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El pasado 2 de noviembre se iniciaba la tramitación del proyecto de reforma del Estatut de Catalunya en el Congreso de Diputados, con la única oposición del grupo popular, como estaba anunciado. Para esa fecha la histérica campaña reaccionaria del PP El pasado 2 de noviembre se iniciaba la tramitación del proyecto de reforma del Estatut de Catalunya en el Congreso de Diputados, con la única oposición del grupo popular, como estaba anunciado. Para esa fecha la histérica campaña reaccionaria del PP contra el nuevo Estatut ya llevaba unas semanas de rodaje, y no sólo dirigentes populares sino el mismo rey, el jefe del Estado Mayor de la Defensa y, por supuesto, un buen coro de periodistas, catedráticos, jueces y obispos habían salido a la palestra para defender “la patria común e indivisible de todos los españoles”.

La similitud de la campaña del PP contra el Estatut y el gobierno de Zapatero con el lenguaje que utilizaba la ultraderecha durante la II República es innegable. El debate sobre el Estatut de Catalunya (aprobado en 1932) y las reformas en el plano educativo desataron una histérica campaña por parte de la CEDA de Gil Robles y de otros grupos monárquicos y reaccionarios. La “amenaza” del separatismo y del laicismo era el tema de artículos apocalípticos en la prensa derechista de entonces, advirtiendo de que “la propia existencia de España está amenazada”1. Ese mismo mensaje es transmitido, a veces literalmente, por la Cope, Abc, La Razón, El Mundo o Telemadrid todos los días. Toda comparación histórica tiene sus límites y no es el tema de este artículo, pero de lo que no hay duda es que el lenguaje guerracivilista en el que está embarcado el PP revela algo más serio que una mera coincidencia de estilo o de forma con el usado en los turbulentos años 30.

Vayamos por partes. Valdría la pena, en primer lugar, aclarar qué no es el proyecto de Estatut y para eso lo mejor es basarnos en lo que defiende el “laboratorio ideológico” del PP, la FAES, que con el título “Cataluña, según el proyecto de Estatuto: una nación tridimensional” (25/10/2005) dedica monográficamente uno de sus “papeles” al texto en discusión. El “estudio” acaba afirmando que el Estatut “declara la independencia por la puerta de atrás”. Pero antes de llegar a esa conclusión se pueden leer pasajes muy interesantes como el que lo califica de “modelo intervencionista más propio de las dictaduras socialistas que de sociedades libres”. El texto expresa una amarga indignación por el hecho de que “los católicos catalanes no hayan dado una batalla frontal contra la legalización del aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual y de “otras formas de convivencia”. Esa última formulación, siguiendo con el estudio, “constituye la puerta legal para la futura ampliación del matrimonio a uniones poligámicas como las que autoriza la religión islámica”. De momento, no hemos escuchado a Rajoy vincular el Estatut con Al Qaeda, pero no debería sorprendernos si lo hiciera próximamente. Si, según la fundación del PP, el Estatut llega a tal extremo que “legaliza el asesinato piadoso” podemos esperar cualquier cosa. El estudio revela su total estupefacción ante “el inesperado hecho” de que España sea un Estado plurinacional, “nada menos”.

Obviamente, el sentido de todas esas patrañas reaccionarias no es otro que alimentar ideológicamente al “núcleo duro” de la base de apoyo del PP. No deja de ser sintomático que la derecha quiera recuperar su posición en el gobierno azuzando la bandera del españolismo más rancio, en esta ocasión bajo la forma del anticatalanismo más visceral. En realidad eso es una señal de su debilidad y de su desesperación, aparte de un signo inequívoco de que siguen muy vivas las tradiciones reaccionarias de la burguesía española y del aparato estatal.

El Estatut no es ninguna “declaración de independencia”. En su preámbulo podemos leer algo tan confuso como: “(…) mueven este Estatut la aspiración, el proyecto y el sueño de una Catalunya sin ningún tipo de obstáculos a la libre y plena interdependencia que una nación necesita hoy”. En ningún momento se proclama la independencia y ni siquiera se defiende el derecho a la autodeterminación. En el Artículo 1 se afirma que “Catalunya ejerce su autogobierno mediante instituciones propias, constituida como comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución y el presente Estatut”.

Sería muy bueno que el Estatut fuera realmente un desafío al sistema político y económico capitalista, pero no lo es. Estaría muy bien que el Estatut, por ejemplo, cuestionase el papel de la monarquía, una institución heredada del franquismo y profundamente antidemocrática. Lamentablemente, cuando se refiere al monarca el proyecto de Estatut lo hace para reafirmar su papel. El Estatut determina, por ejemplo, que en los protocolos el presidente de la Generalitat “tiene la posición preeminente detrás del Rey”, es decir, se reconoce directamente al Rey como la representación política más importante en Catalunya. Sería muy positivo que cuestionase la Ley de Partidos que, en realidad, es una trampa contra todas las organizaciones de la izquierda, que defendiese derechos democráticos en los cuarteles del Ejército y de la Guardia Civil y estableciese mecanismos de depuración de los elementos fascistas que están incrustados en estas instituciones y también en el Poder Judicial. Estaría muy bien que en su preámbulo, en el apartado de los recordatorios históricos, el Estatut explicase el papel del franquismo en la represión de la lengua y la cultura catalana. Sería fantástico que se explicase cómo el pueblo trabajador catalán, hombro con hombro con los trabajadores del resto del Estado, lucharon contra la dictadura, contra todo tipo de opresión nacional y por una profunda transformación social. En el terreno social, por ejemplo, hubiera estado muy bien un apartado dedicado a defender a los trabajadores frente al buitreo de las multinacionales, que después de llenarse los bolsillos con dinero público amenazan con irse o, efectivamente, se van dejando a miles de obreros en la calle. También sería muy bueno que se hubiera hecho una defensa clara de la enseñanza y de la sanidad pública, estableciendo, por ejemplo, que no pueden ser objeto de privatizaciones y negocios particulares…

Sin duda, un Estatut de ese tipo, que significaría una defensa genuina de los derechos democráticos y sociales de la inmensa mayoría del pueblo catalán, no hubiera evitado la histeria de la derecha, pero sí hubiese conseguido un apoyo entusiasta de la población dentro de Catalunya y cuanto menos la simpatía del resto del Estado. El apoyo del pueblo catalán al Estatut es ahora mayoritario, pero es un apoyo pasivo, y sobre todo es una reacción defensiva frente a la galopante campaña anticatalana promovida por la reacción.

¿A quién beneficia

este Estatut?

El proyecto de Estatut se ha presentado como un gran avance en el terreno político y social pero en realidad no lo es. Incluso tiene aspectos bastante conservadores, la prueba más evidente es que ha sido apoyado por Convergencia i Unió, ex socio del PP en la primera legislatura de Aznar. Por ejemplo, en un tema tan decisivo como el educativo CiU se ha salido con la suya forzando al tripartito a incluir garantías para la escuela concertada y vetando, en la práctica, el carácter laico que en principio el tripartito defendía para la enseñanza. Así en el apartado 21, incluido en el título dedicado a los derechos, se establece que “los padres tienen garantizado, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 37.4, el derecho que les asiste para que sus hijos e hijas reciban formación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus convicciones en las escuelas de titularidad pública, en las cuales la enseñanza será laica”. Es decir, que no será laica porque los curas podrán predicar su doctrina en las aulas.

En el Artículo 131, dedicado a la educación, el Estatut limita la acción del gobierno catalán a los principios “establecidos por el Estado para el derecho a la educación y a la libertad de educación”. Sabemos qué significa “libertad de educación” para la derecha: derecho a recibir fondos públicos para sus centros. Por si no queda claro, en el Artículo 21 antes mencionado se establece que “los centros privados podrán recibir financiación pública de acuerdo a lo establecido en las leyes”.

Increíblemente el Estatut establece en su Artículo 161, dedicado “a las relaciones con las entidades religiosas”, la obligación de la Generalitat a colaborar, promocionar y cooperar con las entidades religiosas, apuntando explícitamente la posibilidad de desarrollar los convenios suscritos por el Estado central con las diferentes iglesias. Es vergonzoso que tres partidos que se reivindican de tradición laica hayan cedido en ese punto tan importante a CiU, la gran derrotada en las pasadas elecciones autonómicas. El “radicalismo” del Estatut no se ve por ningún lado. Según La Vanguardia (30-09-2005), en la recta final de la negociación del Estatut, Durán i Lleida declaró que la no laicidad de la enseñanza era una condición tan importante como la cuestión de la financiación para el voto de CiU.

En lo que respecta a derechos en materia social (vivienda, sanidad, educación…) el Estatut es tan genérico como todas las demás constituciones y nos remite a “lo que la ley determine”, siendo perfectamente aceptable para la burguesía, dado que para nada amenaza sus beneficios y sus subvenciones. En algunos casos, la plasmación concreta de “lo que la ley determine” significará una regresión, como es el caso de la nueva ley que la Generalitat quiere aprobar para principios de enero por la que convertirá el Institut Català de la Salut (ICS) en una empresa pública de gestión privada.

En lo relacionado con la lengua catalana la realidad no va a variar respecto a un tema central: no se establecen mecanismos legales ni financieros para que la enseñanza del catalán llegue en condiciones de calidad y gratuidad y sin perjuicio del escaso tiempo libre del que disponen los trabajadores. No obstante, con sólo mencionarla, la cuestión de la lengua desata la histeria de la derecha españolista reaccionaria. Es un derecho absolutamente elemental que en Catalunya cualquier persona tenga el derecho a ser atendida en catalán en la administración del Estado. El catalán dista mucho de estar normalizado, por ejemplo, en la administración de Justicia apenas un 21% de las sentencias fueron redactadas en esta lengua cuando el 50% de la población usa el catalán como lengua principal. La cuestión lingüística es un tema muy sensible y no debe ser utilizado en ningún sentido como un instrumento de opresión o discriminación. Pero aquí un aspecto fundamental son los medios públicos que se ponen a disposición. No basta con proclamar “el derecho y el deber de conocer las dos lenguas oficiales”.

Combatir la campaña

del PP

Para el PP, el Estatut es un pretexto para dar forma y base (aunque sea inventada) a reaccionarios argumentos con los que quiere erosionar al gobierno del PSOE, alimentando prejuicios y extendiendo al máximo el odio nacional. Es hipócrita decir, como dice Rajoy, que no hay una campaña anti-catalana. En un reportaje realizado por La Vanguardia (30-09-2005), basado en entrevistas realizadas en Madrid, se reflejaba muy bien la excitación nerviosa que la campaña del PP provoca en su base de apoyo tradicional: “María Zambrano pasea a sus 50 años recién cumplidos por la calle Serrano, en el barrio de Salamanca… Preguntarle por el Estatut (obligatorio castellanizarlo) es preguntarle casi por el diablo, que claramente se ha encarnado en Carod-Rovira. ‘Es una vergüenza. Están tensando las cuerda de nuevo, pidiendo más y más gobierno para terminar separándose de España. Y todo porque Maragall es un títere en manos de los amigos de los etarras, Carod-Rovira’. Esta opinión es compartida ‘punto por punto’ por Margarita, de 32 años, ingeniera técnica, que está ‘terriblemente indignada’ por lo que está ocurriendo en ‘España en general’ con los ‘catalanes presionando a un gobierno vendido a los separatistas”.

Entre los trabajadores, esa campaña venenosa del PP tiene menos impacto, porque hay una reacción natural de relativizar todo lo que viene de esa gente asociada a 8 años de mentiras, represión y retrocesos sociales, amén de su directa descendencia de la dictadura franquista. Así, en el mismo reportaje, pero en una entrevista realizada en el barrio obrero de Vallecas, Alberto Sánchez, de 42 años, empleado en una empresa de mensajería, decía lo siguiente: “¿Estatut, qué Estatut? A mi déjame de historias que no entiendo y pregúntame sobre qué pienso de unas obras que tienen a la gente permanentemente cabreada y sobre el tiempo que me roban para estar con mi hijo de siete años. Elena Molinero, auxiliar de clínica, de 41 años, asiente con la cabeza visiblemente. Para ella, eso del Estatut es ‘algo’ de los catalanes, ‘que no me interesa. Si quieren más gobierno, que lo tengan. Yo lo que quiero es que se acaben las obras para no pasarme la vida metida en un atasco”.

Sin embargo, el peligro de la división de la clase obrera en líneas nacionales existe. Ese es el punto más importante: que la intoxicación del PP no contamine la unidad de la clase obrera en todo el Estado español. Evidentemente es la izquierda, en particular los dirigentes del PSOE, los principales responsables de hacer frente a ese peligro. El problema es que no están siendo capaces de hacerlo y en algunos casos, directamente, están añadiendo agua a la rueda de molino de la reacción.

Efectivamente el Estatut tiene como telón de fondo la disputa por el pastel presupuestario entre la burguesía catalana y la burguesía centralista. El tripartido ha actuado como cadena de transmisión de los intereses de la burguesía catalana, permitiendo, además, que CiU, su legítimo representante, participe plenamente en su elaboración. El dinero de más que consiga la Generalitat no irá en beneficio de los trabajadores catalanes. No se puede hablar de “intereses de Catalunya” en abstracto, como lo hace la burguesía y el mismo tripartito. Un buen ejemplo de esto es el Pacto por la Competitividad suscrito entre la patronal y los sindicatos por el que el gobierno de la Generalitat va a destinar durante esta legislatura unos 2.000 millones de euros a diferentes medidas sociales, infraestructuras y ayudas a los empresarios. Mientras que a medidas sociales, de los 2.000 millones de euros, se destinan 153 millones, al “fomento de la competitividad” y al “fomento de las exportaciones y proyección internacional” se destinan más de 700 millones. Otro ejemplo es el incremento de la partida destinada a subvenciones a las escuelas privadas concertadas.

La postura de Ibarra, Bono, Vázquez y compañía

Estamos hablando de una disputa egoísta, claro que sí, por dinero y por privilegios, pero una disputa egoísta entre las diferentes burguesías del estado español entre sí y de esa disputa ni los trabajadores catalanes, ni vascos ni de ningún otro lado van a salir ganando. Lo que no se puede hacer, como hacen Ibarra (el presidente de Extremadura), Paco Vázquez (alcalde de Coruña) o Bono (ministro de Defensa) es pretender abanderar la defensa de los pobres contra los ricos haciendo frente único con el PP, es decir, con el representante político de los ricos. Hay que denunciar las maniobras de la burguesía catalana, hay que denunciar su tradicional utilización del sentimiento nacional del pueblo catalán para defender sus intereses de clase. Pero para denunciar las maniobras egoístas de la burguesía catalana no se puede ridiculizar, ni minimizar, ni negar los sentimientos nacionales de los catalanes, o incluso negar su existencia, como hace Ibarra. El 13 de octubre, Ibarra promovió una proposición no de ley, aprobada en la asamblea regional de Extremadura por el PP y el PSOE, en la que se rechaza el “concepto de solidaridad” recogido en el Estatut de Catalunya. Utilizan el sano sentimiento de la población de luchar contra los privilegios, contra la discriminación de las zonas pobres respecto a las ricas, para negar la existencia de particularidades históricas en Catalunya, Euskadi o Galicia, para negar que, efectivamente, en el Estado español conviven varias realidades nacionales diferentes y que han sido históricamente oprimidas por el centralismo español. Es importante no mezclar las dos cosas, porque como vemos en el caso de Ibarra, Bono y Paco Vázquez acaban siendo los abanderados del peor nacionalismo, el nacionalismo español, el nacionalismo opresor.

Además, si efectivamente esos señores están preocupados por el reparto de la tarta entre ricos y pobres es incompresible que no hayan dicho nada respecto a la reciente amnistía fiscal que el gobierno ha aprobado para las Sociedades de Capital Variable, que se encargan de gestionar las grandes fortunas2. ¿Por qué no protestan contra los presupuestos generales del Estado que vuelven a regalar millones de euros a los empresarios en concepto de incentivos fiscales o a los banqueros por los intereses de la deuda pública?

Es increíble que ningún dirigente socialista esté criticando seriamente la Ley de Capitalidad lanzada por Esperanza Aguirre y Gallardón en Madrid. Sobre ese proyecto se podía leer, el 18 de octubre, en el suplemento de Madrid de El País, los siguientes pasajes: “El documento fija un ‘fondo complementario de financiación’ por el que la capital ‘participa en los tributos del Estado”. “La administración central cederá porcentajes fijos —que aún están por negociar— de la recaudación del IRPF, del IVA…”. Atentos: “El texto legal recuerda que será necesario reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial”. Gallardón quiere modificar también la ley estatal que regula las incompatibilidades para facilitar los negocios de sus concejales mediante la Ley de Régimen Especial para Madrid. También, con esa futura ley, “personas que no fueron elegidas democráticamente en las elecciones municipales podrán ser miembro de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento”. ¡Increíble! Sin embargo, ni Ibarra ni los dirigentes del PSOE de Madrid, ni por supuesto la derecha, se escandalizan por el hecho de que Madrid “se quiera llevar todo” o que “cambie una ley que afecta a todos los españoles”. Algunos miopes dirigentes de la izquierda piensan que el anticatalanismo es más rentable electoralmente que la polarización en líneas de clase, sobre todo si sirve de cortina de humo para tapar las vergüenzas de la política social y económica del reformismo sin reformas.

Otro aspecto a tener en cuenta es que, al tener que enfrentarse a la ofensiva reaccionaria del PP, los dirigentes del PSOE y del PCE-IU se ven lastrados por sus compromisos pasados, durante la llamada Transición, en la que se estableció una ley de punto final de hecho, sin que fueran castigados ni siquiera removidos del aparato estatal los golpistas y criminales del 18 de julio de 1936. El PP, que ni siquiera apoyó la Constitución en su momento, la utiliza ahora contra el PSOE, y no sin cierta coherencia. La Carta Magna hereda muchos rasgos del franquismo como, por ejemplo, la monarquía o “la indivisibilidad del Estado” (Artículo 2), que entra en contradicción con el derecho a la autodeterminación —al que renunciaron el PSOE y el PCE en aras del consenso con la derecha—, cuya reivindicación es ahora necesaria para combatir coherentemente los efectos perniciosos que pueda tener entre los trabajadores la campaña reaccionaria del PP.

En el pasado reciente el PSOE, en la cuestión nacional, hizo una política frentista con el PP, aprobando medidas tan profundamente antidemocráticas como la mencionada ley de partidos. No es extraño que todo eso sea un lastre a la hora de hacer frente a la demagogia reaccionaria del PP y ese lastre sólo se puede soltar rompiendo con la política de colaboración de clases que han practicado los dirigentes del PSOE en todos los terrenos durante los últimos 25 años.

Otro de los problemas que tienen es su política en el terreno social. Si el Gobierno pusiese en práctica una profunda política de cambios sociales en el terreno educativo, en la sanidad, en el empleo, etc. todo el ruido que está montando el PP se desvanecería de un plumazo. Pero nos encontramos que el Estatut no entusiasma ni en Catalunya, como no podía ser de otra manera con el contenido que tiene. En general, la política económica y social del PSOE se diferencia poco de la que practicaba el PP y para colmo, como hemos visto, los dirigentes del partido no tienen ni la cohesión interna ni los argumentos más elementales para hacer frente a las bravuconadas de la derecha.

Desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores y del pueblo catalán el Estatut no es ningún paso adelante. Sin embargo sólo hay dos maneras de oponerse a él: como lo está haciendo el PP o defendiendo un programa genuinamente socialista e internacionalista, incluyendo el derecho a la autodeterminación. Las medias tintas dan como resultado la jaula de grillos que ahora mismo es la dirección del PSOE en ese tema, en la que cada dirección local se pliega o bien a la burguesía centralista o bien a la burguesía periférica, contribuyendo de esa manera a dividir a los trabajadores en líneas nacionales y a desarmarlo ideológicamente.

Paradójicamente, la derecha es más vulnerable que nunca, ¡se está mostrando tal como es! Lo único que magnifica los efectos de su estridencia es la inhibición de los dirigentes de la izquierda para hacer frente a ella de forma consecuente, tanto en el terreno de la cuestión nacional como en el terreno social. La moderación y el consenso de Zapatero es respondido con el envalentonamiento de la reacción. No deja de ser curioso que el Estatut, que en un primer momento se presentó como la alternativa razonable al “radical plan Ibarretxe” se haya acabado convirtiendo en un problema para el gobierno y el caballo de batalla del PP. La cuestión del Estatut revela, como otros muchos otros aspectos, las dificultades del reformismo en una época histórica en la que la crisis general del capitalismo y la polarización social marcan la tónica. Es la hora del marxismo revolucionario, es la hora del internacionalismo proletario.

1. Frase literal citada en Franco, caudillo de España, de Paul Preston.

2. Ver editorial de El Militante del número 187.