlament. Pero lo más significativo es que la manifestación ha servido de vehículo de expresión de un enorme descontento social. La masiva asistencia —la manifestación arrancó a las 16:30 y a las 18:00 aún salía gente del punto de partida— sorprendió tanto a los convocantes como a los no convocantes, enfrascados todos en disputarse protagonismo y muy alejados del sentimiento y los problemas de la calle. La manifestación ha trastocado muchos cálculos e incluso ERC, único partido que la apoyó, ve ahora como su margen de maniobra en relación al Estatut se ha estrechado abruptamente. Ahora le será más difícil dar un apoyo crítico, introduciendo un elemento más de inestabilidad en el gobierno tripartito de la Generalitat. Incluso a CiU se le ha escuchado recientemente decir que el Estatut “aún no está cerrado” a pesar del pomposo acuerdo al que se llegó con el PSOE hace pocas semanas.

La campaña reaccionaria del PP

La estrategia de desestabilización del PP no repara en medios ni en el calibre de las mentiras. Por ejemplo, la supuesta “persecución del castellano” en Catalunya. Una cuestión que han repetido algunos medios afines al PP hasta la saciedad y que es radicalmente falsa. Aún así, el PP y la caverna mediática a su servicio, un día sí y otro también, hacen girar sus campañas de intoxicación alrededor de esta mentira. Rajoy, sin ir más lejos, ha llegado a comparar el trato que se da al castellano en Catalunya con el que daba el régimen franquista al catalán. Parece que a Rajoy le trae sin cuidado que millones de ciudadanos que sufrieron la brutal represión del franquismo por hablar en su lengua, se sientan ofendidos por sus palabras, personas que fueron multadas, detenidas o torturadas bajo el franquismo y durante la transición. Tampoco parece que a Rajoy le interese saber que muchos catalanes apenas saben escribir en su lengua porque no tuvieron oportunidad de aprenderla en su etapa escolar. Todo eso, desde luego, para Rajoy-Acebes-Zaplana, no cuenta. Sólo les vale lo que pueda hacer daño a Zapatero, aunque haya que inventárselo.

El acuerdo PSOE-CiU

Parece que el acuerdo ha beneficiado especialmente a CiU, dado el protagonismo que Zapatero ha concedido a Artur Mas en la negociación. Según un sondeo hecho a principios de febrero para El Periódico, CiU conseguiría unas décimas más que el PSC (31,5% frente al 30,7%), manteniéndose la situación de prácticamente empate entre los dos partidos, que se mantiene desde las elecciones autonómicas de octubre del 2003. De hecho, el acuerdo sobre el Estatut ha dado alas a especulaciones sobre posibles escenarios futuros. Duran i Lleida, por ejemplo, ha planteado un gobierno en Catalunya CiU-PSC a cambio de prestar su apoyo al gobierno de Zapatero. Desde luego, en los movimientos de los dirigentes de CiU se ven las ganas que tienen de volver al gobierno de Catalunya, cuanto antes y sin perder ni una oportunidad. Han estado 23 años disponiendo del aparato de la Generalitat para su política clientelar y saben que fuera del gobierno irán perdiendo su poder. No es de extrañar, por ejemplo, que Mas pasara, en cuestión de horas, de hablar de principios y de no claudicar, a aceptar toda una serie de recortes sobre la propuesta que había aprobado el Parlament de Catalunya. Así ha actuado siempre CiU, por un lado, sacando pecho y envolviéndose en la senyera, por el otro, aceptando el antidemocrático marco de la Constitución y renunciando a plantear el reconocimiento de los derechos democrático-nacionales de Catalunya. Los partidos de la izquierda, en lugar de pactar con la derecha nacionalista, regalándoles protagonismo a PNV o CiU, tendrían que reconocer plenamente los derechos democráticos de las nacionalidades históricas y defender el derecho de autodeterminación.

Crisis en el tripartito

El pacto PSOE-CiU ha dejado descolocados a los dirigentes de ERC. Desde luego, ellos querían más protagonismo en el acuerdo y también alguna concesión más en cuanto a financiación o respecto al reconocimiento de Catalunya como nación. Todavía hay quien en ERC confía en algún posible traspaso, como el aeropuerto, que les permita subirse al carro del acuerdo. Pero por ahora esto parece difícil. Por las declaraciones beligerantes de Bono contra Maragall, no parece que vaya a haber ninguna concesión más. Todas estas maniobras y los enfrentamientos entre los diferentes partidos y dentro de los mismos partidos no dejan de ser un reflejo de la tremenda inestabilidad política, una inestabilidad que se debe a la campaña de acoso y derribo del PP y a la falta de respuesta por parte de las direcciones reformistas de la izquierda. Es la misma inestabilidad que comprobamos en otros ámbitos, entre los gobiernos de la Unión Europea, en las relaciones entre EEUU y el resto del mundo, etc., y que hunde sus raíces en la crisis orgánica del capitalismo, en la imposibilidad de resolver ninguna de las principales cuestiones políticas.

El contenido del Estatut

Uno de los principales caballos de batalla en la negociación ha sido el punto de la financiación. El gobierno de Zapatero se ha comprometido a aumentar la inversión del Estado en Catalunya en los próximos 7 años. Por otro lado, el Estado cederá a la Generalitat el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales sobre el alcohol, el tabaco y los hidrocarburos. Este modelo se prevé que acabe extendiéndose a todas las comunidades autónomas. En el título de los derechos, que ICV-EUiA, ha defendido como un importante paso adelante, en realidad no se recoge ninguna novedad. Se alude al derecho al aborto “de acuerdo con los supuestos previstos en la ley”, o al derecho a “vivir con dignidad el proceso de la muerte”. Incluso en cuestiones de protocolo, se reconoce el papel preeminente del Rey, con lo que vemos que hay una aceptación completa de la Monarquía, una institución heredada del franquismo. El Estatut, en esta cuestión, como en otras, no representa ningún desafío para el orden jurídico establecido, al servicio de la clase dominante.

En el tema de la lengua, en el artículo 32 se plantea que no puede haber discriminación por el uso de una u otra lengua. Desde luego, en ningún punto se atisba nada que pueda dar que pensar en una persecución del castellano, como está diciendo el PP. En el título preliminar se defiende el catalán como lengua vehicular en la enseñanza. Rajoy utiliza este punto para lanzar sus diatribas contra lo que él plantea como una imposición, presentándose como el paladín de la libertad de los padres a elegir la lengua en que se deben escolarizar sus hijos. En realidad, esto llevaría a una doble red escolar, una para castellanohablantes, otra para los que prefieran el catalán. Esto significaría un tremendo paso atrás respecto a la situación actual, que no es nada conflictiva, a pesar de los intentos de presentarla así por parte de los medios afines al PP. La gran mayoría de los catalanes que proceden de otras comunidades, que por su origen son castellanohablantes, tienen más que asumido que el catalán es la lengua propia de Catalunya y quieren que sus hijos la aprendan. Y, desde luego, rechazan la idea totalmente peregrina y reaccionaria de los dirigentes del PP de crear barreras y separaciones por cuestiones como la lengua.

El marco catalán de relaciones laborales

El tripartito y las direcciones de CCOO y UGT en Catalunya están presentando el proyecto de reforma del Estatut como un importante paso adelante en derechos sociales y en el ámbito laboral. Pero en la práctica, lo que se recoge en el redactado no es más que genéricas referencias a un “sistema catalán de bienestar”, a través del cual la Generalitat se supone que “tiene que promover una distribución de la renta más equitativa”. En ningún momento se plantea, por ejemplo, que la sanidad, la educación, la atención domiciliaria a los ancianos y a las personas dependientes, tienen que estar en manos de entidades públicas para garantizar realmente el acceso universal a toda la población y una atención de calidad para todos por igual, en lugar de estar engordando los bolsillos de unos cuantos empresarios.

Otro de los puntos que están vendiendo como un avance es el reconocimiento de un Marco Catalán de Relaciones Laborales. Los dirigentes de la UGT de Catalunya, por ejemplo, defienden este marco autónomo de relaciones laborales basándose en que hay en Catalunya una “práctica propia de diálogo social consolidado”. Si se refieren a la práctica de firmar acuerdos de paz social, dejando de lado la lucha por mejorar los salarios y por reducir la jornada de trabajo, en eso no se ve ningún rasgo específico de Catalunya respecto de la política llevada a cabo por las direcciones de UGT y CCOO a nivel estatal. Los sucesivos acuerdos de moderación salarial a nivel estatal no difieren en nada de los acuerdos a los que se ha llegado en Catalunya.

Álvarez, secretario de UGT de Catalunya, defiende, por ejemplo, que el convenio autonómico debe ser el eje de referencia para la negociación colectiva. Esto podría ser un paso adelante para algunos sectores, que hoy están a un nivel muy inferior, a nivel de empresa o de localidad. Para todos los que todavía no tienen convenio, desde luego, sería un cambio a mejor. Pero no es el caso de los convenios a nivel estatal o supraestatal. ¿Por qué va a ser mejor un convenio autonómico a uno estatal o europeo? Álvarez no da ninguna razón a favor de su postura. En cambio, cuanto más amplio sea el marco, los trabajadores contamos, en principio, con más capacidad de respuesta frente a los ataques de la patronal. ¿Cómo vamos a enfrentarnos mejor a las multinacionales del automóvil, por ejemplo, a nivel autonómico o a nivel europeo? La respuesta es obvia. Desde luego, en correspondencia a esta idea, hay que fortalecer la organización en las filas de los trabajadores a ese nivel para que la lucha logre sus objetivos.

En el Estatut también se habla de “un modelo de empresa socialmente responsable y sostenible”, del diálogo social, de concertación y de “apoyo a las empresas, la innovación y las patentes catalanas”. Lejos de las quejas de los empresarios, que presentan el Estatut como excesivamente intervencionista, éste está trufado de ideas y conceptos neoliberales: negociación de la flexibilidad, gestión de la competitividad, gestión preventiva del cambio… Al final, todo esto lleva a más ayudas y dinero público para los empresarios. Por ejemplo, Seat recibió de la Generalitat, oficialmente, 2,3 millones de euros en el 2004 para innovación y formación, lo que no ha impedido que ahora recortara la plantilla en más de mil puestos de trabajo. En la misma línea, los dirigentes de CCOO y UGT en Catalunya quieren que se cree un fondo anticrisis de 80 millones de euros para hacer frente a las reestructuraciones y al traslado de fábricas a otros países. Por este camino sólo se va a conseguir engordar los bolsillos de los empresarios y, desde luego, no va a impedir que los grupos financieros e industriales lleven a cabo sus planes.

En lugar de todo esto, el Estatut debería de reducir la jornada laboral sin reducción salarial, eliminar la precariedad en los contratos y llevar a cabo, por ejemplo, un ambicioso plan de construcción de viviendas dignas para los trabajadores, expropiando a los propietarios del suelo y a las inmobiliarias que especulan con los terrenos. Ése sí sería un Estatut que sería visto como un importante paso adelante en las condiciones de vida y de trabajo de millones de jóvenes y trabajadores.


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