Corriente Marxista Internacional

Después de una semana de protestas de masas y enfrentamientos con la policía en todo el sur de Perú, el gobierno de Toledo se ha visto obligado a retirar sus planes de privatización de dos empresas eléctricas —Egasa y Egasur— y ha tenido que pedir di Después de una semana de protestas de masas y enfrentamientos con la policía en todo el sur de Perú, el gobierno de Toledo se ha visto obligado a retirar sus planes de privatización de dos empresas eléctricas —Egasa y Egasur— y ha tenido que pedir disculpas a la población de Arequipa, la ciudad que se ha convertido en el centro de las protestas.

Las protestas y huelgas de masas contra la privatización empezaron hace unos meses, pero el viernes 14 una concentración de al menos 20.000 personas, que acabó en violencia cuando la policía cargó contra la multitud, fue la gota que colmó el vaso. La furia de la población en Arequipa y otras regiones del sur estalló ante la desfachatez del gobierno de Toledo.

Hay que recordar que el propio Toledo durante su demagógica y populista campaña electoral había prometido, incluso firmó una declaración en Arequipa ante la Federación Regional de Trabajadores, no privatizar Egasa y Egasur. Con estas promesas consiguió aproximadamente el 75% de los votos en Arequipa, que es la segunda ciudad más grande del país con unos dos millones de habitantes. Además, los planes de privatización incluían el despido inmediato del 20 por ciento de la fuerza laboral, y no garantizaba el empleo del otro 80 %.

Perú ya tiene una amplia experiencia en privatizaciones y el balance es un completo desastre: ya han provocado miles de despidos, corrupción y aumentos en las facturas. Durante la dictadura de Fujimori hubo un plan de privatizaciones masivas (promovidas por un acuerdo con el FMI) que permitió al Estado conseguir 9.000 millones de dólares. El resultado fue que la población nunca se benefició de estas privatizaciones. La privatización de Egasa y Egasur también se ha caracterizado por acusaciones de corrupción.

Incluso el cuarto vicepresidente del gobierno, Javier Díez Canseco, dijo que el precio base de la venta, 177 millones de dólares, era ridículamente bajo. De acuerdo con sus datos, los activos fijos de las dos empresas valen al menos 340 millones de dólares y sólo Egasa tiene unos beneficios anuales de 80 millones de dólares. Por si esto fuera poco, ¡el precio final que el 14 de junio pagó Tractebel fue 10 millones de dólares, inferior al precio base fijado por el gobierno!

Insurrección de masas

Por todos estos motivos no es sorprendente que las protestas de masas en Arequipa se volvieran muy violentas. Los trabajadores de la construcción civil ayudaron a la población a levantar adoquines de las calles y los utilizaron para construir barricadas para defenderse de las cargas policiales. Los manifestantes atacaron las oficinas de los bancos privatizados y diferentes agencias gubernamentales, incluso prendieron fuego a algunas. La policía utilizó botes de gas lacrimógeno para intentar controlar las manifestaciones pero, finalmente, tuvo que retirarse porque las masas, que se defendían con palos, piedras y botellas, les repelieron y consiguieron mantener el control de la plaza principal de la ciudad. Los manifestantes coreaban: "¡Arequipa, revolución! ¡Es urgente, un nuevo presidente!" También utilizaron las campanas de la catedral que tradicionalmente se utilizaban para reunir a la población para una revolución o una insurrección (en las que Arequipa tiene una rica y orgullosa tradición). Los enfrentamientos continuaron durante todo el fin de semana y más de 100 personas resultaron heridas, otras 52 fueron arrestadas y los daños a la propiedad, según el gobierno, alcanzaron los cien millones de dólares. Un estudiante murió debido al impacto en su cara de un bote de gas.

El gobierno claramente había perdido el control de la situación. Finalmente, el domingo 16 de junio, Toledo declaró el estado de emergencia en Arequipa durante un mes, suspendió las libertades constitucionales, declaró el toque de queda y puso la región bajo el control del ejército. Unos 700 soldados y mil policías intentaron conseguir de nuevo el control de la ciudad.

La declaración del estado de emergencia, lejos de poner la situación bajo control, añadió más leña al fuego. El lunes, el Frente Amplio Cívico de Arequipa declaró una huelga general indefinida y las protestas se extendieron a las regiones vecinas de Tacna, Cusco, Puna y Moquegua. A través de sus organizaciones, la mayoría de estas provincias decidieron no reconocer la autoridad del presidente Toledo. En todas partes los diferentes frentes que se habían formado para luchar contra la privatización tomaron la dirección de las protestas y convocaron una huelga indefinida.

La formación de comités de lucha, el no reconocimiento de las autoridades nacionales, asambleas de masas para decidir el rumbo de la lucha, choques con la policía y el ejército donde la población consiguió temporalmente repeler a las fuerzas del Estado, la extensión del movimiento a otras regiones, etc.. son síntomas del rápido proceso de avance de la conciencia de las masas en periodos de lucha.

El gobierno derrotado

Finalmente, enfrentado a la extensión de la rebelión, que no fue capaz de controlar con la represión, y con la amenaza de una huelga general nacional por parte de la Coordinadora Nacional de Frentes Regionales con el apoyo de la CGTP, el gobierno se hundió el jueves 20 de junio. La Declaración de Arequipa, firmada con los dirigentes del Frente de Arequipa, incluía la suspensión de la privatización de Egasa y Egasur, una disculpa pública por parte de los ministros de Justicia e Interior que habían sido los más beligerantes en sus declaraciones y acciones contra el movimiento, y la suspensión del estado de emergencia en 48 horas.

Esta victoria ha animado el movimiento en otras regiones. Con alzas y bajas está claro que el movimiento contra el gobierno de Toledo continuará, y en el proceso, los trabajadores y campesinos pobres sacarán cada vez conclusiones más avanzadas. Se darán cuenta de que el problema no es el gobierno sino el propio sistema capitalista y la enorme presión que el imperialismo ejerce sobre su país. A través de la escuela de la acción directa de masas ya han aprendido que pueden derrocar una dictadura, que pueden contener el estado de emergencia y obligar al gobierno a dar marcha atrás en una decisión clave. Esto les dará más confianza para futuras batallas. Ahora la tarea clave para los activistas sindicales y de izquierdas en Perú es la creación de una dirección con una comprensión clara de los desafíos a los que se enfrentan, particularmente la necesidad de vincular la lucha contra la privatización, contra la pobreza, la defensa de los empleos y las condiciones laborales, con la lucha por la transformación socialista de la sociedad en el marco de una Federación Socialista de América Latina.


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