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El 24 de septiembre se cumplían seis meses desde que ETA declarara un “alto el fuego permanente”, después de tres años sin atentados mortales, dando un paso importante en lo que desde el gobierno se califica como “proceso de paz” y desde la izquierda El 24 de septiembre se cumplían seis meses desde que ETA declarara un “alto el fuego permanente”, después de tres años sin atentados mortales, dando un paso importante en lo que desde el gobierno se califica como “proceso de paz” y desde la izquierda abertzale como “proceso de resolución del conflicto”. En este período el PP y el aparato del Estado han desa-tado una feroz campaña contra el gobierno de Zapatero. Día tras día la derecha y sus medios de comunicación denuncian la gran conspiración PSOE-ETA que asola España. Sin embargo, la realidad es que el gobierno ha endurecido la represión contra la izquierda abertzale. Queda en evidencia, una vez más, que toda concesión que el PSOE hace a la derecha sólo sirve para alimentar sus reaccionarias exigencias.

El 27 de abril Arnaldo Otegi es condenado por la Audiencia Nacional a quince meses de cárcel por “enaltecimiento del terrorismo”, el 6 de junio Mariano Rajoy “rompe toda relación” con el gobierno y le retira su apoyo tras anunciar Patxi López que el PSE se reunirá con Batasuna. Un día después el juez Marlaska interrumpe en Pamplona una rueda de prensa de Batasuna, el 9 de junio el Tribunal Superior del País Vasco admite a trámite la querella criminal del Foro Ermua contra el lehendakari y tres dirigentes de Batasuna por la reunión mantenida el 19 de abril y un día más tarde la Asociación de Víctimas del Terrorismo se manifiesta en Madrid con apoyo del PP con el lema “no en mi nombre”. El 1 de octubre en Sevilla realizan otra manifestación similar contra la negociación. La estrategia del PP para derribar al gobierno en las próximas elecciones está clara y si fracasa no será gracias a la respuesta que le están dando los dirigentes del PSOE, sino a pesar de ella.

No es de extrañar que en este contexto, caracterizado por el incremento de la represión, las dilaciones y los escasos resultados, crezca el malestar en el entorno de la izquierda abertzale y desde distintos medios se cuestione el futuro de dicho proceso. La huelga de hambre desde el 7 de agosto de José Ignacio de Juana Chaos al que, tras haber cumplido su condena, el fiscal pide 96 años de cárcel por escribir dos artículos de prensa; el comunicado de ETA el 18 de agosto enfatizando la crisis del proceso, el recrudecimiento de la kale borroka las últimas semanas y la aparición de militantes armados en el Gudari Eguna (día del soldado vasco) parecían anunciar una ruptura del proceso. Sin embargo la continuidad del mismo, a pesar de todo lo dicho, demuestra la existencia de importantes fuerzas internas que lo alimentan. ¿Cuáles son?

Los intereses en juego

En primer lugar la convicción tanto por parte del sector más inteligente del aparato del Estado, como de ETA, de la imposibilidad de lograr sus objetivos mediante el aplastamiento de la otra parte. La defensa histérica de la represión por parte del Partido Popular para “derrotar” a ETA no acepta la experiencia de otros países que demuestra que es imposible solucionar un conflicto político por la vía de la represión. El caso de Palestina, donde la clase dominante israelí con el apoyo de los EEUU machaca al pueblo palestino, lo demuestra. Sólo han logrado que se fortalezca Hamás y que el problema se agrave cada día más.

Por su parte, ETA sabe que nunca ha habido más oposición a los métodos del terrorismo individual, alimentado ahora por la aparición del terrorismo islámico. Ha quedado en evidencia que sus acciones únicamente benefician a la reacción, dando excusas para el recorte de derechos democráticos. Aunque probablemente haya un sector que piense en seguir, la acción armada es imposible sin un cierto apoyo de masas y éste se ha hundido hasta tal punto que sólo la política lunática del PP, en un contexto de derrotas de la clase obrera, lo podría revitalizar.

La burguesía ha visto en el caso del Sinn Fein un ejemplo práctico de cómo dirigir a la izquierda abertzale al remanso institucional. El IRA ha abandonado la lucha armada sin lograr ni uno solo de los objetivos por los que luchó. El gran marxista y revolucionario irlandés James Connolly tenía razón al defender que sólo la lucha unida de la clase trabajadora irlandesa y británica por el socialismo podía ofrecer una solución auténtica a la cuestión nacional irlandesa. Por su parte el PNV, que no quiere quedarse al margen de la negociación, está preparando un nuevo estatuto que implique más concesiones para la burguesía vasca. Desde su perspectiva, al igual que ha ocurrido en Irlanda, la pretendida construcción nacional debe ir acompañada de “paz social” en un contexto de mayores recortes sociales y ataques a la clase obrera.

La lucha revolucionaria, única salida

Una postura auténticamente socialista implicaría la defensa de los derechos democráticos, derogando la reaccionaria Ley de Partidos, acercando a los presos políticos vascos a las cárceles de Euskal Herria, en lugar de utilizarlos a ellos y a sus familiares como moneda de cambio para obligar a ETA a dejar las armas (intento condenado al fracaso de antemano ya que sólo provoca un endurecimiento lógico de las posturas de los presos, como demuestran sus últimos comunicados y la huelga de hambre de De Juana Chaos). El PSOE debería vincular la defensa de los derechos democráticos como el derecho de autodeterminación a la lucha por la transformación socialista de la sociedad, pero para sus dirigentes el programa del marxismo no consta en su actual agenda. El PSOE que accedió al gobierno como consecuencia de una movilización de masas, particularmente de la juventud, se vio obligado el primer año de mandato a hacer una serie de gestos para asentar su apoyo social como la retirada de tropas de Iraq, etc., apoyándose en IU y ERC, que no han ejercido ningún tipo de oposición. Sin embargo, en la medida que carece de una alternativa a este sistema y que la derecha es la única que ha ocupado las calles, se ha distanciado de sus viejos socios para buscar el apoyo de CIU, del BNG y del PNV, derechizando su política cada vez más en la cuestión nacional y en las cuestiones de clase y haciéndose eco de los sectores dominantes en la sociedad, la iglesia, la banca, la patronal y los poderes fácticos del Estado.

De esta manera, la cuestión nacional catalana y vasca es utilizada por la socialdemocracia como cortina de humo para aplicar una política de recortes sociales, como la nueva reforma laboral. Para el PSOE, el avance del proceso en el País Vasco es una de las principales bazas para abordar las citas electorales de los dos próximos años. El gobierno necesita que el proceso avance como lo necesita la dirección de la ilegalizada izquierda abertzale, con la diferencia de que el tiempo corre a favor del PSOE, que no tiene la urgencia de la organización ilegalizada que se juega su presencia institucional en ayuntamientos y diputaciones. Esta es la razón de que el PSOE presione a la izquierda abertzale para que se legalice sin derogar la reaccionaria Ley de Partidos. Dicha Ley es una amenaza para cualquier organización combativa. Mientras la dirección de Batasuna parecía estar dispuesta a pasar por ventanilla y legalizarse, la base ha comprendido que si, en el inicio del proceso, no se logra derogar dicha Ley es de ciencia ficción creer que al final se logrará el reconocimiento del derecho de autodeterminación y la unidad territorial de Euskal Herria.

Esto pone en evidencia que las aspiraciones democráticas de Euskal Herria no vendrán de las mesas ni de los pactos y componendas con el PNV-EA. Sólo la lucha revolucionaria por el socialismo de la clase trabajadora y la juventud unidos por encima de fronteras nacionales dará una satisfacción a las aspiraciones democráticas.