Imprimir
La política en materia educativa durante los años de gobierno de derecha en Catalunya dejó un saldo positivo y negativo a la vez. Abultados beneficios para los empresarios de la privada-concertada (por supuesto la jerarquia eclasiastica) y enormes dé La política en materia educativa durante los años de gobierno de derecha en Catalunya dejó un saldo positivo y negativo a la vez. Abultados beneficios para los empresarios de la privada-concertada (por supuesto la jerarquia eclasiastica) y enormes déficits en la educación pública. En septiembre de 2004 se iniciaba el curso con 17.000 alumnos estudiando en barracones, la mayoría de las aulas masificadas, falta de infrastructuras y condiciones dignas.

La otra cara es la educación privada-concertada que en diez años (1993-2002) ha recibido más de cino mil millones de euros (¡casi 900.000 millones de pesetas!), pasando de recibir 380 millones de euros en 1993 a 690 millones en 2002, entre una tercera y una cuarta parte del presupuesto educativo catalan. Es una verdadera vergüenza que mientras la educación pública padece todo tipo de problemas derivados de la falta de inversión, un puñado de empresarios reciban dinero público para hacer negocio, cobrando cuotas ilegales a los estudiantes matriculados y en muchos casos, sobre todo en los barrios obreros, ofreciendo una educación de dudosa calidad.

A finales de 2003 por fin pierde las elecciones CiU y se forma el gobierno tripartito en Catalunya. Desde el SE lo consideramos un primer paso para aplicar una política educativa en beneficio de los hijos de los trabajadores, y eso se concreta fundamentalmente en aumentar de manera drástica la inversión en educación, además de no dar ni un euro más a la educación privada-concertada.

Desde entonces, ha habido toda una serie de declaraciones tanto del Departament d’Ensenyament como del propio Maragall denunciando este lastre heredado de CiU y planteando que “la enseñanza pública es una de nuestras prioridades”.

Aumento del dinero destinado a la educación concertada

Al final, en el presente presupuesto, no sólo no ha disminuido el dinero a la concertada sino que ha aumentado en 90 millones de euros más, pasando a 780 millones. Las principales razones que dan son dos.

En primer lugar, que la educación concertada tiene un arraigo social que no se puede menospreciar. En Catalunya el 40% de los estudiantes están en centros concertados y en la ciudad de Barcelona llega al 60%. Pero esto se debe fundamentalmente a la situación de degradación en la que se encuentra la educación pública. Se ve claramente en los ciclos formativos, donde año tras año hay miles de estudiantes no admitidos en la pública que si pueden tienen que ir a la concertada a estudiar. ¡Que le hablen a estos del arraigo social!

Y en segundo lugar, que este aumento del presupuesto es “por que la ley nos obliga”, “por que hasta que los contratos firmados por CiU no venzan en 2006 no se puede hacer nada”, etc., Todo esto son excusas baratas. Es por todo el mundo conocido que los centros concertados no cumplen la ley que les “obliga” a que sean gratuitos.

Pero además ha salido a la luz recientemente un informe de 2001 que refleja claramente como la concertada incumple esa ley que supuestamente impide al Departament retirarle las subvenciones. De 739 centros inspeccionados, 117 cobraban recibos “por conceptos generales o inespecificados”, 296 centros “percibían cantidades a través de fundaciones, sociedades o asociaciones de padres” y 79 centros presentaban “irregularidades en el cobro de las actividades”, además otros 51 centros estaban acusados de “no avisar de que las actividades eran de carácter voluntario”.

En resumen, también desde el punto de vista legal existe la posibilidad de acabar con el negocio de la concertada. Está claro que si retiraran el dinero a la concertada destinándolo a la pública para mejorarla sustancialmente, esto desataría las protestas de los que se han estado beneficiando de esta situación, la derecha española, la catalana y sus apéndices: la jerarquia eclesiástica, el Opus Dei, la patronal de la educación privada (que vienen a ser los mismos), los jueces (los que hace unos años declararon que un centro concertado no incumplia la ley al cobrar 600 euros al mes... porque el sindicato de profesores que lo denunció no tenia representación en esa escuela) y compañía. Pero sin duda alguna también recibiría el apoyo de la mayoría de la comunidad educativa que se ha movilizado contra la política educativa de la derecha durante los últimos cursos, si fuera necesario volviendo a salir a la calle. Por lo tanto no es una cuestión de poder sino de querer. Claro está, si no lo hacen, se lo exigiremos luchando.

Aniol Santo

Sindicat d’Estudiants de Catalunya