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El pasado 1 de julio fue asesinada en un control militar en Guinea Ecuatorial la cooperante española Ana Isabel Sánchez Torralba de 22 años de edad, tras permanecer apenas 24 horas en el país al que fue a realizar tareas humanitarias. Hecho trágico

El pasado 1 de julio fue asesinada en un control militar en Guinea Ecuatorial la cooperante española Ana Isabel Sánchez Torralba de 22 años de edad, tras permanecer apenas 24 horas en el país al que fue a realizar tareas humanitarias.

Hecho trágico que para los medios de comunicación, para las instituciones católicas y para el gobierno del PP no merece a día de hoy especial interés. Tan solo “lamentan” o lo califican de “accidental” .

Los medios de comunicación tergiversan la información, ocultando la responsabilidad del régimen dictatorial guineano y las ayudas económicas que recibe por parte del Estado Español. La Iglesia Católica, y las Misiones Escolapias con la que iba la joven, guardan un silencio cómplice. La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, calificó el hecho de “accidente involuntario” y se conforma con las explicaciones de las autoridades guineanas. Así, en lugar de imponer sanciones por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, se siguen firmando acuerdos con la dictadura de Obiang.

Guinea Ecuatorial es un régimen dictatorial, donde la violación de los derechos humanos es sistemática, y no se respetan los derechos políticos y sociales. Ni existe libertad de prensa, ni sindicatos. En definitiva un país sometido al terror y al hostigamiento según acreditadas organizaciones no gubernamentales españolas. Un 65% de su población no tiene medios para satisfacer sus necesidades básicas, la población guineana sigue viviendo en la pobreza absoluta.

Todo tiene una explicación, en este caso se trata del primer productor de petróleo de toda África con una previsión de 12,4 millones de barriles en el 2003. Petróleo controlado por multinacionales petroleras estadounidenses y francesas, también existe interés por parte de Repsol YPF. El pueblo no se beneficia, sino que los millones de dólares van a parar a los gobernantes corruptos.

Para el sistema capitalista, los intereses económicos y políticos están por encima de los derechos humanos. Las instituciones burguesas encargadas de velar por el cumplimiento de estos derechos sólo se dedican a lavar conciencias.

Ya en 1983 fue asesinada Carmen Samaranch Kirner cooperante española que había elaborado un informe sobre la desviación de la ayuda alimenticia y sanitaria a miembros del gobierno.

Si este lamentable hecho hubiera tenido lugar en Cuba, ya imaginamos la respuesta de la derecha reaccionaria y de la burguesía decadente. Así pues, queda claro y patente que la defensa de las “causas humanitarias” tan sólo son excusas para apropiarse de las materias primas y recursos energéticos y controlar un país, ejemplo Irak, o en otras, se ponen la venda de los ojos ante las dictaduras “amigas” con tal de seguir lucrándose.

Nuestra rabia e indignación se acumula ante hechos como este. Debemos de canalizarlas a través de las organizaciones políticas y sindicales de clase, combativas, coherentes, con métodos y programas marxistas. Acabar con injusticias como ésta y las producidas por el sistema capitalista sólo es posible a través de la transformación socialista de la sociedad.

Carlos Castellano (CCOO · Barcelona)