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El pasado 23 de octubre centenares de miles de personas tomaban las calles de más de 40 ciudades en toda Colombia y paralizaban distintos organismos y empresas del sector público, la salud, educación y una parte significativa del transporte del país respondiendo a la convocatoria de Paro Nacional realizada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). El objetivo de la convocatoria era rechazar el estado de "conmoción interior" decretado por Uribe. La jornada de movilización se convirtió en una gigantesca muestra de rechazo a las políticas del gobierno y de apoyo a las luchas de los corteros de caña, los trabajadores del sistema judicial y las comunidades indígenas, que desde hace varias semanas están sacudiendo el país.

El pasado 23 de octubre centenares de miles de personas tomaban las calles de más de 40 ciudades en toda Colombia y paralizaban distintos organismos y empresas del sector público, la salud, educación y una parte significativa del transporte del país respondiendo a la convocatoria de Paro Nacional realizada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). El objetivo de la convocatoria era rechazar el estado de "conmoción interior" decretado por Uribe. La jornada de movilización se convirtió en una gigantesca muestra de rechazo a las políticas del gobierno y de apoyo a las luchas de los corteros de caña, los trabajadores del sistema judicial y las comunidades indígenas, que desde hace varias semanas están sacudiendo el país.

Sólo tres días después, el domingo 26, más de 40.000 indígenas, campesinos y trabajadores procedentes de distintos lugares del país llegaban hasta Cali -tras marchar durante varios días venciendo la represión y la campaña de criminalización por parte del gobierno y el aparato del Estado- con el objetivo de asistir a la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular. La minga es el nombre dado tradicionalmente por los indígenas, particularmente los del Cauca, a una asamblea popular masiva. Esta Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular agrupa a los activistas y dirigentes de 18 pueblos indígenas y ha llamado a  participar junto a ellos, incorporando sus reivindicaciones, a los trabajadores en lucha de la caña y del poder judicial, así como al conjunto de los sindicatos y organizaciones sociales del país.
El paro nacional, la celebración de la "minga" y el ascenso de las luchas obreras a lo largo de los últimos meses marcan un punto de inflexión en la lucha de clases en Colombia. Y todo ello en un momento donde la crisis económica y política arrecia y, por primera vez desde su llegada al poder, el gobierno ultraderechista  de Álvaro Uribe Vélez siente moverse la tierra bajo sus pies.

Uribe: de las balas a la demagogia

El gobierno respondió como acostumbra a la protesta popular: con balas y mentiras. Tras decretar el "estado de conmoción interior" para intentar -en vano- aplastar la huelga de los 47.000 trabajadores de la justicia (que se prolonga desde el pasado 2 de septiembre) y buscar  desprestigiar la lucha que desde el 15 de septiembre protagonizan 18.000 corteros de caña, envió al ejército a reprimir la lucha de los pueblos indígenas, asesinó a varios participantes e intentó criminalizar la protesta. Uribe y otros miembros del gobierno salieron en televisión acusando a los indígenas de haber atacado al ejército con armas y explosivos y pusieron a sus dirigentes la habitual etiqueta de "terroristas". Sin embargo, uno de los aspectos más significativos de las recientes luchas que se están produciendo en Colombia es que esta estrategia, que en otros momentos ha permitido al gobierno aislar y reprimir de manera brutal diferentes movilizaciones, está transformándose ahora en su contrario.
Las imágenes presentadas por periodistas independientes mostrando el brutal ataque con que el ejército respondió a la marcha pacífica de los indígenas han recorrido el mundo, desmontando de este modo las mentiras de Uribe y su perro de presa, el ministro de Defensa, Santos. El Gobierno ha podido comprobar que tanto la lucha de los trabajadores de los ingenios azucareros como el paro judicial y la movilización indígena  han despertado una enorme simpatía en toda la sociedad, incluidos sectores de su base social, y empieza a contagiarse al resto de la sociedad. En los últimos días nuevos sectores han entrado en lucha: los trabajadores de la Registraduría, la DIAN (impuestos y aduanas), ETB (telefonía), los estudiantes de las diferentes sedes de la Universidad Nacional, los profesores...

Fracasan las maniobras de Uribe

Esta situación obligó al gobierno, al menos temporalmente, a tener que cambiar de táctica. Tras negarse a cualquier diálogo con los líderes indígenas "mientras no levantasen la movilización", Uribe -en un hecho sin precedentes- cambiaba el discurso y anunciaba que acudiría a la minga para dar explicaciones acerca de la represión y escuchar las reivindicaciones de los pueblos originarios. Un aspecto significativo acerca del empuje y confianza en sus propias fuerzas que caracterizan al actual movimiento en Colombia es que los dirigentes indígenas se referían al encuentro con el presidente Uribe como un encuentro entre "dos gobiernos": el indígena y el de la oligarquía.
Así mismo, cuando Uribe -en una maniobra que buscaba imponer su autoridad y seguramente intentar escindir el movimiento- planteó que la reunión se celebraría en Popayán y no en Cali, tal como estaba previsto, y hacia donde marchaban decenas de miles de indígenas, junto a delegaciones de otros sectores sociales, los líderes de la "minga" respondieron que la reunión se celebraba en Cali "porque las Autoridades Indígenas no le dan la espalda a su pueblo, que es el que manda" (comunicado ONIC publicado en www.colombiaindymedia.org).
Finalmente Uribe no acudió el domingo al encuentro y su intento de dividir al movimiento y convocar una farsa en otro lugar fracasó. Pero los trucos de prestidigitador, intentando desviar la atención de las masas, no habían terminado. Ese mismo día, mientras decenas de miles de indígenas se reunían en Cali presentando sus protestas y demandas contra las políticas gubernamentales, se anunciaba la huida y "liberación" del ex congresista Lizcano del campamento donde lo tenían secuestrado las FARC, junto al guerrillero "Isaza". Una vez más, los medios de comunicación de la oligarquía colombiana y de la burguesía internacional intentaban ocultar la lucha obrera y popular y centrar toda la atención en el terreno que en los últimos tiempos les ha dado mejores resultados.
Lo significativo de los bandazos del presidente colombiano es el desconcierto y pérdida de iniciativa ante la pujanza de la movilización popular. Por el momento Uribe intenta esconder el uniforme de paraco debajo de la piel de cordero; pero no puede engañar a nadie. Su objetivo es frenar el creciente cuestionamiento a sus políticas, sembrar confusión y ganar tiempo para, en cuanto pueda, volver a pasar a la ofensiva. Los dirigentes obreros e indígenas deben alertar a las masas contra todas y cada una de estas estratagemas.
Estamos hablando de uno de los gobiernos más reaccionarios del mundo, un gobierno fascistoide, cuyos vínculos con el paramilitarismo están siendo desvelados incluso por sus rivales burgueses, que se caracteriza por tolerar, fomentar y organizar el asesinato de luchadores sociales mientras se arrodilla de manera servil ante el  imperialismo estadounidense. El último ejemplo ha sido la salida de la directora de la DAS (organismo de seguridad) María Pilar Hurtado, acusada de organizar el espionaje contra cualquier crítico u opositor al gobierno. Su antecesor, Jorge Noguera, tuvo que dimitir en 2005 acusado de pasar información reservada a las bandas paramilitares fascistas. 

Por un Frente Único de la izquierda con un programa socialista

Para no desaprovechar la oportunidad histórica que ofrece la actual recuperación de la lucha de clases, y la crisis política y económica en la que se encuentra atrapada la oligarquía, es imprescindible que los dirigentes de la CUT, el Polo Democrático Alternativo (PDA), el PCC y el resto de la izquierda colombiana se doten de una política de clase y un programa socialista. Hay que romper con la tradicional política reformista y estalinista de buscar acuerdos con el supuesto sector progresista de la burguesía.
Tanto en la CUT como en el PDA crecen las diferencias a izquierda y derecha. Los sectores más a la derecha están planteando un pacto con los sectores burgueses enfrentados en este momento a Uribe (jueces del Tribunal Supremo, líderes de la clase dominante que han decidido marcar distancias con el presidente, etc.). De imponerse esta táctica el resultado para las masas en Colombia será una nueva tragedia. Hay que aprender de la experiencia de finales de los años 70 y mediados de los 80 cuando, en un contexto de extensión de la lucha revolucionaria de las masas, el planteamiento de buscar una negociación con los sectores supuestamente menos reaccionarios de la clase dominante sólo sirvió para confundir y desarmar (ideológica y físicamente) a la vanguardia. Mientras, el gobierno y la burguesía ganaban tiempo y preparaban las bandas paramilitares fascistas que, en connivencia con el propio aparato estatal, asesinaron a decenas de miles de activistas obreros, campesinos, indígenas y estudiantiles.
Las divisiones en el seno de la burguesía colombiana, lejos de significar que exista un sector progresista con el que sea posible buscar una alianza, exige, hoy más que nunca, una política de independencia de clase por parte de los sindicatos y la izquierda. La clase obrera tiene que presentar su candidatura a la dirección del país, ofreciendo el único programa que puede sacar a Colombia de la crisis económica, política y social y conquistar, al mismo, tiempo el fin del conflicto armado. El que la "minga" indígena haya recogido, además de sus propias reivindicaciones, las de los trabajadores y de todos los colectivos sociales; el que los líderes indígenas hayan llamado a participar en la "minga" a todos los sectores atacados; demuestra que existe un enorme potencial para una política revolucionaria de Frente Único de las organizaciones obreras, campesinas y populares entorno a un programa de clase.
Durante los últimos años, lo más significativo de la situación colombiana era que -pese a la brutal represión del Estado- la clase obrera no había sido vencida. Esto significaba que, en cuanto el terremoto de la crisis económica del capitalismo sacudiese Colombia y se combinase con una lucha de clases, que se agudiza en todo el continente, la situación social colombiana podía sufrir una radical transformación. Eso está empezando a ocurrir ya. La tarea fundamental que enfrentan los revolucionarios colombianos, ahora más que nunca, es la de vincular la lucha contra la represión del Estado, por los derechos democráticos y la paz, con las demandas más inmediatas de las masas (derechos sociales, salarios, etc.) y todo ello con la necesidad de transformar la sociedad.