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El anuncio de nacionalización del sistema de pensiones privados por parte del gobierno argentino, el 21 de octubre, fue motivo de gran griterío por parte de la prensa española. El enésimo batacazo del Ibex-35, al día siguiente de conocerse la medida, sirvió para dar un tinte todavía más dramático a lo que se pintaba, prácticamente, como una declaración de guerra.

El anuncio de nacionalización del sistema de pensiones privados por parte del gobierno argentino, el 21 de octubre, fue motivo de gran griterío por parte de la prensa española. El enésimo batacazo del Ibex-35, al día siguiente de conocerse la medida, sirvió para dar un tinte todavía más dramático a lo que se pintaba, prácticamente, como una declaración de guerra.
Obviamente, medios como El País, no hacían más que defender los intereses del gran capital, del cual son parte. La nacionalización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) afecta, en primera instancia, a Consolidar, el segundo de los fondos de pensión en importancia, perteneciente al BBVA. Además, las AFJP son dueñas del 24,4% de las acciones de Gas Natural (Invergas), el 12,7% de Central Costanera (Endesa), el 3,7% de Central Puerto (Endesa) y el 6,6% del Banco Francés (BBVA). La gran alarma mediática de los capitalistas españoles refleja, en parte, un auténtico temor por el futuro de sus negocios en un continente que está sufriendo tremendas turbulencias políticas; a corto plazo, es también una táctica de presión de cara a la negociación que ahora han abierto con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para preservar sus intereses en el país latinoamericano.
Lo que no veremos en la prensa burguesa es un balance serio de un desastroso sistema privado de pensiones que ha dejado en el aire el futuro de millones de trabajadores argentinos y ha beneficiado a un puñado de entidades financieras y multinacionales, con papel destacado de las españolas.
Durante catorce años las AFJP, propiedad de bancos y aseguradoras principalmente, recibieron un promedio de 10.000 millones de pesos anuales (15.000 millones en los últimos años), provenientes de las aportaciones de los trabajadores. Este dinero se utilizó para  financiar burbujas especulativas de toda índole. Tan sólo entre octubre de 2007 y septiembre de 2008 perdieron 14.000 millones, acelerándose la sangría en los últimos días. En total, sus fondos pasaron de 97.000 millones a unos 83.000 millones en este periodo. Los fondos también fueron dilapidados, a lo largo de estos años, por la "comisiones" cobradas por los gestores, que se embolsaron 30.000 millones de pesos.
De todos los objetivos que se planteaba la creación del sistema de las AFJPs en 1994, sólo se cumplió el inconfesado de favorecer con esos millones a las administradoras. No se incrementó el número de trabajadores cubiertos por la seguridad social, ni se destinaron fondos a la inversión productiva, como se había prometido. Y lo peor de todo es que estas pérdidas significan dejar las futuras jubilaciones a merced de los avatares del mercado financiero mundial. Por supuesto que este festival de derroche de dinero ajeno contó con la "colaboración" de los distintos gobiernos.

La crisis precipita la decisión

Con la agudización de la crisis financiera mundial de los últimos meses la situación se hizo insostenible: pérdidas de un 20% del fondo global acumulado, jubilaciones por debajo de los montos mínimos fijados por el Estado, incluso menores en comparación con los que se jubilaban unos meses atrás, etc. Finalmente, el gobierno se vio obligado a intervenir y dar por terminada la experiencia privatizadora, aunque aún falta la aprobación del congreso. El fondo global y los ingresos mensuales pasarían a ser administrados por el Estado, que se haría cargo del pago de las jubilaciones respetando los niveles de ingresos actuales. No es descartable que pesaran en la decisión del gobierno las necesidades fiscales que amenazan el futuro de las cuentas estatales: vencimientos de la deuda externa, mantener cierto nivel de reservas, necesidad de realizar obras públicas para evitar la recesión, elecciones el año próximo, etc. 
La nacionalización no provocó solamente la histeria de las empresas y bancos internacionales: todo el entramado de parásitos del propio país (políticos, periodistas, especuladores, bancos, etc.) se sumaron al coro. Y la hostilidad no sólo ha quedado en palabras, produciéndose una fenomenal huida de capitales de los bonos del Estado, de compra de dólares y de envío de divisas al exterior. Ante todas esas presiones el gobierno se está mostrando bastante dispuesto a hacer concesiones en materia de indemnizaciones a las entidades gestoras de los fondos y otros aspectos.
Los compañeros de la Corriente Socialista El Militante de Argentina defienden la existencia de un sistema estatal único de jubilaciones y pensiones bajo control de los trabajadores, activos y retirados (no  bajo control parlamentario o de empresarios, bancos, etc. como propone el gobierno). Un sistema que debería asegurar un ingreso mínimo móvil igual al salario de los activos, a partir de los 60 años de edad, con cobertura universal. Es necesaria la expropiación, sin compensación, de las AFJPs, que durante 14 años saquearon los fondos y especularon con las aportaciones de los trabajadores, embolsando millonarias ganancias. También defienden que se respeten los derechos adquiridos por los trabajadores que estaban en el sistema de jubilación privada, y que se garantice un empleo estable a los 10.500 trabajadores de las AFJP, bien incorporándolos al sistema público de pensiones (ANSES) o a otra dependencia estatal.