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La magnífica lucha protagonizada por los trabajadores de astilleros durante el otoño del año pasado tocó a su fin el 16 de diciembre, día en que los dirigentes sindicales firmaron un plan que se resume en dos cosas: privatización de cuatro factoríasy (Xaquín Gª Sinde, José R. Rico y Arturo Llago son miembros de la Comisión Ejecutiva de CCOO Izar-Ferrol)

La magnífica lucha protagonizada por los trabajadores de astilleros durante el otoño del año pasado tocó a su fin el 16 de diciembre, día en que los dirigentes sindicales firmaron un plan que se resume en dos cosas: privatización de cuatro factorías y destrucción de empleo fijo.

Por lo tanto, este plan representa otro retroceso en las condiciones de los trabajadores en general, no solamente de los de la construcción naval.

Destrucción de empleo fijo

La destrucción de empleo fijo se acerca al 40% de la plantilla. Y hablamos de “empleo fijo”, y no de empleo a secas, porque es obvio que esos puestos de trabajo serán sustituidos por empleos precarios en las compañías auxiliares. La realidad ya demostraba que las factorías de Izar no eran capaces de hacer el trabajo sin los obreros subcontratados, y esto va a ser todavía más verdad con las plantillas que van a quedar. Esto significa lisamente que se cambia empleo fijo y con derechos por empleo precario con muchos menos derechos.

La gravedad del proceso lo refleja el dato de que, hace 20 años, las plantillas de los astilleros públicos rozaban los 40.000 trabajadores. En sólo dos décadas, la destrucción de empleo supera el 80%. Con este plan, las plantillas quedarán en menos de 7.000 trabajadores; al mismo tiempo, se estima en más de 30.000 los trabajadores de las empresas auxiliares vinculadas preferentemente al sector naval.

A pesar de que tal nivel de reducción de plantilla compromete el futuro de alguna factoría, como es el caso de Fene, el plan no contempla ninguna cobertura de plazas, que ni siquiera se ha reivindicado. Eso sí, los dirigentes sindicales declaran ahora que le van a exigir a la SEPI que entren jóvenes, ¡después de haber firmado el plan!

Aumenta la privatización

Toda privatización es un retroceso para el movimiento obrero porque refuerza la idea de que, por principio, las empresas privadas son más eficientes que las públicas, lo que a su vez se utiliza para que también se acepte la privatización de los servicios públicos.

Para hacer más atractivas las factorías a privatizar, ahora se anuncian nuevas contrataciones, a pesar de que esta reconversión se justificó porque no había carga de trabajo ni podía haberla. El plan recoge, entre cartera de pedidos y compromisos de contratación, un total de 35 buques (sin contar las reparaciones ni los proyectos ya en construcción). Pero si va a haber tanta carga de trabajo, ¿por qué hay que privatizar? ¿Cómo se puede admitir sindicalmente que la carga de trabajo sirva para justificar la privatización y hacerla más atractiva? ¿Y cómo se puede admitir sindicalmente una reducción de plantilla tan brutal a sabiendas que provocará un aumento de la subcontratación, lo que tenderá a degradar todavía más las condiciones de trabajo?

Se puede ver lo sucedido en anteriores privatizaciones de astilleros (Astander fue el último caso): no resolvieron su futuro, pero sí sirvieron para dar prebendas, subvenciones y beneficios a determinados empresarios, manteniendo durante años una situación de “crisis”, para exigir sacrificios a los trabajadores.

Que ésta haya sido la experiencia real de las privatizaciones tampoco significa que con la titularidad pública todo vaya bien. De hecho, a la vista de la situación de Izar, todo parece haber ido bastante mal. Pero la responsabilidad es de los gestores de la empresa, en ningún caso de los trabajadores. 2003 fue el año récord en la historia de contratación de buques en el mundo, pero los directivos de Izar no firmaron ni un solo contrato. Y en un reciente artículo se comentaba “el grado notable de tolerancia que reina en la empresa ante determinadas corruptelas; por ejemplo, ciertos proveedores conocían con los motes de ‘30%’ y ‘el doble’ (aludían al montante de la comisión) a su intermediario con Izar”.

Un plan para beneficiar a los capitalistas

Esto demuestra la necesidad de establecer un serio control a través de la participación mayoritaria de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas públicas, ya que al final somos los únicos interesados en su buen funcionamiento y es a quienes se nos piden sacrificios para salvar la empresa. Esto es lo que deben defender los dirigentes sindicales, en vez de andar aceptando tan tranquilamente las privatizaciones. Además, deberían explicar qué extraños criterios sindicales siguieron para apoyar la privatización de Sestao, Gijón, Sevilla y Manises, y sin embargo exigir la continuidad como públicas de San Fernando y Fene.

Los dirigentes sindicales presentan como una victoria que las factorías a privatizar se mantengan en un bloque, pero esto es simplemente ganar algo de tiempo porque no resuelve el problema de fondo. Basta que nadie quiera comprar las factorías en esas condiciones para que dentro de unos meses haya un nuevo chantaje: o privatización por separado, o el fin para todas. El resultado es fácil de prever: los dirigentes sindicales volverán a hacer gala de su “responsabilidad”.

Como siempre ocurre en estos casos, las concesiones de los dirigentes sindicales son concretas e inmediatas; los compromisos de la patronal, abstractos y futuribles. Porque, además, el plan tiene otras carencias: no define un proyecto industrial, no contempla inversiones para modernizar las instalaciones y diversificar la producción hacia sectores con futuro, no potencia la I+D+i, no limita la subcontratación ni recoge ningún avance para los trabajadores subcontratados... En definitiva, es meramente otra vuelta de tuerca de la reconversión naval, una continuación de los planes anteriores y un precedente de los planes futuros, que los habrá, como bien demuestran las “inquietudes” expresadas por Bruselas justo al día siguiente de su firma.

Además, quedaron pendientes de negociar las medidas laborales para los trabajadores que sigan en activo. Es verdad que del texto del plan desapareció toda referencia expresa a la movilidad geográfica y funcional, pero no porque los dirigentes sindicales estén en desacuerdo con las medidas, como claramente se deduce de un comunicado de la Federación Minerometalúrgica de CCOO (15/12/04), que dice textualmente que “Felipe López [el secretario general] adelantó que es imprescindible desechar dos aspectos que ‘ni es el momento ni el lugar para abordarlos’, con relación a la movilidad geográfica y funcional planteada por la SEPI”.

No era “ni el momento ni el lugar” para abordar aspectos que provocarían rechazo al plan entre los trabajadores que permanecerán en activo, pero habrá que estar muy atentos a lo que se vaya a negociar a partir de ahora porque el tercer gran objetivo de la SEPI es empeorar las condiciones laborales. De hecho, el plan habla en diferentes sitios de “medidas de organización y racionalización industrial”, y ya sabemos qué esconden esos eufemismos.

Diferencias en el PSOE

El nuevo gobierno del PSOE debería haber planteado un plan para el sector naval que tuviera en cuenta los aspectos sociales, tanto por el interés general que tiene el mantenimiento del empleo (y un empleo digno) en las zonas afectadas, machacadas por anteriores reconversiones, como por lo que puso en evidencia el desastre del Prestige: la falta de medios públicos para hacerle frente eficazmente. ¿Ya se han olvidado de todo aquello? ¿Proteger los más de 6.000 Km de costa no es una razón de Estado?

Como vinimos señalando en artículos anteriores, este Gobierno está sometido a presiones para que sus planes favorezcan a los de siempre, empresarios, constructores, banqueros y capitalistas.

El ministro Solbes defendió un plan que no contemplaba el interés social, ha sido el adalid de la ortodoxia capitalista, al defender la reducción brutal de plantilla, el cierre de factorías y la privatización. El objetivo estratégico de estas medidas apunta a facilitar la futura creación de una gran multinacional europea de construcción naval, al estilo de EADS en el sector aeronáutico.

Hay que decir claramente que ése no es el camino que llevará a la solución de los problemas de los trabajadores y los jóvenes, que somos los que llevamos al PSOE al Gobierno. Esa política es la política de la derecha, no la de la izquierda. Si queremos que se aplique una política auténticamente de izquierdas que favorezca a la mayoría de la población, hay que contrarrestar las presiones que la burguesía ejerce sobre el Gobierno. Y la única manera de hacerlo es con la movilización.

Los trabajadores lucharon desde el principio

Movilizarse para evitar esta reconversión es lo que hicieron los trabajadores de Izar desde que en septiembre se anunció el plan. Se demostró la disposición de los trabajadores a luchar, se demostró la fuerza de la clase obrera cuando se moviliza y se demostró el enorme apoyo social que despertaba, las simpatías de los trabajadores de otros sectores, de los estudiantes, de la población obrera en general, incluso de algunos profesionales y comerciantes, que se manifestaron masivamente en las zonas afectadas. Esa movilización masiva puso en jaque los planes iniciales de la SEPI, que tuvo que retirar el plan inicial y presentar otro. Incluso dejó entrever divisiones en el seno del PSOE sobre el camino a seguir, que afectaron al propio Gobierno.

La movilización de los trabajadores creó unas condiciones muy favorables para que la lucha hubiese culminado con un éxito total.

Si el gobierno no hubiese cedido, se podía haber incrementado la presión, ya que la movilización no tuvo nunca la coordinación necesaria para golpear juntos en el mismo momento y con la misma intensidad en todas las zonas, ni tampoco se extendió la lucha al resto de los sectores. Ni siquiera se convocó una manifestación en Madrid de todas las factorías, como se hizo en marzo de 2004 durante la negociación del convenio colectivo.

Todo esto se podía haber hecho, pero dependía de los dirigentes sindicales estatales, que no han estado a la altura de los trabajadores.

Los dirigentes de UGT y CCOO se mostraron satisfechos con la firma de este acuerdo. Felipe López (CCOO) afirmó que “este es el único acuerdo posible ante una situación muy complicada”. Y Manuel Fernández “Lito” (UGT) dijo que “si me dicen hace dos meses que íbamos a conseguir esto, lo habría puesto en duda. Todos los centros siguen abiertos y con carga de trabajo”.

En estas declaraciones se resume la valoración positiva de un acuerdo que sin embargo es un nuevo paso atrás. Y los argumentos son los de siempre: el “mal menor”, no se podía hacer nada más, cualquier otra cosa hubiera sido peor… en definitiva, resignación.

Esta política sindical del “mal menor” se basa en la aceptación de las reglas del mercado, de los argumentos sobre la necesidad de salvar las empresas a través de aumentar los beneficios de los empresarios y, en definitiva, de que hay que ser “realista” y si una empresa no funciona, pues los trabajadores tenemos que aceptarlo y todo lo que se consiga es incluso un “regalo”. Esta aceptación del capitalismo como único sistema posible conlleva además que se acabe por desconfiar de la fuerza de los trabajadores y de su capacidad de lucha para cambiar las cosas.

Evidentemente, con estos planteamientos no se puede presionar seriamente a ningún empresario o gobierno. Se ha puesto en evidencia la bancarrota de la política de los actuales dirigentes sindicales y la necesidad de una acción sindical desde unos presupuestos claramente de izquierdas y socialistas.

Hay que recuperar las auténticas ideas del socialismo

El plan fue aprobado en todos los centros de trabajo. Esto se debe a que las factorías civiles llevan sufriendo reconversiones desde hace 20 años y los prejubilables (que son mayoría o, en cualquier caso, un porcentaje muy alto de la plantilla) ven una salida (mejor o pero, pero salida) a la situación. Por otro lado, la falta de voluntad de lucha demostrada por los dirigentes sindicales llevó a que muchos trabajadores, prejubilables o no, pensasen que no valía la pena continuar porque no conduciría a ningún resultado mejor. En cualquier caso, esta aprobación por los trabajadores no le resta gravedad al hecho de que los dirigentes sindicales primero firmasen el plan y después consultasen, es decir, al hecho de que el plan fue firmado a espaldas de los trabajadores.

Como explicamos desde el principio, la correlación de fuerzas en este conflicto nos era favorable. Nuestra lucha se convirtió en un problema político de primer orden y generó una enorme simpatía a lo largo y ancho del Estado. Si el resultado no fue más favorable a los trabajadores es por los dirigentes sindicales, que no quisieron luchar. De hecho, la movilización fue producto del empuje de los trabajadores en las factorías; los dirigentes no mostraron ninguna intención de unificarla y extenderla, ni siquiera de impulsarla.

La lucha de Izar pone de manifiesto el papel clave de la dirección sindical, papel que se volverá a poner de manifiesto en el futuro, empezando por las negociaciones del próximo acuerdo social con la patronal y el Gobierno. La actuación de los dirigentes está provocando en muchas empresas el malestar y la critica de los trabajadores, pero esto no puede llevar a la pasividad. Todo lo contrario: la actual deriva sindical sólo puede corregirse con la participación y el esfuerzo de todos porque la solución a los problemas de nuestra clase es siempre una tarea colectiva, también cuando el problema son los dirigentes que tenemos. Porque lo que se está poniendo de manifiesto en las últimas luchas importantes (Síntel, Puertollano, Izar…) es la necesidad de construir una nueva dirección para el movimiento obrero y nuestros sindicatos, una dirección con voluntad de lucha, con un programa anticapitalista y con unos métodos democráticos y asamblearios, una dirección en definitiva que se guíe por las ideas del marxismo.