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Catorce años de negocios millonarios, pérdidas de aportes y una gran fuga de capitales final

El gobierno envió al Congreso un proyecto de unificación del sistema jubilatorio que contempla la desaparición de las jubilaciones privadas bajo gestión de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Si es aprobado, se cerrará así una etapa abierta en 1994 caracterizada por ganancias millonarias para las empresas y grandes pérdidas de los fondos aportados por los trabajadores en la especulación financiera.

Durante estos catorce años las AFJP, propiedad de bancos y aseguradoras principalmente, recibieron unos 10 mil millones de pesos anuales en promedio (en los últimos años, 15 mil millones), provenientes de los aportes de los trabajadores, que mal administraron financiando burbujas especulativas de toda índole. En once meses perdieron 14 mil millones en inversiones (de 97 mil millones que administraban en octubre de 2007, en septiembre de 2008 quedaban unos 83 mil millones a los que sumaron 11 mil millones recibidos en esos meses, pero perdieron otros 8 mil millones en los últimos días).

Claro que sí cuidaron de sus comisiones, que suman otro 33% por sobre ese monto. Es decir que se quedaron con más de 30 mil millones de pesos en catorce años. Parte de lo cual invirtieron provechosamente en promociones, por ejemplo en los medios de comunicación comerciales que hoy salen a defender este millonario negocio para un puñado de bancos y empresas transnacionales. En comparación, el gasto de la ANSES para administrar los fondos del sistema jubilatorio estatal de reparto es de sólo un 1,6% del monto aportado: 20 veces más barato.

De todos los objetivos que se planteaba la creación del sistema de las AFJPs en 1994, sólo se cumplió el inconfesado de favorecer con esos millones a las administradoras. No se incrementó el número de trabajadores cubiertos (por el contrario bajó del 60 al 47% del total, lo que implica que el trabajo en negro creció del 40 al 53%). Sólo 3,5 millones hacen aportes regulares a las AFJP, de los más de 9 millones de afiliados (de los cuales el 75% son indecisos incorporados sin que elijan). No se destinaron fondos a la inversión productiva como se había prometido (sólo el 1,5% del total), pero sí a la especulación financiera (por ejemplo al quebrado banco norteamericano Wachovia fue parte del 10% que tenían en el exterior, entre bonos y derivados, pero apenas en la bolsa porteña: 19,5% de los fondos, lo que significa un 5,9% de las acciones).

Y lo peor: estas pérdidas significan dejar el futuro de los ingresos de los trabajadores al jubilarse a merced de los avatares del mercado financiero mundial, debiendo recurrirse al estado para abonarlos. De los 445 mil beneficiarios del régimen privado, 342 mil (un 77%) reciben parte de su jubilación del estado, de los cuales 179 mil (40%) apenas llegan así al haber mínimo, 220 mil (casi el 50%) reciben la mitad de sus ingresos del estado y 33 mil, la totalidad, ya que sus aportes se evaporaron. Sólo 103 mil (23%) reciben en su totalidad su haber de las AFJP. En promedio cada afiliado tiene poco más de 9 mil pesos en su fondo individual (cobrarían unos 50 pesos si se jubilaran hoy), cuando es necesario poseer unos 150 mil pesos para llegar a una jubilación mínima: a este ritmo son necesarios más de 200 años de trabajo para que el aportante promedio cubra una jubilación mínima con su cuenta individual del sistema privado.

Pero en esta dilapidación de los fondos las empresas tuvieron la ¨colaboración ¨ de los distintos gobiernos: se obligó a las AFJP a adquirir bonos para financiar gastos estatales (recordemos que con su aparición el sistema privado canalizó aportes que antes iban al estado, desfinanciándolo en unos 100 mil millones de dólares, y generando un negociado de préstamos al estado por parte de las administradoras para cubrir ese déficit), se pesificaron los fondos a la salida de la convertibilidad, no se controló que se cumplieran los fines previstos en el comienzo del sistema, etc. Pero esto no debe sorprender: es el funcionamiento habitual del estado bajo el sistema capitalista. Defender siempre los intereses de los poderosos, llegando al extremo de fomentar que los empresarios inviertan no ya el dinero extraído mediante la plusvalía a los trabajadores, sino de una segunda explotación: usando los recursos aportados para nuestra futura jubilación.

Con la agudización de la crisis financiera mundial de los últimos meses se hicieron inocultables las maniobras especulativas. Pérdidas de un 20% del fondo global acumulado, jubilaciones por debajo de los montos mínimos fijados por el estado, incluso menores a la de los que se jubilaban unos meses atrás. El gobierno se vió obligado a intervenir.

Unos quince días antes gobierno y AFJPs habrían acordado una maniobra para evitar llegar a la disolución del sistema: se contabilizaron los bonos por su valor nominal y no por lo que cotizaban en el mercado (que en ese momento tendía a cero, como las mencionadas acciones del mencionado banco Wachovia que cayeron un 99% antes de ser rescatado por el estado norteamericano). Claro que esta maniobra obligaba a responder a la jubilación de un afiliado con fondos de otros aportantes, ya que en su cuenta individual figuraban valores nominales alejados de los montos reales. De hecho se estaba aplicando el sistema de reparto, mientras se mantenían las escandalosas comisiones de las administradoras. La farsa no podía continuar.

El gobierno decidió dar por terminada la experiencia privatizadora aunque aún falta la aprobación del congreso. El fondo global y los ingresos mensuales pasarían a ser administrados por el estado, que se haría cargo del pago de las jubilaciones respetando los niveles de ingresos actuales. Las AFJP podrían continuar actuando como aseguradoras de retiro.

No es descartable que también influyeran en este giro del gobierno las necesidades fiscales que amenazan el futuro de las cuentas estatales: vencimientos de la deuda externa, mantener cierto nivel de reservas, necesidad de realizar obras públicas para evitar la recesión, elecciones el año próximo, etc. 

Claro que los diputados y senadores están muy presionados por los medios y los empresarios para que rechacen la estatización, como lo hicieron con la movilidad de las retenciones a las exportaciones. El gobierno se muestra dispuesto a hacer concesiones para neutralizar estas presiones: ofrece indemnizaciones a las AFJP y, ante las dudas sobre el uso que haría de esos fondos, se analizan algunos mecanismos de control parlamentario y corporativo y un aumento en los montos de las jubilaciones.

A la defensa parlamentaria de los negocios especulativos por parte de la derecha macrista, se ha sumado la Coalizción Civica que ha pasado a apoyar abiertamente los intereses del gran capital, proceso que había tenido otro hito importante en la incorporación como segundo de Carrió del economista Prat Gay, proveniente del Bank Boston y miembro del Opus Dei. Otros bloques, como el de la UCR, regatean sin principios para obtener alguna ventaja para su región o partido.

El cambio en la actitud del gobierno (desde la reforma del año pasado que mantenía el negocio de las AFJP a esta reestatización) provocó la histeria de los bancos, especuladores, políticos y periodistas a sueldo de las empresas, y de todo tipo de parásitos ligados al gigantesco negociado de estos catorce años. Y no se quedaron en palabras, fomentaron una corrida contra los bonos del estado, la moneda y una fenomenal fuga de capitales, mediante la venta masiva de papeles, la compra de dólares, el envío de divisas al exterior y todo de tipo de versiones, como el de nacionalización de toda la economía. ¿Pretenderán un rescate que mantenga los negocios de los bancos como los que hacen Bush y Paulson?

Correctamente sospechan que la solución de fondo de la crisis, y para evitar la fuga de capitales y los ataques especulativos, es la nacionalización y centralización de la banca y la planificación de todas las palancas de la economía.

Un elemento más incrementó la histeria del empresariado nacional y extranjero. Del lucrativo negocio con los fondos previsionales participan numerosas empresas cuyas acciones ahora pasarían a manos del estado. Las AFJP poseen entre un 15 a un 26,6% de las acciones de Edenor, Gas Natural Ban, Siderar, Acindar, Telecom, Aluar, Consultatio, Molinos y hasta del grupo Clarín. Estas temen que el estado pueda enterarse de sus fabulosas ganancias o que nombren representantes en sus directorios. Probablemente el gobierno también haga concesiones con esto. Ya se habla de que se irá desprendiendo de estas acciones (y lentamente para no afectar su cotización). 

Desde la Corriente Socialista El Militante defendemos la existencia de un sistema estatal único de jubilaciones y pensiones bajo control de los trabajadores, activos y retirados (No  bajo control parlamentario o de empresarios, bancos, etc. como propone el gobierno). Ese sistema debería asegurar un ingreso mínimo móvil igual al salario de los activos, a partir de los 60 años de edad, con cobertura universal.

El problema de fondo del sistema de jubilaciones es la desfinanciación producida por la precariedad (altísima evasión empresarial mediante el negreo) y la disminución y exenciones de las contribuciones de las empresas, además del saqueo reiterado de la caja.

Exigimos la expropiación sin compensación de las AFJP que durante 14 años saquearon los fondos y especularon con los aportes de los trabajadores, embolsando millonarias ganancias. Que se respeten los derechos adquiridos por los trabajadores que quedaron en la jubilación privada, y que se garantice la estabilidad bajo el mismo convenio de los 10.500 empleados de las AFJP, ya se los destine al ANSES o a otra dependencia estatal.

La CGT y la CTA, que defienden la unificación del sistema jubilatorio, deberían movilizar en las calles para contrarrestar la presión del poder financiero sobre el parlamento e impulsar estas demandas favorables a los trabajadores.

Para enfrentar la corrida especulativa, que devalúa nuestros salarios, proponemos la implementación inmediata del control de cambio que evite la fuga de capitales, y la nacionalización de la banca y su centralización en un solo banco nacional bajo control obrero. Este nuevo sistema financiero debería estar al servicio del desarrollo de la producción, planificando toda la economía para evitar las consecuencias de la inminente recesión mundial.