Corriente Marxista Internacional

En enero las direcciones de UGT y CCOO aprobaron el acuerdo con el gobierno de la Generalitat y las patronales “para la internacionalización, la calidad del empleo y la competitividad de la economía catalana” tras casi un año de negociaciones. En enero las direcciones de UGT y CCOO aprobaron el acuerdo con el gobierno de la Generalitat y las patronales “para la internacionalización, la calidad del empleo y la competitividad de la economía catalana” tras casi un año de negociaciones. Las 86 medidas que contempla el acuerdo ascienden a más de 2.600 millones de euros (2.015 en esta legislatura) y van desde infraestructuras de transporte, mejora de la red eléctrica, educación, I+D, a medidas sociales como la extensión de servicios de ayuda a domicilio, complementos a las pensiones mínimas, pasando por todo tipo de subvenciones y ayudas a los empresarios con la excusa del “fomento de la competitividad”, “fomento de las exportaciones y proyección internacional”, etc.

Ya en el reparto de estos 2.000 millones vemos quién se lleva la parte del león de los recursos previstos en el acuerdo. Mientras que a las medidas sociales (atención a las persones mayores, a las personas con discapacidad, conciliación de la vida familiar y laboral, incremento del PIRMI, complemento a las pensiones mínimas, plan de acogida a los inmigrantes) se destinan 153 millones, los capítulos dedicados a “financiación de la actividad empresarial” y “atracción de inversiones” suman más de 700 millones.

Las direcciones de UGT y CCOO han presentado este acuerdo como algo completamente imprescindible para hacer más competitiva la economía catalana, pero más allá de las cuestiones relacionadas con las infraestructuras y la movilidad de mercancías y personas, con la formación profesional, o con el desarrollo tecnológico... el acuerdo adolece de los mismos defectos que tantos otros pactos sociales anteriores. Mientras que las medidas para los empresarios (no sólo para las PYMES, también para las compañías multinacionales) son medidas que se acaban concretando en dinero “contante y sonante”, las que se refieren a la “mejora de la calidad del empleo” no pasan de ser una declaración de buenas intenciones: “Es conveniente establecer en la negociación colectiva mecanismos para la conversión de contratos temporales a indefinidos” y otras cosas por el estilo.

Más de lo mismo

Lo mismo ocurre con el cierre de fábricas y los Expedientes de Regulación de Empleo. El acuerdo recoge que la Generalitat actuará para minimizar sus consecuencias. Esto es completamente insuficiente. La liberalización total del sector textil, sector en el que en el 2004 se han perdido ya 2.000 empleos, amenaza con nuevos cierres y más despidos. En otros sectores, como el de electrónica, hace tiempo que las multinacionales están desinvertiendo hasta llevar las plantas de producción al cierre. Philips, que en los años ochenta llegó a contar con ocho plantas de producción y 12.000 puestos de trabajo en todo el Estado, es un buen ejemplo. Ahora el grupo Philips sólo tiene dos fábricas, las dos en Barcelona: Barayo, con 370 trabajadores, y Lámparas Z, con 161. La multinacional ya ha planteado que “son inviables” y pretende cerrarlas tras llevarse la producción a otros países.

En el acuerdo no se contempla ninguna medida efectiva para impedir la destrucción de puestos de trabajo. Lo que sí hay es la retahíla de siempre: “la flexibilidad negociada de la organización del trabajo, del tiempo de trabajo y la organización profesional ha demostrado ser positiva” (sí, claro, sobre todo para los empresarios, que a cambio de esta flexibilidad no han puesto nada de su parte); “la flexibilidad interna negociada es preferible a la flexibilidad externa y los ajustes de empleo” (se olvidan decir que la primera no ha impedido lo segundo); “las bolsas horarias anuales de tiempo flexible o cómputos temporales distintos al año natural han demostrado ser positivos”, etc., etc.

En definitiva, el acuerdo estratégico entre Generalitat, sindicatos y patronal tiene unos claros beneficiarios: los grandes empresarios, los grupos industriales y financieros, que no tienen ningún pudor en reclamar ayudas y subvenciones del Govern de la Generalitat a la vez que incrementan el empleo precario, las subcontrataciones, los despidos y las regulaciones de empleo.

Lluís Perarnau

UGT · Barcelona


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