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Extracto: "Los trabajadores del Carmel son conocidos por su historia de combatividad y lucha por más y mejores infraestructuras para el barrio, reivindicadas incluso durante el franquismo. Ahora, cuando los vecinos del Carmel veían cumplida la his Los vecinos del barrio del Carmel vieron como el día 27 de enero se hundía un edificio de viviendas. Las alarmas se dispararon, toda una manzana quedó evacuada por la inminente amenaza de derrumbe, se desalojaron a más de mil personas.

El Carmel es un barrio que se creó fruto de la inmigración de trabajadores, principalmente durante los años 50 y 60. En un terreno montañoso y empinado, las barracas construidas con sus propias manos dejaron paso, poco a poco, a los edificios baratos.

Los trabajadores del Carmel son conocidos por su historia de combatividad y lucha por más y mejores infraestructuras para el barrio, reivindicadas incluso durante el franquismo.

Ahora, cuando los vecinos del Carmel veían cumplida la histórica reivindicación de mejorar las comunicaciones del barrio con el resto de Barcelona mediante una línea de metro, la negligencia ha provocado la destrucción de sus casas. Las obras de un túnel para el metro hicieron ceder la tierra que se tragó el edificio.

Los vecinos habían estado denunciando las crecientes grietas que habían aparecido en sus casas pero nadie les había hecho caso. “Más de 200 denuncias se han recopilado a lo largo de dos años de obras del metro en el Carmel. Se levantaba acta y todo apunta que se guardaba en una carpeta” (La Vanguardia., 9/02/2005).

Cuando el derrumbamiento se produjo, decenas de expertos explicaron que el barrio está situado en la ladera de una montaña, que tiene un subsuelo cambiante y es muy difícil predecir qué tipo de materiales se pueden encontrar y la resistencia que tendrán. Una vez más, se intentó atribuir el desastre a la imprevisibilidad de la madre naturaleza. De hecho, las palabras del conseller Joaquim Nadal fueron: “ha sido un accidente por una causa imprevista e imprevisible” (La Vanguardia, 6/02/2005). Pero muchas personas se preguntaban si no se podría haber hecho nada por evitar el accidente.

La construcción del túnel

Saber cuál es la empresa responsable de las obras no es tarea fácil. La empresa encargada de la construcción de la nueva línea de metro es GISA (empresa pública) pero subcontrata la obra a otras empresas como Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Vimsa y Comsa que a su vez también subcontratan servicios con otras empresas. Entonces, ¿quién decidió construir el túnel en esas condiciones?

GISA dice que la propuesta fue de las empresas privadas. Éstas dicen que presentaron un plan, pero en octubre, y se dieron cuenta que podía haber problemas, así que pidieron más dinero para realizar las obras con seguridad, pero GISA se negó a pagar más y las obras continuaron sin más. GISA dice que no recibió esas informaciones. ¿Por qué tanto interés en cargarle el muerto a otro?

“Si se concluye que las constructoras no actuaron de forma correcta, serán sus aseguradoras las que tendrán que afrontar con el gasto de las indemnizaciones. Pero, si la responsabilidad recae sobre la empresa pública GISA, las constructoras saldrán indemnes” (La Vanguardia, 9/02/2005).

Desgraciadamente, este es otro ejemplo de cómo los beneficios empresariales priman sobre la seguridad de las personas. Las obras públicas son utilizadas por las grandes empresas constructoras para aumentar escandalosamente sus beneficios. Como se suele decir “la empresa privada funciona mejor”... pero para llenar los bolsillos a los empresarios.

Hay varios métodos para construir grandes túneles, cuanto más barato es el método más probabilidad hay de que algo salga mal. Así que, con afán de sacar el máximo beneficio se suele elegir el más barato y se confía en que esa vez sea una de esas en que la probabilidad dice que no pasa nada. El problema es que hay veces, como en el Carmel, que el pequeño porcentaje de probabilidad de que las cosas salgan mal se convierte en realidad. ¿Pagarán las empresas constructoras con sus beneficios los daños causados? Es evidente que no. Así el negocio es redondo, ganan si la obra sale bien invirtiendo menos y continúan ganando si algo falla y sale mal.

Esta situación, al igual que la del trabajador muerto en la construcción del metro de Madrid el pasado martes 22 de febrero, demuestra el verdadero significado de dejar en manos de empresas privadas la construcción de obras públicas. Detrás de los grandes beneficios que obtienen las grandes constructoras no hay una “buena gestión”, se esconden recortes en medidas de seguridad, sobreexplotación de los trabajadores, alargamiento de la jornada de trabajo...

Comisiones

Aunque el accidente ha pasado con el gobierno del tripartito en Catalunya, las obras se contrataron durante el gobierno de CIU. Ahora hipócritamente CIU intenta evitar sus responsabilidades culpando al PSC de todo lo ocurrido. Maragall, el presidente de la Generalitat, en el debate parlamentario sobre lo ocurrido en el Carmel acusó a CIU de corrupción. Al parecer CIU habría estado cobrando un 3% de comisiones en las obras públicas durante los 23 años que ha gobernado en la Generalitat. Esto demuestra el enriquecimiento y financiamiento ilegal de CIU con los fondos públicos que pagamos los trabajadores.

El PSC tiene ahora la oportunidad de acabar con el clientelismo que fomentó CIU durante años. Tiene la oportunidad de desenmascarar la corrupción de la derecha catalana. Sería decepcionante para los miles de trabajadores que viven en el Carmel que tradicionalmente han votado a PSC i IC-V i EUiA que una vez reconocida la existencia de esas comisiones, que no se denunciara y castigara a los responsables.

Los dirigentes del PSC deberían hacer una política en beneficio de los jóvenes y trabajadores que les ayudaron a echar a la derecha del gobierno de la Generalitat.

En el caso del conflicto del Carmel, además de indemnizar a las familias afectadas, debería romper los contratos con las empresas privadas que tantos beneficios se han llevado y tantos desperfectos han causado y continuar las obras con una empresa pública que esté bajo control directo de los vecinos afectados por las obras y por los propios trabajadores.