Corriente Marxista Internacional

Publicamos para información de nuestros lectores dos documentos que nos han llegado desde Honduras. Uno es un análisis del "Acuerdo de Tegucigalpa" escrito por Tomás Andino que consideramos muy interesante, tanto en su análisis como en sus conclusiones. El segundo es un llamamiento de la Autentica Junta Directiva Nacional del Partido Unificación Democrática, llamando al partido a boicotear las elecciones del 29 de noviembre.

Publicamos para información de nuestros lectores dos documentos que nos han llegado desde Honduras. Uno es un análisis del "Acuerdo de Tegucigalpa" escrito por Tomás Andino que consideramos muy interesante, tanto en su análisis como en sus conclusiones. El segundo es un llamamiento de la Autentica Junta Directiva Nacional del Partido Unificación Democrática, llamando al partido a boicotear las elecciones del 29 de noviembre.

Corriente Marxista Internacional

PRESENTACION

Este escrito fue concluido el 4 de noviembre de 2009, un día antes de que el gobernante de facto constituyera el mal llamado "Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional". Para entonces, Mel no había declarado fracasado el Acuerdo de Tegucigalpa y el Frente de Resistencia no había decidido pasar al desconocimiento definitivo de la farsa electoral, como ocurrió el 5 de noviembre, sino que ambos mantenían su apoyo a las negociaciones y al mencionado Acuerdo.

Con los acontecimientos de todos conocidos, estuve tentado de actualizar la redacción, pero por razones de tiempo se me hizo imposible. Además, como el Acuerdo de Tegucigalpa cierra un capítulo de la lucha de la Resistencia, pensé conveniente evaluar el resultado obtenido, pues en la lucha se aprende no sólo de las victorias sino también de los errores, y me pareció que este documento ayudaría en esa tarea.

Además, estoy más que seguro que tanto el imperio como las burguesías latinoamericanas trataran de que el Presidente y la Resistencia vuelvan al redil del "diálogo" para continuar embaucando nuestras ilusiones con más de lo mismo, sobre todo porque la ruptura de Mel con el acuerdo no se dio porque rechace el conjunto de su contenido sino sólo porque no lo restituyeron en la fecha que el había creído que lo harían.

Asi que decidí entregarlo tal como lo había dejado, porque aún cuando algunas partes han quedado desactualizadas, lo importante es el sentido general del análisis, el cual debe servir para evaluar si las decisiones que se tomaron fueron las correctas, evitar los mismos errores y corregir lo que haya que corregir.

He evitado personalizar las críticas para que se evalúen, no tanto a las personas, sino sus actos. También quiero advertir que algunas observaciones críticas expuestas aquí, pueden resultar incómodas, en ocasiones muy duras, en relación a la Comisión Negociadora, incluso en relación al mismo Presidente Mel; pero lo he hecho convencido de que sólo la más honesta reflexión del pasado puede servir para construir un mejor futuro..

Tegucigalpa, M.D.C. 6 de noviembre de 2009

UN ACUERDO ESCANDALOSO

- ANALISIS CRITICO DEL "ACUERDO DE TEGUCIGALPA"

Por: Tomás Andino Mencía

Diputado al Congreso Nacional por la UD

INTRODUCION

El Acuerdo de Tegucigalpa fue firmado el 30 de octubre y fue presentado por el Presidente Manuel Zelaya como un "triunfo de la democracia"; por su parte, la Conducción Nacional del Frente Nacional de Resistencia lo ha calificado como una "victoria popular". Pero lo sorprendente, es que en el lado golpista también es visto con buenos ojos: Micheletti y los militares se muestran "satisfechos" y también la UCD, archienemiga de la Resistencia, dice apoyarlo con "optimismo y esperanza".

¿Cómo puede ser que desde posiciones tan opuestas se evalúe de la misma forma un mismo hecho? No es posible que se haya quedado bien con Dios y con el Diablo. Alguien salió ganando y alguien pagará los platos rotos. ¿Quiénes son unos y quienes los otros?

El método que he utilizado es hacer un análisis comparativo entre la última versión de la propuesta que presentó en julio el Presidente Oscar Arias, que sirvió de base para la negociación del llamado "Diálogo Guaymuras" , y los puntos del Acuerdo de Tegucigalpa que fuera rubricado por las Comisiones representantes de ambas partes.

1. SOBRE EL GOBIERNO DE UNIDAD Y RECONCILIACIÓN NACIONAL

Para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia, conformaremos un Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, integrado por representantes de los diversos partidos políticos, reconocidos por su capacidad, honorabilidad, idoneidad y voluntad para dialogar, quienes ocuparán las distintas Secretarías y Subsecretarías de Estado, de conformidad con el artículo 246 y siguientes de la Constitución de la República de Honduras.

En vista de que con antelación al 28 de junio, el Poder Ejecutivo no había remitido a consideración del Congreso Nacional el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos, de conformidad con lo establecido en el artículo 205, inciso 32, de la Constitución de la República de Honduras, este Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional respetará y funcionará sobre la base del Presupuesto General recientemente aprobado por el Congreso Nacional para el ejercicio fiscal 2009.

Para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia, conformaremos un Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, integrado por representantes de los diversos partidos políticos, reconocidos por su capacidad, honorabilidad, idoneidad y voluntad para dialogar, quienes ocuparán las distintas Secretarías y Subsecretaríasasi como otras dependencias del Estado, de conformidad con el artículo 246 y siguientes de la Constitución de la República de Honduras.

En vista de que con antelación al 28 de junio, el Poder Ejecutivo no había remitido a consideración del Congreso Nacional el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos, de conformidad con lo establecido en el artículo 205, inciso 32, de la Constitución de la República de Honduras, este Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional respetará y funcionará sobre la base del Presupuesto General recientemente aprobado por el Congreso Nacional para el ejercicio fiscal 2009.

Según nuestra Constitución, el Presidente de la República es el único facultado para integrar un Gabinete de Gobierno. Cuando en el convenio se utiliza el término "conformaremos" indica que la integración del llamado "Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional", se haría de común acuerdo entre el Presidente Mel y el golpista Micheletti, pero no deja claro quien lo presidirá y por tanto quién lo nombrará. Se supone que en otra parte del Acuerdo (en el numeral 5 sobre el Poder Ejecutivo) eso tendría que quedar especificado, pero, como veremos, tampoco es así y la ambigüedad persiste.

El conflicto que se ve venir cuando está por vencerse el plazo para su integración, tiene su base en la falta de claridad en este punto del acuerdo, pues cualquier ambigüedad juega a favor de los golpistas porque ellos tienen el poder y la facilidad de imponer "su" interpretación. En ese sentido, la Comisión negociadora del Presidente hizo una mala negociación porque permitió que quedar en el limbo esa definición.

Sin embargo, aún con un gobierno presidido por el mismo Presidente Mel, los problemas no acabarían, si es compartido con los golpistas.

En primer lugar, estaría planteado un problema jurídico-político de fondo ¿En base a qué un gobernante legítimo debe compartir su gobierno con un usurpador? ¿Por qué instancias internacionales como la OEA y la ONU, que se supone "serias" y "democráticas", presionan al Pueblo hondureño para que acepte ser co gobernado por golpistas? ¿Por qué quieren hacernos creer que eso es "solución" a un Golpe de Estado? A nuestro juicio, ese acuerdo sienta un precedente funesto para cualquier estado de derecho, pues implica forzar un cogobierno con delincuentes políticos o sus representantes.

A no dudarlo, la presencia de los golpistas en un co gobierno sería aprovechado por estos para beneficiarse del saqueo de los recursos, y además sabotear las disposiciones y boicotear la efectividad del gobernante legítimo desde la misma institucionalidad estatal, volviendo la administración pública un verdadero infierno. Así que en lugar de "unidad y reconciliación", tendríamos una calculada crisis de gobernabilidad en contra del gobernante electo por los hondureños(as). En ese sentido, la coexistencia obligada con los golpistas que pretende imponer el Acuerdo de Tegucigalpa tiene el objetivo de paralizar la gestión administrativa del gobierno legítimo y lograr su descrédito político.

En segundo lugar, aún en el hipotético caso de que el Gobierno de Unidad y Reconciliación lograra presidirlo el mismo Mel Zelaya, se fortalecería la base social del golpismo y se debilitaría la base de apoyo del Presidente legítimo en la administración pública, ya que los funcionarios golpistas tendrán la potestad de despedir masivamente personal identificado con la Resistencia en las instituciones que lleguen a dirigir y contratar a personal leal a su proyecto político. En tal sentido la Resistencia será una víctima indirecta de ese infeliz pacto.

 

Esto se agrava en la redacción del Acuerdo de Tegucigalpa porque extiende esa influencia a "otras dependencias del Estado", en alusión a las Instituciones Descentralizadas que se verían violentadas en su administración interna1. Debe tomarse en cuenta que en estas instituciones es donde tienen su base las organizaciones sindicales más militantes del sector estatal.

Habiendo dicho lo anterior, recordemos que sólo estamos viendo el mejor escenario, en el que el presidente legítimo encabeza el Gobierno de Unidad y Reconciliación, pero dentro del esquema de este acuerdo la otra posibilidad también existe, de que dicho gobierno de Unidad y Reconciliación sea presidido por el mismo Micheletti o por un peón suyo (la famosa "tercería"), en el caso de que el Presidente no fuera restituido para el 5 de noviembre. En cuyo caso, la situación sería peor, como es fácil imaginar, y esencialmente no significaría ningún cambio respecto al régimen usurpador que asumió el poder el 28 de junio.

En tercer lugar, no comprendemos cómo es posible que la Comisión Negociadora del Presidente, aceptara que se deje el mismo presupuesto aprobado por los golpistas para 2008, cuando el país ha quedado semi paralizado por el Golpe de Estado y existe una situación económica que ameritaría de parte del gobierno del Presidente Zelaya -en la hipótesis que sea restituido--una reorganización del presupuesto según las necesidades nacionales. La Comisión Negociadora pudo haber peleado que se dejara en libertad al Presidente para volver a presentar una nueva propuesta presupuestaria al Congreso Nacional, pues la extensión a que se alude en el texto, carece de legalidad por haber sido propuesta por un gobierno de facto. 2

En suma, lo acordado en el primer punto del Acuerdo, sobre el tema del Gobierno de Unidad y Reconciliación, resulta ser a todas luces inconveniente para la causa de la Resistencia, la democracia, la gobernabilidad y la seguridad del Presidente.

SOBRE LA AMNISTÍA PARA LOS DELITOS POLÍTICOS 3

En este tema el Acuerdo de San José decía lo siguiente:

    "Para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia, solicitamos al Congreso Nacional la declaratoria de una amnistía general, exclusivamente para los delitos políticos cometidos con ocasión de este conflicto, antes y después del 28 de junio de 2009, y hasta la firma de este Acuerdo, según los términos del artículo 205, inciso 16, de la Constitución de la República de Honduras y la legislación especial vigente que regule la Materia. La amnistía deberá, además, garantizar con claridad las condiciones de seguridad y de libertad de las personas que queden bajo su amparo.

    "De la misma manera, nos comprometemos a no iniciar ni continuar acciones legales por los actos anteriores al 1 de julio de 2009 que se deriven del presente conflicto, por un periodo de seis meses. El incumplimiento de cualquiera de los compromisos contenidos en este Acuerdo, comprobado y declarado por la Comisión de Verificación a la que se refiere el punto 7, anulará los efectos de esta moratoria para el trasgresor o los trasgresores."

El Acuerdo de Tegucigalpa eliminó este punto del texto final, por consenso de ambas comisiones negociadoras, alegando que "no lo necesitamos". Entonces, si las dos partes estuvieron de acuerdo ¿Dónde esta el problema? El problema esta en lo que no se negoció. Veamos.

Según nuestra Constitución (Art.205, inciso 16) la Amnistía sólo puede ser decretada por el Congreso Nacional, que es dominado por los golpistas. Si ese punto del acuerdo hubiera sido convenido, el Congreso habría estado políticamente obligado a decretar una "Amnistía General" y a suspender todos los procesos judiciales iniciados por los hechos vinculados al Golpe de Estado que se hubieran iniciado antes del 1 de julio; además no se abrirían nuevos procesos acusatorios en un período de 6 meses.

En gran medida la intención de la Comisión del Presidente con no incluir la Amnistía, fue dejar desprotegidos a los militares y policías por las graves violaciones a los Derechos Humanos que cometieron en cuatro meses de represión. Viéndola así, fue una intención correcta. Pero, sin demeritar esa estrategia, también hay que poner los pies sobre la tierra.

En un país ideal, los verde olivo y los policías formalmente podrían ser objeto de acusación judicial por su rol protagónico en el Golpe y ser castigados; pero en Honduras los militares son los "intocables" del sistema de justicia y damos por descontado que este sistema los eximirá y los protegerá de su responsabilidad en los hechos delictivos del 28 de junio, beneficiándolos con figuras como el "estado de necesidad"4

Los vulnerables en el sistema somos nosotros, la Resistencia y el mismo Presidente junto a sus funcionarios. Somos los únicos que por ahora tenemos procesos incoados en los tribunales de la República, por falsas acusaciones de delitos políticos como "traición a la patria", "sedición", "terrorismo" y conexos.6 Adicionalmente también pesan sobre algunos colaboradores del Presidente, acusaciones de orden penal no políticas (corrupción, abuso de autoridad, etc). En cambio, las demandas que fueron interpuestas en contra de los golpistas en territorio nacional fueron desestimadas, porque, como acabamos de ver, estos tienen el control del aparato judicial.

De esto se deduce que quienes sí necesitan protección legal para no ser pasto de la represión judicial, son el Presidente Zelaya, sus funcionarios y especialmente todos los líderes de la Resistencia Popular sometidos a procesos que casi con seguridad terminarán por llevarlos a la cárcel. Por tal motivo resulta incomprensible que, siendo totalmente vulnerable a un régimen opresor, el Presidente no haya tenido ninguna propuesta en la mesa de negociación para evitar ser él mismo, sus colaboradores y sus seguidores, víctimas de juicios políticos de la dictadura sin ninguna protección.

Tan fue así, que mientras la Resistencia exigíamos en las calles la Libertad a los Presos Políticos, el cese a la represión y a los juicios políticos arreglados contra nuestros activistas, esas demandas no parecían ser de importancia en la mesa de negociaciones.

¿Cómo entender esto? ¿Cómo un acto de heroísmo, de ingenuidad o de irresponsabilidad? Un héroe esta dispuesto al sacrificio de su propia persona, pero busca proteger a sus compañeros(as) en lugar de dejarlos desprotegidos; por tanto no fue un acto de "heroísmo". En cuanto a "ingenuidad" es inverosímil porque ni el Presidente ni sus colaboradores tienen un pelo de tontos. Y tampoco creo que sea simplemente un asunto de "irresponsabilidad" porque no somos tan ingenuos para creer que detrás de esto no hay un cálculo político.

Si descartamos la hipótesis de una actitud suicida ¿A qué se atiene el Presidente para estar tan seguro que el sistema de "justicia" de los golpistas no lo afectará? Y eso a que se atiene ¿beneficiará extensivamente a sus colaboradores y a los activistas de la Resistencia?

No estoy abogando porque se hubiera propuesto una "Amnistía General", en la cual pudieran ampararse los golpistas que, eventualmente, pudieran ser acusados. Pero sí creo que el Presidente pudo haber pensado, más que si él la necesitaba, en si la necesitaban sus seguidores; pudo pensar en darle protección legal mediante una Amnistía específicamente dirigida a beneficiar los obreros, campesinos, pobladores, por lo menos a quienes se están sacrificando en las calles por lograr su restitución, como una Amnistía a los activistas presos y una moratoria a los enjuiciados.

¿Qué la iban a rechazar los golpistas? Probablemente, pero su deber era plantearlo.

2. SOBRE LA RENUNCIA A CONVOCAR A UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE O REFORMAR LA CONSTITUCIÓN EN LO IRREFORMABLE

El Acuerdo de San José y el de Tegucigalpa coinciden totalmente en la siguiente redacción:

    "Para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia, reiteramos nuestro respeto a la Constitución y las leyes de nuestro país, absteniéndonos de hacer llamamientos a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, de modo directo o indirecto, y renunciando también a promover o apoyar cualquier consulta popular con el fin de reformar la Constitución para permitir la reelección presidencial, modificar la forma de Gobierno o contravenir cualquiera de los artículos irreformables de nuestra Carta Fundamental.

    "En particular, no realizaremos declaraciones públicas ni ejerceremos algún tipo de influencia inconsistente con los artículos 5, 239, 373 y 374 de la Constitución de la República de Honduras, y rechazaremos enérgicamente toda manifestación contraria al espíritu de dichos artículos y de la Ley Especial que Regula el Referéndum y el Plebiscito."

Este punto del Acuerdo no tuvo ninguna objeción por parte de los representantes del Presidente Zelaya, a excepción del representante de la Resistencia Popular, compañero Juan Barahona, cuya digna oposición a firmar el acta lo obligó a salir de la Mesa de Diálogo. En mi opinión, la Comisión Negociadora de Mel debió seguir el ejemplo de Juan al rechazar incluirlo en el acuerdo.

A mi modo de pensar, el abandono de la demanda de la Constituyente por parte de su principal promotor, el Presidente Zelaya, es un hecho sobre el que no se ha reparado sus implicaciones y consecuencias.

Desde mi óptica, dejar esa reivindicación por presión de los golpistas y del imperio, sin antes haber agotado la lucha y precisamente cuando sus seguidores morían por decenas y eran molidos a golpes o a balazos por la dictadura, fue un acto de oportunismo político por parte del Presidente Zelaya, porque se hizo a cambio de la promesa de ser restituido simbólicamente, sin poder, es decir de mentiras, siendo eso útil solo para garantizar el proceso electoral de los golpistas.

El Presidente se ha justificado explicando que se trata de una renuncia temporal del planteamiento por razones de "estrategia", la cual durará hasta el 27 de enero de 2010 cuando sale de la Presidencia, pero que a partir de ahí, continuará promoviéndola junto a la Resistencia.

Esa explicación no convence. Mel siempre supo que una Constituyente no sería convocada durante el próximo período presidencial, aún cuando no hubiera habido golpe de Estado, porque ningún gobierno de la rancia oligarquía acataría el mandato de ningún plebiscito, a menos que... Mel fuera nuevamente Presidente. Pero como esto no es posible sin cambiar la Constitución, no sería viable la convocatoria a la Asamblea Constituyente, si no se rompe el círculo por algún lado. Peor aún si hubo un Golpe de Estado.

Y la única forma de romper ese círculo es realizando una verdadera Revolución, que es precisamente lo que Mel ha evitado promover en medio de la más favorable condición objetiva que nos ha dado la historia reciente. Por el contrario, frente a la idea de una verdadera insurrección popular que barriera con el gobierno golpista, el Presidente promovió el método de una "insurrección" pacífica al extremo, no para lograr el derrocamiento de Goriletti, sino para apuntalar la negociación en el marco del Plan Arias promovido por el imperialismo.

La razón de esta conducta política es el origen de clase del Presidente. El viene de la clase dominante, fue parte de la oligarquía, aunque hoy esta lo ha desheredado. Pero todavía arrastra muchas de las concepciones propias de un líder político burgués, como el temor a que las masas revienten violentamente al Estado capitalista, el temor a la autodeterminación de la clase trabajadora y a que esta pueda barrer con la propiedad privada. Si a un trabajador le cuesta alcanzar conciencia de clase, cuanto más le costará a un burgués desprenderse de esas concepciones que en coyunturas como esta, obstaculizan el avance hacia la Revolución. Por eso es que el movimiento popular nunca debe confiar incondicionalmente en ningún político que provenga de la burguesía por muy progresista que parezca.

Muestra de eso es que el Presidente Zelaya aceptó abandonar la reivindicación de la Constituyente precisamente cuando el movimiento por esta demanda estaba más fuerte en las calles; cuando había más posibilidades de derrotar al enemigo.

Afortunadamente para entonces existía una Resistencia Popular, que no tuvo su origen en el Presidente sino en las estructuras creadas por el movimiento social desde fines de los años 90s. Fue esta Resistencia la que mantuvo en alto la bandera que había dejado el mandatario. ¿Qué habría pasado si no hubiera existido el Frente Nacional contra el Golpe de Estado o si la Resistencia hubiera sido derrotada en las primeras semanas? No habría habido la continuidad de la demanda por la Constituyente.

Siendo asi las cosas, ¿Que haría diferente un Mel desde la llanura a partir del 27 de enero de 2009? ¿Lideraría la Revolución que necesitamos desde la llanura cuando hoy, que tiene el más grande poder de convocatoria que ha tenido mandatario alguno y con un abrumador apoyo internacional, frenó la posibilidad de que el Pueblo pasara de una "insurrección pacífica" a una verdadera insurrección popular, para terminar pactando con los gringos el vergonzoso Acuerdo que ahora estamos analizando? Honestamente, me parece altamente improbable.

Hacer esta crítica a su conducta actual no me impide reconocer que, aún desde su perspectiva burguesa, tuvo el mérito de haber sido el primero en haber planteado con fuerza esa demanda cuando ni siquiera se le ocurría a la izquierda o cuando una parte de esta ésta vacilaba en proponerla, como fue el caso de la UD de donde yo vengo. Ese es su lugar en la historia, meritorio por cierto. Pero es el pasado.

Si recordamos bien sus propias palabras él regresó el 21 de septiembre a Honduras, "a Dialogar para lograr mi restitución", por supuesto que en los términos del Plan Arias; no vino para impulsar la reivindicación de la Constituyente, a la que había renunciado meses atrás, mucho menos para encabezar una insurrección. Que la torpe respuesta represiva del gobierno de facto no permitió que en un inicio las cosas marcharan como las había calculado y como las había arreglado con la OEA y los gringos, viéndose obligado a hacer un efímero llamado a una "ofensiva final", es otro asunto. Pero que rápidamente volvió al redil de su intención original -el diálogo--lo muestra la firma de este acuerdo escandaloso.

Imaginémonos por un momento que Hugo Chávez, Evo Morales o Rafael Correa hubieran hecho lo mismo. Que en el mejor momento de la lucha hubieran abandonado las más caras reivindicaciones de sus pueblos a cambio de una pantomima de reintegro a su cargo. ¿Cómo habría que calificar esa conducta? No me imagino a ninguno de estos líderes suramericanos haciendo algo siquiera parecido a lo que hizo Mel.

Pero no vayamos tan lejos. El Presidente también ha dicho que, si es restituido, no podrá hacer nada sobre la Constituyente, aunque se compromete a "oir" el reclamo de la Resistencia Popular. Sn embargo, eso no es lo que dice el Acuerdo que firmó. Si se lee bien, se constatará que el Presidente esta obligado a "rechazar enérgicamente" a quien ose levantar esa demanda. En buen romance, esto significa que al firmar el Acuerdo de Tegucigalpa el Presidente Mel Zelaya se ha comprometido a reprimir a la Resistencia apenas siga con esta bandera de lucha, porque para eso firmó el Acuerdo, vigilado por la Comisión de Verificación.

Además en la redacción de este punto el texto da argumentos al enemigo para hacer aparecer como ilegal cualquier planteamiento de la Resistencia que sea hecho en torno a la Constituyente, así como también cualquier consulta popular que pueda hacerse en ese sentido, porque se le presenta como "inconsistente" con la Constitución de la República.

Por donde se le mire, lo acordado en este punto es sencillamente inaceptable y totalmente desfavorable para la lucha de la Resistencia por una Constituyente.

3. SOBRE EL ADELANTAMIENTO DE LAS ELECCIONES GENERALES Y EL TRASPASO DE GOBIERNO

En este punto hubo un cambio en el texto para actualizarlo a los plazos del proceso electoral.

Para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia, instamos al Tribunal Supremo

Electoral para que considere el adelantamiento de las elecciones nacionales convocadas para el 29 de noviembre de 2009, al 28 de octubre de 2009; y el consecuente adelanto de la campaña electoral del 1 de septiembre de 2009, al 1 de agosto de 2009.

Reiteramos que, de conformidad con los artículos 44 y 51 de la Constitución de la República de Honduras, el voto es universal, obligatorio, igualitario, directo, libre y secreto, y corresponde al Tribunal Supremo Electoral, con plena autonomía e independencia, supervisar y ejecutar todo lo relacionado con los actos y procesos electorales.

Asimismo, realizamos un llamado al pueblo hondureño para que participe pacíficamente en las próximas elecciones generales y evite todo tipo de manifestaciones que se opongan a las elecciones o a su resultado, o promuevan la insurrección, la conducta antijurídica, la desobediencia civil u otros actos que pudieren producir confrontaciones violentas o transgresiones a la ley.

Con el fin de demostrar la transparencia y legitimidad del proceso electoral, instamos al Tribunal Supremo Electoral a que autorice y acredite la presencia de misiones internacionales desde ahora y hasta la declaratoria del resultado de las elecciones generales, así como durante el traspaso de poderes que tendrá lugar, conforme con el artículo 237 de la Constitución de la República de Honduras, el 27 de enero de 2010.

Para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia, reiteramos que, de conformidad con los artículos 44 y 51 de la Constitucón de la República, el voto es universal, obligatorio, directo, libre y secreto, y corresponde al Tribunal Supremo Electoral, con plena autonomía e independencia, supervisar y ejecutar todo lo relacionado con los actos y procesos electorales.

Asimismo, realizamos un llamado al pueblo hondureño para que participe pacíficamente en las próximas elecciones generales y evite todo tipo de manifestaciones que se opongan a las elecciones o a su resultado, o promuevan la insurrección, la conducta antijurídica, la desobediencia civil u otros actos que pudieren producir confrontaciones violentas o transgresiones a la ley.

Con el fin de demostrar la transparencia y legitimidad del proceso electoral, instamos al Tribunal Supremo Electoral a que autorice y acredite la presencia de misiones internacionales desde ahora y hasta la declaratoria del resultado de las elecciones generales, así como durante el traspaso de poderes que tendrá lugar, conforme con el artículo 237 de la Constitución de la República de Honduras, el 27 de enero de 2010.

Como puede apreciarse el único cambio que se le hizo al texto de San José fue eliminar la referencia al adelanto de las elecciones (en negritas). Pero en el tema electoral hay aspectos mucho más trascendentales, sobre los que la Comisión Negociadora del Presidente no ejerció presión para que quedaran.

Dice el Acuerdo, por ejemplo, que el Pueblo debe abstenerse de hacer llamados a la "desobediencia civil" y a la "insurrección", cuando ha habido un Golpe de Estado y todavía no se ha restituido al Presidente; y además cuando esas elecciones son organizadas por golpistas. Pudo haberse condicionado el reconocimiento de las elecciones a la restitución del Presidente.

Dice también que el pueblo no debe asumir "conductas antijurídicas" (como exigir una Constituyente o una Cuarta Urna) pero no dice que el Tribunal Supremo Electoral fue elegido antijurídicamente en el Congreso Nacional porque sus magistrados no reúnen los requisitos que demanda la Constitución para serlo. 7 ¿Por qué no se condicionó las elecciones al cambio de Magistrados?

Dice que el Pueblo no debe oponerse a las elecciones ni a su resultado, pero no dice qué hacer para contrarrestar un potencial fraude electoral, como el que la oligarquía viene organizando hace meses.

Nada dice sobre el hecho de que no es aceptable que las mismas Fuerzas Armadas que dieron el Golpe de Estado, "cuidarán" todo el material electoral. Nada dice sobre el hecho de que los observadores nacionales y los "Guardianes Electorales", serán todas las organizaciones de los "blancos", los reservistas, iglesias y ONGs, y de la empresa privada afines a la dictadura. O sobre la necesidad de auditar los sistemas informáticos del TSE que estarían diseñando el fraude.

Ahora las candidaturas de la Resistencia se aprestan a participar casi a ciegas en un proceso electoral fraudulento y los golpistas no sentirán ninguna presión internacional para volverlo transparente y confiable.

Nada de eso se planteó, siendo elementos tan obvios de la realidad electoral.

En suma, sabiendo que la gran apuesta de la derecha es sacar adelante su farsa electoral, con la cual legitimar el régimen golpista, cómo se explica que la Comisión Negociadora del Presidente no haya exigido garantías de legalidad y transparencia mínimas para el proceso electoral, sino que aceptó el punto tal como estaba, con la única alteración de la fecha de las elecciones. ¿Por qué tanta ligereza en un tema tan importante?

4. SOBRE LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICIA NACIONAL

Para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia, ratificamos nuestra voluntad de acatar en todos sus extremos el artículo 272 de la Constitución de la República de Honduras, conforme con el cual las Fuerzas Armadas quedan a disposición del Tribunal Supremo Electoral desde un mes antes de las elecciones generales, a efectos de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso. Reafirmamos el carácter profesional, apolítico, obediente y no deliberante de las Fuerzas Armadas hondureñas. De igual forma, reconocemos la profesionalidad de la Policía Nacional, cuya rotación deberá sujetarse estrictamente a lo que prescribe su legislación especial.

Para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia, ratificamos nuestra voluntad de acatar en todos sus extremos el artículo 272 de la Constitución de la República de Honduras, conforme con el cual las Fuerzas Armadas quedan a disposición del Tribunal Supremo Electoral desde un mes antes de las elecciones generales, a efectos de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso. Reafirmamos el carácter profesional, apolítico, obediente y no deliberante de las Fuerzas Armadas hondureñas. De igual forma, coincidimos en que la Policía Nacional deberá sujetarse estrictamente a lo que prescribe su legislación especial.

Aparte de la tímida eliminación de la referencia a la "profesionalidad" de la Policía Nacional, tanto el Acuerdo de San José como el Acuerdo de Tegucigalpa embellecen la imagen de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional hasta volverlas irreconocibles. Dice el punto: "Reafirmamos el carácter profesional, apolítico, obediente y no deliberante de las Fuerzas Armadas hondureñas".

¿De qué país esta hablando? ¿No fueron estas Fuerzas Armadas las que dieron el golpe de Estado, quitaron a un Presidente y pusieron otro? ¿No son las mismas que masacran a balas y golpes a nuestros compañeros(as)? Este punto del Acuerdo de Tegucigalpa es insultante para nuestros muertos, fracturados, heridos y humillados. ¿Cómo es posible que la Comisión Negociadora del Presidente aceptara esto?

Un Acuerdo no puede partir de algo irreal, sino de lo que existe y postular medidas para cambiarlo. En este punto se debieron señalar los problemas existentes para forzar cambios en la institución castrense y la policía, pero al tratar a los "chafas" y "chepos" con terciopelo, se desperdició esa oportunidad. Por ejemplo, la Comisión del Presidente pudo haber exigido: incluir la inmediata depuración de la institución militar, comenzando por la salida de los Comandantes de Batallones que dirigieron el Golpe; la investigación criminal de los "asesores" ex integrantes del 3-16 como Billy Joya y compañía; la investigación de los asesinatos de nuestros compañeros(a); de los grupos de sicarios extranjeros pagados por empresarios; la abolición del reclutamiento forzoso, de las torturas en instalaciones militares y policiales, de los métodos de brutalidad policial para reprimir las manifestaciones, incluido el uso de armas químicas letales; y el retorno de los militares a sus cuarteles, entre otros aspectos.

Por otro lado, en el tema electoral era necesario dejar en claro que la aplicación del Artículo 272 constitucional, que pone a disposición del TSE las Fuerzas Armadas para efectos electorales, no significa que el Presidente de la República deja de tener mando sobre la institución, pues la propaganda de los golpistas trata de hacerle creer a la opinión pública que una vez reintegrado el Presidente a su cargo, el no tendría mando sobre los militares sino que lo tendría el TSE.

La inclusión en el Acuerdo de cualquiera de esos temas habría significado un avance. Pero por la forma en que quedó finalmente redactado, que no progresa en nada y por el contrario hace lisonja de las fuerzas represivas, mejor habría sido que ni siquiera quedara como acuerdo.

5. SOBRE EL RETORNO DE LOS PODERES DEL ESTADO A SU INTEGRACIÓN PREVIA AL 28 DE JUNIO

Para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia, solicitamos al Congreso Nacional que, a efectos de recuperar la integración y legítima conformación de los poderes constituidos al 28 de junio de 2009, en lo procedente retrotraiga la situación del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo Electoral a su estado previo al 28 de junio, por haber sido conformados según los artículos 202, 205, incisos 9 y 11, y 236 de la Constitución de la República de Honduras. Lo anterior implica el retorno de José Manuel Zelaya Rosales a la Presidencia de la República hasta la conclusión del actual periodo gubernamental, el 27 de enero de 2010.

Para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia, en el espíritu de los temas de la propuesta del Acuerdo de San José, ambas comisiones negociadoras hemos decidido, respetuosamente, que el Congreso Nacional, como una expresión institucional de la soberanía popular, en uso de sus facultades, en consulta con las instancias que considere pertinentes como la Corte Suprema de Justicia y conforme a ley, resuelva en lo procedente en respecto a "retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio hasta la conclusión del actual período gubernamental, el 27 de enero de 2010".

Este punto del Acuerdo es el más controversial de todos y el que tiene entrampada la actual situación. Siendo benévolos, lo menos que puede decirse es que en este punto la Comisión Negociadora del Presidente lo desfavoreció completamente.

En primer lugar, fue una barbaridad haber aceptado que se eliminara del texto la única frase del Acuerdo de San José que podía obligar al Congreso a la restitución, pues se borró del texto la frase: "Lo anterior implica el retorno de José Manuel Zelaya Rosales a la Presidencia de la República...". Habiendo quitado eso, sólo le quedó al Presidente una vaga referencia al "espíritu del Acuerdo de San José" que se presta a subjetivas interpretaciones de las que pueden asirse los golpistas. ¿Cómo pudo aceptar la Comisión negociadora de Mel dejar nuestra lucha sin una base tan importante en el Acuerdo?

En segundo lugar, otra atrocidad se cometió en el procedimiento al aceptar que el tema de la restitución fuera al Congreso Nacional, dominado abrumadoramente por los golpistas, dejando en sus manos ("en uso de sus facultades" dice el Acuerdo de Tegucigalpa) el poder de decidir sobre tan contencioso asunto. Un principio de estrategia dice que nunca se debe ir al terreno donde el enemigo es fuerte; pero aquí el Presidente hizo lo contrario.

Las justificaciones para este grave error sobran. Por ejemplo, se dice que tuvo que aceptarse ir al Congreso "porque no hay otra instancia donde se pueda resolver el problema" o que "así lo dice el Acuerdo de San José". Estas son excusas sin fundamento. Veamos siete razones por las cuales no se debió aceptar ese procedimiento:

   1.

      El Golpe de Estado fue un acto violento que rompió todo procedimiento jurídico y legislativo y que cae en el terreno de la delincuencia política. Recuérdese que el Presidente primero fue derrocado por un acto militar y fue hasta medio día después que se decretó su separación en el Congreso. Por consiguiente el rol del Congreso fue ser accesorio a ese acto de fuerza; no fue un acto legislativo corriente que se resuelve con emitir otro decreto. "Resolverlo" de esa forma equivale a decir que no hubo ruptura del orden Constitucional y que todo se resuelve "dentro" del orden jurídico, como si no hubiera pasado nada.

   2.

      Es un error darle esa atribución al Congreso porque así se desvía la atención sobre Goriletti, además de que le otorgan una facultad que no debieran darle ¿Cómo se le ocurrió pensar a la Comisión negociadora de Mel que ese órgano-delincuente del Estado ahora va a decidir si le devuelve la Presidencia al Pueblo? Es como si a un ladrón se le diera la potestad de decidir si nos devuelve o no la prenda robada. Decir que el ladrón debe decidir, es estar de su lado. El delincuente solo tiene que devolverla y ser castigado ¡Punto! No tiene que decidir nada. Darle la potestad al Congreso es una aberración con la cual se le esta lavando la cara. Y no dudo que más de un diputado sin escrúpulos lo podría aprovechar en su campaña electoral.

   3.

      Como todo mundo sabe, la base de cualquier negociación es solo un punto de partida y no tenían que aceptarse necesariamente sus términos iniciales; por tanto, lo lógico hubiera sido que la Comisión Negociadora del Presidente presentara contrapropuestas que superaran el Acuerdo de San José, para beneficiar la causa de la Resistencia. ¡Pero no! Tuvieron que seguirle el juego a los golpistas (que exigían que el tema fuera decidido en la Corte Suprema de Justicia), proponiendo salomónicamente que la resolución fuera tomada "en el Congreso Nacional en consulta con la Corte Suprema de Justicia". Ni cortos ni perezosos, los miembros de la Comisión negociadora de Micheletti le agregaron la frase "las instancias que considere pertinentes..." ampliando así el abanico. Y pese a que este agregado era peor para la causa de la restitución ¡fue aceptado por los negociadores melistas! En otras palabras, la decisión la tomará el delincuente "en consulta" con todos sus cómplices. Con razón los golpistas salieron sonrientes del Diálogo Guaymuras.

   4.

      José Alfredo Saavedra, el presidente de facto de ese poder del Estado, dará largas a la discusión de ese asunto enviándolo a consulta a cuanta instancia quepa en su imaginación para darle dilatorias a la decisión, comenzando por la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General, etc. Y como tampoco dejaron acordada una fecha tope para la toma de esa decisión, no sorprendería que los diputados golpistas se tarden en nombrar la Comisión de Dictamen o que esta trabaje lentamente; que le den tres prolongados debates, que el "Presidente" de facto use su poder de veto, etc. etc. para así prolongar la agonía en este tema hasta después de las elecciones.

   5.

 

      Pero el efecto no solo será en la pérdida de tiempo. Esas "consultas" le darán la oportunidad a los golpistas de abonar a sus argumentos reaccionarios ante la opinión pública, preparándola sicológicamente para una respuesta negativa, sin que la Resistencia tengamos la misma oportunidad de hacerlo. Nada de eso podrá objetar el Presidente Zelaya porque así lo propuso y lo aceptó en el acuerdo.

   6.

      El sentido común indica que, si se sigue con este juego, a lo único que puede aferrarse el Presidente es a una negociación con los diputados del Partido Nacional, dirigidos por Pepe Lobo. Pero como ningún almuerzo es gratis ¿A cambio de qué se podría llegar a tal acuerdo? ¿Qué le hace pensar que Pepe Lobo es de tanta confianza como para depositar en sus manos tan delicada decisión? ¿No fueron acaso sus diputados los mismos que votaron por su separación? ¿No son los nacionalistas quienes lideran las reaccionarias huestes de los "camisetas blancas"?

   7.

      Finalmente, canalizar la restitución por la vía de un Decreto del Congreso nos lleva también a otro error, aún cuando se lograra su aprobación en el Poder Legislativo. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, darle esa potestad al Congreso es caer en el juego leguleyo que los golpistas juegan bien, porque entre las atribuciones de ese órgano del Estado (art. 205 constitucional) no está la facultad para restituir a ningún Presidente, como nunca la tuvo para destituirlo; y por tanto vuelve vulnerable esa restitución a una impugnación que los mismos golpistas podrían orquestar para echar abajo el retorno de Mel a su cargo, alegando la "inconstitucionalidad" del acto. Tienen a su favor el Ministerio Público y la Corte Suprema, es decir, tienen el poder para hacerlo.

¿Cómo puede considerarse esto un "triunfo" o una "victoria popular"?

6. SOBRE LA COMISIÓN DE VERIFICACIÓN Y LA COMISIÓN DE LA VERDAD

Para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia, disponemos la creación de una Comisión de Verificación de los compromisos asumidos en este Acuerdo, y los que de él se deriven, presidida por la Organización de Estados Americanos (OEA), y las personas que ésta considere idóneas entre las figuras nacionales e internacionales.

La Comisión de Verificación será la encargada de dar fe del estricto cumplimiento de todos los puntos de este Acuerdo, y recibirá para ello la plena cooperación de las instituciones públicas hondureñas.

Con el fin de esclarecer los hechos ocurridos antes y después del 28 de junio de 2009, se creará también una Comisión de la Verdad que identifique los actos que condujeron a la situación actual, y proporcione al pueblo de Honduras elementos para evitar que estos hechos se repitan en el futuro.

El trabajo de la Comisión de la Verdad será fundamental en la recuperación de la confianza del pueblo hondureño en su Constitución y en su Gobierno. Para asegurar la imparcialidad en la ejecución de esta tarea, designamos como conductor de la Comisión de la Verdad al Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia, disponemos la creación de una Comisión de Verificación de los compromisos asumidos en este Acuerdo, y los que de él se deriven, coordinada por la Organización de Estados Americanos (OEA). Dicha Comisión estará integrada por dos miembros de la comunidad internacional y dos miembros de la comunidad nacional.

La Comisión de Verificación será la encargada de dar fe del estricto cumplimiento de todos los puntos de este Acuerdo, y recibirá para ello la plena cooperación de las instituciones públicas hondureñas.

El incumplimiento de cualquiera de los compromisos contenidos en este Acuerdo, comprobado y declarado por la Comisión de Verificación, producirá la activaión de medidas que establecerá la Comisión para el transgresor o los transgresores.

Con el fin de esclarecer los hechos ocurridos antes y después del 28 de junio de 2009, se creará también una Comisión de la Verdad que identifique los actos que condujeron a la situación actual, y proporcione al pueblo de Honduras elementos para evitar que estos hechos se repitan en el futuro.

Esta Comisión de Diálogo recomienda que el próximo Gobierno, en el marco de un consenso nacional, constituya dicha Comisión de la Verdad en el primer semestre del año 2010.

Comisión de Verificación

En cuanto a la Comisión de Verificación, consideramos un error haber aceptado que el Presidente no pudiera poner objeciones a los candidatos de la OEA, pues este organismo esta totalmente alineado con la política estadounidense. Solo miremos cómo fue integrada esa Comisión: la Señora Hilda Solís, Secretaria de Trabajo de los Estados Unidos; el ex presidente chileno, Ricardo Lagos, por parte de la OEA; Arturo Corrales por los golpistas y Jorge Arturo Reina por el Presidente Mel.

¿Por qué aceptar a una representante de los Estados Unidos? No es necesario decir que la señora Solís trabajará en beneficio de los golpistas, porque Thomas Shannon ya ha dejado en claro que para los Estados Unidos "cualquier decisión del Congreso es aceptable". Y en cuanto al ex presidente Lagos, son de dominio público sus vínculos con los sectores reaccionarios de Washington, lo cual tampoco lo hace confiable. 8

Prácticamente, con esos "verificadores" el Presidente Zelaya estará 3 a 1. Sus primeros pasos lo muestran; se deshacen en alabanzas a Micheletti y mencionan el tema de la restitución como algo que puede esperar hasta que le ronque la gana al gobierno de facto.

Que se cuide entonces Mel porque esa misma Comisión tiene la facultad de "aplicar medidas a los trasgresores", que con seguridad no se las aplicarán a los golpistas.

Comisión de la Verdad

En cuanto a la Comisión de la Verdad, al menos hubo un avance respecto al Acuerdo de San José porque se quitó que su objetivo fuera "la recuperación de la confianza del pueblo hondureño en su Constitución (la que la Resistencia quiere cambiar) y en su Gobierno (el que surja de las elecciones fraudulentas)", porque aceptar eso habría sido el colmo.

Pero ¿por qué se aceptó que fuera el próximo gobierno el que integrara esa Comisión? Debió haberse defendido que sólo el Presidente Mel Zelaya, el legítimamente electo, es el único legitimado para nombrar esa Comisión y no el "próximo gobierno" que surja de la farsa electoral del 29 de noviembre. Una Comisión de la Verdad en otras manos va a "descubrir" cualquier cosa menos la verdad.

7. SOBRE LA NORMALIZACIÓN DE LAS RELACIONES DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS CON LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

El Acuerdo de Tegucigalpa no modificó en nada este punto del Acuerdo de San José y fue aprobado sin protesto por ambas comisiones. La redacción es la siguiente:

    "Al comprometernos a cumplir fielmente los compromisos asumidos en el presente Acuerdo, solicitamos respetuosamente la inmediata revocatoria de aquellas medidas o sanciones adoptadas a nivel bilateral o multilateral, que de alguna manera afectan la reinserción y participación plena de la República de Honduras en la comunidad internacional, y su acceso a todas las formas de cooperación.

    "Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que reactive lo antes posible los proyectos vigentes de cooperación con la República de Honduras, y continúe con la negociación de los futuros. En particular, instamos a que, a solicitud de las autoridades competentes, se haga efectiva la cooperación internacional que resulte necesaria y oportuna para que la Comisión de Verificación y la Comisión de la Verdad aseguren el fiel cumplimiento y seguimiento de los compromisos adquiridos en este Acuerdo."

Uno de los objetivos inmediatos de los golpistas fue romper el aislamiento internacional en especial de Estados Unidos. ¡Y lo lograron! Con la sola firma del Acuerdo, los desvisados se han levantado, se ha reanudado la cooperación financiera, los embajadores comienzan a regresar, las misiones de observadores para las elecciones se alistan a venir a Honduras, como si el gobierno usurpador de Micheletti fuera un gobierno legítimo. Todo parece volver a la normalidad, excepto porque... NO se ha restituido al legítimo Presidente de Honduras.

Esta es otra evidencia de la trampa que fue el Plan Arias. La hipocrecía de la diplomacia internacional ocultó siempre el objetivo de normalizar el golpe.

8. DISPOSICIONES FINALES

También este tema fue acordado en los mismos términos que en el Acuerdo de San José:

    "Toda diferencia de interpretación o aplicación del presente Acuerdo será sometida a la Comisión de Verificación, la que determinará, en apego a lo dispuesto en la Constitución de la República de Honduras y en la legislación vigente, y mediante una interpretación auténtica del presente Acuerdo, la solución que corresponda.

    "Tomando en cuenta que el presente Acuerdo es producto del entendimiento y la fraternidad entre hondureños, solicitamos vehementemente a la comunidad internacional que respete la soberanía de la República de Honduras, y observe plenamente el principio consagrado en la Carta de las Naciones Unidas de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados. "

Es notorio que la Comisión de Verificación tiene mucho poder arbitral para decidir lo que será considerado como una interpretación correcta del acuerdo y para "determinar...la solución que corresponda". Es tan fuerte que en realidad es más bien una Comisión interventora que simplemente una Comisión verificadora, en la que los agentes del imperio y de los golpistas son mayoría.

La pregunta salta: ¿Y en qué queda el poder del Presidente legítimamente electo por los hondureños(as)? Prácticamente en nada. Aunque Mel fuera restituido, esta Comisión interventora penderá sobre su medio-gobierno como una espada de Damocles, presta a tomar medidas en su contra apenas se "desvíe" de la ruta que le ha sido trazada. A esto sería reducido el "Poder Ciudadano" en el período de transición.

¡Y con todo esto, tienen el descaro de apelar al "principio de no injerenia en los asuntos internos de otros Estados"!

9. CALENDARIO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS

Dada la entrada en vigencia inmediata de este Acuerdo a partir de su fecha de suscripción, y con el fin de clarificar los tiempos de cumplimiento y de seguimiento de los compromisos adquiridos para alcanzar la reconciliación nacional, convenimos el siguiente calendario de cumplimiento:

22 de julio de 2009

1. Suscripción y entrada en vigencia del Acuerdo de San José.

24 de julio de 2009

1. Retorno de José Manuel Zelaya Rosales a la Presidencia de la República de Honduras.

2. Conformación de la Comisión de Verificación.

27 de julio de 2009

1. Conformación del Gobierno de Unión y de Reconciliación Nacional.

2. Conformación de la Comisión de la Verdad.

27 de enero de 2010

1. Celebración del traspaso de gobierno.

Dada la entrada en vigencia inmediata de este Acuerdo a partir de su fecha de suscripción, y con el fin de clarificar los tiempos de cumplimiento y de seguimiento de los compromisos adquiridos para alcanzar la reconciliación nacional, convenimos el siguiente calendario de cumplimiento:

30 de octubre de 2009

1. Suscripción y entrada en vigencia del Acuerdo de San José.

2 de noviembre de 2009

1. Conformación de la Comisión de Verificación.

A partir de la suscripción del Presente Acuerdo y a mas tardar el 5 de noviembre

1. Conformación del Gobierno de Unión y de Reconciliación Nacional.

27 de enero de 2010

1. Celebración del traspaso de gobierno.

Primer semestre de 2010

1. Conformación de la Comisión de la Verdad.

En este calendario encontramos una verdadera joya: Fue eliminado del mismo nada más ni nada menos que el punto toral de todo el acuerdo: "el retorno de Jose Manuel Zelaya Rosales a la Presidencia de la República de Honduras". ¿Para quién trabajaba la Comision Negociadora de Mel? ¿Qué explicación "estratégica" va a darnos sobre la misteriosa "desaparición" de ese punto? Esto es sencillamente INACEPTABLE.

10. DECLARACIÓN FINAL

En nombre de la reconciliación que nos ha convocado ante la mesa de diálogo, nos comprometemos a ejecutar de buena fe el presente Acuerdo, y los que de él se deriven.

Sabemos que la humanidad espera de Honduras una demostración de unidad y de paz, a la que estamos obligados por nuestra consciencia y nuestra historia. Juntos, sabremos demostrar nuestro valor y coronar con olivos la frente de nuestra democracia, para que las futuras generaciones vean lo que fuimos capaces de hacer por nuestra patria

En nombre de la reconciliación y el espíritu patrióico que nos ha convocado ante la mesa de diálogo, nos comprometemos a ejecutar de buena fe el presente Acuerdo, y lo que de él se derive.

El mundo es testigo de esta demostración de unidad y paz, a la que nos compromete nuestra consciencia cívica y devoción patriótica. Juntos, sabremos demostrar nuestro valor y decisión para fortalecer el Estado de derecho y construir una sociedad tolerante, pluralista y democrática.

¡Casi nos hace llorar tanta devoción!

Y por supuesto no podían faltar los ...

11. AGRADECIMIENTOS

A la OEA, a Oscar Arias, a las misiones de cancilleres, y claro esta, a Obama e Hilary Clinton, es decir, la suma de los artífices y actores secundarios que se confabularon para impedir la derrota del Golpe

12. SOBRE LA ENTRADA EN VIGENCIA

Se aclara que para efectos protocolarios comenzara a regir desde el 2 de noviembre.

CONCLUSION

Llegados a este punto del análisis, puede constatarse que el Acuerdo de Tegucigalpa, lejos de ser una "victoria" es un acuerdo de rendición del Presidente Zelaya, hecho a la usanza del imperio. Lo lamentable es que Mel mordió el anzuelo, al autorizar su firma por la Comisión Negociadora, a cambio de la promesa de una restitución indigna.

La fregada es que, aunque lo haya firmado, el imperio ha sido claro en que "aceptará cualquier decisión del Congreso hondureño", lo que para los entendidos significa que lo más probable es que NO dará luz verde a la restitución, por lo menos no antes de la farsa electoral del 29 de noviembre para evitar que provoque daños a la misma.

Asustado por esas declaraciones Mel ahora pide explicaciones a Hillary Clinton. Ella le dirá cualquier cosa, pero su suerte ya esta echada en los términos de ese acuerdo.

Hasta ahora habíamos dicho que íbamos a "respetar la decisión del Presidente" en torno a si lo firmaba o no. Pero a la luz del análisis anterior, por lo menos el suscrito he decidido no seguir respetando esa nefasta decisión.

CUAL ES LA SALIDA

Lo único que puede salvar esa situación es que la Resistencia Popular patee el tablero, en primer lugar rechazando el Acuerdo de Tegucigalpa y movilizándose para impedir que la oligarquía se salga con la suya con la farsa electoral del 29 de noviembre. Condiciones existen porque después de la algarabía desinformada de las primeras 48 horas posteriores a la firma del acuerdo, el dolor comienza a despertar y el pueblo ha entrado en indignación.

De esa forma, el acuerdo no cumpliría uno de sus objetivos principales que es asegurar ese mecanismo de legitimación del golpe de Estado, y sólo así tendemos condiciones para lograr en el mediano plazo la derrota del nuevo régimen golpista y el propósito de nuestra lucha: la Asamblea Constituyente.

¡Asi que manos a la obra!

Tegucigalpa, MDC, 4 de noviembre de 2009

Notas

1 La incidencia de ese Acuerdo podría violentar la disposición establecida en el Art. 264 constitucional que dice: "Los Presidentes, Directores Generales y Gerentes de los Organismos descentralizados del Estado durarán hasta cuatro años en sus funciones y su forma de nombramiento y remoción será de conformidad con las respectivas leyes de creación de las mismas".

2 La redacción del segundo párrafo del Acuerdo de Tegucigalpa también deja entrever que el Presidente Zelaya cometió una falta de orden administrativo al no haber enviado en debido tiempo al Congreso Nacional el Presupuesto de la República de 2009, contraviniendo el artículo 205 constitucional. Recuérdese que esta es una de las 18 acusaciones que ha levantado el Ministerio Público en su contra para meterlo a la cárcel. No entendemos por qué la comisión negociadora del Presidente aceptó la inclusión de ese texto y, peor aún, por qué el Presidente la aceptó.

3 He quitado el número a este punto del acuerdo precisamente porque fue eliminado y asi no afectar el orden numeral del acuerdo final

4 Es una figura establecida en el Artículo 24 numeral 4 del Código Penal según la cual está exento de responsabilidad penal "Quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse o de salvar a otros de un peligro no causado por el voluntariamente, ni evitable de otra manera, siempre que el hecho sea proporcionado al peligro", y con la cual los golpistas pretenden eximir de responsabilidad a los militares que expatriaron al Presidente Zelaya hacia Costa Rica.

5 Si bien es cierto que ninguna amnistía puede proteger a los golpistas de ser procesados -como lo están siendo-- en instancias como la Corte Penal Internacional por crímenes de "lesa humanidad", pero también es cierto que estos delincuentes políticos, mientras la oligarquía siga gobernando, sólo podrían ser capturados fuera de las fronteras patrias o en Honduras con otro tipo de gobierno; también podrían estar en suelo norteamericano porque Estados Unidos no ha ratificado el Convenio de Roma y además es su aliado.

6 Algunos funcionarios procesados son la Gerente de la ENEE, Rixi Moncada; el Asesor de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, del Gerente de HONDUTEL, Rasel Tomé, y hay otros que incluso guardan prisión, como sucede con el Ex gerente de HONDUTEL, Marcelo Chimirri. Por parte de la Resistencia Popular tenemos 6 presos políticos y hay decenas de compañeros(as) procesados en los tribunales de la República.

7 Dice el Artículo 52 constitucional que : "No podrán ser elegidos Magistrados del Tribunal Supremo Electoral: 1) Los que tengan inhabilidades para ser Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; 2) Los que estén nominados para ocupar u ostenten cargos de elección popular; y, 3) Los que estén desempeñando cargos directivos en los partidos políticos legalmente inscritos." De los cuatro magistrados (3 propietarios y 1 suplente) solo uno, Saúl Escobar, cumple con estos requisitos.

8 La analista Eva Gorlinger dice al respecto: "Hoy anunciaron que la comisión será liderada por una ficha de Washington, el ex presidente chileno, Ricardo Lagos. Promotor de las políticas neoliberales de Washington, Lagos es codirector de la Junta Directiva del Diálogo Interamericano, un centro de pensamiento estadounidense de la derecha que analiza los temas relacionados con América Latina. También fue encargado por la National Endowment for Democracy (NED) para crear una versión chilena, la Fundación Democracia y Desarrollo, para "promover la democracia", al estilo estadounidense en la región. Al salir de la presidencia en Chile, Lagos fue Presidente del Club de Madrid -un club exclusivo de expresidentes dedicados a "promover la democracia" por el mundo. En ese "club", también figuran personajes vinculados con la desestabilización de los gobiernos de izquierda en América Latina como Jorge Quiroga y Gonzalo Sánchez de Lozada (ex presidentes de Bolivia), Felipe González (ex primer ministro de España), Václav Havel (ex presidente de la República Checa) y José María Aznar (ex primer ministro de España), entre muchos otros. (La Victoria del Smart Power)

EL DILEMA DE LA UD EN EL MOMENTO ACTUAL

A la militancia del Partido Unificación Democrática y al Pueblo Hondureño en general

En estos días, la facción del Partido Unificación Democrática UD que representa el señor Cesar Ham, tendrá que tomar una decisión de vida o muerte para la existencia del Partido. Contrario a lo dispuesto por el Frente Nacional de Resistencia, que ha resuelto llamar a NO participar en la farsa electoral de noviembre de 2009, el Sr. Ham y su grupo desarrolla normalmente su campaña proselitista y se apresta a participar en el fraudulento proceso electoral, conduciendo a la UD a una traición y por tanto a un suicidio político.

Este grupo pone como excusa la amenaza de los golpistas con eliminar la inscripción legal de la UD si no participa en su circo electoral. Pero ese argumento es insostenible.

S¿De qué legalidad se esta hablando? Después del Golpe de Estado nada de lo que este régimen haga puede ser considerado legal, mucho menos lo que provenga de un Tribunal electoral nombrado ilegalmente. Decir lo contrario es no creer que hubo un golpe de Estado y negar todo lo que la Resistencia ha dicho sobre la ilegitimidad del gobierno de facto.

Perder la legalidad del Partido Unificación Democrática por ser solidario con la causa del Pueblo puede ser un inconveniente mientras duren los golpistas en el poder, pero se convierte en un honor ante ese Pueblo, gracias al cual dicha legalidad puede ser recuperada con el acompañamiento de la gente honesta de este país.

En cambio, conservar la legalidad del Partido por temor al chantaje de la oligarquía, a costa de traicionar la causa por la que han muerto decenas de activistas de la Resistencia, incluidos por lo menos 6 militantes de la UD, sería morir en la conciencia del pueblo y ese tipo de muerte es deshonrosa.

Por otro lado, participar en las elecciones fraudulentas contribuirá a legitimar el régimen golpista ante el mundo y crear condiciones más difíciles para la derrota del nuevo gobierno, lo que convertiría a la UD en su cómplice. Pretender que la UD saldría gananciosa de esa aventura, es tan iluso como pretender que la oligarquía va a dejarse arrebatar cuotas de poder de importancia existiendo un fraude bien montado. Lo que esta claro es que la oligarquía no va a ceder con votos lo que ha ganado por la fuerza de las armas.

Más aún, avalar el proceso electoral en este momento que el Pueblo ha logrado avanzar un gran tramo en su consciencia de romper con el régimen político bipartidista y en dirección a una Asamblea Constituyente, sería hacerlo retroceder, resucitando a los partidos de la oligarquía que hoy se encuentran en el peor momento de su historia reciente.

Por tanto, la encrucijada a la que se enfrenta la UD hoy día es a morir para la legalidad golpista y revivir en el corazón del Pueblo, o vivir en la legalidad del régimen golpista pero morir como alternativa política popular.

Independientemente de las diferencias que nos han separado en el pasado reciente, hacemos un llamado a la militancia de base del Partido Unificación Democrática a que impida que por mezquinos intereses personales, la UD cave su propia sepultura si apoya la farsa electoral del 29 de noviembre próximo.

Tegucigalpa M.D.C. 11 de Noviembre de 2009

Autentica Junta Directiva Nacional del

Partido Unificación Democrática

RENAN VALDEZ

Presidente

TOMAS ANDINO

Secretario de Actas


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