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Tan sólo mes y medio después de la huelga general del 16 de septiembre, que movilizó a alrededor de un millón de personas pese a la brutal represión, los trabajadores y campesinos colombianos han vuelto a movilizarse este 30 de octubre en un nuevo Pa Tan sólo mes y medio después de la huelga general del 16 de septiembre, que movilizó a alrededor de un millón de personas pese a la brutal represión, los trabajadores y campesinos colombianos han vuelto a movilizarse este 30 de octubre en un nuevo Paro Nacional contra las medidas reaccionarias decretadas por el gobierno de Álvaro Uribe desde su llegada al poder en mayo.

La ofensiva reaccionaria de la burguesía

Estas medidas abarcan tanto el terreno económico como el político. La “reforma laboral” aprobada por el gobierno constituye un ataque al empleo estable en la línea de los lanzados en otros muchos países durante el último período y persigue el mismo objetivo: abaratar y facilitar el despido y precarizar las condiciones de trabajo para aumentar los beneficios empresariales. La indemnización por despido pasa de 45 días por el primer año trabajado y 20 días por los siguientes a 15 días por año. Hasta ahora la jornada laboral estipulada legalmente abarcaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde, las horas trabajadas fuera de este horario debían ser abonadas como horas extras; tras la “reforma” la jornada legal pasa a ser de 5 de la mañana a 9 de la noche con lo que los empresarios podrán disponer de 2 turnos de 8 horas sin pagar horas extras.

Por si fuera poco, serán ”incentivados” con la eliminación de hasta un 100% de las aportaciones para las cajas de compensación (Seguridad Social). Y todo ello mientras el subsidio de desempleo sigue representando una miseria, el 50% del último salario, y solamente es percibido entre 4 y 6 meses. ([1])

En el colmo del cinismo, el gobierno presenta esta contrarreforma como el único modo de crear puestos de trabajo y combatir el crecimiento del desempleo. El propio Ministro de Trabajo reconocía que las cifras de desocupación recogidas en las estadísticas oficiales (16%) distan mucho de reflejar la realidad, que otras fuentes sitúan en más del 20%. El desempleo ha aumentado en 221.000 personas en los últimos meses (171.000 en el campo y 50.000 en la ciudad) y, según una encuesta de Gallup, el 70% de los asalariados colombianos teme perder su puesto de trabajo. En estos momentos el subempleo afecta ya al 35,1% de los trabajadores. “Hay 6.797.000 colombianos sobreviviendo con trabajos ocasionales que no corresponden a sus capacidades, son mal remunerados, sin seguridad social o haciendo parte de la llamada economía informal” ([2])

La reforma laboral agravará aún más esta dramática situación y empujará a millares de trabajadores a engrosar las filas de ese 60% de colombianos que viven el pobreza, intensificando también las desigualdades sociales, ya intolerables: el 20% más rico de la sociedad colombiana acapara el 52% de la riqueza, 26 veces más que lo que posee el 20% más pobre. ([3])

A este ataque laboral se une una reforma de las pensiones que, además de subir las cotizaciones y retrasar la edad de jubilación necesarias para acceder a este derecho, recortará también la cuantía de la pensión a percibir por los trabajadores al incrementar el número de años que serán computados para hallar el promedio regulador de la pensión a los últimos 20 años de vida laboral. Además, sectores que disfrutaban de un régimen especial en mejores condiciones como los profesores, los trabajadores de la petrolera estatal ECOPETROL o los de Telecom. se verán privados del mismo. Los únicos que lo conservan son ...¡los militares¡.

A estas medidas se une una reforma tributaria que aumenta las retenciones a los trabajadores y extiende el IVA a productos de consumo masivo o primera necesidad que hasta ahora no lo tenían.

Ley de Conmoción Interior y contrarreforma política

Pero aún más graves que estos ataques económicos son los políticos. El Parlamento está discutiendo una “reforma política” que debería someterse a referéndum en los próximos meses, cuyo objetivo es ampliar los poderes presidenciales y recortar los del Parlamento, prolongar el mandato de los gobernadores y alcaldes que deberían cesar en sus cargos este año y reforzar el bipartidismo entre los dos grandes partidos burgueses (Liberales y Conservadores) mediante el establecimiento de un porcentaje mínimo para que una fuerza política pueda acceder a la Cámara.

El señuelo para intentar engañar a los electores, en particular a la clase media y a las capas menos conscientes políticamente de la población, es presentar esta “reforma” como una medida que reducirá el número de parlamentarios, ahorrará gastos y luchará contra la corrupción. Pero la inclusión de un punto que plantea la congelación del gasto público y otro proponiendo la reducción de los empleados del estado no ofrece duda de cuáles son los verdaderos objetivos de Uribe y la burguesía colombiana. Su intención es recortar los gastos sociales brutalmente y ,además, hacerlo dividiendo a la población e intentando enfrentar a la clase media (preocupada por los impuestos y el gasto del estado) con los trabajadores del sector estatal.

La otra gran medida política tomada por Uribe ha sido decretar la Ley de Conmoción Interior desde el pasado mes de agosto. Este es el ataque más grave y brutal de todos: permite al Presidente de la nación suspender derechos como el de reunión, huelga o manifestación; autorizar escuchas ilegales, allanamientos de morada o detenciones arbitrarias e incluso declarar las llamadas “zonas de rehabilitación”, lugares del país donde todo el poder pasa temporalmente a manos de un militar designado por el presidente y que sólo responde ante él. Este gobernador militar puede declarar el toque de queda, limitar la libertad de movimientos, impedir la entrada de extranjeros (incluidas organizaciones de derechos humanos) y ordenar a detenciones y registros.

La resistencia popular a estas medidas no se ha hecho esperar y está siendo duramente reprimida. Uribe declaró ilegal la huelga del 16 de septiembre, aunque esta decisión y los muertos y desaparecidos que provocó la actuación del ejército y la policía no pudieron impedir que cerca de un millón de trabajadores colombianos se echaran a la calle venciendo el miedo y la represión ([4]). El gobierno colombiano también decidió expulsar a cooperantes y observadores internacionales para que no hubiese testigos de esta represión.

La respuesta a las medidas del gobierno está siendo amplia a pesar de la represión y de los problemas para plantar cara de forma unitaria a la oligarquía que tradicionalmente han tenido la izquierda, el movimiento obrero y el movimiento campesino colombianos. Se ha creado un Comando Unitario de Paro que engloba a las principales organizaciones obreras, campesinas, comunales y estudiantiles del país y, ante la continuidad de la ofensiva uribista, en un Encuentro Nacional obrero y campesino se decidió convocar a este nuevo paro nacional del 30 de octubre.

El paro nacional del 30 de octubre

El paro se ha encontrado con muchas dificultades, especialmente en los lugares que ya han sido declarados “zonas de rehabilitación”, que son bastantes, pero incluso allí se han celebrado en muchos casos mítines y actos de protesta en el interior de las factorías. En otros casos los trabajadores han desafiado abiertamente la represión gubernamental, 7.000 obreros de la factoría de ECOPETROL (la empresa estatal petrolífera) de Barrancabermeja –según informa Edgar Santos en Indymedia- tras ver como su empresa era militarizada pararon el mantenimiento y se movilizaron por la ciudad. Los trabajadores de la sanidad también vieron como el gobierno prohibía cualquier tipo de paro y los de muchas empresas privadas se enfrentaron a la presión brutal de sus empresarios.

Aún así, la huelga fue significativa en muchos sectores, particularmente en los más organizados. Según el dirigente de la Confederación General de Trabajadores Democráticos (CGTD), paró el 50% de empleados estatales ([5]) . En la enseñanza el seguimiento fue muy masivo. Además, hubo bloqueos de carreteras y marchas en las principales ciudades del país con una asistencia importante. En estas marchas, junto a los trabajadores, participaron numerosos campesinos y estudiantes. En algún caso se sumaron trabajadores que no lo suelen hacer como los de la Contraloría nacional (agencia encargada de la investigación fiscal), amenazados por la eliminación de sus empleos y la privatización, o asociaciones de vecinos y comités de usuarios del transporte público que han protagonizado una dura lucha en los últimos meses contra el alza de los precios del mismo. Varios sindicalistas ya han planteado que si el gobierno no cede será necesario convocar un nuevo paro nacional.

Todos estos datos demuestran que la clase obrera está dispuesta a plantar cara a los planes reaccionarios de la oligarquía colombiana y el imperialismo y que, con una actuación decidida por parte de los dirigentes sindicales y los líderes del Polo Democrático (la coalición de izquierdas representada en el Parlamento que obtuvo un 7% en las últimas elecciones) y un programa revolucionario orientado a ganar el apoyo de otros sectores sociales y capaz de transmitir que hay otra alternativa y que es necesario y posible derribar al gobierno, es posible levantar un movimiento de masas capaz de derrotar a Uribe.

El ALCA y el Plan Colombia

Los ataques económicos y políticos de Uribe obedecen en última instancia a los planes que la oligarquía colombiana, siguiendo los dictados del imperialismo estadounidense para toda América Latina, tiene para Colombia.

En la división internacional del trabajo al servicio de las multinacionales característica de este orden mundial imperialista bajo el que vivimos (eufemísticamente llamado globalización), a Colombia y a toda Latinoamérica le corresponde el papel de suministrador de mano de obra y materias primas a bajo precio. En un contexto de sobreproducción a escala mundial, crisis del sistema y lucha creciente por los mercados entre las diferentes potencias imperialistas, EE.UU. se prepara para intentar dominar aún más férreamente las riquezas y mercados de su patio trasero. Ese es el objetivo del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), que el imperialismo estadounidense está impulsando y que debería entrar en vigor a partir del 2005.

La oligarquía colombiana parece decidida a conseguir la medalla de oro en la patética carrera entre los capitalistas latinoamericanos por ver quien se arrodilla más y con mayor rapidez ante el amo imperial y le ofrece las condiciones más ventajosas a costa de hundir aún más en la miseria a su pueblo. Quieren convertir Colombia en una gran maquiladora (planta de montaje con mano de obra muy barata) al servicio de las grandes multinacionales yanquis, con obreros en precario, bajos salarios, sindicatos débiles o, mejor aún, sin sindicatos.

La ofensiva económica del imperialismo estadounidense para establecer una gran área comercial en toda América Latina bajo su control exclusivo va acompañada, por supuesto, de una ofensiva política y militar. Están intensificando su presencia militar en todo el continente. El Plan Colombia, presentado con la falsa y cínica excusa de combatir el narcotráfico, es la primera cabeza de playa en este objetivo. Tras tener que abandonar Panamá, el imperialismo yanqui quiere utilizar Colombia como base principal para intensificar su control político y militar, en primer lugar sobre este país pero también sobre toda la zona. Cada vez más motivos les empujan a ello.

Los acontecimientos revolucionarios en Argentina y Venezuela; la situación en Ecuador –donde la revolución de enero de 2000 no pudo ser aplastada y vemos nuevas expresiones del deseo de las masas de cambiar la sociedad (como demuestra el apoyo popular a Lucio Gutierrez en las recientes elecciones); la llegada del PT al poder en Brasil y los síntomas de radicalización de las masas en todos los demás países latinoamericanos hacen que el imperialismo y las burguesías latinoamericanas se estén preparando para un futuro cada vez más inestable, tal y como preveíamos los marxistas, un futuro de guerras, revoluciones y contrarrevoluciones.

En el caso colombiano además les empuja a intervenir ya en este momento concreto la prolongación sin salida a la vista del conflicto militar con las guerrillas de izquierdas (las FARC y el ELN) y una situación de crisis económica y agudización de la lucha de clases en el país que, combinada con la existencia de la guerrilla, les recuerda peligrosamente las experiencias de Cuba o Nicaragua.

Dinamita en los cimientos del gigante americano

EE.UU., además de la presencia militar en aumento en Colombia, ya ha establecido bases militares en Ecuador y otros países y ha organizado maniobras conjuntas de varios ejércitos latinoamericanos como el “ejercicio Cabañas 2001” y otros ensayos más recientes en Chile. Es significativo que, según distintos expertos militares que han estudiado estas maniobras, las mismas se han centrado en cómo derrotar a un hipotético enemigo interno y no en un supuesto conflicto militar entre países.

En realidad esta ofensiva militar no es un síntoma de fortaleza del sistema sino un reflejo de su crisis profunda, cada vez tienen más problemas para mantener la estabilidad y su dominio por medios normales, “pacíficos”, mediante el engaño de la democracia burguesa y se preparan para la posibilidad de tener que recurrir al dominio por medios militares. En caso de que cualquiera de estos focos de inestabilidad revolucionaria se les escapase de control se verían obligados a intervenir (incluso militarmente).

Mientras puedan —debido a que la experiencia de Vietnam aún está fresca en la memoria de millones de jóvenes y trabajadores estadounidenses— utilizarán a los ejércitos burgueses de la zona con “apoyo logístico” de EEUU (como ya están haciendo con el ejército colombiano en la lucha contra la guerrilla). Pero esto tiene su propia dinámica y la imposibilidad de estabilizar definitivamente la situación por esos medios podría obligarles a tener que intervenir cada vez más directamente. Una situación semejante, como también ocurriera en Vietnam, sería un callejón sin salida y tendría efectos revolucionarios en todo el continente y también en los propios Estados Unidos.

El imperialismo estadounidense perdió la guerra de Vietnam fundamentalmente debido al descontento social y rechazo de su propia opinión pública, una intervención en un país latinoamericano tendría un efecto incomparablemente mayor. Las masas latinoamericanas y los millones de hispanos que viven en EEUU (y también muchos otros trabajadores), sometidas además a los efectos de la crisis económica (el número de pobres en EE.UU. ha alcanzado un nivel histórico 39 millones de personas, aumentando en 1.300.000 el último año), la precarización laboral y los recortes sociales de los últimos años, responderían con una rabia e indignación desconocidas. Como explicaba Trotsky ya en los años 30 el imperialismo americano tiene dinamita en sus cimientos. Su principal debilidad es que no pueden estabilizar ninguna zona del planeta definitivamente sino que la crisis del sistema crea cada vez más descontento y malestar social tanto en el mundo como entre las propias masas estadounidenses. Todo su gran poder militar no puede solucionar esta contradicción sino que la agrava más cada día.

De la negociación con las FARC a la “guerra contra el terrorismo”

En otros artículos hemos analizado las causas, desarrollo y perspectivas para el conflicto militar que sangra a Colombia desde hace décadas ([6]). El origen de este es en última instancia la injusta distribución de la riqueza y en particular de la propiedad de la tierra, con un 1,5% de grandes propietarios que posee el 80% de la tierra mientras el 85% de los campesinos son pobres. Desde el asesinato del líder populista Gaitán en los años 40 que provocó el estallido de la guerra campesina la oligarquía colombiana (formada por la fusión de intereses entre los grandes terratenientes y ganaderos del campo y la burguesía industrial y financiera de las ciudades) ha sido incapaz de normalizar y estabilizar la situación, recurriendo cada vez más a la represión contra los campesinos e indígenas y al exterminio físico de cualquier movimiento popular que cuestionaba sus privilegios, fracasando todos los intentos de negociación llevados a cabo.

La creación de los paramilitares fue una especie de privatización de la represión. Los jefes paramilitares, pertenecientes a la oligarquía terrateniente y ganadera o estrechamente vinculados a ella, armaron a sectores lumpenizados y desesperados y crearon bandas mercenarias que además de combatir a las guerrillas de izquierdas, reprimen cualquier brote de organización campesina independiente e imponen un régimen de terror en aquellas zonas que controlan. Esto ha provocado dos millones de campesinos desplazados y obliga a los que se quedan a aceptar las condiciones de semiesclavitud que imponen los latifundistas.

En determinados momentos, otros sectores de la burguesía —sobre todo los industriales— pueden ver con preocupación esta situación y el riesgo de escalada militar. Eso no es bueno para los negocios, crea descontento social y movilizaciones pidiendo la paz, puede escaparse de control o acabar con una victoria guerrillera.

Esa fue una de las causas, entre otras, de que abriesen la negociación de 1998. Pensaban que, en un contexto económico y social muy diferente del actual, marcado por el giro a la derecha tras el colapso del estalinismo, las derrotas guerrilleras en varios países y la de los sandinistas en Nicaragua, podrían forzar a los dirigentes de las FARC a abandonar las armas. Combinaron una negociación en la que sólo estaban dispuestos a negociar las condiciones de la rendición, mientras intentaban engañar a las masas presentando a los guerrilleros como intransigentes, con el intento de desgastarlos militarmente. Pero el fracaso la negociación es la mejor evidencia de que ningún sector de la burguesía está interesado en resolver las causas sociales del conflicto militar y acabar con los paras y ,con ello, con los privilegios de los latifundistas y narcos. Hay demasiados intereses económicos en juego y demasiados lazos comunes entre los distintos sectores de la oligarquía y entre esta y el imperialismo como para poder hacerlo.

Sin embargo, en 4 años no han conseguido la rendición, ni siquiera una escisión o un debilitamiento significativo de la guerrilla, y en la nueva situación de crisis económica profunda en Colombia y en toda Latinoamérica, con el resurgimiento de la lucha revolucionaria de las masas, no pueden permitir la existencia del punto de referencia que puede representar la guerrilla. Por eso han roto la negociación. Es más, han presentado el conflicto militar como una lucha entre guerrilleros de izquierdas y de derechas (a estos últimos como hemos visto son ellos mismos quienes los alimentan) en la que las leyes represivas, el fortalecimiento del ejército y la militarización creciente del país son imprescindibles para luchar “contra la violencia”, “mantener el orden” y demás.

Uribe

La burguesía utiliza hábilmente también los métodos desesperados que cada vez más, a consecuencia del estancamiento de la lucha, están utilizando los dirigentes guerrilleros (secuestros masivos, atentados contra instalaciones públicas,...), o sus errores, para ocultar las verdaderas causas políticas del conflicto y presentar a los guerrilleros como “asesinos”, “terroristas” con los que es imposible dialogar. Incluso les presentaron un ultimátum en la negociación que los guerrilleros no podían aceptar de ningún modo ([7]) para culpabilizarlos de una ruptura que la burguesía ya tenía decidida. Lo cierto es que han tenido cierto éxito al menos temporalmente y de forma parcial en este objetivo y ,especialmente entre capas más atrasadas políticamente de la población y considerables sectores de la clase media, han conseguido hacer calar algunas de estas ideas.

Uribe llegó al poder abanderando “la ruptura de la negociación si los guerrilleros no abandonaban las armas” y planteando un fortalecimiento de la lucha militar al tiempo que utilizaba cínicamente todo tipo de promesas demagógicas, la lucha contra la corrupción e incluso un discurso contra los partidos tradicionales y la desprestigiada casta política oficial burguesa ( a la que el mismo siempre ha pertenecido). Pero el 53% de apoyo que le dio la victoria en la primera vuelta no representa un apoyo sólido a sus ideas y planes reaccionarios, una parte importante de este apoyo se basaba en la falta de alternativas, sus promesas ahora incumplidas y la desesperación ante la ausencia de una salida al conflicto militar, que la política del propio Uribe sólo enquistará y agravará más.

Los votos comprados y del miedo en los territorios controlados por los paramilitares también son una parte considerable de ese supuesto apoyo. Pero el dato más elocuente es que una parte significativa de los trabajadores y campesinos más conscientes (700.000 votos) votó a la izquierda y más del 50% de los electores se abstuvo, reflejando así su hastío y cansancio, la falta de una alternativa que en aquellos momentos diese sensación de poder ganar y cambiar las cosas pero también el potencial que existe si la izquierda política y social ofrece esa alternativa.

Los planes reaccionarios de Uribe no acaban en la reforma política o la Ley de Conmoción Interior, su propuesta de crear un cuerpo de civiles para realizar “actividades de información y lucha contra el terrorismo” es en realidad un intento de legalizar al menos a una parte de los paramiliatres fascistas y permitirles actuar bajo el paraguas del estado. Este camino ya fue ensayado por el propio Uribe durante su período como gobernador de Antioquia, cuando creó las autodenominadas milicias CONVIVIR. El presidente Samper (liberal) tuvo que prohibir, al menos oficialmente, esa organización y reconoció que estaba compuesta por paramilitares y que, además de contra la guerrilla, había actuado contra distintos luchadores populares.

¿Hacia un estado policial?

La espectacular toma militar de la Comuna 13, un populoso barrio del extrarradio de Medellín, que hemos visto en televisión durante las últimas semanas da una idea de lo que podría ocurrir a nivel más general en un futuro no muy lejano si la movilización revolucionaria de las masas no lo impide. Desde hace un año los paramilitares han lanzado una ofensiva sangrienta, aliados a bandas de delincuentes, para tomar el control de los barrios más pobres de Medellín con la excusa de que eran un refugio o estaban controlados por la guerrilla. En estos momentos, según diversas fuentes, controlan un 70% de estos barrios, sometiendo a los habitantes al pago de “impuestos” y al terror. En la Comuna 13 viven más de 100.000 personas y el desempleo o subempleo afectan a un 77% de la población, estas condiciones sociales lo han convertido en un bastión tanto de distintas organizaciones populares como de las FARC.

El ejército no ha intervenido contra ninguna de las zonas controladas por los paramilitares pero ha utilizado como excusa una provocación de estos para entrar a sangre y fuego en el barrio no sólo contra la guerrilla sino contra los habitantes y ciudadanos de la misma. Organizaciones populares como el Proyecto Estudiantil Revolucionario o incluso el periódico de Medellín El Colombiano han denunciado como detrás de la toma del barrio también están los intereses especulativos de sectores de la burguesía local que codician los terrenos de este asentamiento popular para distintos negocios. Este es el auténtico carácter de la “democrática” y “antiviolenta” burguesía colombiana.

Desde hace ya un tiempo, los paramilitares fascistas están ampliando cada vez más decididamente su actuación terrorista del campo a la ciudad con el objetivo de impedir la organización creciente del movimiento obrero. Cada tres días es asesinado un sindicalista en Colombia, las denuncias de Javier Correa, dirigente del sindicato SINTRAIANAL, sobre la utilización de las bandas paramilitares por parte de la multinacional Coca Cola ([8]) para asesinar a sindicalistas durante la negociación del convenio y para debilitar al sindicato, llegando a entrar con la connivencia de la empresa en las plantas embotelladoras para obligar a los trabajadores a renunciar a su afiliación, da una idea clara de cuales son sus objetivos. El resultado final fue el debilitamiento del sindicato y la contratación de un 83% de trabajadores subempleados.

Por el momento, y mientras puedan elegir, los capitalistas colombianos y ,sobre todo, el imperialismo yanqui intentarán combinar la represión estatal, el recurso controlado a la acción de los paramilitares con el mantenimiento de las formas “democráticas” (si bien, como demuestra la reforma política de Uribe, cada vez con mayores recortes y una tendencia creciente a usar métodos bonapartistas y policiales). Probablemente, un sector piensa que intentar instaurar demasiado prematuramente y sin que las circunstancias les obliguen a ello una dictadura bonapartista civil o militar podría tener efectos contraproducentes: desde provocar una respuesta popular incontrolable en la propia Colombia hasta generar más descontento y movilización en otros países de la zona. El imperialismo también tiene la experiencia de que estos regímenes ,además de romper su imagen de “defensores de la democracia”, han tenido tendencia en el pasado a ir más lejos de lo que ellos querían y acabar creando nuevos problemas y focos de inestabilidad.

La clase obrera puede ganar

Si planteamos esta idea es porque pensamos que esta lucha está en pleno desarrollo y la clase obrera colombiana tiene tiempo y oportunidades suficientes para poder ganarla pero esto exige que sus dirigentes la hagan consciente de estos riesgos y le ofrezcan un programa capaz de unificar a todos los sectores que sufren en sus carnes las políticas económicas y sociales reaccionarias del imperialismo y el capital. Tarde o temprano la lucha de clases empujará a la burguesía colombiana a recurrir aún más abiertamente a la represión militar y policial más sangrienta, como ya hicieron en el pasado y están haciendo hoy de un modo más selectivo y controlado en Colombia y otros países. Lo único que puede evitar este escenario es la lucha unitaria y masiva de los trabajadores y campesinos por derribar a este gobierno y cambiar la sociedad.

Uribe no es fuerte, la burguesía colombiana tampoco y como ya hemos explicado el propio imperialismo no es invencible. Evidentemente, su poder es considerable pero ,como demuestra la movilización de las masas en Venezuela contra el golpe del 11 de Abril o los acontecimientos en Argentina en diciembre de 2001, este poder se resquebraja y queda paralizado cuando la clase obrera -sin cuyo permiso nada funciona en un país- se pone en marcha. El rasgo más destacable de la situación colombiana es que el proletariado , a pesar del terror de los paramilitares, del miedo a la represión y al desempleo, ha entrado en escena. Esto puede resultar decisivo para el futuro.

Antes o después, Uribe o cualquier otro representante de la burguesía se verán obligados por la situación del capitalismo y la necesidad de atacar aún más ampliamente al pueblo a intentar la vía del bonapartismo burgués, de un gobierno “fuerte” basado cada vez más en la represión. Ya están dando los primeros pasos. Pero esto está provocando una respuesta importante, especialmente en la huelga del 16 de septiembre, aunque también se repitió en el paro y las marchas del 30.

Para que la lucha contra los planes de Uribe crezca y triunfe es imprescindible que tenga una perspectiva global y pase al terreno político. Las huelgas generales deben tener como horizonte no sólo defenderse de los ataques económicos y políticos sino acabar con este gobierno reaccionario y sustituirlo por un gobierno al servicio de los trabajadores y campesinos.

Los dirigentes sindicales y campesinos deben llamar a realizar asambleas y formar comités de lucha en todos los barrios, pueblos y centros de trabajo que, además de coordinar la movilización, organicen comités de autodefensa contra la represión de los paramilitares fascistas y el estado y expliquen a las capas que por miedo o por la manipulación del gobierno y los medios de comunicación aún no han participado en la lucha cuáles son los objetivos de Uribe y cómo pueden ser derrotados. Deben llamar ,asi mismo, a los dirigentes del Polo Democrático a utilizar el parlamento para este mismo objetivo, y no para oponerse aisladamente a cada medida del gobierno, y a los dirigentes guerrilleros a abandonar los métodos desesperados basados en acciones individuales y separadas de las masas y unir sus fuerzas a la lucha de masas de todo el pueblo, sometiéndose al control de asambleas de trabajadores y campesinos en cada pueblo y cada barrio. Sólo un frente único de todas las organizaciones de la izquierda para luchar contra la reacción uribista podrá derrotar a esta.

Las masas de las capas medias, ante un movimiento fuerte en la calle de los trabajadores y los campesinos pobres, perderían totalmente cualquier confianza que pudiesen tener todavía en Uribe y en la burguesía. Muchos incluso girarían hacia la izquierda. El pueblo colombiano necesita ver que existe una alternativa política a Uribe y al dominio del capital que ha llevado al país a la barbarie, el militarismo y la pobreza, y que esa alternativa puede vencer.

Por un frente único de la izquierda con un programa revolucionario

Pero esto pasa porque las masas, y en primer lugar su vanguardia: los activistas sindicales, juveniles y campesinos, tengan claro lo que está en juego y encuentren un programa que les permita ir con confianza e ilusión a esa batalla. Esto empieza ,en nuestra opinión, por denunciar la conexión que hay entre los planes militares de Uribe y sus ataques socioeconómicos y por la defensa no de un programa limitado a la democratización del capitalismo colombiano (algo imposible porque la burguesía y el imperialismo nunca lo tolerarán) sino de un programa socialista que, partiendo de la lucha por las mejoras a corto plazo, explique que sólo habrá una esperanza de paz y de dignidad para el pueblo colombiano llevando a cabo la transformación revolucionaria de la sociedad.

Este programa debe empezar por ofrecer solución a las necesidades mas básicas de todos los sectores populares: derogación de las reformas laboral, tributaria y pensional; reforma agraria que expropie los latifundios para dárselos a quienes los trabajan, los campesinos; reparto del empleo mediante la reducción de la jornada de trabajo para combatir el paro; plan de inversiones y obras que mejore las infraestructuras y servicios sociales y genere puestos de trabajo; subsidio de desempleo indefinido a cada desempleado hasta encontrar empleo; nacionalización de todas las empresas en crisis, las multinacionales y la banca bajo control de los trabajadores para conceder créditos baratos a los pequeños propietarios. ¡Que la crisis la paguen los ricos y no los trabajadores con los despidos, las reducciones salariales o la reforma laboral, ni la clase media con sus impuestos! Desconocimiento del pago de la deuda externa, responsabilidad de los capitalistas y no del pueblo. Un programa de estas características sólo es realizable sustituyendo al reaccionario gobierno burgués por un gobierno de los trabajadores basado en asambleas populares en los pueblos, barrios, centros de trabajo, de estudio y cuarteles que elijan representantes y puedan revocarlos.

Armados con esta alternativa, los trabajadores colombianos podrían ganar el apoyo masivo de todos los oprimidos, incluidos los que hoy permanecen inactivos, aterrorizados y desmoralizados, y crear una corriente de ilusión y esperanza en todo el país y todo el continente. La inmensa mayoría de los activistas de las propias FARC o del ELN simpatizarían con estas ideas y se verían atraídos por ellas.

Las masas se han puesto en marcha en toda Latinoamérica y la revolución vuelve a estar en el orden del día, la suerte de los trabajadores y campesinos colombianos no se puede separar de la de sus compañeros del resto del continente. La victoria del movimiento revolucionario de las masas en cualquiera de estos países servirá de estímulo y de ejemplo a todos los demás, la victoria definitiva de la revolución socialista sólo será posible extendiéndose a toda América Latina y a todo el mundo.

La clase obrera ha demostrado muchas veces su fuerza, es la única clase que puede paralizar la producción, desorganizar a la clase dominante, ponerla en jaque y encabezar a los campesinos y todos los sectores explotados oponiendo al futuro de guerra, sangre y represión que preparan los capitalistas un futuro socialista. ¡Por una Colombia socialista en una federación socialista de América Latina!.

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[1] El Tiempo,22-08-02

[2] El Espectador, 31-10-02

[3] Artículo del parlamentario de la izquierda Alexander Maya en www.colombia.indymedia.org

[4] Entrevista a Javier Correa, dirigente sindical colombiano (El Militante nº154, Octubre 2002)

[5] El Tiempo,31-10-02

[6] ¿Hacia dónde va Colombia? (26-5-02) www.elmilitante.org

[7] op.cit.

[8] El Militante nº 154 www.elmilitante.org