Corriente Marxista Internacional

La Generalitat ha llegado a un acuerdo con los vecinos del barrio del Carmel que se quedaron sin piso. Se les ha dado uno nuevo y unos cuantas decenas de miles de euros por el mobiliario y en compensación por los daños morales ocasionados. Estas ind Las medidas tomadas anteriormente han sido: paralización de 11 obras públicas para investigar si pueden causar algún derrumbe, dimisión del director general de Puertos y Transportes de la Generalitat y del presidente de la empresa pública supervisora de las obras del metro y la apertura de una comisión de investigación en el parlamento de Cataluña. Se han presentado estos acuerdos con los vecinos como la medida definitiva que restaurará todo el daño provocado por el derrumbe del Carmel.

Pero después de lo sucedido el pasado 25 de enero, nada podrá ser lo mismo. El derrumbe del túnel de maniobras de la línea 5 de metro destapó dramáticamente la corrupción existente en las adjudicaciones de obras públicas y los métodos de rapiña de las grandes empresas constructoras.

Corrupción

Frente a las acusaciones del cobro del 3% de comisión en la adjudicación de obras públicas, CiU, representante de la derecha catalana, reaccionó ferozmente amenazando con entorpecer la redacción del nuevo Estatuto para Cataluña. Es ampliamente conocido el alto nivel de corrupción existente durante los 23 años de gobiernos de CIU en la Generalitat. De hecho, estos días se está juzgando el caso “Turisme”, en el que cargos de CiU cobraban grandes sumas de dinero del patronato de turismo por trabajos nunca realizados. La reacción del PSC, ERC, ICV y EUiA, por ahora, ha sido limitarse al debate en la comisión parlamentaria, pidiendo excusas a CiU. El gobierno tripartito debería llegar hasta el final, destapar toda la corrupción y castigar a los culpables. Eso es, al menos, lo que esperamos los miles de jóvenes y trabajadores que les votamos.

La Barcelona del riesgo

En toda la investigación llevada a cabo ha quedado patente la aberración que supone que sean empresas privadas las que construyan obras públicas. Los capitalistas tienen claro que su objetivo es conseguir el máximo beneficio y el suceso del Carmel demuestra como las grandes constructoras no han tenido ningún escrúpulo en aumentar sus beneficios ahorrando en el estudio geológico y construyendo con material de baja calidad.

El Carmel es un caso trágico: se derrumbó un edificio, por poco no muere alguien, se han tenido que derribar 4 edificios más por el peligro... Pero para desgracia de muchas personas lo sucedido en el Carmel no es más que la punta del iceberg de las consecuencias que tiene que los empresarios se llenen los bolsillos a costa de las obras públicas. Las grietas en los edificios de otras zonas de Barcelona como la Teixonera, Baró de Viver, Bon Pastor, Coll, Guirnardó, Poblenou, Trinitat Nova y en las poblaciones de Santa Coloma o Badalona, demuestran que lo ocurrido no es un caso aislado. En todos estos casos la causa de los desperfectos es la construcción de un túnel para las nuevas líneas de metro o el tren y hace años que vienen denunciando la situación y el peligro que supone. Lo peor es que a medida que pasa el tiempo, lejos de solucionarse, las grietas se hacen más grandes y el peligro de derrumbe aumenta. Parece como si la vieja reivindicación de las asociaciones de vecinos de mejores comunicaciones para los barrios obreros se estuviera convirtiendo en el cáncer que acaba con los barrios por culpa de la corrupción en las obras públicas. Ahora las asociaciones de vecinos siguen reivindicando la mejora de las comunicaciones pero con garantías, no a precio de saldo.

Todos sabemos el sacrificio económico que supone para una familia obrera conseguir una vivienda. Ahora además se tiene que pedir tener “suerte” de que no haya una obra cercana que decida reducir gastos a costa de aumentar el peligro de derrumbe de los edificios de la zona, en caso contrario, todo el esfuerzo se puede quedar en nada en unos segundos.

El gobierno del tripartito debería indemnizar a todos los vecinos afectados por la realización de obras públicas, sean de la zona que sean. Además, para asegurar que esto no vuelva a suceder se deberían romper los contratos con las empresas privadas y que sea una empresa pública bajo control de los trabajadores y los vecinos la que lleve adelante las obras. Sólo el conocimiento y control de dónde se invierte cada euro público podrá evitar la corrupción política y la ansia de beneficios empresariales a costa de nuestra seguridad.


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